Represores Bahía Blanca

Canción de Alicia en el país…

2012-01-29T22:59:00.000-08:00

Alicia Partnoy empezó a militar para difundir todas las atrocidades que ocurrían en la dictadura militar y porque no quería vivir en un país sin libertad. Ese ideal le costó su secuestro y no saber de su hija durante largo tiempo. Valientemente, Alicia brindó testimonio en el juicio contra 17 represores en Bahía Blanca.

Durante 1977 Alicia Mabel Partnoy vivía en la calle Canadá 240 de Bahía Blanca junto a su marido Carlos Sanabria y su hija Ruth.

Alicia de 21 años y Carlos de 22 militaban en la Juventud Universitaria Peronista al tiempo que ella estudiaba Letras en la Universidad Nacional del Sur. Finalmente la carrera se cerró y a Alicia le quedaban materias libres por rendir “pero después del golpe militar ir a la universidad se convirtió en algo muy difícil porque a la entrada de la universidad nos pedían el documento de identidad, y no sabíamos si estábamos en alguna lista, si nos estaban buscando…”. Según Alicia “podíamos llegar a desaparecer así que tampoco rendí las materias en esa época”.

Alicia Partnoy, hoy con 56 años, profesora, escritora y residente en Estados Unidos, dice que durante los tiempos de la dictadura militar en Bahía Blanca, ella conocía lo que estaba ocurriendo en el país y que las desapariciones se repetían: “Yo por eso decidí militar en el momento del golpe porque mi hija tenía nueve meses y no quería que creciera en un país donde no había libertad”.

Su militancia consistía en la recopilación de datos e información sobre secuestros, desapariciones y torturas para luego diseminarlas: “Esa era la única forma de difundir lo que estaba pasando”.

Mucha de esos datos documentados, Alicia los mostró al tribunal que juzga a 17 represores acusados de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Lo hizo al momento de prestar declaración como testigo en la mañana del martes 27 de diciembre de 2011.

No cuentes lo que viste…

Cuando secuestran a su tío José y a su primo, Alicia decide irse de su casa por su seguridad y la de su hija. Lo mismo hace en el momento en que se llevan a sus amigos Néstor Junquera y María Eugenia González de Junquera. Sin embargo, el 12 de enero del 77 el Ejército golpeó la puerta de su hogar: “Estaba con mi nena, mi esposo había ido a trabajar”.

Alicia vivía en el fondo y el timbre sonaba insistentemente. Su hija la seguía mientras Alicia iba a atender la puerta hasta que escuchó golpes muy fuertes: “El Ejército, abra”. “Me di vuelta, empecé a correr por el pasillo, pensé, dudé en un instante si llevar a la nena conmigo para saltar el tapial del fondo de mi casa. Le dí un beso, corrí y salté. Lo último que escuché de ella en los siguientes cinco meses fue que rompió a llorar. Sentí una bala, sentí tiros y no supe que había pasado con ella”.

La huida no se pudo concretar ya que en un baldío la esperaban más soldados. La metieron en un camión, que luego fue a buscar a su marido al trabajo, y ambos fueron llevados al Comando V del Ejército.

Descalza, Alicia es ubicada en una sala y luego llevada a otro sector donde le toman declaración: “Escucho la máquina de escribir”. Le pidieron datos de su militancia que ella negó, y la devolvieron a la sala: “A la tarde me llevan vendada y esposada en el piso de un auto, parecía un jeep”. Alicia pensó en tirarse del vehículo pero hubo algo que pesó más para decidir seguir: “El único motivo por el que no me tiré es porque tenía mis amigos, Néstor y Mary desaparecidos y tenía la ilusión de que tal vez los iba a ver allí”.

Alicia Partnoy fue trasladada a otro sector en donde los muros llevaban la inscripción “Triple A”. Ella estaba vendada pero puede observar por debajo de la venda. La noche la pasó en La Escuelita atada en un colchón mientras escuchaba gritos que le parecían que era de un animal. En realidad, era su marido soportando la tortura.

En otro momento, llegó el turno de su propio interrogatorio: “La tortura más grande que yo sufro es no saber qué habían hecho con mi hija”, narró Alicia quien señaló que los torturadores le decían que la iban a matar mientras le traían al esposo totalmente lastimado y le leen el testimonio de una persona que había sido torturada. Allí, en La Escuelita, Alicia estuvo tres meses y medio.

Por debajo de la venda, Alicia reconoce a Alicia Izurieta, su mejor amiga de la UNS con quien, durante el cautiverio, siempre lograba conversar,

Respecto a su hija Ruth, había quedado con unos vecinos, y luego sus abuelos la fueron a recoger. Los padres de Alicia fueron al Comando, hicieron múltiples gestiones y presentaron una nota donde piden entrar a la casa precintada de Alicia para rescatar cosas de Ruth.

Un 22 de abril, sus padres reciben una lista firmada aparentemente por Delmé, hoy juzgado, que contenía objetos personales y venía acompañada de un monedero. Alicia mostró la lista al tribunal y pidió entregar los objetos.

Tres días después, el “Mono” Núñez la traslada a Villa Floresta donde pasa 52 días: “Soy una presa sin nombre y una celda sin número” señaló: “A mi entender yo estaba desaparecida”.

Unas presas comunes y unas monjas deducen que ella era Alicia Partnoy y se lo comunican, solidariamente, a la familia. En esos 52 días, Alicia trató de recordar poemas que había escrito antes de su desaparición y escribe unos nuevos que luego Patricia Chabat recuperará y le entregará.

Alicia y su familia sufrieron en demasía lo vivido. Tal es así que su hermano se enfermó de esquizofrenia que lo llevó al suicidio y sus padres “están asustados por mi presencia en Bahía Blanca, tienen mucho miedo de que alguien me haga algo”.

Estamos en la tierra de nadie…

Según su propia descripción, La Escuelita era una casa vieja, tenía dos habitaciones donde estaban los detenidos, un hall intermedio con el guardia de turno, ventanas con postigos y rejas del tipo colonial: “Capaz que los señores a mis espaldas pueden explicar mejor cómo era el lugar porque están hablando”, dijo Alicia luego de que se escuchara un irrespetuoso murmullo de uno de los asesinos imputados.

Respecto a cómo pudo reconocer cada sector explicó: “Tengo una nariz grande, eso que a uno no le gusta cuando es adolescente, era muy útil cuando tenía una venda porque es más fácil que se mantengan ciertas ranuras debajo de los ojos”.

Alicia pudo ver las habitaciones, el pasillo, la sala de torturas y por un guardia llamado Heriberto Lavallén “El zorzal” se enteró de la existencia de una casa rodante donde habría dado a luz Graciela Romero de Metz.

Alicia pidió al tribunal una pizarra y dibujó un croquis de La Escuelita. En el gráfico se veía una ventana que, dijo, a veces la abrían: “Un día que me encuentran hablando con Zulma me castigan haciéndome sentar al sol, con la ventana abierta hacía mucho calor”.

Alicia habló además de un aljibe donde habían colgado a un detenido y de una cocina en donde le hicieron lavar una fuente grande de ensalada para poder asistir al bebé de Metz.

Alicia recordó que, anterior a eso, un supuesto enfermero le había recetado a Metz que caminara para facilitar el parto. Ella era la mujer que daba vueltas alrededor de una mesa y que muchos testigos declararon haberla escuchado.

Entre el 16 y 17 de abril, Graciela dio a luz a un varón. Los guardias decían que ese bebé iba a ser adoptado por uno de los torturadores. Alicia sólo recuerda al “Tío” y al “Pelado”. Esos guardias también comentaban acerca de que uno de ellos estaba comprando ropa de bebé.

.Por otra parte, Alicia no pudo ver a sus amigos Junquera pero sí reconoció sus pertenencias allí. También detalló humillaciones soportadas por sus compañeros que en algún momento fueron vestidos con ropa de mujer, los manoseos y abusos sexuales sufridos por las mujeres y hasta el hecho de permitir que dos víctimas mantuvieran relaciones para que, los represores, pudieran observarlos.

Loro, Bruja, Gato, Vaca, Gordo, Tino, Polo, Turco y Chiche, son algunos de los apodos de militares que Alicia recuerda y que los documentó una vez en libertad. Chiche tendría entre 22 y 23 años y era una persona arrogante, segura de sí misma y convencida de lo que hacía: “Me decía que me iban a hacer jabón por ser judía”. Chiche le preguntó a Alicia por qué era “subversiva” y ella dijo que en la universidad uno va adoptando ideas políticas. Chiche le dice que él fue a la universidad y no se hizo “subversivo”: “Te hiciste facho”, le respondió Alicia.

Antes de su traslado, a Alicia le dicen que la van a llevar a ver “cómo crecen los rabanitos”. Esa ironía la hace pensar que el final se acercaba: “Estaba convencida de que me iban a matar”. Su presunción era equivocada, el traslado era a Floresta y Alicia seguiría su historia.

Los inocentes son los culpables

Alicia llegó a Villa Floresta muy delgada y desesperada por no saber dónde estaba su hija. Un tal Farías se comunicó con sus padres para avisarles que podían visitar a su hija y luego de un tiempo así lo hicieron acompañados de la bebé Ruth. “Ahí la veo y ahí sé que está bien”.

En esa cárcel permaneció hasta el 8 de octubre de 1977 para luego ser trasladada en avión a Villa Devoto. Ese viaje duró más de 10 horas ya que pasaban a buscar a otros detenidos por diferentes penales.

Con la opción obligada de tener que irse del país, Alicia se radica en Estados Unidos ya que había solicitado ir a España y no se lo permitieron. Ella estaba a disposición del Poder Ejecutivo por ser “peligrosa”.

En su declaración, Alicia pidió por los hijos nacidos en La Escuelita y de los que nunca más se supo nada: “Yo no sé… si los señores a mis espaldas tuvieran información… Pero claro hicimos el Juicio de la Verdad y la verdad la contamos nosotros”.

Emocionada, Alicia continuó con más palabras referidas al día tan importante que transcurría: “Hoy es un momento muy especial porque veo la justicia sin vendas en los ojos, y en Bahía Blanca la justicia sin vendas en los ojos es la justicia de verdad”.

“La justicia no puede tener venda como nosotros tuvimos”, señaló.

Al final de su testimonio, agradeció al tribunal por la paciencia, la voluntad y la vocación de justicia. También hizo lo propio con los organismos de Derechos Humanos, recordó a Ernesto Malisia, a los familiares y “a todo aquel que ha buscado junto conmigo justicia en estos casos”.

Cuando el fiscal Abel Córdoba le preguntó qué significaban las personas con las que compartió cautiverio, Alicia dio una respuesta que puso la piel de gallina a más de uno: “Son mis hermanos”, respondió. Con mucha emoción, Alicia finalizó su relato. Ella que soportó todo lo vivido en La Escuelita, Villa Floresta y Villa Devoto; ella que escribió un libro contando todo lo vivido y que transformó el horror en poesía. La misma Alicia que se vino de Estados Unidos sólo para declarar en este juicio. Un día histórico vivió Bahía Blanca con el testimonio de Alicia, su canción y el recuerdo de sus hermanos…

“Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia…” (Seru Giran)

Hallaron cimientos y elementos del CCD La Escuelita

2012-01-11T22:44:00.000-08:00

Los restos de La Escuelita

Por Diego Martínez

A comienzos de 1979, luego de que funcionara casi tres años como campo de concentración, el V Cuerpo de Ejército demolió La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas. En 1981, desde el exilio, Alicia Partnoy describió la vieja casona donde estuvo en cautiverio y dibujó un croquis que repitió en diciembre pasado, por primera vez ante un tribunal y un grupo de represores. La buena nueva es que La Escuelita de Bahía Blanca dejará de ser una entelequia. Gracias al trabajo de arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, convocados por orden judicial a partir de una iniciativa de Memoria Abierta, los cimientos del ex centro clandestino salieron por primera vez a la luz. La investigación permitió dar con un plano de la construcción de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep en 1984, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y otros materiales médicos que se habrían usado con los secuestrados. Memoria Abierta, que ya entregó un informe preliminar de la investigación, le solicitó al juez federal Alcindo Alvarez Canale que ordene perimetrar y techar el terreno para proteger los hallazgos y poder continuar con una segunda etapa de excavaciones.

“El lugar es llamado por los militares ‘Sicofe’. Está cerca de una vía del ferrocarril, se podía oír el paso de los trenes, los tiros de práctica del Comando y el mugido de las vacas”, escribió Partnoy hace casi 31 años, antes de explayarse sobre la casa donde vio por última vez a sus compañeros de la Juventud Peronista. El general Mario Aguado Benítez, ex comandante del Cuerpo V, evitó en 1984 precisar la fecha de demolición y apuntó que “luego de los aprestos bélicos de 1978 se reiniciaron tareas de desmonte y nivelación del terreno”. El suboficial Luis Vilches, que vivió allí con su familia hasta poco antes del golpe de Estado, dibujó un plano en 1985 frente a un denominado “juez militar” que resultó ser el teniente coronel Emilio Ibarra, ex jefe de la patota de secuestradores.

