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lunes, 17 de octubre de 2016

¿De la casa al juicio y del juicio a la casa?

El genocida Osvaldo Laurella Crippa, con condenas de 23 y ocho años de prisión en Neuquén, llegó ayer por su cuenta y en compañía de su hijo a la primera audiencia del juicio Ejército III de Bahía Blanca en el cual está imputado por los secuestros y torturas que sufrieron dos estudiantes de Servicio Social y por el homicidio de Raúl Ferreri, desaparecido desde 1976. A la hora de la cena, una unidad de Su Taxi lo llevó hasta su casa.

La situación se dio por primera vez en la ciudad y obedecería al “morigeramiento de penas” sugerido por la Corte Suprema, según comentó uno de los jueces del tribunal. La mayoría de los imputados llegó en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal a Colón 80, mientras otros participaron desde Viedma, San Rafael, Jujuy, Junín de los Andes y Chimbas por videoconferencias en dependencias judiciales o en el comedor de sus casas con policía, perro y fotos familiares de fondo.

El ex teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa fue jefe de la División II Inteligencia del Comando de Infantería de Brigada VI, Comando de Subzona 52 Ejército Argentino, en comisión a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Neuquén desde el golpe de Estado. Fue beneficiado con arresto domiciliario en el noveno piso del edificio de Alsina 520.

Mientras sus camaradas eran ingresados por una pequeña puerta del rectorado de la UNS, esposados y cobijados bajo los escudos policiales, Laurella y su hijo conversaban detrás de un grupo de militantes que repudiaban a los represores. Minutos después, decidió atravesar el público y presentarse ante la custodia: “Estoy con domiciliaria y vengo a la audiencia”, dijo antes de escabullirse en el edificio gozando de un rostro -hasta ayer- poco conocido.

Laurella Crippa egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en 1954 y debutó contra la democracia el 16 de septiembre del año siguiente en las filas de la Revolución Fusiladora. Tras su despliegue ilegal en Neuquén, en 1980 ascendió al grado de coronel y fue trasladado al Comando V Cuerpo de Ejército donde se retiró un lustro más tarde.

“En ningún momento me asocié a un plan sistemático, criminal y clandestino de represión, si no por el contrario trabajé para mejorar una institución que estaba muy descuidada y a la vez mejorar la situación de la seguridad pública, que ya comenzaba a tener ciertas fisuras, y cumpliendo las misiones específicas que le había impuesto el gobierno provincial”, se defendió.

Antonio Casal fue segundo jefe de la Regional Segunda de la policía de Neuquén en 1975 y describió a Laurella Crippa como “un borracho común, un pobre tipo” que decía que “tenía la potestad desde un apercibimiento al fusilamiento”.

Una testigo lo identificó recién en 2008 cuando vio su fotografía en el marco de los juicios y recordó el aspecto “fantasmagórico” del tipo que presenció sin decir palabra la revisación médica que le hicieron al ser encerrada en una alcaidía policial.

“Por el grado de responsabilidad que tenía, la función que cumplía, el momento en que los hechos de que se lo acusan fueron llevados a cabo y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de su intervención en los distintos hechos, la única conclusión a la que razonablemente puede arribarse es que no sólo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría, sino que colaboró con los hechos por los que fue acusado”, dijeron los jueces patagónicos.

Laurella Crippa fue condenado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada por ser la víctima perseguido político y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración mayor a un mes.

Ahora camina libremente hacia su primera condena en Bahía Blanca.
( Posted on 12/10/2016 by efemedelacalle)

miércoles, 29 de junio de 2016

Renovada protección para el ex juez represor Montezanti

La Cámara Federal de Bahia Blanca suspendió la indagatoria a un ex juez represor. 

En línea con el cambio político, en Bahía Blanca se acentúa el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad. Montezanti, ex titular del tribunal bahiense quien renunció para evitar la destitución, consiguió postergar sin fecha su declaración.

El cambio de vientos políticos sigue haciendo estragos en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca. Montado en el fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez federal Alejo Ramos Padilla, el ex agente de inteligencia del Ejército y ex juez Néstor Luis Montezanti logró esta semana la suspensión y postergación de su indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad, prevista para el martes próximo. El próximo paso de quien fue presidente de la Cámara bahiense hasta que renunció para evitar su destitución en el Consejo de la Magistratura será pedir la nulidad de toda la causa, amparado en los argumentos que le obsequiaron su ex compañero de tribunal Pablo Candisano Mera y los subrogantes Jorge Ferro y José Triputti.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Ramos Padilla, que actuaba como subrogante en Bahía Blanca, ordenó el año pasado su citación a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado (todavía con fueros) faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Por esos meses el camarista también prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. Su única aparición pública fue un autorreportaje en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, que a su vez obtuvo su falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un original sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi, que se había animado a citar a indagatoria al empresario y se aprestaba a pronunciarse.

