¡Finalmente hay juicio!

Un día que parecía que no iba a llegar

El primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, comenzó ayer en Bahía Blanca. Organizaciones de derechos humanos consideraron “histórico” el inicio del proceso que analizará la conducta de 19 represores, ex integrantes del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, en perjuicio de 90 personas. Preside el tribunal Jorge Ferro secundado por los jueces José Mario Triputti y Martín Bava.

Se trata de la causa 982 caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área operacional Cuerpo Ejército V”.

Daniel José Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y del gremio de no docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) fue secuestrado el 29 de diciembre de 1975. El 2 de enero de 1976 Bombara falleció en la Unidad Penitenciaria de Villa Floresta, su cuerpo fue trasladado en una ambulancia y continúa desaparecido.

De los 19 imputados sólo estuvieron presentes 17 ya que Miguel Angel García Moreno está prófugo y Julián Oscar “Laucha” Corrés no viajó a Bahía Blanca por cuestiones de salud. Fuentes judiciales indicaron que “Corrés podrá prestar declaración por el sistema de videoconferencia”.

Están acusados los militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Miguel Angel García Moreno, Julián Oscar Corrés, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel. Además de los policías Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Alberto Contreras y Héctor Jorge Abelleira, y los ex agentes del Servicio Penitenciario Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Se inicia el juicio por los crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

Llega la hora de la justicia

Los acusados son 19 y serán juzgados a partir del próximo 28 de junio. Deberán rendir cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, dependiente del Cuerpo V de Ejército.

La Universidad Nacional del Sur, que aún cobija en su staff de profesores a civiles imputados por su actuación durante la dictadura, será sede a partir del 28 de junio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Federal en su nueva conformación, luego de la postergación derivada de la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, producto de un cónclave en público con imputados y abogados de represores que informó Página/12. El proceso oral tendrá 19 acusados, que rendirán cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, en la periferia del Cuerpo V de Ejército.

El juicio debió comenzar en abril pero se suspendió por la escasa imparcialidad que garantizaba Velázquez. El presidente del TOF, que había generado suspicacias al ordenar prórrogas motu proprio y facilitar excarcelaciones, coronó su actuación con una reunión nocturna en el aristocrático Club Argentino con abogados que defendieron en los ’80 al fallecido general Adel Vilas, con el imputado Hugo Sierra (secretario del Juzgado Federal durante la dictadura) y con el juez Gustavo Duprat, de fugaz intervención en la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares. Los ex abogados de Vilas son Luis De Mira, que ahora defiende a varios marinos imputados por crímenes en Puerto Belgrano, y Rubén Diskin, defensor del prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, el heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los mayores interesados en el proceso, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los obreros gráficos que habían osado enfrentar a su madre y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

Ante la recusación presentada por los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, el juez Velázquez admitió su “amistad íntima” con Sierra y se apartó. Siguió sus pasos Beatriz Torterola, que adujo problemas de salud. La Cámara de Casación designó para ocupar sus puestos a José Triputti, presidente del Tribunal Oral que en noviembre condenó a un grupo de policías y militares en La Pampa, y al camarista marplatense Jorge Ferro. El tercer miembro del tribunal será el juez Martín Bava, de Azul.

El tercio de siglo transcurrido desde los crímenes dejó fuera de juego a los máximos jefes militares: el ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos, Vilas y Abel Catuzzi. Del Estado mayor llegan a juicio el general Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Tres acusados actuaban en el Destacamento de Inteligencia 181: Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Granada, el mismo que ayudó a esconderse a su amigo Luis Patti cuando la Justicia ordenó su captura. Otros cuatro pertenecían a grupos operativos. El más conocido es el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, quien se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal y fue recapturado en la casa de su madre. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno hizo carrera en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. Los otros son Jorge Masson y Mario Carlos Méndez. Compartirán el banquillo con los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde se blanqueaba a los secuestrados, y policías que participaron en secuestros en Viedma y Carmen de Patagones: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Goncálvez.