La investigación de Memoria Abierta se inició a partir de testimonios y croquis de sobrevivientes, en particular el de Partnoy y el de Gustavo López, secuestrado a sus 16 años. El primer barrido del terreno, que permitió identificar varias construcciones, se desarrolló entre abril y mayo de 2010. En septiembre último comenzaron las excavaciones. “A los arqueólogos del Departamento de Humanidades de la UNS se sumaron más de treinta alumnos y expertos que trabajaron en estudios preliminares desde el punto de vista topográfico y geoeléctrico”, destacó el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta. “Una excavación de 5-10 centímetros permitió descabezar los muros de cimientos y ver la conformación de esa planta con todos los ambientes descriptos”, agregó. La mayor parte de los objetos recolectados estaban en una cisterna y “en un pozo basurero, donde había ampollas, jeringas, frascos de medicamentos”, detalló, y apuntó que “todas esas pruebas están ahora cauteladas en un sótano que está justo debajo de la sala del rectorado de la UNS donde se hace el juicio”. “Le hemos propuesto al juez una segunda etapa de excavación de hasta 50 centímetros para despejar dudas sobre posibles hallazgos, buscar más evidencias y poder encarar una reconstrucción virtual de esa casa”, adelantó. El fiscal federal Abel Córdoba reiteró tras la declaración de Partnoy el pedido para realizar una nueva inspección ocular en el terreno junto con los jueces del Tribunal Oral Federal y los sobrevivientes.

Declaró Alicia Partnoy en juicio lesa humanidad

2012-01-04T05:16:00.000-08:00

La profesora y escritora Alicia Mabel Partnoy, autora del libro “La Escuelita” con relatos testimoniales sobre el centro clandestino de detención de Bahía Blanca en el que estuvo secuestrada 105 días, declaró hoy en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército.

Partnoy, de 56 años, fue secuestrada el 12 de enero de 1977. Permaneció en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, tras ello trasladada en condición de detenida a la Unidad Penal de Villa Floresta y luego al Penal de Villa Devoto hasta el 23 de diciembre de 1979, para luego radicarse en Estados Unidos.

La mujer afirmó que “yo tenía 21 años y mi esposo 22, éramos militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), estudiaba literatura en la Universidad Nacional del Sur”.
Ante el Tribunal, la mujer comentó que “decidí militar en el momento del golpe porque mi hija tenía 9 meses y no quería que creciera en un país donde no había libertad, entonces empecé a militar y parte de ese trabajo era recopilar información sobre torturas, sobre secuestros y diseminar esa información”.
“En el momento en que vienen a detenerme, en mi casa nosotros estábamos imprimiendo con unas gelatinas unos testimonios de una mujer que había sido torturada, desaparecida y dada por muerta, que había testificado y entonces yo estaba difundiendo ese tipo de información”, expresó.
Partnoy fue detenida el 12 de enero de 1977 en momentos en que se encontraba junto con su pequeña hija en la vivienda que habitaban ubicada en la calle Canadá al 240 de Bahía Blanca.
“Estaba con mi nena, mi esposo se había ido a trabajar y suena el timbre de la puerta de calle porque vivíamos en una casa a los fondos y en un largo pasillo”, contó Partnoy.
“Salgo a atender con mi nena siguiéndome atrás y cuando estoy por llegar a la puerta escucho golpes muy brutales, pregunto quién es y me dicen ´el Ejército, abra´; y yo sabía lo que estaba pasando cuando venían a buscar ciudadanos”, agregó.
“Me dí vuelta, empecé a correr por el pasillo, dudé un instante en llevar a la nena conmigo para saltar el tapial en el fondo de mi casa, le dí un beso, corrí y salté, lo único que escuché de ella los siguientes cinco meses es que rompió a llorar, sentí una bala, tiros y no supe que había pasado con ella”.
Tras saltar el tapial y llegar a un terreno baldío la mujer fue detenida por un grupo de soldados que la estaban esperando.
“Grité por mi hija, que la cuiden, que la van a matar, gritaba”, dijo al comentar que la subieron a una camioneta con soldados y se trasladaron hasta el trabajo de su esposo, donde también lo detuvieron.
La escritora relató que los llevaron al Comando en V Cuerpo del Ejército, al afirmar que “sabía lo que era ese lugar porque mi esposo hizo la conscripción allí. Nos ponen en una sala, yo estaba descalza porque había perdido mis chancletas tras haber corrido y saltado”.
“Después me vendan y me llevan por una escalera donde me toman declaración y me preguntan el nombre, la edad y me piden datos de militancia que yo niego”, añadió.
“Luego a la tarde me llevan vendada y esposada en el piso de un auto, parecía un jeep, a un lugar donde levanto la cabeza por debajo de la venda y veo que en el muro están las letras de las tres A en la entrada”, agregó sobre el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.

La testigo dijo que pasó la noche en ese lugar "en una cama, atada con los ojos vendados, escucho gritos durante la noche y luego me entero que son los gritos de mi esposo en la tortura”.
“Yo creo que la tortura más grande que sufro es que no sabía qué habían hecho con mi hija, me dicen que la van a matar, me ponen una máquina que no me da electricidad y hay un ruido como un chispero y hacen como que van a disparar con un revólver, y me dicen que tengo que hablar”.
“Estuve en ese lugar como tres meses y medio, siempre obligada a estar acostada, en ocasiones cada veinte días nos permitían bañar”, relató.
La mujer comentó que “mi hija quedó con unos vecinos, mis padres fueron al Comando a buscar información, no hicieron recursos de habeas corpus por entender que la gente no sabía y a veces pensaban que un recurso era más negativo en casos de las desapariciones”.
Además Partnoy ofreció al Tribunal diversa documentación como notas que hicieron sus padres y suegros preguntando “donde estábamos nosotros, y que se les permitiera acceder a la casa en donde vivíamos".
“Agradezco realmente y aprecio la labor de este Tribunal, vengo testificando hace más de tres décadas todo esta información que he ido entregando en más de 30 años, para mí este momento es muy importante, y de algún modo lo que estoy agregando espero que pueda contribuir”, expresó en referencia a su Documento Nacional de Identidad, entre otros.
Tras su detención en “La Escuelita”, Partnoy fue trasladada a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta de Bahía Blanca, el 25 de abril de 1977.
“Estuve desaparecida 52 días sin nombre y sin número, en una celda de castigo”, dijo al comentar que “en ese tiempo yo pensaba que me iban a matar en cualquier momento, a mi entender estaba desaparecida”.
Partnoy agregó que “en esos 52 días yo escribo los poemas que había escrito antes de mi desaparición y escribo nuevos poemas”, al señalar que “entrego a este Tribunal algunas páginas de lo que escribí”.
Tras permanecer en Villa Floresta la mujer fue trasladada el 8 de octubre de 1977, en avión, al penal de Villa Devoto, en la Capital Federal, donde recuperó la libertad el 23 de diciembre de 1979 y se trasladó a los Estados Unidos, lugar donde en la actualidad reside en la ciudad de Los Angeles.
Ya en Estados Unidos, Partnoy escribió el libro llamado “La Escuelita”, que consta de relatos testimoniales sobre el centro clandestino de detención y que fue publicado en 1986.

Universidad del Sur: Juicio académico a profesores cómplices con la dictadura

2011-12-19T23:42:00.000-08:00

El juicio a dos profesores

Estudiantes y docentes presentaron pedidos de juicio académico para dos profesores del Departamento de Derecho de la UNS, en Bahía Blanca, por su presunta complicidad con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, dos profesores de la Universidad Nacional del Sur podrían afrontar sendos juicios académicos. “Falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”, argumenta uno de los textos presentados ante el Departamento de Derecho de la UNS y que involucran a Néstor Luis Montezanti y Gloria Girotti. Presentados por docentes y estudiantes, los pedidos son de octubre y noviembre, y ambos casos se encuentran aún en comisión: todo indica que recién se tratarán en febrero próximo. Girotti fue secretaria del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura: interrogatorios a personas visiblemente torturadas y negligencia en el tratamiento de hábeas corpus, entre otros, son los delitos que se le adjudican. A Montezanti se le atribuye haber pertenecido al Personal Civil de Inteligencia del Ejército. Un tercer profesor de la UNS, Hugo Mario Sierra, supuestamente vinculado con los mismos delitos que Girotti, decidió renunciar a sus cargos en septiembre. Mientras, y desde junio, la UNS es sede del primer juicio por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca bajo la órbita del Quinto Cuerpo de Ejército.

La abogada y profesora de Derecho en los Contratos Gloria Girotti es señalada como cómplice de secuestros y torturas durante la dictadura. Girotti se desempeñó desde 1975 hasta 1979 como secretaria del entonces juez federal de Bahía Blanca, Guillermo Federico Madueño. Según el fiscal federal Abel Córdoba, “el juzgado federal se sumó al plan represivo de la dictadura. Adel Vilas (segundo comandante del Quinto Cuerpo de Ejército) ha reconocido que a la noche se juntaba con Madueño para hablar de la ‘subversión’ y planificar. La actuación en todos los expedientes es conjunta”. En diálogo con Página/12, el fiscal Córdoba aseguró que Girotti –y Hugo Sierra, también ex secretario de Madueño– participaron de interrogatorios a detenidos con visibles marcas de tortura, hechos que no figuraban luego en los expedientes. También se les imputa ocultar hábeas corpus presentados en favor de personas privadas en forma ilegal de su libertad.

Néstor Luis Montezanti es docente de tres materias en la UNS: Ciencia Política, Derecho Administrativo I e Introducción al Derecho. De acuerdo con la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983”, foja 67, firmada por el general de Brigada César Gerardo Milani y desclasificada por el Estado en 2010, Montezanti fue personal civil de inteligencia al interior de la universidad. Es decir, figura como informante, como “asesor universitario” de la dictadura. Su caso también fue vinculado con la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina bahiense, que la Justicia acreditó en 2007, aunque no pudo extraer de ello más que una “filiación ideológica”. Su pedido de juicio académico fue presentado a principios de octubre, y aún no hubo siquiera dictamen de la comisión que supuestamente lo analiza.

La secretaria académica del Departamento de Derecho, Pamela Toloza, le confirmó a este diario que los expedientes están en tratamiento en la Comisión de Interpretación y Reglamento. Toloza informó también que ambos docentes han hecho sus descargos y que aún queda resolver el dictamen de la comisión, para luego tratarlo en el plenario del consejo. Según explicó Toloza, ayer fue la última sesión ordinaria y, aunque queden aún reuniones extraordinarias, lo más probable es que los casos de Girotti y Montezanti sean postergados hasta febrero.

“Falta la decisión política. La corporación de abogados es muy fuerte”, dijo a este diario el profesor responsable del pedido de juicio académico a Montezanti, Dante Patrignani. Los estudiantes de la UNS consultados expresaron que, dentro de su claustro, la posición es favorable a que se inicie el juicio. “Es el único mecanismo que tiene la universidad para terminar de legitimar a los profesores en su cargo o para destituirlos”, dijo una consejera superior. Desde el centro de estudiantes de Humanidades, distinguieron: “Por un lado, la universidad pone el edificio para juzgar a los militares. Sin embargo, internamente la UNS sigue teniendo a docentes vinculados con la dictadura”.

Testimonios de mujeres

2011-12-19T23:11:00.000-08:00

Ovarios de Hierro

En las últimas audiencias se escucharon testimonios de víctimas y testigos de la localidad de Viedma, entre ellos algunas mujeres que mostraron una admirable valentía al contar lo sufrido y vivido durante todos estos años.

Altamente destacado fue lo que sucedió, se contó y se vivió durante las jornadas desarrolladas el 29 y 30 de noviembre, y el jueves 1 de diciembre de 2011 en el juicio contra 17 represores acusados de delitos de lesa humanidad. Se trataba de una jornada especial porque declaraban víctimas y testigos de la localidad rionegrina de Viedma lo cual provocó que varios amigos, familiares y periodistas de esa ciudad vinieran a Bahía Blanca a brindar su apoyo. En la vereda se podían ver las fotos de víctimas de Viedma entre otras banderas. Nos centraremos en los testimonios comprometidos de dos mujeres, familiares de víctimas, que lucharon y luchan cada día por la Verdad y la Justicia.
Luego de que Oscar “el Congo” Bermúdez relatara su terrible secuestro, señalara a los represores y hasta mantuviera un entredicho con el abogado querellante Víctor Benamo, fue el turno ante el tribunal de su ex esposa María Noemí Bringue.
María tiene 57 años, vive en Viedma y trabaja en el Programa Anti Impunidad de la Legislatura rionegrina. Con tranquilidad comenzó a dar sus datos personales al juez, y ni bien empezó a contar su experiencia se la pudo ver profundamente emocionada. María explicó que conoció a Bermúdez en 1972 cuando ella trabajaba como empleada con cama adentro y él militaba en el peronismo y estudiaba en la UNS, fue allí cuando formaron pareja: “Del peronismo lo único que sabía era lo que me había enseñado mi abuela, que era que ayudaba a la gente pobre como nosotros”.
Ambos convivieron, tuvieron una hija y María empezó a tomar conciencia de la realidad que se vivía y a formar su pensamiento, “cuando escuché la palabra explotación, lucha de clases, me di cuenta que pertenecía a esa clase que era hostigada”. “Recién ahí -subrayó María- empecé a darme cuenta de qué se trataba”.