En septiembre el Consejo resolvió por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Montezanti por su actuación en el terrorismo de Estado y también por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Sus conductas son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación, sostuvo. En marzo, cuando el Consejo de aprestaba a destituirlo, Montezanti presentó su renuncia, que el presidente Mauricio Macri aceptó en tiempo récord. La huida silenciosa le permitirá cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días y le evitó a los consejeros tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial.

Ya sin fueros que impidan su detención, la Cámara Federal tomó una decisión que le permitió recobrar sus esperanzas de prolongar su impunidad. A partir de planteos de defensores de represores, los jueces resolvieron aceptar la recusación de Ramos Padilla (abstracta pues renunció a las causas de Bahía Blanca a fines de 2015) al considerar que era justificado el temor de parcialidad por su antiguo rol como querellante de víctimas de la dictadura. “Estas resoluciones habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, anticipó entonces el fiscal Palazzani a la agencia Paco Urondo. La suspensión de la indagatoria, que dictó el juez Pedro Plou (de Junín, también subrogante en Bahía) era una previsible consecuencia de la resolución de la Cámara.

Mientras el cuarto juicio de lesa humanidad en el sur bonaerense todavía no tiene fecha de inicio, los militantes de la impunidad siguen ganando batallas en Bahía. Primero fue la confirmación de la falta de mérito de Massot, sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. Luego la Cámara Federal, sin darle derecho a descargo, cesanteó por segunda vez a Coleffi (el juez que se animó a avanzar contra Massot) por entender que no podía trabajar en el Ministerio Público Fiscal. El mes pasado se pronunció contra Ramos Padilla. Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos también parecen estar en la mira. Ante una acción de amparo porque el Servicio Penitenciario Bonaerense no les permitía ingresar a la cárcel de Villa Floresta, Ramos Padilla hizo lugar y habilitó la inspección que solicitaban. La Cámara Federal revirtió esa decisión para impedirles que controlen las condiciones inmundas que reinan en las cárceles de la provincia.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Condenan a prisión perpetua a 18 integrantes de la Armada

Es el tercer proceso por crímenes de lesa que se realiza en esa ciudad

Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido las penas que dispuso el tribunal. Los represores estaban acusados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas. Entre ellos, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia.

Foto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna Chima

En Bahía Blanca se produjo hoy una sentencia histórica: en la causa "Armada", el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua a 18 represores y a otros cuatro sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de prisión. Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia.

Los condenados a perpetua son: el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos;  ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
Y fueron condenados, además: 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

“Es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica”, dijo el fiscal José Nebbia antes de conocer el veredicto. En la ciudad hubo una manifestación de organismos de derechos humanos y también de hijos y familiares de represores, pidiendo la libertad de los acusados. “El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, agregó Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Es el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca. Y el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que, además, incluye los delitos sexuales como delitos de lesa. En el marco del extenso juicio, que comenzó el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani  pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Creemos que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada, y marca la interacción de las fuerzas”, había dicho Nebbia. El proceso demostró el funcionamiento del circuito represivo: cómo, por ejemplo, algunas víctimas fueron secuestradas por Prefectura para luego ser trasladadas a centros clandestinos de la Armada. De cómo se cruzaron información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. “Se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas”, explicó el fiscal. 

Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron en los alegatos.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

“Los organismos de derechos humanos, que fuimos los que instalamos los juicios, tenemos que reafirmar el compromiso con convicción y alegría. En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, dijo Hidalgo.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
JMM/PC/RA

viernes, 22 de mayo de 2015

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

jueves, 14 de agosto de 2014

Piden imputar a 70 represores por delitos sexuales durante la dictadura

“Es hora de saldar esa deuda”

Lo requirieron los fiscales José Nebbia y Miguel Pallazzani a la Cámara Federal de Bahía Blanca. “Hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado”, enfatizaron. Los acusados actuaron en centros clandestinos del V Cuerpo de Ejército.

 Por Ailín Bullentini

Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Pallazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.

El requerimiento elaborado por él y su colega Pallazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.

Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.

“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Pallazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.

Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.

En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.

Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.