El Consejo Superior de la universidad que será sede del juicio revalidó esta semana la continuidad de la profesora Gloria Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y por todo el claustro de alumnos. Girotti y Sierra, profesores de la carrera de Derecho, fueron secretarios de Guillermo Madueño, el juez que de noche se reunía con los militares y de día archivaba sin investigar los expedientes por sus fusilamientos. Madueño murió impune en agosto luego de diez meses en los que el juez Alcindo Alvarez Canale se negó a viajar a Buenos Aires para indagarlo. El juez se resiste ahora a detener e indagar a los ex secretarios, acusados por el fiscal Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a un grupo de dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y no docentes de la propia UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un militante que permanece desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar. También integra el claustro el camarista Néstor Montezanti, ex asesor del general Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército.

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  Jorge Horacio Granada, ex miembro del Ejército Argentino, es uno de los diecinueve imputados por delitos de lesa humanidad que serán juzgados desde el 26 de abril en Bahía Blanca. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 y en los últimos años, como Solo Local publicó en esta nota, alternó meses en los que estuvo prófugo, con otros en los que se lo encarceló y luego se lo volvió a liberar pese a sus antecedentes de elusión a la justicia. Su último intento de lograr la excarcelación fue rechazado en primera instancia por el juez Alcindo Alvarez Canale y confirmado esta semana por la Cámara Federal bahiense.

Por ello, llegará encarcelado a juicio. Las audiencias en las que se juzgará a Granada y otros dieciocho procesados, entre ex militares, policías federales y agentes penitenciarios retirados, se realizarán en la sede de la Universidad Nacional del Sur.

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca

cena "camaradería" represores en libertad

Denuncian a un juez bahiense por "intromisión" en casusas de derechos humanosUna ayudita durante la feria judicial

El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

Informe: Gabriel Morini.

Bahia Blanca: en abril se inicia el primer juicio por violaciones a derechos humanos

Represores a los que les llega su hora

En el banquillo habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.
     
A 35 años del comienzo de la dictadura, con los iconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Ta-ffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.

Revocan las excarcelaciones a casi cincuenta represores de Bahía Blanca

De regreso a las celdas

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.
 
Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Proponen que en la Universidad de Bahía Blanca se lleven a cabo los juicios a represores

REPRESION-BAHIA BLANCA

Bahía Blanca, 15 de septiembre - El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca ofreció dependencias de la Alta Casa de Estudios con el fin que se lleven a cabo las audiencias por los juicios de delitos de lesa humanidad ocurridos en el Comando Quinto Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar.
El Consejo Superior lo resolvió en el último plenario en el que manifestó "la voluntad de contribuir a solucionar el retraso generado por las dificultades de espacio en las sedes judiciales".

Desde la Universidad se indicó a Télam que las audiencias "se podrían llevar a cabo en el salón de actos de Alem 1253 o en el Aula Magna de avenida Colón 80".
"En ellas se evaluará tanto la capacidad de albergar a los asistentes, como también la posibilidad de dotarlas de las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto a los testigos como a los querellantes y a los imputados", agregaron.
Además el Consejo Superior Universitario consideró que “es saludable para las generaciones más jóvenes de argentinos que este tipo de actos aberrantes y violatorios de los Derechos Humanos sean condenados públicamente” y “que es importante que la Universidad Nacional del Sur, como institución del Estado, promueva e inculque en la sociedad el respeto a las instituciones y a las leyes de la República”.
Según se indicó, el expediente, que culminó con esta resolución del Consejo Superior, se inició con el pedido del fiscal federal subrogante Abel Córdoba, quien solicitó a la Universidad información sobre la disponibilidad de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las audiencias orales y públicas.
A la respuesta afirmativa por parte de la Universidad, se sumó su apoyo a la solicitud de “pronta resolución de la fecha de iniciación del juicio” presentada por los familiares de las víctimas, habida cuenta “que han transcurrido ya cinco años desde la reapertura de la causa y que algunos de los imputados han fallecido sin sentencia judicial alguna”, señalaron desde la Casa de Estudios.
Ahora, resta la definición del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca para saber si efectivamente dichas audiencias se realizarán en la Universidad.