Que la tortilla se vuelva
“Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda”, decía una vieja canción anarquista y María la tomó como propia. En aquella época de ideales empezó a desear eso: “Quise que la tortilla se vuelva”, narró ante el tribunal y agregó que deseaba que las cosas cambiaran rápido pese a que se le explicaba que los cambios sociales eran lentos.
Ya con una segunda hija, un día a María la llaman para que fuera a la Plaza Rivadavia, un compañero la abrazó y le dijo que a Oscar, de 23 años, lo habían amenazado y lo habían ido a buscar al trabajo y a la universidad: “Fue la primera vez que temblaba la tierra abajo mío”. A partir de ahí todo cambió. Primero se mudaron a un pueblito, luego regresan a Bahía Blanca y Oscar se muda a Viedma y, dijo, el miedo se duplicaba porque por un lado quedaba ella con las nenas en Bahía, y su marido en la capital rionegrina. En Bahía, señaló, el clima era feo: “Ya se hablaba de muertes y patotas”.
Finalmente María y sus hijas se van a Viedma con Oscar y antes del golpe del 76 nace su tercera hija. Un día se enteran del secuestro de Darío Rossi. Justamente, mientras María hablaba se cumplía un nuevo aniversario de ese hecho: “Uno sentía la presencia de unos ojos que estaban como atrás de algo, persiguiendo”.
Oscar trabajaba en una empresa de transporte. Un 7 de enero se fue a trabajar y María tuvo un mal presentimiento. Pasaron las horas y Oscar nunca llegó.
Más tarde, junto a un compañero y un ingeniero conocido salen a buscarlo a Patagones. Se encuentran con el jefe de personal de la empresa que dijo no saber nada aunque después destacó que le había llamado la atención ver el camión abandonado por el lado del puerto. Hasta allí fueron, pero Oscar no estaba: “No me animé a ir arriba del camión y mirar”.
Ya en su casa, la desesperación crecía: “Sentí que no solamente se me movía el piso sino que se me caía el techo también”.
Al otro día le comunicaron la noticia al suegro, revisaron hospitales y comisarías pero nada le decían. Incluso los policías se burlaban: “Debe tener alguna amiga por ahí, ya va a volver”.
El suegro le propuso ir a Bahía con las nenas por su seguridad: “Golpeábamos todas las puertas. Nos humillamos golpeando las puertas de la iglesia y Monseñor Mayer nos echó como delincuentes”.
Al tiempo se enteran por una carta que Oscar estaba en la cárcel de Villa Floresta. Allí fue María donde sufrió la humillación de desnudarse y mostrar las partes íntimas: “Cuando entré a esa sala enorme vi una larga fila de hombres vestidos de azul, y lo buscaba y no lo encontraba”. Cuando finalmente lo encontró, no lo reconoció: “No era el de siempre”, destacó, “fue como encontrarme con otra persona”.
Meses después, María Eugenia, una de sus hijas, aprendió a caminar entre bancos y rodillas de compañeros de Oscar.
En una de esas visitas se enteran que a Oscar se lo habían llevado. Fue así que se dirigieron hasta el V Cuerpo donde María recibió expresiones degradantes: “Yo iba llorando y el soldado me seguía diciendo cosas groseras”. En realidad, Oscar se encontraba en el penal de Rawson y es por otra carta que se enteran de ello. Mientras tanto, La Nueva Provincia seguía diciendo cosas que no eran ciertas: “Era una confusión que hacía mucho daño”.

“La libertad nos encontró distintos”
En Rawson continuaron los hostigamientos, las esperas y hasta las requisas en los hoteles. Nuevamente en Bahía y ante tanto sufrimiento, María recurre a una psicóloga del Hospital Municipal, planteó sus problemas y se juntaron entre seis y siete psicólogos y psiquiatras que decidieron ayudarla. En terapia, se le dijo que lo más sano para sus hijas era ver a su padre en Rawson. Allí volvieron y la primera vez, las nenas no creían que ese era su papá.
Años después, con Oscar en libertad, María empezó a trabajar en una editorial, recibió amenazas al tiempo que comenzó a sufrir problemas renales. Quien la contrató le dijo que se tenía que ir del trabajo “porque él no era la Cruz Roja Internacional”.
Buscaron un abogado para realizar un juicio laboral y en el mientras tanto un tal Faidutti, que se dedicaba a asustar a la gente, pidió hablar con ella, exhibiendo su arma y su carnet de Inteligencia: “Usted ya sabe que su marido es subversivo”, le comentó sugiriéndole que abandone el juicio laboral. Ese juicio lo siguió su suegro porque finalmente Oscar, María y sus hijas se fueron a México donde nació su quinto hijo: “La libertad nos encontró distintos”, relató debido a que pensaba que cuando Oscar recuperara la libertad las cosas iban a estar mejor. María agradeció al tribunal por el respeto y la posibilidad de declarar. “Hay 30 mil compañeros que no lo pueden contar”. Como últimas palabras, María se dio vuelta, y mirando a los 17 represores, con un valor admirable les expresó: “30 mil compañeros desaparecidos, presentes!”. Y así se fue María del estrado, sin quitarle la mirada a cada uno de los imputados.

“A Goncálvez lo padecí”
Silvia Beatriz Crespo es jubilada y sufrió el secuestro de su hermano Cacho. El dolor hizo que Silvia no recordara nada de fechas pero sí que su hermano fue secuestrado en dos oportunidades obteniendo la libertad en el medio, que fue cuando se casó con su compañera. La fecha que no pudo ser borrada de la mente de Silvia es la del 19 de enero porque ese día es su cumpleaños y fue en su cumpleaños cuando pudo ver a su hermano en la cárcel de Bahía Blanca. Se encontraba, dijo, muy delgado, lastimado al igual que sus compañeros y amigos. Entre ellos estaba Bachi Chironi: “Un dedo mío índice le quedaba grande en las muñecas de Bachi, de las heridas que tenían las dos muñecas de estar estaqueado. Mi hermano tenía terrible cicatriz de picanazo acá en las cejas; Oscar Meilán estaba delgadito y también todos los chicos lastimados, como el Negro Ayala…”
Antes del secuestro, a su hermano lo perseguía la Policía Federal de Viedma: “Pienso que ellos lo secuestraron porque a nosotros nos llegó inmediatamente el dato de que había sido secuestrado a media cuadra de mi casa, de la casa de mis padres, lo subieron en un Falcón Verde y ahí desapareció”.
Respecto a los represores, Silvia se acuerda muy bien de Abelleira, Forchetti y Goncálvez: “A Goncálvez lo padecí”, dijo antes de empezar su declaración. “La persona más ensañada en toda esta persecución de mi hermano para poder encontrarlo era Goncálvez, quien iba a mi casa a cada rato. Mi mamá era una persona muy mayor, y yo vivía con ella. Era el que más iba haciéndose pasar por amigo de mi hermano para que insistentemente le dijera dónde estaba, quiénes eran sus amigos, qué actividades realizaba y eso a distintas horas de todos los días”. Otra forma de hostigamiento era en la calle cuando desde su bicicleta espiaba a la familia “siempre con sorna, con soberbia, con desprecio, agrandado como quien dice”. En la cara de Goncálvez, Silvia dijo notar ansias de destrucción.
Además de dos allanamientos sufridos en su casa, Silvia y su familia tuvieron que soportar situaciones muy dolorosas en la comisaría de la Policía Federal de Viedma: “Yo pedía por favor por mi hermano porque sabía que los secuestraban, los golpeaban y los mataban”. La respuesta que recibió de los policías fue: “Ay, no señora, no fantasee tanto, usted ve demasiadas películas”.
Ella y su madre permanecieron en la comisaría toda la noche, sin agua ni baño al que poder recurrir. Al otro día, gracias al suegro de su hermano, que era policía de la provincia de Buenos Aires, ya que al parecer habían quedado detenidas, Silvia y su madre pudieron irse: “A mí por buena conducta y mis antecedentes, y a mi mamá que no tenía nada que ver, nos dejaron libres”.
Con el tiempo, la cuñada de Silvia entró en estado depresivo y se suicidó. Por su parte, Silvia comenzó a sufrir diferentes trastornos tras aquella detención: “A partir de ese día llegué hasta a orinarme en la cama del miedo”.

Además de María Bringue y Silvia Crespo, declararon Cristina Cévoli, Mirta Díaz y otras víctimas que sufrieron el secuestro. Son ejemplos de mujeres que lucharon, sufrieron, luchan y siguen sufriendo las consecuencias de delitos que afectaron a toda la sociedad.

La subversión según Benamo
Además de haber sido el primer testigo del juicio por haber sufrido en carne propia lo que es el secuestro y desaparición, Víctor Benamo es uno de los abogados querellantes, en su caso, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Paradójicamente, a Benamo se le cuelan expresiones, elucubraciones y digresiones, que como se pudo ver en la última semana de audiencias, afectaron a uno de los testigos que también fue víctima del Terrorismo de Estado.
Cuando le tocó testimoniar a Oscar Bermúdez, Benamo le preguntó si durante el secuestro se le había imputado una acción subversiva o si se le había preguntado por su ideología. Bermúdez respondió que se le imputaba una presunta vinculación o encuadramiento con la organización Montoneros. Ante los represores, Bermúdez se defendió argumentando que su proveniencia política era incompatible con la lucha armada. Consultado por Benamo por su militancia, Bermúdez respondió que militaba en el Peronismo de Base.
Luego de otras preguntas, Benamo directamente le preguntó si a algún compañero “le conoció alguna actividad subversiva”. Al no saber Bermúdez a qué llamaba Benamo “actividad subversiva”, el abogado habló del concepto común “que use armas, que proponga revoluciones, toma de poder por medios ilícitos”.
“Yo en absoluto acepto esa calificación o definición de subversivo”, afirmó y aclaró Bermúdez.
Fue allí cuando intervino el juez Triputti. Benamo señaló que su única finalidad era demostrar que el Peronismo de Base tenía un accionar democrático y que no había acciones subversivas por parte de él.
Luego de otra intervención del juez, Benamo insistió: “Mi objetivo de esta pregunta es porque he visto castigar ahí, declarando como el señor Bermúdez a mucha gente del Peronismo de Base y yo que los traté personalmente me parece una ignominia, una salvajada innecesaria”.
Ante este increíble escenario, tuvo que hablar el fiscal Abel Córdoba quien aclaró que cualquier castigo o tortura a cualquier persona, cualquiera sea lo que haya hecho es una ignominia, no solamente al Peronismo de Base o a quien no tenía una acción armada.
Mientras Bermúdez brindaba palabras similares a las del fiscal Córdoba, llovieron los aplausos del público. Por su parte, en medio de todo esto, los abogados defensores de los represores no dijeron absolutamente nada. Benamo ya había dicho todo.

Indagarán a dos ex secretarios

2011-11-30T00:50:00.000-08:00

La Justicia bahiense

Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.

“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra, que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.

“Méndez la mató”

2011-11-16T22:47:00.000-08:00

El represor que reza

La religión acompaña al represor en las audiencias.

Ayer por la tarde continuaron recibiéndose testimonios sobre el operativo realizado por el grupo de tareas del V Cuerpo de Ejército en Fitz Roy 137 el 14 de noviembre de 1976 donde fueron asesinados Olga Souto Castillo -embarazada de cuatro meses- y su compañero Daniel Hidalgo, ambos militantes peronistas.

El ex colimba Félix Julián relató que el subteniente Mario Carlos Méndez le comentó que había asesinado a la mujer embarazada: “Yo me enteré después por comentarios de Méndez (…) Sé que mataron a dos personas ahí adentro, que él había matado a la chica que estaba embarazada y el otro al muchacho en el baño. Creo recordar que con una ametralladora”.

La función del militar riocuartense en Bahía Blanca incluía tareas de custodia del personal superior del V Cuerpo pero no perdía oportunidad de participar en los operativos de secuestro de personas sumándose de hecho a las filas de la Agrupación Tropa, comandada por el mayor Ibarra.