A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”

domingo, 6 de julio de 2014

Se inicia el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

El Tribunal Federal subrogante de Bahía Blanca iniciará el martes 8 de julio el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en esta ciudad, por el cual se encuentran imputados 25 miembros del Ejército y la Armada.
Entre los 66 casos que figuran en esta causa se encuentran los de los obreros gráficos del diario “La Nueva Provincia”, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, comenzará con el debate a partir de las 9 en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Se trata de la causa 1.103 caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.
De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires.
PARA EL FISCAL, “SE VENTILARÁN INFORMES DE LA PNA”
Sobre el juicio, el fiscal José Nebbia, quien junto con su par Miguel Angel Pallazani integran la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, informó que “es el primer juicio por los hechos cometidos en la Armada y por primera vez se va a develar en el debate oral el rol que tuvo en la zona”.
“Aquí se ventilarán los conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que dependía de la Armada donde se los señala a los obreros gráficos” Heinrich y Loyola, indicó Nebbia.
Heinrich y Loyola eran obreros gráficos del diario Bahiense y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de esta ciudad sureña. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y tesorero de la organización gremial.
Por último, el funcionario judicial comentó que también en el debate se analizará “la sincronización del Ejército y la Armada donde hay casos que actuaron las patotas de la Armada y pasaron por centros clandestinos del Ejército”.
Según se indicó, de los 13 marinos, 11 cuentan con el beneficio de arresto domiciliario en distintos puntos del país, por lo que el debate lo seguirían a través del sistema de videoconferencia.
De este modo, ante los jueces estarán presentes Maloberti y Negrete, quienes también están con arresto domiciliario pero en Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, respectivamente; y el integrante de la Prefectura Naval, Nougués quien permanece con arresto domiciliario en Ingeniero White.

sábado, 9 de marzo de 2013

Bahía Blanca : genocidas imputados, tranquilamente sueltos

Desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca hacemos saber nuestro desagrado y repudio ante un nuevo episodio de un imputado por Delitos de Lesa Humanidad, que gozando de su privilegio de Prisión domiciliaria, se pasea impunemente por las calles Bahienses llegando al  límite de hacerlo armado. Arturo María Quintana, imputado en la causa  Armada, está acusado de aplicaciones de tormentos, de ser co-autor de  secuestros y muertes y de la eliminación de cuerpos?.

Los delitos por los que se lo acusa, son considerados todos  Delitos de Lesa Humanidad. No es lo suficientemente grave como para que espere su momento del juicio en prisión?
Quintana ya había burlado la prisión domiciliaria (vaya a saber en cuántas oportunidades ) y cuando fue sorprendido, adujo que fue a la panadería porque no tenía a nadie que le compre el pan?, burlándose de todos nosotros, y de la Ley también. Ahora con total desparpajo se lo descubre caminando por las calles bahienses con armas en su poder.

  Nosotros nos preguntamos:
    ¿Cómo puede ser que un imputado de semejantes delitos tenga armas a su
alcance?
    ¿Qué pasaría si se cruza con testigos que tienen que declarar en el
juicio de Armada?
    ¿Qué pasaría si utiliza las armas en su propia contra? (Ya hubo
varios casos de Genocidas ¿Suicidados? )
    ¿Qué seguridad tiene cualquier ciudadano de caminar en la calle, si
estos imputados de graves delitos en contra de toda la humanidad, están
entre nosotros y armados?

  Para los Genocidas exigimos un Juicio
Justo con todas las garantías constitucionales que ellos nunca dieron, como lo tienen en nuestro país y luego, Cárcel Común y Efectiva. Para  los Imputados, pedimos el mismo tratamiento hasta que les llegue su juicio, ya que han dado prueba suficiente de que burlan la prisión domiciliaria y se camuflan entre la ciudadanía con el descaro de hacerlo armados.


NI UN SOLO GENOCIDA SUELTO!   H.I.J.O.S. BAHÍA BLANCA
                                      
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

lunes, 17 de septiembre de 2012

El turno de investigar la complicidad periodística

La relación del diario LA NUEVA PROVINCIA con la dictadura militar.
El fallo que el miércoles pasado ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí, un informe sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares.

 Por Diego Martínez

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la Justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado. A partir de los comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”, que hasta su muerte en 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. El empresario también está en la mira de la Justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”. Por los crímenes de ambos obreros gráficos ya hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme.
Violencia ordenadora

El rol del diario en los’70 es más conocido. Ante “la cruda realidad electoral del país” (LNP 18.3.73) que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”, pidieron a gritos (LNP 2.5.73). El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir “el sórdido contexto local del terrorismo de Estado”. El 24 de marzo de 1976, con el título “Llegó el momento”, La Nueva Provincia pidió “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”. “A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora”, propusieron.

La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP 17.5.75).

La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo. “Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.

Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76). La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP 11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).

Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo. “Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76). La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980). “¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
“Destino inevitable: la muerte”

Haber advertido a tiempo el costo de fusilar por la espalda y hacer desaparecer a miles de personas no les resultó contradictorio con la difusión militante de los comunicados que el V Cuerpo elaboraba para sembrar terror y disfrazar de tiroteos las ejecuciones de militantes destruidos en las mesas de tortura.

