lunes, 17 de septiembre de 2012

El turno de investigar la complicidad periodística

La relación del diario LA NUEVA PROVINCIA con la dictadura militar.
El fallo que el miércoles pasado ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí, un informe sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares.

 Por Diego Martínez

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la Justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado. A partir de los comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”, que hasta su muerte en 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. El empresario también está en la mira de la Justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”. Por los crímenes de ambos obreros gráficos ya hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme.
Violencia ordenadora

El rol del diario en los’70 es más conocido. Ante “la cruda realidad electoral del país” (LNP 18.3.73) que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”, pidieron a gritos (LNP 2.5.73). El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir “el sórdido contexto local del terrorismo de Estado”. El 24 de marzo de 1976, con el título “Llegó el momento”, La Nueva Provincia pidió “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”. “A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora”, propusieron.

La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP 17.5.75).

La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo. “Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.

Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76). La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP 11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).

Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo. “Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76). La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980). “¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
“Destino inevitable: la muerte”

Haber advertido a tiempo el costo de fusilar por la espalda y hacer desaparecer a miles de personas no les resultó contradictorio con la difusión militante de los comunicados que el V Cuerpo elaboraba para sembrar terror y disfrazar de tiroteos las ejecuciones de militantes destruidos en las mesas de tortura.

La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo. En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.

En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos, La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente. Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”. La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.

En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército. Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”. Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula. “Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron. “Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado.

Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad. En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76). Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77). Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Diecisiete represores, catorce a perpetua, por crímenes de lesa humanidad

Con un reclamo contra la complicidad mediática

El tribunal ordenó que se enviara a los condenados a una cárcel común y que se investigara a los directivos del diario La Nueva Provincia. El juicio lo llevaron adelante jueces subrogantes porque los locales no garantizaban independencia.

 Por Diego Martínez

Bahía Blanca empezó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.

“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976. “Fue un gesto de enorme valentía”, destacó el ex fiscal general Hugo Cañón, que impulsó la causa cuando Bahía era tierra arrasada. “Fue una condena ejemplar, parecía una utopía”, celebró.

La jornada comenzó con las últimas palabras de Jorge Granada, el militar que en 2003 ayudó a escaparse a su amigo Luis Patti. “Soy víctima de un Poder Judicial sesgado”, dijo. “No tengo motivo para decir que los jueces son arbitrarios –se desdijo en segundos–, pues no tuvieron inconvenientes en desprocesarme” (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601). “Para derrotar la subversión soy consciente de que se ha lastimado a familias, pero hoy se sigue haciendo lo mismo amparados en leyes”, se permitió comparar.

La fiesta arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A. Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.

La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.

Ferro, que comparte tribunal con José Triputti y Martín Bava, arrancó con la lectura de las desestimaciones. La primera perpetua fue para el general Juan Manuel Bayón. La sala aplaudió varios segundos, igual que con las trece perpetuas que siguieron. Los imputados escucharon las condenas sin inmutarse, con tres excepciones: Carlos Ta-ffarel se rascó la bocha, Jorge Masson negó con la cabeza y Vicente Forchetti masticó chicle y miró la hora cuando la enumeración de delitos parecía interminable.

Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.

El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.

El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero ni el ex juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a dar ese paso.

“¿Dónde está mi hermano?”, les gritó Adriana Metz a los condenados cuando concluyó la lectura de la sentencia. Mario Méndez, “El loco de la Guerra” en el recuerdo de los colimbas, reaccionó y se trenzó a gritos con Nora Cortiñas. Cañón y Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, se abrazaban y lloraban.

“Son asombrosos, independientemente de la magnitud de las condenas, los efectos civiles y políticos de algunos puntos de la sentencia, como la orden de dar de baja a los condenados. Me sorprendió gratamente la orden de investigar a La Nueva Provincia”, destacó Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Empezamos a caminar”, se esperanzó Celia Korsunsky, con su pañuelo blanco sobre la cabeza, y cerró con una pregunta: “¿Se animarán con La Nueva Provincia?”.Los condenados

Juan Manuel Bayón, 85 años, general, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976 que conducían Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas. Condendo a prisión perpetua.

Osvaldo Bernardino Páez, 81 años, teniente coronel. Identificado como el interrogador que oficiaba de “bueno” durante las torturas en La Escuelita. Perpetua.

Hugo Jorge Delmé, 76 años, coronel. Encargado de negarles información a los familiares que iban a reclamar por los desaparecidos. Perpetua.

Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 80 años, coronel. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varios después de sus cautiverios en La Escuelita. Perpetua.

Walter Bartolomé Tejada, 82 años, coronel. Integró el Departamento II Inteligencia. Perpetua.

Hugo Carlos Fantoni, 83 años, coronel, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V. Perpetua.

Norberto Eduardo Condal, 68 años, coronel, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia. Perpetua.

Carlos Alberto Taffarel, 65 años, coronel. Jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Perpetua.

Jorge Horacio Granada, 66 años, teniente coronel. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y ayudó a escaparse a Luis Patti en 2003. Perpetua.

Jorge Aníbal Masson, 59 años, teniente coronel. Integró el “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Perpetua.

Mario Carlos Méndez, 59 años, teniente coronel. Integró los grupos de tareas y fue condecorado por “heroico valor en combate” en la masacre de dos militantes encerrados en su departamento. Perpetua.

Vicente Antonio Forchetti, 83 años, comisario de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma, intervino personalmente en varios secuestros. Perpetua.

Héctor Arturo Goncálvez, 70 años, sargento de la PF. Perpetua.

Héctor Jorge Abelleira, 72 años, comisario de la PF. Perpetua.

Carlos Alberto Contreras, 65 años, sargento de la PF. 18 años de prisión.

Andrés Reynaldo Miraglia, 70 años, oficial del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta. 17 años y seis meses de prisión.

Héctor Luis Selaya, 71 años, abogado y oficial retirado del SPF, jefe de Villa Floresta en 1977. 17 años y seis meses de prisión.

 Los jueces federales Jorge Ferro, Martín Bava de Azul, José Mario Triputti y Oscar Alberto Hergott incluyeron otras disposiciones en la sentencia leída ayer.

Dejaron expresa mención por unanimidad que los delitos investigados "resultan ser crímenes de lesa humanidad" y por mayoría -Ferro y Bava- que "los mismos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar".

Además revocaron excarcelaciones que habían sido otorgadas oportunamente así como una detención domiciliaria que había sido dispuesta.

El auditorio estalló cuando el presidente del Tribunal leyó que se ordenó también que el cumplimiento de la pena sea en cárceles comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal o en caso de no existir esa posibilidad en prisiones provinciales que correspondan al domicilio del condenado.