La escribana Edith Carmen Delgado, recordó que vivía allí con su hijo y que ese día percibieron movimiento en los pasillos, gente que corría, “tiros y demás yerbas”. No pudo precisar la hora de inicio del ataque pero “sí el programa que estaba viendo mi hijo que era el Mundo de los Simios”.

“Soy bastante miedosa, los gritos eran muy feos. En ese momento se corría el rumor que había problemas serios en distintos lugares. Tiros y demás se escucharon desde la planta baja. El edificio todavía conserva las huellas de esos tiros. Evidentemente estaban tratando de detener a alguien. Mi departamento era el 2, contrafrente”, aseguró.

Relató que la orden era no salir de su vivienda pero alrededor de las tres de la mañana “se empezó a incendiar el departamento donde habían ocurrido estos hechos y tuvimos que evacuar”.

“No entra en mi mente lo que hicieron”

Desde Mar del Plata vino Isabel Cristina Souto, hermana de Olga que había cumplido 20 años el 15 de octubre del 76 y era un año y tres meses menor que ella.

“En realidad yo me entero donde la matan doce años después que ocurrió el hecho. Hasta ese momento no sabíamos qué había pasado. Me entero por la declaración de un tal Vilas que dice que en Bahía Blanca habían matado a una mujer con otro nombre (Delia García)”, dijo a los jueces.

La familia Souto vivía en Capital Federal y cuando Silvia y Olga cumplieron 12 o 13 años se trasladaron a Mar del Plata. “Antes del Proceso nosotras militábamos en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), a mi hermana la buscaban, así que dejó de vivir en casa cuando tenía 17 años y a partir de ese momento una vez por semana o cada diez días venía el Ejército a preguntar por ella. Nos separaban en las habitaciones para ver que sabíamos”.

Las visitas se reiteraron por más de dos años y se cortaron en noviembre del 76 por lo que la familia concluyó que Olga había sido asesinada o capturada por las fuerzas armadas. Desde entonces, la buscaron junto al bebé que llevaba en su vientre.

Doce años después se enteraron de lo sucedido: “Cuando supimos que había muerto, que no había que buscar un bebé, fue también el hecho que (mis padres) no pudieron velarla, enterrarla y ellos (los militares) siempre supieron y nunca nos lo dijeron. Ni siquiera podíamos decirle a los demás por eso del algo habrá hecho. Fue tan arbitrario, tenían la ley detrás de ellos para juzgarla si había hecho algo y no lo hicieron. No puedo entender lo que hicieron porque en mi mente no entra”.

Daniel Alberto Alguacil, en 1976 vivía en Fitz Roy 137 con su bebé y su esposa que gestaba su segundo hijo. Declaró que “aproximadamente a las nueve de la noche escuchamos dos explosiones. Nos asustamos porque el departamento era un funcional, chico, estaba en el tercer piso 5, contrafrente, cerca de la escalera. Abrí la puerta y vi un militar que circulaba por la escalera. Me indicó que ingresara, que cierre la puerta, que no hable a nadie y que iban a avisar cuando se pueda salir”.

Se refugió con su familia en una habitación que daba a un patio de luz “con mucho susto y nerviosismo porque se seguían escuchando detonaciones y explosiones”. Después decidieron encerrarse en el baño que era más seguro. Estuvieron tres o cuatro horas y pudieron comunicarse con un vecino por la ventilación.

“Cuando fueron cesando los disparos y las detonaciones, pudimos evacuar el departamento. Ahí fue donde descendimos por la escalera y nos dijeron que todo el edificio iba a ser desalojado. Optamos por ir a lo de mis padres y volví la mañana siguiente”, comentó el testigo.

Colimbas en el Comando

Luego se presentó Félix Eduardo Julián quien comenzó su servicio militar el 15 de marzo de 1976 en el Comando V Cuerpo de Ejército.

Luego de la instrucción militar fue designado chofer del comandante Azpitarte con la orden de “no detenerse en semáforos, tratar de esquivar acumulaciones de autos teniendo en cuenta que podía ser parado en cualquier momento y había que evitarlo. Podían ser grupos terroristas, montoneros y todo ese tipo que eran los que más teníamos”.

Su jefe directo era el represor Mario Carlos Méndez, alias Tucho o El Loco de la Guerra, que no dudaba en jactarse de los operativos en que participaba durante las noches.

“Lo que más recuerdo es un procedimiento que se hizo en calle Fitz Roy. Después tuve que llevar al comandante para que vea como había quedado el departamento y por boca de Méndez me relató que había participado. Comentó que lo habían herido en la mano izquierda en ese procedimiento. Había recibido órdenes que había gente subversiva o posible documentación y que al ir se originó un tiroteo”, manifestó Julián.

Méndez le relató que “con otro oficial reciben al ingresar disparos de adentro y ellos contestan y se origina un acontecimiento terrible, sé que habían matado a dos personas ahí adentro. Con los años sé que fue el joven Hidalgo y la señora. Méndez me comenta que era un matrimonio y que la mujer estaba embarazada”.

Al edificio de Fitz Roy, el general Azpitarte llegó con custodia de un suboficial. Al salir, subió al auto y no hizo ningún comentario. “Yo me enteré después por comentarios de Méndez (…) Sé que mataron a dos personas ahí adentro, que él había matado a la chica que estaba embarazada y el otro al muchacho en el baño. Creo recordar que con una ametralladora”.

“Cuando casi no reciben fuego de adentro, él entra corriendo al departamento, se tira encima de una cama y la mujer estaba sobre el piso bastante malherida pero le alcanza a disparar –es herido en la mano- y en la cama la termina de matar”, insistió.

Néstor Omar Bonifaci también comenzó su servicio militar el 15 de marzo del 76 en el Comando V Cuerpo y luego en el Hospital Militar. En su etapa de instrucción participó en una o dos sesiones de tiro en el Balneario Maldonado y en simulacros de combate urbano en el sector de caballeriza. Su jefe directo era el capitán Adalberti.

El juez José Mario Triputti le marcó la contradicción entre su primera declaración ante el fiscal Hugo Cañón en 2007 y la de ayer respecto a su conocimiento sobre la existencia de un centro de detención y camionetas que llevaban gente hacía allí.

“Uno atando cabos a medida que pasa el tiempo relaciona lo que por allá haya visto. Puede ser que hayan pasado camionetas pero no que haya habido un centro clandestino”, explicó. Conclusión: “Hoy si me pregunta si había un centro, evidentemente lo había. Pero si usted me pregunta si en ese momento conocía la existencia del centro, no lo conocía”.

Una situación similar se dio cuando el juez Jorge Ferro le marcó que en 2007 el testigo dijo que el día del operativo en Fitz Roy estaba en la guardia del hospital y recibió un llamado pidiendo una ambulancia y le preguntó si sabía que un subteniente había sido herido.

Bonifaci dijo que no y Ferro le advirtió que “vuelve a incurrir en el mismo error porque en la declaración anterior dice que sí y que podría ser el subteniente Méndez aunque duda si no fue uno de apellido Corres. Usted es muy preciso con los nombres… no tira cualquier apellido”.

“Ehhh… está bien. Sí… ehhh por comentarios tuvieron participación pero no lo vi”, respondió.

Al final de la tarde declaró el ex colimba Juan José Isachi cuyo destino fue el Hospital Militar pero fue pasado “en comisión al Comando porque el teniente De la Serna era amigo de un vecino mío y necesitaba alguien de confianza”.

Aseguró que Méndez “era un subteniente muy enérgico del Ejército, le decían el Loco de la Guerra, no era muy querido por los soldados. Hacía chistes con armas”. Identificó a Chisu, alias Ginebra, como uno de los custodios del general Vilas. Al ser consultado por el fiscal Córdoba respondió: “No tengo idea si estaba vinculado a algún sector sindical”.

En cuanto a De la Serna, el testigo afirmó que “manejaba la parte de prensa. La tarea era de ayudante del general y se encargaba de la prensa. Manejarse con algún periodista y cosas así. Tendrían que venir los periodistas… pero no eran muchas las actividades que desarrollaban. Sé que era encargado de prensa por el título que tenía. Se reunía con el general, tomaba mate en la oficina”.
Publicado el 16/11/2011 por efemedelacallehttp://juiciobahiablanca.wordpress.com/2011/11/16/mendez-la-mato/#more-1875

Víctimas de La Escuelita : "pongo el acento en la apertura de los archivos..."

2011-11-09T23:18:00.000-08:00

Los familiares de un matrimonio desaparecido que estuvo detenido en el centro clandestino La Escuelita dieron ayer su testimonio en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la dictadura.

Graciela Romero y Raúl Metz fueron secuestrados en 1976, ella estaba embarazada de cinco meses y se sospecha que su bebé fue apropiado. Ayer, el primer testimonio fue el de Luis Carlos Metz, hermano de Raúl. Contó cómo supo que “los tenían muy mal en La Escuelita, en una cama, permanentemente con los ojos vendados”. “Si mal no recuerdo, el 26 de abril nació un varón y ese mismo día los ejecutaron”, aseguró. Luego, Adriana, primera hija del matrimonio, relató su experiencia y reclamó que los represores “digan dónde están mi hermano y el hijo de Graciela Izurieta”, otra criatura nacida en La Escuelita.

La joven pareja compuesta por Graciela Romero de Metz y Raúl Metz fue secuestrada en Cutral Co en 1976 y trasladada al centro clandestino de detención de Bahía Blanca. Ambos fueron torturados y figuran como desaparecidos, pero Graciela estaba embarazada y tuvo allí a su segundo hijo. Sospechan que fue apropiado y piden abrir archivos.Los Metz, desaparecidos durante la última dictadura, eran militantes barriales

"Lo más apremiante, lo más urgente y lo que hay que volver a poner en el tapete es la búsqueda de ese bebé, que hoy es un hombre", dijo Nora Maggi, una de las integrantes en Neuquén de la comisión de apoyo a los juicios por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca. El primer proceso por delitos de lesa humanidad en la ciudad del sur bonaerense iba a comenzar esta semana, pero se pospuso tras la renuncia de dos jueces que integraban el tribunal y que fueron recusados. Nora Maggi fue detenida en Bahía en 1975 y llevada al penal de Mar del Plata como presa política, un año antes de que se produjera el golpe de Estado.

En la cárcel, supo por sobrevivientes del centro clandestino "La Escuelita" de Bahía, que Graciela Romero –a quien ella recordaba de la Universidad Nacional del Sur– había tenido un bebé en ese centro de detención, al que había sido llevada desde Cutral Co.
"Conocí a Graciela de los pasillos de la Universidad, porque militaba; todos militábamos. Ella estaba embarazada de su primera hija, Adriana, y era militante barrial", dijo Nora. Agregó que después de la cárcel y del exilio de otros sobrevivientes que testimoniaron sobre los horrores de la dictadura, en 2005, cuando se reabrieron las causas, hubo un reagrupamiento de sobrevivientes y de familiares de detenidos-desaparecidos "para ayudar a Adriana en la búsqueda del segundo bebé que tuvo Graciela y que es su hermano".

Graciela Romero de Metz y Raúl Metz estaban en Cutral Co en diciembre de 1976 cuando fueron secuestrados y Adriana, la hija de ambos, quedó al cuidado de unos vecinos hasta que a los pocos días llegó a la comarca petrolera Oscar Metz, su abuelo. Las constancias en la causa indican que el matrimonio fue torturado en su viaje hacia el Alto Valle y podrían haber permanecido un tiempo breve en "la Escuelita" de Neuquén, pero fue en el centro clandestino de Bahía donde los vieron por última vez. Una de las sobrevivientes del cautiverio en el V Cuerpo, Alicia Partnoy, compartió algunas charlas con Graciela antes y después del parto, que la joven madre afrontó sola en un trailer que los represores colocaron en el patio del lugar donde todos permanecían cautivos. Por sus dichos se supo que la noche del 17 de abril de 1977, Adriana tuvo un hermanito, que estuvo con su madre casi una semana hasta que ella fue "trasladada", y el varón apropiado. El robo del bebé de Graciela Romero será ventilado en el juicio. Otro bebé, el de Graciela Izurieta, también integra la lista de casi 100 casos por los que van a juicio 19 responsables del V Cuerpo.