La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo. En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.

En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos, La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente. Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”. La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.

En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército. Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”. Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula. “Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron. “Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado.

Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad. En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76). Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77). Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.

domingo, 19 de agosto de 2012

Sacaron a la luz las huellas del horror

Excavaron bajo el sitio donde estuvo centro clandestino.  El trabajo fue encabezado por Gonzalo Conte.

VIEDMA (AV).- Un enorme árbol –en el que fueron estaqueados algunos detenidos– es el único testigo en silencio que quedó en pie. A su alrededor sólo los cimientos a ras del suelo de lo que fue "La Escuelita" en el predio del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Éste fue el Centro Clandestino de Detención 37 durante la última dictadura, que es señalizado luego de un trabajo de hormiga que llevó años.

El arquitecto Gonzalo Conte es coordinador del programa Topografía de la Memoria y trabajó como perito en este centro que padecieron varios rionegrinos, algunos de ellos ya fallecidos.

Conte explicó que en estos lugares demolidos se buscan pruebas para restablecer la verdad sobre ellos, así como las características de su funcionamiento. En este caso se trabajó mucho con testimonios, la Fiscalía en el marco del juicio que está por terminar y "acompañando el proceso de investigación desde lo fáctico".

Explicó que en "La Escuelita" se realizó una excavación de 10 centímetros de donde fueron recatadas unas 13.000 piezas que "dan cuenta del funcionamiento de un centro clandestino. Por las prácticas, los reconocimientos, los testigos y porque con la excavaciones han coincidido con los testimonios, los dibujos de los sobrevivientes y los planos catastrales de una edificación que se levantó en 1944".

Entre las 13.000 partes de lo que fue el edificio como pisos, trozos de ventanas, puertas, pozos ciegos, aljibes, cercos perimetrales fueron encontradas también jeringas, ampollas, material médico a sólo 10 centímetros de profundidad y en algunos pozos circundantes a lo que fue el patio del lugar. También fue señalizado otro pozo tipo cisterna "donde se les hacía el submarino", dos habitaciones con pisos de madera en las que se distribuían entre 10 y 12 catres para ubicar a los detenidos, una especie de salita de guardia, dos sectores de torturas que aún conservan un rectángulo de piso de cemento, una cocina, un baño que también era utilizado para tomar datos y donde se encapuchaba a los que ingresaban. Detrás del gran árbol a cuatro o cinco pasos se encuentra la cisterna. Allí fue hallado un basurero con material médico, jeringas y ampollas, detalló Conte caminando entre las señalizaciones del predio.

"Además los sobrevivientes reconocieron el lugar como sus propios sectores de cautiverio, reconstruyeron su historia ahí adentro y dieron un testimonio fundamental y necesario para este camino de verdad y justicia", puntualizó Conte. Y agregó que la pericia tiene una segunda etapa que comenzará con la construcción de un tinglado que proteja la excavación y un cerco perimetral que defina el perímetro de esas tres hectáreas en las que no sólo se levantó "La Escuelita" sino también otras estructuras.

En esta segunda etapa la excavación llegará hasta los 50 centímetros de profundidad, lo que ofrecerá mayores indicios sobre el funcionamiento y "también construir un sitio de memoria que es un poco el sentido que tiene esta investigación". Consultado sobre la posibilidad de hallar restos humanos, el perito de Memoria Abierta consideró que "siempre es posible que se encuentren cuerpos sepultados. No descartamos ninguna opción pero el trabajo será arduo".

En noviembre comenzará esa construcción y a partir de marzo 2013 las nuevas excavaciones. "Es difícil prever que tipo de hallazgos se encontrarán pero creo que reforzarán esta definición que éste fue un centro clandestino de detención y tortura. Conte valoró el aporte de la Universidad Nacional del Sur en estos trabajos, teniendo en cuenta que durante la dictadura "supo ser complaciente".

jueves, 16 de agosto de 2012

Alegatos de los represores : Endeble y previsible

Publicado el 15/08/2012 por efemedelacalle   

Así definió el fiscal Abel Córdoba lo escuchado hasta la noche del martes en los alegatos de las defensas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La semana pasada comenzaron los dres. Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio, ayer fue el turno del teniente coronel Mauricio Gutiérrez y esta mañana expusieron Luis De Mira y Walter Tejada (h).

En el medio, se realizó una audiencia ante el juez federal Santiago Martínez donde San Emeterio intentó fundamentar una recusación contra el fiscal por “faltas de cortesía”, parcialidad y por la difundir sus actos judiciales.

“Vienen siendo previsibles, pidiendo las absoluciones y sin poder referirse más que a aspectos laterales de los testimonios. Los hechos no los están discutiendo. Partimos de la base que estos hechos ocurrieron tal como dicen las víctimas y la responsabilidad la intentan deslindar en los acusados muertos”, explicó Córdoba.