"Se volvió una búsqueda incansable; uno trata de sensibilizar a la población, pero también a esa franja de jóvenes que ya no están en la escuela, que puede ser que en esta altura aún asistan a la Universidad", dijo Nora, quien insistió en que uno de los pedidos de prueba en este juicio será "la apertura de los archivos". Destacó que el abuelo Metz (ya fallecido) al saber la fecha del alumbramiento pidió al registro de las personas de la provincia de Buenos Aires los nacimientos entre el 15 de marzo y 15 de mayo de 1977; en un tiempo antes de que se tramitaran las causas por los desaparecidos, sin que se obtuvieran respuestas. En 2006 hubo un dato que llevó a Adriana Metz a solicitarle a un joven adoptado que se hiciera los análisis de ADN porque todo indicaba que podría ser su hermano, pero los resultados fueron negativos. "Por eso pongo el acento en la apertura de los archivos; una cosa es el trabajo gris y cotidiano de los datos que llegan y las cosas que uno supone, pero existen archivos que debieran ser abiertos. Lo pido aún sabiendo que tenemos que seguir buscando nosotros", insistió. Nora dijo que la hipótesis más certera de porqué el matrimonio Metz vivía en 1976 en la comarca petrolera era por la persecución y muerte implementada por la dictadura. "Intento reconstruir la historia de mis compañeros venidos para acá, que eran de Bahía. Creo que era la imposibilidad de seguir estando en Bahía. Por ejemplo, cuando a mí me detuvieron yo ya no vivía allá, yo soy de La Pampa, estudiaba en Bahía donde también militaba en el PRT, y me secuestraron porque había regresado a buscar ropa y pertenencias; y ya 1975 era conflictivo y complicado Bahía. Estimo que fueron a Cutral Co corridos por la represión, porque en Bahía se estaba diezmando a todos, y los dos eran militantes barriales", sostuvo.

No Liberarán al ex policía Félix Alais, Procesado por Delitos de Lesa Humanidad

2011-11-06T23:53:00.000-08:00

La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó la excarcelación de Félix Alejandro Alais que había pedido su abogado. En un fallo que se puede leer haciendo clic en este enlace, los jueces Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz confirmaron la resolución del juez federal subrogante de primera instancia quien también se había volcado por mantener detenido a Alais, de participación en la delegación local de la Policía Federal en los años 1976 y 1977.

Como Solo Local publicó en esta nota, el ex policía fue capturado en setiembre pasado en el puente que une Posadas, en Misiones, con Encarnación en Paraguay, luego que se librara un pedido de captura en su contra.

Su nombre fue mencionado en varias audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la Universidad Nacional del Sur. Uno de los testigos que lo citó fue el médico Carlos Aggio, como se puede leer aquí. Antes del golpe de estado del 24 de Marzo de 1976, Alais integró la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A, según lo investigó el periodista Rodolfo Walsh y se publicó aquí. En un informe elaborado por la agencia oficial Télam, también se resalta el papel que Alais cumplió en el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán y su rol en la llamada Masacre de Catriel, uno de los hechos analizado en el juicio que se desarrolla en la UNS. Como se puede leer en este enlace, Alais fue el encargado de difundir la versión oficial sobre el supuesto enfrentamiento en el que habían sido abatidas las cuatro víctimas de ese caso, acribilladas el 4 de setiembre de 1976 en la vivienda de Catriel 321.

Por Mónica.

2011-11-02T01:23:00.000-07:00

Por coberturacomision

Con la presidencia del Tribunal a cargo del juez José Mario Triputti comenzó esta mañana la audiencia en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La primera testigo fue María Rosa Escudero en torno al caso Mónica Morán.

Mónica nació el 23 de mayo de 1949 en Bahía Blanca. Vivía en Espora 163 junto a sus padres y se dedicaba a la labor docente, elaboración de títeres, la escritura de guiones y el trabajo en obras del grupo de teatro “Alianza”. Fue secuestrada el 13 de junio de 1976, la vieron en La Escuelita y su cuerpo fue montado en un falso enfrentamiento organizado por el Ejército doce días después.

“Yo en 1976 me ganaba la vida en un sindicato de mecánicos como empleada administrativa. Mi conexión con Mónica era por el teatro, pertenezco al teatro Alianza”, aseguró Escudero y agregó que “con Mónica estábamos ensayando en Rondeau 220 esa noche el 13 de junio del ’76, aproximadamente a las 21, era una noche fría. En una habitación estábamos ensayando una obra para niños. Mónica estaba en otra habitación haciendo sus títeres, estaba por salir de gira”.

En un momento “se abre violentamente una puerta, aparece un hombre muy joven que tenía un arma corta y otras cuatro personas, varones también con armas cortas. Rápidamente nos tiraron al suelo, preguntaron por Mónica Moran. Quedamos rígidos y muy estupefactos por esa irrupción tan violenta”.

Ellos reclamaron por Mónica. “Coral Aguirre intentó levantarse, y ella dijo ‘Soy yo’, la tomaron de un brazo, con su cartera la arrastraron hacia afuera. Nos llevaron nuestros abrigos, nuestras carteras y documentos, el dinero. Por lo que siempre deduje que además de asesinos eran delincuentes”.

“Dos del grupo fueron a ver a los padres de Mónica, después me entero que la manzana estaba rodeada, y no sé si le pudieron avisar del secuestro. Después el papá de Mónica dijo que no hay que preocuparse porque el capellán del Ejército es amigo del sacerdote de la parroquia cercana a la casa de los padres de Mónica. Que era en calle Espora”.

La testigo ante la consulta de fiscal Córdoba respecto a si los grupos de teatro eran infiltrados por las fuerzas de seguridad respondió: “Todos los grupos tenían gente que entraba, pero eran muy toscos. En la época de Mónica vino un muchacho que se llamaba Néstor Hernández a tomar clases de teatro y dijo que trabajaba en la SIDE y en teléfonos del estado”.

“Como era tan a boca de jarro y dijo que lo cooptaron en el servicio militar, y como le gustaba el teatro jamás se nos ocurrió que podía ser un traidor. Luego del secuestro de Mónica, no seguimos en ese lugar y a este hombre jamás lo vi”, afirmó María Rosa.

Luego fue el turno de José Luis Morán, hermano de Mónica que relató que “fui el primero que me enteré por radio, por Lu2 que había un enfrentamiento de subversivos contra las fuerzas leales, decían. En la calle Santiago del Estero y Nicaragua, y creo que eran tres muchachos y dos chicas, una de ellas Mónica Moran. Yo estaba en la casa de mis padres cuando se escuchó esa noticia, voy a ver la TV y llegué tarde, ya la habían pasado”.

“Mi hermana tenía ideas contrarias al gobierno, ella iba en contra de la oligarquía, ella se inclinaba, colaboraba en Villa Nocito ayudaba. Y allá en Neuquén era lo mismo. Estaba en contra del gobierno militar”, manifestó su hermano.

Gladys Sepúlveda llegó desde Neuquén para presentarse ante el TOF. Es empleada de la Universidad del Comahue donde conoció a Mónica Morán.

Gladys fue detenida el 14 de junio de 1976 en la comisaría de Cipolleti. Antes habían capturado a sus padres para presionarla y lograr que se entregue. De allí la mandaron a la Unidad 9 de Neuquén.

En un avión fue trasladada junto a otras detenidas: “Nos torturan, nos tiran como bolsas de papa, nos llevan a otro lugar donde yo escucho las voces, reconozco las voces de otras personas de la Escuela Social”.

“Traen a otra persona y reclama sus lentes de contacto, es Mónica Morán, está un par de días y se la llevan, le tapan la boca, hay insultos y se la llevan. Luego preguntamos, no podíamos hablar, dijeron que teníamos una marca en la frente cada uno de nosotros y algunos eran de un color que indicaba si íbamos a vivir o morir. Esta compañera dijo ‘Estamos en Bahía’, yo no sabía dónde estaba. ‘Escuchen en la lejanía el sonido de los barcos’. Y efectivamente en la noche se escuchaba”.

En el centro clandestino la picanearon por sus lecturas y su participación gremial y política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Mencionó al Laucha como uno de los guardias.

Luego fue llevada a la cárcel de Villa Floresta -donde leyó en el diario sobre el enfrentamiento en el que hicieron aparecer el cuerpo de Mónica- y a Devoto. En agosto de 1979, con 24 años, se asiló en la República Alemana hasta enero de 1985.

“En mi vida ha significado un inmenso dolor. Un sentimiento de culpa muy grande el haber sobrevivido a ellas, después más conociendo detalles de sus vidas. Es algo que muchas veces intenté borrar, formé una familia y trababa de olvidarlo. A veces tenía pesadillas, después no las tuve más, cuando empezamos a hacer memoria, y ahora que está la posibilidad de juzgar a los hacedores de ese genocidio, trae paz y salud y una esperanza de que no se vuela a repetir”.

Luego continuaron testimoniando los sobrevivientes de La Escuelita que “convivieron” con Mónica Morán, Pedro Daniel Maidana y Dora Seguel.

http://juiciobahiablanca.wordpress.com/

Declara Julio Ruiz, detenido en "La Escuelita"

2011-10-28T00:25:00.000-07:00

Un ex concejal de Bahía Blanca que estuvo detenido en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, la Unidad Penal 4 de Villa Floresta y en Rawson desde 1976 hasta 1981, declaró hoy en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Comando en V Cuerpo del Ejército.

Se trata de Julio Ruiz, de 63 años, quien en la década del 70 fue responsable político del Peronismo de Base Regional Bahía Blanca.
Además fue secretario de la Organización de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, Seccional Bahía Blanca, entre otras actividades.

Ruiz relató ante el Tribunal en lo Criminal de Bahía Blanca el momento de su detención ocurrido el 19 de octubre de 1976 cuando estaba en su casa de Bahía Blanca, los 40 días detenido y torturado en la Escuelita, su paso por la Unidad Penal 4 de Villa Floresta en Bahía Blanca como así también las situaciones vividas durante su detención en la Unidad 6 con asiento en Rawson, Chubut, hasta que recuperó la libertad en enero de 1981.

El ex edil señaló que en `La Escuelita` me sentaron en una silla, empezaron a golpearme y un oficial preguntó si era montonero".
"Llegó un personaje que no lo pude identificar nunca pero por la voz lo conocería, que era el Tío, dijo en referencia a Santiago Cruciani, el principal torturador del centro clandestino.

Ruiz comentó que había una mujer que la hacían caminar alrededor de una mesa, no supe por qué y otra cosa espantosa además de la tortura era escuchar los gritos de los demás.
Se escuchaban tiros, sobre todo los gritos de las mujeres, no era fácil", expresó.

Agregó también que en el centro clandestino había chicos jóvenes, nosotros éramos jóvenes de 28 años. Había dos que deliraban, uno en determinado momento decía que estaba esperando el colectivo para ir a su casa y otro decía que comía un sandwich de milanesas, no los vi más y no sé que pasó con ellos.

Más adelante Ruiz comentó que luego de permanecer entre 30 y 40 días en La Escuelita lo subieron vendado y atado a una camioneta donde tras dar varias vueltas los dejaron tirado con otras personas en lo que pensó que era un tronco de un árbol.
Ruiz dijo que a los pocos segundos paró otro vehículo, nos subieron a un vehículo más grande donde se escuchaban otras voces y nos sacaron la venda.

Llegamos a un lugar que era el Batallón 181, nos pasan adentro y nos recibe un teniente coronel que dice muchachos no sé que les pasó a ustedes, los encontraron en el Parque de Mayo, están sin documentos y van a estar acá porque vamos a averiguar porqué los encontraron allí, agregó.
El ex edil relató que esa noche no dormimos por la alegría de haber quedado vivos y toda la tensión de todo ese tiempo.
Tras permanecer en el Batallón 181, Ruiz fue trasladado en enero de 1977 al pabellón 6 de la Unidad Penal de Villa Floresta de Bahía Blanca.

Teníamos un régimen de encierro permanente, estábamos de a dos en la celda y era una situación poco agradable porque estábamos cerca del V Cuerpo, relató.
Para el testigo, la tensión que se vivía en mi caso era que estábamos muy cerca y volver al lugar donde habíamos salido: "La Escuelita.

Estuvimos en Bahía Blanca hasta el 22 de agosto, fuimos trasladados a Rawson en un avión grande de Marina o Fuerza Aérea, vendados y esposados, dijo.
Ruiz indicó que al llegar a otro aeropuerto los subieron a otro vehículo y nos depositaron en un lugar que suponía que era una cárcel donde nos empezaron a golpear terriblemente.
Escuché una voz que nos dice ustedes acaban de llegar a la Unidad Seis de Rawson, sepan donde están y estamos festejando el 22 de agosto, en referencia a lo que hoy se conoce como la Masacre de Trelew.

El testigo agregó que durante su permanencia en Rawson había requisa todos los días, recibíamos golpes y nos mandaban a bañar con agua fría.
Nos liberaron el 21 de diciembre de 1981. En la salida me encontré con una Argentina distinta y fue el momento más difícil de la vida, pensé en matarme porque el país que conocía no estaba más, agregó.

El ex concejal expresó que a los cinco días conseguí trabajo por un amigo y poníamos antenas de ENTEL parabólicas y la primera vez que nos tocó fue ponerla en Rawson".
Por último Ruiz afirmó "estoy en paz y no tengo nada más que agregar".

Negaron la excarcelación a un integrante del ejército detenido por delitos de lesa humanidad

2011-10-25T22:49:00.000-07:00

La Cámara Federal de Bahía Blanca negó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa de un teniente coronel del Ejército, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, informaron fuentes judiciales.

Se trata del ex teniente coronel del Ejército Guillermo González Chipont, ex integrante del Departamento II de Inteligencia del V Cuerpo del Ejército y quien además se desempeñó como segundo jefe de la Agrupación Tropas, que se ocupaba de secuestrar y trasladar a víctimas al centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita".

La Cámara integrada por los jueces Augusto Enrique Fernández y Ángel Alberto Argañaraz, resolvió en las últimas horas que “no existen elementos de juicio nuevos que permitan modificar los argumentos vertidos por esta Cámara al denegar los anteriores pedidos de excarcelación”.

“Se reseñaron datos `no probados´ que no parecen coincidir con el imputado de autos; por lo que corresponde mantener la denegación del beneficio, toda vez que si bien resoluciones de esta índole no causan estado, para su modificación resulta menester que se haya cambiado la base de su fundamentación”, agregó la resolución.

Detienen a Ex Suboficial por Falso Testimonio en el Juicio por Delitos de Lesa Humanidad

2011-10-20T22:33:00.000-07:00

Minutos antes ya le habían advertido que, con sus reiteradas respuestas reticentes y poco esclarecedoras ante las preguntas del fiscal, estaba caminando en la cornisa del falso testimonio. Los interrogantes del doctor Abel Córdoba continuaron, pero las palabras del testigo no cambiaron demasiado y sus contradicciones se multiplicaron. Los "no sé", "no recuerdo", "no puedo determinar" se repitieron al punto que terminaron por cansar al presidente del Tribunal Jorge Ferro quien cortó en forma abrupta la testificación del suboficial retirado Néstor Carlos Ravasi y dispuso su detención a disposición del juez federal en turno de Bahía Blanca durante la audiencia vespertina del miércoles, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la Universidad Nacional del Sur. El testigo, de 73 años, integró como clarinetista y saxofonista la banda musical del batallón de Comunicaciones 181 y luego fue encargado de la división Bandas del Comando. Una vez retirado, Ravasi, que tiene perfil en Facebook, fue director de la Banda Santa Cecilia. Vivió en una casa que el Ejército le cedía dentro del predio del ex Quinto Cuerpo hasta que después del golpe de Estado aseguró que se la pidieron y tuvo que mudarse a vivir con su suegro. Durante la instrucción judicial dijo que aquella vivienda había sido objeto de ataques y que las guardias sobre el camino La Carrindanga eran cotidianas. Sin embargo, en su declaración de ayer ante el Tribunal negó haber realizado declaración alguna anteriormente. Su memoria sólo se refrescó cuando le exhibieron la foja 144 del expediente judicial y reconoció su firma en la causa. Antes y después de ese reconocimiento, Ravasi respondió con evasivas a las preguntas del fiscal Córdoba quien, después que el juez Ferro dispusiera el fin de la declaración del testigo, pidió su detención por falso testimonio.

Ravasi dijo conocer a algunos de los imputados: a Jorge Mansueto Swendsen, porque era jefe del Batallón donde él revistaba. Dijo que unos días atrás leyó por internet la declaración que el ex militar realizó ante el Tribunal. A Walter Bernabé Tejada lo recordó como coronel del Ejército y secretario general del Cuerpo. De Hugo Fantoni dijo que era el jefe de personal y también había oido nombrar a Osvaldo Bernardino Páez y Mario Méndez. Mencionó que mientras estuvo en el batallón y en el comando, se enteró "por comentarios" que había un lugar de detención dentro del predio del Quinto Cuerpo. Aseguró que nunca fue hacia allí y que si hubiera querido ir, no hubiera podido pasar porque era un lugar restringido. Sabía de otros militares que habían intentado pasar y no habían podido. También dijo que no supo nada de secuestros de personas en la ciudad ni de la existencia de grupos de tareas dentro del Ejército. En las próximas horas, Ravasi, deberá ser indagado por el juez en turno quien resolverá sobre su situación procesal bajo la acusación de falso testimonio que surgió en la sala de audiencias de Colón 80.

Tras la declaración de Ravasi, testimoniaron Nelly de Andrés y su hija Rosa Elizabeth. Ambas contaron el caso de Edgardo, hijo de Nelly y secuestrado el 5 de octubre de 1975 en La Plata, cuando tenía 27 años y se dirigía a recibir su flamante título de médico. Once días después, con la excusa de que le iban a dar datos sobre el paradero de su esposo, secuestraron en Carhué a Norma, la mujer de Edgardo. Desde aquel momento, ambos siguen desaparecidos. "Mamá, aún hoy, todavía tiene la esperanza de que él aparezca" declaró Rosa quien aseguró que tanto su hermano como su cuñada no tenían afiliación política. Su madre comentó que Edgardo, en los días feriados, iba al hogar del Niño de Ingeniero White a buscar a los chicos para sacarlos a pasear. Y que también iba a casas de barrios humildes a enseñarles higiene. "Siempre tuve esperanza de que volviera. Después del Mundial de fútbol y en cada Navidad y Año Nuevo" confesó la mujer de 85 años, ataviada con un pañuelo blanco. Debido a los problemas que tiene para oir, su declaración fue breve, pero se cerró con un sonoro aplauso por parte de los concurrentes a la sala de Colón 80. Tras el testimonio de ambas mujeres, el Tribunal entró en receso hasta el próximo martes 25 de la próxima semana en la que habrá audiencias además el miércoles 26 y el jueves 27 hasta el mediodía

Madre declara con su pañuelo blanco

2011-09-30T23:13:00.000-07:00

En Bahía Blanca se está realizando un juicio de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El juicio toca de cerca de La Pampa por varios motivos: uno de los integrantes del tribunal es el juez pampeano José Mario Tripputi, el defensor de los acusados es Hernán Vidal -el mismo que defendió a los represores pampeanos en el juicio por la represión en la Subzona 14- y algunas de las víctimas de la represión en el ámbito bahiense son de origen pampeano.

De hecho, la polémica se suscitó cuando fue el turno de declarar de Celia Jinkis de Korsunsky, una pampeana que integra la Línea Fundado de Madres de Plaza de Mayo. La mujer es la madre de Eduardo Sergio Korsunsky, nacido en la localidad de Bernasconi y que al momento de ser secuestrado en San Nicolás el 4 de agosto de 1976, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Cuando fue su turno para declarar, Celia Jinkis pidió hacerlo con su pañuelo blanco, símbolo de su pertenencia a Madres de Plaza de Mayo. Los defensores de los militares -con Vidal a la cabeza- se opusieron al pedido, pero el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca decidió darle la autorización. El tribunal dio su visto bueno por considerar que el pañuelo blanco cubriendo la cabeza "es un símbolo universal" de lucha y búsqueda de justicia.
La autorización ofuscó al defensor Vidal, quien exigió que los militares a los que representa sean autorizados a asistir a las próxima audiencias del juicio vistiendo el uniforme oficial del Ejército Argentino.
La situación originó un fuerte malestar entre el público que presenciaba las audiencias. Incluso se escuchó la voz de un hombre decir "que traigan la picana también". El tribunal no aceptó esa insolencia y ordenó que expulsaran al hombre del recinto del juicio.
Finalmente se repuso la calma y continuaron con las declaraciones de otros padres y madres de jóvenes detenidos y asesinados en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército.

Pampeano.
Eduardo Korsunsky nació en Bernasconi y a los 17 años se trasladó a Bahía Blanca para estudiar en la Universidad Nacional del Sur. Fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se había recluido en San Nicolás perseguido por la represión desatada en Bahía Blanca. En San Nicolás vivió en los años 1975 y 1976, trabajó y militó hasta su secuestro en agosto de 1976.
Desde entonces, Celia recorrió dependencias de las fuerzas de seguridad, además de hacer requerimientos judiciales, ante autoridades eclesiásticas y delegaciones diplomáticas, pidiendo por su hijo desaparecido.
En septiembre de 2008, Celia Jinkis de Korsunsky, se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de su hijo Eduardo Korsunksy en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
La mujer, que reside hoy en Bahía Blanca, contó con el patrocinio letrado de la abogada María Eva Asprella del Equipo Jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos del gremio de Suteba que la acompañó a hacer la presentación judicial en la causa 28.556/06.

Celia se presentó en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás con su pañuelo blanco en la cabeza y la foto de su hijo y su nuera, también desaparecida en 1978 en Capital Federal. En el juzgado tuvo una entrevista con el magistrado Carlos Villafuerte Ruzo. Estuvo acompañada por la abogada y sindicalistas de Suteba en ese primer paso judicial ya que el gremio la patrocinó porque junto a la CTA tiene como política tener una intervención activa en el tema de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Ex detenido en la "Escuelita" reclama justicia

2011-09-30T00:28:00.000-07:00

Se trata de José Parnoy, quien estuvo en "La Escuelita"

   Un hombre que militó en la mesa directiva de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y estuvo detenido junto con su hijo en el centro clandestino de detención "La Escuelita" brindó hoy su testimonio, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante el último gobierno militar.

   Se trata de José Parnoy, quien fue detenido junto con su hijo Gustavo, que tenía 16 años.

   "El 22 de julio de 1976 me acosté a dormir y a las cuatro de la mañana sentimos un vidrio roto y enseguida me invadieron la casa -dijo Parnoy-. Luego tuve referencias por el sereno de una estación de servicio, que afuera había siete camiones con 32 soldados cada uno."

   Padre e hijo fueron trasladados al Batallón de Comunicaciones donde, dijo, tras una simulación para ser liberados fueron nuevamente detenidos y permanecieron en "La Escuelita".

   "Muchos años después me di cuenta de que quien subió al auto y me apuntó con una pistola en la cabeza era Corres", sostuvo, en referencia al principal interrogador del centro clandestino de detención, Julián "Laucha" Corres.

   Agregó que "el lugar de detención era malo. Comíamos con una mano atada y cuando entré quien me conducía me indicaba que esquivara cuerpos que no sé si estaban vivos o muertos".

   Parnoy pidió a los jueces "no como reivindicación personal ni como revancha, que se haga justicia"

Represor defiende el accionar del terrorismo de Estado

2011-09-29T00:15:00.000-07:00

Un discípulo de Lombroso

Por Diego Martínez

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó.

Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada en la llamada Escuelita”. “Estaban bastante bien atendidos”, consideró. Dijo ignorar de qué se los acusaba, sólo supo que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Relató que le pidió al general Osvaldo Azpitarte que los retirara y que el traslado se cumplió el 24 de diciembre. También al asumir encontró “tres o cuatro policías” cuyas funciones desconocía. “Los despedí de inmediato. Luego consideré que parecía una falta de amabilidad e invité a un asado a los jefes de policía que había por ahí”, agregó.

Mansueto distinguió la actuación del general Adel Vilas, jefe de subzona en 1976, de la de su sucesor, Abel Catuzzi. El primero “sobrepasó ampliamente la autoridad del comandante”, dijo, sin entrar en detalles. “Catuzzi ordenó que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y reglamentos militares”, aseguró, pese a que bajo su mando hubo secuestros, ejecuciones y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

El militar, de 80 años, contó que tuvo a su cargo “la representatividad del Ejército en Bahía Blanca”. “Hice fiestas, reuniones y agasajos a los que concurrió la mayor parte de la sociedad bahiense, con gastos pagos por el Comando”, contó sin remordimientos. Sobre el secuestro de un grupo de estudiantes en diciembre de 1976, declaró que estuvo a cargo de “efectivos de la agrupación tropas”, que “estaba integrada no sólo por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, sino por civiles y oficiales venidos con Vilas desde Tucumán”. Vilas llevó a “personas que no integraban las Fuerzas Armadas” y que “luego quedaron”. No las identificó, pero aseguró que “buscaban fundamentalmente el botín de guerra”. Entre los “civiles comprometidos interesados por el botín de guerra” incluyó a “la CNU” (Concentración Nacional Universitaria) y al “personal que trajo el señor Remus Tetu cuando fue rector de la Universidad Nacional del Sur”.

“Reconozco que intenté entrar a La Escuelita porque sentía curiosidad por saber qué había adentro”, confesó. “Un guardia me lo prohibió con términos amables, porque no hubiera tolerado otros”, aclaró para resaltar su valentía. “Me dijo: ‘Mi teniente coronel, tiene prohibido el acceso, sólo se puede entrar con autorización del G3’”, en referencia a la jefatura a cargo del general Bayón, que lo escuchaba a sus espaldas.