La estrategia de culpar a los muertos se vio claramente en el caso del torturador Julián “Laucha” Corres que era uno de los imputados del juicio y “a partir de su muerte empieza a integrar la lista de los culpables en el discurso de los defensores”.

“Lo mismo ocurrió con (Santiago) Cruciani. Hoy alegó Gutiérrez que fue su defensor y bregaba por su inocencia. A partir de que murió, agarró otras defensas y empezó a manifestar que el culpable de todo fue Cruciani. Sigue esa línea que no está probada y hasta ahora nos tiene tranquilos en el sentido de que no hay ninguna objeción notoria ni siquiera que amerite respuesta. Previsible, muy endeble la defensa, pero es parte del ejercicio que están haciendo”, agregó Córdoba.

La única excepción entre los muertos señalados como responsables de los crímenes imputados a los hombres del Destacamento de Inteligencia 181 representados por Gutiérrez -Granada, Condal y Taffarel- es el coronel Aldo Mario Álvarez: “Es el único que estaría vivo y ellos culpan, pero se trata de un alto oficial que no tiene atenuantes su responsabilidad”.

Para el fiscal la actitud de los defensores confirma “el pacto de silencio” acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y “lo hacen no solo a 35 años de los hechos sino después de escuchar a centenares de testigos”.

Según la estimación del titular del Ministerio Público este jueves o el martes próximo terminarían los alegatos y comenzarían a descontarse los diez días que tendrá el tribunal para resolver sobre el futuro de los 17 genocidas acusados. Si bien se contempla la posibilidad de réplicas de las partes luego de la ronda de alegatos, al menos desde la Fiscalía no se haría uso de dicha opción.

Todos contra el fiscal

Los abogados defensores Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio hicieron su aporte a la batería de recusaciones contra el dr. Abel Córdoba y pidieron su apartamiento de la causa que investiga los crímenes del Ejército Argentino, la nulidad de la misma y la liberación de los reos.

Ayer a mediodía se realizó una audiencia en el juzgado que subroga el dr. Santiago Martínez donde San Emeterio no sostuvo la mayoría de sus consideraciones sino que se basó “en faltas de cortesía de parte de la Fiscalía como, por ejemplo, falta de saludo o la imposibilidad -dada la confrontación judicial que hay- de tomar café juntos. Todas cuestiones que admití como ciertas -dijo Córdoba- pero que no hacen a la causal por la cual se recusa o se buscan semejantes efectos en la causa”.

También se discutió sobre la necesidad del fiscal de mantenerse imparcial o no: “El planteo de ellos es que el fiscal tiene que ser imparcial y objetivo y el planteo nuestro es que el fiscal es parte del proceso y que asegura las garantías del acusado, que están a cargo del defensor, persiguiendo la sanción de estos crímenes e imputando”.

Los defensores plantearon que la conducta de Córdoba es “vengativa” porque apeló detenciones domiciliarias, punto que ratificó como “una postura profesional e institucional” que, por otra parte, “depende de los jueces que no han sido recusados”.

Finalmente se quejaron por la publicidad dada desde Fiscalía a las audiencias y actos institucionales. Córdoba alegó en ese sentido que la propia Corte Suprema “no solo tiene una página web donde saca a publicidad cada uno de los actos sino que incluso tiene un canal de televisión digital, con lo cual, es parte de la impronta judicial actual con los medios de comunicación”.

Por si no bastase la liviandad de los argumentos de la recusación, sus impulsores la presentaron de manera extemporánea: “Tenían 48 horas y lo hicieron a los cinco días, con lo cual no va a tener procedencia. Igual el juez prefirió hacer la audiencia, escuchar los alegatos y decidirá en los próximos días”.

Lentoni sin causa pero con tiempo

En la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de la Armada Argentina hay recusaciones similares de las defensas contra el fiscal donde se concretaron los correspondientes alegatos de las partes, pero lo que más preocupa al avance del juicio son las irregularidades del juez ad hoc Eduardo Tentoni que “ha incurrido en gravísimas conductas personalmente”.

Tal como informamos la semana pasada, un fallo de la Cámara de Apelaciones local resolvió favorablemente una denuncia de Córdoba contra el juez por indagar a 28 represores y no definir su situación dentro de los diez días de plazo máximo legal. Los camaristas Candisano Mera y Argañaráz advirtieron que no hubo justificación alguna para no tomar decisiones, en el peor de los casos, después de once meses. A pesar de lo dicho, le dieron treinta días más.