Mansueto admitió que sus subordinados “salían a recorrer la ciudad armados”, pero que a diferencia de los soldados “que llevaban fotografías”, los suyos “tenían un libro de personas buscadas por si de casualidad encontraban alguna”. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba le preguntó por el asesinato de José Luis Escudero, fusilado en 1977 por no detenerse en un control de rutas, Mansueto dijo no recordar el caso.

Un día recibió a un conscripto que “tenía un familiar montonero”, contó. “Lo llamé, vi su aspecto, gordito, blanquito y muy joven, pensé ‘éste no es terrorista pero puede estar vinculado’ y le dije ‘si una piedra golpea el batallón en la calle puedo llegar a vincularlo con eso’. Luego no pasó nada y el soldado pasó un año feliz.”

–Usted dice que por el aspecto distinguía si eran o no terroristas. ¿Cómo eran los terroristas? –le preguntó el fiscal.

–Pienso que normalmente feos.

Disponen el procesamiento contra integrantes de la Prefectura Naval y de la Armada

2011-09-28T00:22:00.000-07:00

Un juez federal de Bahía Blanca dispuso el procesamiento contra integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Armada en el marco de delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos en Puerto Belgrano y en la Prefectura Naval.

Fuentes judiciales informaron que "el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni dispuso el procesamiento de Luis Angel Bustos, Pedro Alberto Pila y Néstor Alberto Nougués, agentes retirados de la Prefectura Naval Argentina, y de Luis Alberto Pons, oficial retirado de la Armada Argentina".

"En la misma resolución el juez dispuso ampliar los procesamientos de Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Manuel Jacinto García, Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydy", agregaron.

Los hechos están referidos a la actividad represiva desarrollada con víctimas que fueron alojadas en centros clandestinos de la Prefectura Naval Argentina, Base Naval Puerto Belgrano y Base de Infantería de Marina Baterías.

Desde la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos se indicó que en la misma resolución se incluyeron los que tuvieron como víctimas a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia.

Los dos trabajadores fueron secuestrados al atardecer del 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.

Los crímenes de los dos trabajadores gráficos forman parte de la causa 04/07 que investiga los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina durante la dictadura militar.

Según se indicó "en dichos casos han sido procesados en la resolución cinco imputados de la Armada Argentina y Prefectura Naval".

"Las calificaciones aplicadas fueron las de privación ilegal de la libertad agravada, tormento agravado y homicidio agravado, en función a las imputaciones formuladas desde la Unidad Fiscal interviniente a cargo de Abel Darío Córdoba", agregaron las fuentes.

Se reanuda el juicio a los represores en Bahía Blanca

2011-08-25T05:42:00.000-07:00

17 acusados acusados son juzgados por crimenes de lesa humanidad

Más allá de los fallecidos y prófugos, los genocidas procesados del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el Estado Mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los Grupos de Tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal, imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Hay 17 imputados y un prófugo.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, habló sobre el juicio que se está realizando en la localidad de Bahía Blanca: “No prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos. Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.
Para Schulman los juicios responderán a dos preguntas: “La primera, es quiénes eran los 30 mil desaparecidos. Van a dejar de ser una sombra, una huella o un número, y recobrar el rostro, pero también su historia, es decir lo que pensaban, querían y por qué luchaban”.
El jueves 25 se concretó una inspección ocular al lugar donde funcionó el centro de detención clandestina y torturas ´La Escuelita´, en tierras dependientes del ex Comando V Cuerpo de Ejército, sobre el Camino ´La Carrindanga´. Luego de la feria judicial las audiencias se reanudarán hoy martes 2 de agosto.

Los culpables

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca apartó al imputado Julián Oscar Corrés del juicio oral por la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, que se realiza en Bahía Blanca.
Al retomar el desarrollo de la audiencia y antes de continuar con la lectura de la acusación, desde la Defensa también se exigieron al Tribunal exámenes médicos regulares para otros tres genocidas. Ellos son los ex integrantes del Estado Mayor del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez por cuestiones cardiológicas y urológicas, y Hugo Delmé por hemorroides; y por una afección oncológica al ex policía federal de Viedma, Héctor Arturo Goncálvez.
La semana pasada quedó pendiente la presentación del perito médico de parte de la querella respecto al estado de salud del torturador Julián Oscar Laucha Corres, quien padece un cáncer que lo tiene internado en el Hospital Militar de la Capital Federal.
El médico forense Alberto Ferrere, había dicho que la quimioterapia lo ha dañado físicamente, con una considerable pérdida de peso pero su salud emocional y mental está en perfectas condiciones para seguir el debate y declarar.
“Alguno de los imputados manifestó que le parecía denigrante que tres coroneles u oficiales del Ejército Argentino se encuentren en una sola celda como la que estaba señalando, lo que está pendiente que es la aceptación personal de imputado en una causa más allá de la jerarquía o grados que hayan logrado en su carrera militar”, comentó el fiscal.

Recusaron al prófugo Miguel Ángel García Moreno

Luego de completarse la lectura de las acusaciones, en la primera parte del juicio hecha por la Fiscalía que conduce el Doctor Abel Córdoba, El Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio que duró hasta el pasado martes 5 de Julio.
El fiscal solicitó “Sin perjuicio de que se continúe con la búsqueda ordenada, con la concreción de la captura internacional que se dispuso”, se revoque la excarcelación de la que aun goza el prófugo Miguel Ángel García Moreno. Este represor se encuentra libre por resolución de la composición anterior del Tribunal Oral (que tenía a Leopoldo Velázquez a la cabeza, recusado por su amistad con el imputado Hugo Mario Sierra) y “En función de haber incumplido las reglas que se le habían fijado para acceder a ese beneficio”; Córdoba solicitó se “Revoque esa resolución y además se ejecute la fianza que se había dado para asegurar la libertad a la que accedió en marzo del año 2010. Como una medida para la captura que es la prioridad de esta fiscalía”. Luego Jorge Ferro cerró la actividad de la primera semana de juicio oral.
“Creemos que los juicios comienzan la reparación, porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino, que no es otra que la del cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y la sangre del pueblo”, finalizó José Schulman, expresando la verdadera necesidad de la palabra justicia.

Las víctimas del genocidio

En la lista de las víctimas de estos acusados figuran: Abel, Jorge Antonio, Acevedo Patricia Elizabeth, Fornasari Pablo Francisco, Castillo Juan Carlos, Matzkin Zulma Raquel, Tarchitzky Manuel Mario, Cereijo Nancy Griselda, Lofvall Andrés Oscar, Ilacqua Carlos Mario, Iannarelli Estela Maris, Chironi Eduardo Mario, Coussement Cristina, Lorenzo Roberto, Sotuyo Luis Alberto, Mercero de Sotuyo Dora Rita, Del río Ricardo Gabriel, Rivera Carlos Roberto, Frers Elizabeth, Ferrari María Angélica, Garralda Alberto Ricardo, Peralta José Luís, Gentile Carlos Alberto, Izurieta Zulma Araceli, Giordano César Antonio, Romero María Elena, González María Eugenia, Junquera Néstor Oscar, Hidalgo Daniel, Souto castillo Olga Silvia, Izurieta María Graciela, Jara Fernando, Morán Mónica, Rossi Darío, Sampini Rubén Héctor, Bossi Néstor Alejandro, Traverso de Bossi Susana Elba, Bombara Daniel José.
La causa además incluye 46 víctimas más, cuyas identidades son preservadas para un mejor desarrollo del juicio.

Quiénes son los imputados

Los acusados son:

1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.

2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.

3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.

4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.

5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.

6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.

7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.

8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.

9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.

10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.

11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.

12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.

13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.

15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.

17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

El silencio de 17 represores

2011-08-09T23:03:00.000-07:00

Juicio con crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

Los diecisiete acusados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, incluidos seis ex miembros del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército, se negaron a declarar ayer sobre sus crímenes durante la dictadura. Uno a uno, convocados por el camarista Jorge Ferro, militares, policías y penitenciarios subieron al escenario del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, dieron sus datos personales, oyeron que el silencio no sería usado en su contra y respondieron con palabras casi idénticas: “No voy a declarar por el momento, lo voy a hacer cuando lo considere oportuno”. Sólo el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, radicado en la ciudad, arriesgó seis palabras: “Voy a demostrar que soy inocente”.

El silencio de los represores permitió adelantar la inspección ocular al predio donde funcionó La Escuelita. Jueces, fiscales, querellantes y defensores atravesaron la tranquera por la que ingresaban secuestradores y secuestrados, recorrieron el terreno, ya sin rastros del centro clandestino, y desde allí se dirigieron por caminos internos hasta el Batallón 181 y al edificio donde funcionó la caballeriza.

Hoy comenzarán las testimoniales. En primer turno declarará el abogado Víctor Benamo, rector de la UNS entre 1973 y 1974. Benamo fue secuestrado en Banfield en abril de 1976. Trasladado a Bahía Blanca, fue torturado en cautiverio durante 33 días. Cuando el Ejército lo blanqueó, el diario La Nueva Provincia lo acusó de integrar una “célula terrorista” y publicó su foto junto a la de ocho sobrevivientes. Estuvo cuatro años preso en la cárcel de Rawson hasta que logró exiliarse en Bélgica. Benamo es el actual delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca.

Se reanuda el juicio a los represores en bahía Blanca

2011-08-02T01:34:00.000-07:00

Dicisiete acusados son juzgados por crímenes de lesa humanidad

Más allá de los fallecidos y prófugos, los genocidas procesados del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el Estado Mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los Grupos de Tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal, imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Hay 17 imputados y un prófugo.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, habló sobre el juicio que se está realizando en la localidad de Bahía Blanca: “No prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos. Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.
Para Schulman los juicios responderán a dos preguntas: “La primera, es quiénes eran los 30 mil desaparecidos. Van a dejar de ser una sombra, una huella o un número, y recobrar el rostro, pero también su historia, es decir lo que pensaban, querían y por qué luchaban”.
El jueves 25 se concretó una inspección ocular al lugar donde funcionó el centro de detención clandestina y torturas ´La Escuelita´, en tierras dependientes del ex Comando V Cuerpo de Ejército, sobre el Camino ´La Carrindanga´. Luego de la feria judicial las audiencias se reanudarán hoy martes 2 de agosto.

Los culpables

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca apartó al imputado Julián Oscar Corrés del juicio oral por la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, que se realiza en Bahía Blanca.
Al retomar el desarrollo de la audiencia y antes de continuar con la lectura de la acusación, desde la Defensa también se exigieron al Tribunal exámenes médicos regulares para otros tres genocidas. Ellos son los ex integrantes del Estado Mayor del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez por cuestiones cardiológicas y urológicas, y Hugo Delmé por hemorroides; y por una afección oncológica al ex policía federal de Viedma, Héctor Arturo Goncálvez.
La semana pasada quedó pendiente la presentación del perito médico de parte de la querella respecto al estado de salud del torturador Julián Oscar Laucha Corres, quien padece un cáncer que lo tiene internado en el Hospital Militar de la Capital Federal.
El médico forense Alberto Ferrere, había dicho que la quimioterapia lo ha dañado físicamente, con una considerable pérdida de peso pero su salud emocional y mental está en perfectas condiciones para seguir el debate y declarar.
“Alguno de los imputados manifestó que le parecía denigrante que tres coroneles u oficiales del Ejército Argentino se encuentren en una sola celda como la que estaba señalando, lo que está pendiente que es la aceptación personal de imputado en una causa más allá de la jerarquía o grados que hayan logrado en su carrera militar”, comentó el fiscal.

Recusaron al prófugo Miguel Ángel García Moreno

Luego de completarse la lectura de las acusaciones, en la primera parte del juicio hecha por la Fiscalía que conduce el Doctor Abel Córdoba, El Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio que duró hasta el pasado martes 5 de Julio.
El fiscal solicitó “Sin perjuicio de que se continúe con la búsqueda ordenada, con la concreción de la captura internacional que se dispuso”, se revoque la excarcelación de la que aun goza el prófugo Miguel Ángel García Moreno. Este represor se encuentra libre por resolución de la composición anterior del Tribunal Oral (que tenía a Leopoldo Velázquez a la cabeza, recusado por su amistad con el imputado Hugo Mario Sierra) y “En función de haber incumplido las reglas que se le habían fijado para acceder a ese beneficio”; Córdoba solicitó se “Revoque esa resolución y además se ejecute la fianza que se había dado para asegurar la libertad a la que accedió en marzo del año 2010. Como una medida para la captura que es la prioridad de esta fiscalía”. Luego Jorge Ferro cerró la actividad de la primera semana de juicio oral.
“Creemos que los juicios comienzan la reparación, porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino, que no es otra que la del cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y la sangre del pueblo”, finalizó José Schulman, expresando la verdadera necesidad de la palabra justicia.