“Fiscalía pidió pronto despacho, un plazo final para que resuelva otras cuestiones pendientes, como indagatorias que hará la semana que viene. Estamos pensando en algún otro remedio procesal dado que en este incidente de recusación Tentoni vulneró derechos de las víctimas de lesa humanidad, pasó por encima consideraciones de la vida privada de víctimas y familiares y habilitó actividades extraprocesales que son prácticamente de inteligencia sobre víctimas y sobre la Fiscalía”, agregó Córdoba anticipando recursos ante la Cámara de Casación y la Procuración de la Nación.

martes, 7 de agosto de 2012

Murió el torturador Félix Alejandro Alais, sin condena

Por Diego Martínez
El comisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A y torturador de profesores de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, falleció ayer a los 70 años en el penal de Marcos Paz.
Ya en 1974 el escritor Rodolfo Walsh dejó constancia de la participación de Alais en la Triple A, dato que ratificó en 1983 el ex inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Albano Harguindeguy, quien lo ubicó como miembro del estado mayor del “grupo Villar” de esa banda criminal y lo señaló entre los asesinos del abogado Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio de 1974.
 
Alais, alias “El Oso”, era cuñado del general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Ejército durante 1975 y del Primer Cuerpo en 1976, y hermano de Ernesto Alais, el general al que Alfonsín le ordenó sin suerte reprimir el levantamiento carapintada en 1987.
Después del golpe de Estado, como segundo jefe de la delegación bahiense de la Policía Federal, Alais tuvo un rol protagónico en la parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” a los profesores de la UNS, que en su mayoría habían tenido que abandonar la ciudad el año anterior. El 4 de agosto de 1976, en una célebre conferencia de prensa junto al general Adel Vilas, al interventor de la UNS capitán Raúl González y al juez federal Guillermo Madueño, Alais se explayó sobre el proceso que había convertido a la UNS en una “usina subversiva”. Su firma consta en las órdenes de detención de los académicos, que se concretarían en distintos puntos del país, y él mismo se encargaría de torturarlos a medida que llegaban a la delegación de calle Rondeau. En las actas escribía que todos realizaban “manifestaciones espontáneas” y declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas”.
El 4 de septiembre de 1976, tras el fusilamiento de Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Manuel Tarchitzky y Zulma Matzkin, antes secuestrados y torturados en el centro clandestino La Escuelita, Alais también hizo constar en el acta del tiroteo fraguado que “fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos” (sic).
En el invierno de 1976 un grupo de suboficiales bajo su mando fueron detenidos por la policía de La Pampa por robar a campesinos, a quienes además ataban y castigaban. En sus declaraciones dijeron que se dedicaban a hacer “operativos antisubversivos” por orden de Alais. Informes de inteligencia de la época lo ubican en reuniones nocturnas con el juez Madueño y a las trompadas, borracho, en distintos cabarets de la ciudad.
 
Ya en democracia formó con otros ex comisarios de la Triple A la empresa de seguridad Escorpio SA y más tarde Fast, que en 2004 ganó una licitación para brindar seguridad en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca otra empresa suya prestó servicios hasta 2007 en el departamento de agronomía de la UNS.
El 31 de agosto de 2011, tras reiterados pedidos del fiscal federal Abel Córdoba, el entonces juez Alcindo Alvarez Canale libró su orden de detención, que se concretó el 12 de septiembre, cuando intentaba escaparse al Paraguay.
El juez lo procesó paradójicamente junto a Hugo Mario Sierra, el ex secretario de Madueño que entre 1976 y 1977 tomó cientos de testimonios a estudiantes de la UNS para justificar los procesamientos de los profesores, que años después terminarían sobreseídos.
Alais murió procesado con prisión preventiva pero sin condena.

martes, 17 de julio de 2012

Revocan prisión domiciliaria a represor visto circular por la calle

Se trata del capitán de navío retirado Arturo María Quintana, imputado en crímenes de lesa humanidad, por su participación en el Batallón de Comunicaciones 1 durante la última dictadura. Fue trasladado a la Unidad Carcelaria 19 de la localidad de Saavedra.

La Justicia Federal de Bahía Blanca revocó la detención domiciliaria del capitán de navío retirado Arturo María Quintana.

El beneficio le había sido otorgado en febrero pasado a pesar de estar imputado por crímenes de lesa humanidad y luego de que fuera visto en la calle por una trabajadora del Patronato de Liberados de esa ciudad bonaerense.

Tras la decisión judicial, Quintana fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina y trasladado a la Unidad Carcelaria 19 de la localidad de Saavedra, según consignaron fuentes judiciales.

Arturo María Quintana está imputado por crímenes de lesa humanidad, por su participación en el Batallón de Comunicaciones número 1 durante la última dictadura militar.

La resolución por la que se le había otorgado en febrero pasado el beneficio de la detención domiciliaria había sido objetada el miércoles último por la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, razón por la cual se encontraba convocada una audiencia para el próximo 6 de agosto en la Cámara Federal de Apelaciones.

En ese marco, el represor fue visto por una trabajadora del Patronato de Liberados de la ciudad de Bahía Blanca cuando ingresaba a su casa.

Fuentes judiciales señalaron que “Quintana está imputado en el marco del expediente por investigación de crímenes de Lesa Humanidad por haber formado parte del plan criminal clandestino e ilegal, implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de la Armada Argentina”.

Según trascendió, el pasado 5 de julio el patronato de liberados de Bahía Blanca, a cargo de la supervisión de la detención domiciliaria de Quintana, informó a la Justicia que el imputado había sido encontrado en la calle por una trabajadora social.

En este sentido, las fuentes consignaron que al ver al detenido represor "circular libremente por la calle", la trabajadora social del Patronato de Liberados "lo llamó y el militar intentó evadirla".

Tras la denuncia realizada por el Patronato de Liberados, la Justicia resolvió revocar la detención domiciliaria de Quintana, en tanto la Fiscalía reafirmó su pedido de revocación de la detención domiciliaria.

jueves, 31 de mayo de 2012

Comisión de apoyo a los juicios de Bahía Blanca

Desde la Colectiva Feminista Autoconvocatoria Mujeres manifestaron su “sorpresa y malestar por el contenido y tenor de algunos dichos vertidos en estos días de parte de integrantes del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en relación a la figura del dr. Abel Córdoba y determinados aspectos de su vida privada” y llamaron a “no tergiversar la idea de ‘violencia de género’ y a no usarla en contextos inadecuados”.
“Llamamos sobre todo a no esgrimirla contra alguien que trabaja por la defensa de los derechos humanos, entre los cuales deben estar, indudablemente, los derechos de las mujeres”, aseguraron en un comunicado que suma adhesiones en las redes sociales.
El Consejo Departamental de Humanidades de la Universidad del Sur, a instancias de integrantes del Movimiento Universitario Pachakútej, resolvieron “repudiar enérgicamente la embestida mediática del Diario la Nueva Provincia de desprestigio hacia el fiscal Abel Córdoba” y “pronunciarse a favor de la continuidad y profundización de los juicios de lesa humanidad perpetrados desde la organización paramilitar y parapolicial de la Triple A durante el gobierno de la Señora Isabel Perón y hasta los años de la última dictadura militar”.
Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos universitaria afirmó que “es sabido que existen medios locales que manifiestan reiteradamente su rechazo a dicho proceso judicial y a la política de Memoria, Verdad y Justicia en la cual se enmarca la creación de esta Subsecretaría. Los mismos han difamado la persona del fiscal Córdoba cuestionando su idoneidad para desarrollar la tarea que se le ha encomendado”.
“Otra vez, en Bahía Blanca, las corporaciones mediáticas golpistas, encabezadas por La Nueva Provincia y secundadas esta vez por sus serviles y nefastos empleados de La Brújula, atacan arteramente a las políticas de Derechos Humanos del proyecto Nacional y Popular”, dijeron días atrás Agrupaciones Kirchneristas por los Derechos Humanos.
Apoyaron al fiscal y agregaron que “este diario, socio, mentor y acérrimo defensor de las políticas anti populares y del sangriento genocidio llevados a cabo por la última dictadura cívico militar, intenta deslegitimar a la política y a la democracia como herramientas de transformación social y a los actores que desde la militancia y la función pública trabajan incansablemente en la tarea de llevar adelante los Juicios”.