Las víctimas del genocidio

En la lista de las víctimas de estos acusados figuran: Abel, Jorge Antonio, Acevedo Patricia Elizabeth, Fornasari Pablo Francisco, Castillo Juan Carlos, Matzkin Zulma Raquel, Tarchitzky Manuel Mario, Cereijo Nancy Griselda, Lofvall Andrés Oscar, Ilacqua Carlos Mario, Iannarelli Estela Maris, Chironi Eduardo Mario, Coussement Cristina, Lorenzo Roberto, Sotuyo Luis Alberto, Mercero de Sotuyo Dora Rita, Del río Ricardo Gabriel, Rivera Carlos Roberto, Frers Elizabeth, Ferrari María Angélica, Garralda Alberto Ricardo, Peralta José Luís, Gentile Carlos Alberto, Izurieta Zulma Araceli, Giordano César Antonio, Romero María Elena, González María Eugenia, Junquera Néstor Oscar, Hidalgo Daniel, Souto castillo Olga Silvia, Izurieta María Graciela, Jara Fernando, Morán Mónica, Rossi Darío, Sampini Rubén Héctor, Bossi Néstor Alejandro, Traverso de Bossi Susana Elba, Bombara Daniel José.
La causa además incluye 46 víctimas más, cuyas identidades son preservadas para un mejor desarrollo del juicio.

Quiénes son los imputados
Los acusados son:

1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.
2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.
3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.
4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.
5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.
6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.
7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.
8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.
9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.
10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.
11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.
12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.
13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.
14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.
15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.
16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.
17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

¡Finalmente hay juicio!

2011-06-28T23:46:00.000-07:00

Un día que parecía que no iba a llegar

El primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, comenzó ayer en Bahía Blanca. Organizaciones de derechos humanos consideraron “histórico” el inicio del proceso que analizará la conducta de 19 represores, ex integrantes del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, en perjuicio de 90 personas. Preside el tribunal Jorge Ferro secundado por los jueces José Mario Triputti y Martín Bava.

Se trata de la causa 982 caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área operacional Cuerpo Ejército V”.

Daniel José Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y del gremio de no docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) fue secuestrado el 29 de diciembre de 1975. El 2 de enero de 1976 Bombara falleció en la Unidad Penitenciaria de Villa Floresta, su cuerpo fue trasladado en una ambulancia y continúa desaparecido.

De los 19 imputados sólo estuvieron presentes 17 ya que Miguel Angel García Moreno está prófugo y Julián Oscar “Laucha” Corrés no viajó a Bahía Blanca por cuestiones de salud. Fuentes judiciales indicaron que “Corrés podrá prestar declaración por el sistema de videoconferencia”.

Están acusados los militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Miguel Angel García Moreno, Julián Oscar Corrés, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel. Además de los policías Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Alberto Contreras y Héctor Jorge Abelleira, y los ex agentes del Servicio Penitenciario Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Se inicia el juicio por los crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

2011-05-27T01:06:00.000-07:00

Llega la hora de la justicia

Los acusados son 19 y serán juzgados a partir del próximo 28 de junio. Deberán rendir cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, dependiente del Cuerpo V de Ejército.

La Universidad Nacional del Sur, que aún cobija en su staff de profesores a civiles imputados por su actuación durante la dictadura, será sede a partir del 28 de junio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Federal en su nueva conformación, luego de la postergación derivada de la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, producto de un cónclave en público con imputados y abogados de represores que informó Página/12. El proceso oral tendrá 19 acusados, que rendirán cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, en la periferia del Cuerpo V de Ejército.

El juicio debió comenzar en abril pero se suspendió por la escasa imparcialidad que garantizaba Velázquez. El presidente del TOF, que había generado suspicacias al ordenar prórrogas motu proprio y facilitar excarcelaciones, coronó su actuación con una reunión nocturna en el aristocrático Club Argentino con abogados que defendieron en los ’80 al fallecido general Adel Vilas, con el imputado Hugo Sierra (secretario del Juzgado Federal durante la dictadura) y con el juez Gustavo Duprat, de fugaz intervención en la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares. Los ex abogados de Vilas son Luis De Mira, que ahora defiende a varios marinos imputados por crímenes en Puerto Belgrano, y Rubén Diskin, defensor del prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, el heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los mayores interesados en el proceso, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los obreros gráficos que habían osado enfrentar a su madre y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

Ante la recusación presentada por los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, el juez Velázquez admitió su “amistad íntima” con Sierra y se apartó. Siguió sus pasos Beatriz Torterola, que adujo problemas de salud. La Cámara de Casación designó para ocupar sus puestos a José Triputti, presidente del Tribunal Oral que en noviembre condenó a un grupo de policías y militares en La Pampa, y al camarista marplatense Jorge Ferro. El tercer miembro del tribunal será el juez Martín Bava, de Azul.

El tercio de siglo transcurrido desde los crímenes dejó fuera de juego a los máximos jefes militares: el ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos, Vilas y Abel Catuzzi. Del Estado mayor llegan a juicio el general Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Tres acusados actuaban en el Destacamento de Inteligencia 181: Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Granada, el mismo que ayudó a esconderse a su amigo Luis Patti cuando la Justicia ordenó su captura. Otros cuatro pertenecían a grupos operativos. El más conocido es el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, quien se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal y fue recapturado en la casa de su madre. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno hizo carrera en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. Los otros son Jorge Masson y Mario Carlos Méndez. Compartirán el banquillo con los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde se blanqueaba a los secuestrados, y policías que participaron en secuestros en Viedma y Carmen de Patagones: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Goncálvez.

El Consejo Superior de la universidad que será sede del juicio revalidó esta semana la continuidad de la profesora Gloria Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y por todo el claustro de alumnos. Girotti y Sierra, profesores de la carrera de Derecho, fueron secretarios de Guillermo Madueño, el juez que de noche se reunía con los militares y de día archivaba sin investigar los expedientes por sus fusilamientos. Madueño murió impune en agosto luego de diez meses en los que el juez Alcindo Alvarez Canale se negó a viajar a Buenos Aires para indagarlo. El juez se resiste ahora a detener e indagar a los ex secretarios, acusados por el fiscal Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a un grupo de dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y no docentes de la propia UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un militante que permanece desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar. También integra el claustro el camarista Néstor Montezanti, ex asesor del general Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército.

¿Esto debería ser noticia? : Procesa irá preso a juicio

2011-04-10T04:53:00.000-07:00

Jorge Horacio Granada, ex miembro del Ejército Argentino, es uno de los diecinueve imputados por delitos de lesa humanidad que serán juzgados desde el 26 de abril en Bahía Blanca. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 y en los últimos años, como Solo Local publicó en esta nota, alternó meses en los que estuvo prófugo, con otros en los que se lo encarceló y luego se lo volvió a liberar pese a sus antecedentes de elusión a la justicia. Su último intento de lograr la excarcelación fue rechazado en primera instancia por el juez Alcindo Alvarez Canale y confirmado esta semana por la Cámara Federal bahiense.

Por ello, llegará encarcelado a juicio. Las audiencias en las que se juzgará a Granada y otros dieciocho procesados, entre ex militares, policías federales y agentes penitenciarios retirados, se realizarán en la sede de la Universidad Nacional del Sur.

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca

2011-03-08T23:16:00.000-08:00

cena "camaradería" represores en libertad

Denuncian a un juez bahiense por "intromisión" en casusas de derechos humanosUna ayudita durante la feria judicial

El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

Informe: Gabriel Morini.

Bahia Blanca: en abril se inicia el primer juicio por violaciones a derechos humanos

2011-03-04T23:49:00.000-08:00

Represores a los que les llega su hora

En el banquillo habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

A 35 años del comienzo de la dictadura, con los iconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Ta-ffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.

Revocan las excarcelaciones a casi cincuenta represores de Bahía Blanca

2011-01-14T00:17:00.000-08:00

De regreso a las celdas

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.

Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Proponen que en la Universidad de Bahía Blanca se lleven a cabo los juicios a represores

2010-09-15T23:26:00.000-07:00

REPRESION-BAHIA BLANCA

Bahía Blanca, 15 de septiembre - El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca ofreció dependencias de la Alta Casa de Estudios con el fin que se lleven a cabo las audiencias por los juicios de delitos de lesa humanidad ocurridos en el Comando Quinto Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar.
El Consejo Superior lo resolvió en el último plenario en el que manifestó "la voluntad de contribuir a solucionar el retraso generado por las dificultades de espacio en las sedes judiciales".

Desde la Universidad se indicó a Télam que las audiencias "se podrían llevar a cabo en el salón de actos de Alem 1253 o en el Aula Magna de avenida Colón 80".
"En ellas se evaluará tanto la capacidad de albergar a los asistentes, como también la posibilidad de dotarlas de las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto a los testigos como a los querellantes y a los imputados", agregaron.
Además el Consejo Superior Universitario consideró que “es saludable para las generaciones más jóvenes de argentinos que este tipo de actos aberrantes y violatorios de los Derechos Humanos sean condenados públicamente” y “que es importante que la Universidad Nacional del Sur, como institución del Estado, promueva e inculque en la sociedad el respeto a las instituciones y a las leyes de la República”.
Según se indicó, el expediente, que culminó con esta resolución del Consejo Superior, se inició con el pedido del fiscal federal subrogante Abel Córdoba, quien solicitó a la Universidad información sobre la disponibilidad de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las audiencias orales y públicas.
A la respuesta afirmativa por parte de la Universidad, se sumó su apoyo a la solicitud de “pronta resolución de la fecha de iniciación del juicio” presentada por los familiares de las víctimas, habida cuenta “que han transcurrido ya cinco años desde la reapertura de la causa y que algunos de los imputados han fallecido sin sentencia judicial alguna”, señalaron desde la Casa de Estudios.
Ahora, resta la definición del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca para saber si efectivamente dichas audiencias se realizarán en la Universidad.

Confirman el procesamiento de ex coronel por secuestros y torturas en la “Escuelita”

2010-08-24T00:33:00.000-07:00

Lo dispuso la Cámara Federal de Bahía Blanca. Se trata de José Héctor Fidalgo, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en aquel centro clandestino de detención que funcionara en esa ciudad durante el último gobierno militar.

La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó un recurso de apelación presentado la defensa del ex coronel José Héctor Fidalgo contra el fallo que ordenara su procesamiento con prisión preventiva, en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, que funcionara en aquella ciudad durante el último gobierno militar.

En el caso, Fidalgo está procesado por el secuestro e imposición de tormentos de Pablo Victorio Bohoslavksy, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz, quienes luego de un período de cautiverio en la “Escuelita” fueron recluidos en dependencias del Batallón de Comunicaciones de Comando 181, para ser sometidos al Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, que integraba el acusado en carácter de “vocal”.

Según la resolución, las tres víctimas fueron secuestradas entre el 19 y el 20 de octubre de 1976, trasladadas al CCD la “Escuelita”, donde permanecieron en cautiverio en condiciones infrahumanas y fueron sometidos a interrogatorios bajo torturas.

Se los liberó el 22 de noviembre de 1976, dejándolos abandonados en un descampado, donde sin solución de continuidad fueron “encontrados” por personal de Ejército y subidos a un vehículo del Batallón de Comunicaciones de Comando 181, a donde fueron llevados. Allí permanecieron detenidos hasta que el 12 de diciembre del mismo año se les informó que serían sometidos a Consejo de Guerra, cuyas audiencias comenzaron el 16 de diciembre de ese año. Fueron condenados al día siguiente, sentencia que fue apelada por el fiscal, logrando que el Consejo Superior de las FFAA elevara las penas impuestas, que fueron cumplidas en las unidades penitenciarias de Villa Floresta y –mayormente– en la de Rawson.

Se agrega que Fidalgo, actuando como vocal del Consejo de Guerra, estuvo presente en la audiencia de prueba llevada a cabo el 16 de diciembre de 1976 y votó afirmativamente la prisión preventiva rigurosa de los imputados. Al día siguiente, analizó y votó cada una de las cuestiones de hecho formuladas por el auditor respecto de los acusados, y suscribió la sentencia condenatoria y la concesión del recurso del fiscal.

“Este Tribunal de Alzada ya resolvió que este proceso fue un instrumento utilizado para trastrocar lo ilegal en una aparente legalidad… resultando una variante más de la última fase en la secuencia delictiva del modus operandi desplegado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la alegada lucha contra la subversión, durante el período investigado, el que –en síntesis– consistía en: 1°)- detención/secuestro; 2°)- cautiverio en centros clandestinos de detención; 3°)- interrogatorio y torturas; y 4°)- destino final; ya sea: a)- muerte/desaparición física, o b)- liberación a través de su legalización, lo que vulgarmente fue conocido como ‘blanqueo’, añade la Cámara.

En conclusión, agrega el tribunal, “en el momento procesal en el que se encuentra la causa, existen elementos de criterio concordantes y suficientes, acerca de la intervención del entonces Capitán José Héctor Fidalgo en los hechos reprochados”.

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