Radiografía del Estado terrorista



Con un análisis del contexto histórico del genocidio a cargo de la dra. Mirta Mántaras comenzó esta semana el alegato de la querella en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. La abogada agradeció a las personas que dieron testimonio ante el tribunal recordando la sobre exigencia que representó tener que declarar en numerosas oportunidades desde 1987.
“Vilas aterrorizó a los bahienses y tuvo el beneplácito de La Nueva Provincia para generar todo tipo de información falsa”, dijo cerca del final de su intervención en una frase que simboliza claramente el capítulo local del tándem cívico militar que impulsó y perpetró el terrorismo de Estado.
Los abogados Walter Larrea y Diego Czerniecky la siguieron aportando el detalle de las acusaciones probadas en cada caso durante el debate oral y lo seguirán haciendo el próximo martes 5 de junio desde las 16 en Colón 80. Ingresá y descargá la desgrabación de la exposición de Mántaras.
Al comenzar la audiencia del martes, el presidente del tribunal Jorge Ferro anunció que se rechazó in limine -de entrada- el pedido de recusación presentado por los defensores oficiales Alejandro Castelli y Leonardo Brond y el particular Eduardo San Emeterio contra el fiscal Abel Córdoba por “improcedente”.
“Vamos a dar comienzo a los alegatos recordándoles a las partes que no podrán hacer lectura de su exposición, solamente podrán consultar informes escritos para citas jurisprudenciales, doctrinarias o para mejorar el orden metodológico de la exposición. Así también se ruega evitar formulaciones impertinentes o inútiles”, aseguró Ferro sobre un tema que aun genera discusiones en torno al debate.
Tanto desde la querella como desde la Fiscalía se formularon peticiones para que los jueces reconsideren la firme postura expresada arriba teniendo en cuenta que no se trata de una causa ordinaria sino un mega juicio con casi un centenar de víctimas y alrededor de 350 testigos.
El fiscal Córdoba dijo que “en base a la experiencia del Ministerio Público era previsible para la Fiscalía la lectura dado que en juicios orales menores incluso que el actual, se ha permitido. El trabajo de la Fiscalía durante el año fue orientado de esa manera”.
Argumentó que el modo afecta el fondo de la acusación y se coarta una de las facultades centrales de este sistema que es establecer una acusación precisa. También que debe haber congruencia entre la sentencia -que debe ser escrita- y la acusación que se pretende oral.
“La parte acusada, que seguramente tenga sobre sí acusaciones gravísimas y que de haber lugar probablemente les lleve toda la vida, tienen derecho a ser acusados en términos precisos y con indicación clara de cada una de las circunstancias a valorar”, llegó a mencionar hasta ser interrumpido por el juez José Triputti.
“Lo mato”, se le escuchaba decir al abogado Hernán Vidal mientras hablaba el fiscal. Aseguró que “la norma es muy estricta” y agregó -el defensor de planificadores y ejecutores del terrorismo de Estado- que “no podemos torcer la ley”.
El querellante Walter Larrea alegó el martes sobre los casos que tuvieron como víctimas a Patricia Acevedo y los de los estudiantes y el profesor de la ENET. El miércoles continuó con los de Eduardo Hidalgo, su hermano Daniel y su cuñada Olga Souto Castillo. El de la actriz y titiritera Mónica Moran; Carlos Rivera; Néstor del Río; Braulio Laurencena; Estela Di Toto y Horacio López; y Mirna Aberasturi.
Luego su colega Diego Czerniecki alegó por Jorge Antonio Abel; Héctor Ayala; Felicitas Baliñas; Hugo Barzola; Víctor Benamo; Mario Medina; Oscar Bermúdez; Pablo Bohoslavsky; Julio y Rubén Ruiz; y los fusilados de calle Catriel: Zulma Matzkin, Pablo Fornasari, Manuel Tarchitzky y Juan Carlos Castillo.
Cuando Larrea debía retomar su exposición el defensor Mauricio Gutiérrez solicitó la nulidad de la jornada acusando a los querellantes por incumplir lo establecido en cuanto a la lectura. Querella y Fiscalía se opusieron y luego de un cuarto intermedio el tribunal rechazó el planteo de la defensa....

Ver más en http://juiciobahiablanca.wordpress.com/2012/05/31/radiografia-del-estado-terrorista/

viernes, 4 de mayo de 2012

Declaró militar imputado : "Estábamos en guerra..."

Ex eniente coronel, que se desempeñó en el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército y está detenido por delitos de lesa humanidad, declaró hoy en el marco del juicio oral y público que se realiza en esta ciudad.

Se trata del Teniente Coronel (R) Osvaldo Bernardino Páez, de 81 años, quien prestó servicios en el Departamento de Operaciones del V Cuerpo del Ejército y además fue presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51 durante 1976.
Páez solicitó brindar su declaración y postura de defensa ante el Tribunal en lo Criminal Federal, en el marco del juicio que se lleva a cabo en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur.
"Durante el año 75 revisté en el departamento logístico del Estado Mayor y el primero de enero del 76 fui destinado al departamento III Operaciones del Estado Mayor", señaló Páez.
El militar dijo además que el 27 de marzo fue nombrado presidente del Consejo de Guerra Especial que "solamente se organiza en tiempo de guerra".
El militar agregó que "me tocó actuar no contra el personal sino contra tres personas particulares" al detallar que se trató de "Pablo Boholavsky, Julio Ruiz y Rubén Ruiz".
Los mencionados fueron condenados por el Consejo de Guerra pero además estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita y tras ello a la Unidad Penal de Villa Floresta y de Rawson, en Chubut.
"Estábamos en guerra y el Tribunal mío estaba en guerra", agregó Páez ante una consulta del Tribunal.
El militar dijo que "habían dos organizaciones que fueron declaradas ilegales, una el Ejército Revolucionario del Pueblo y la organización Montoneros".
El militar expresó que "estaban detenidos en el lugar de reunión del Batallón y antes no tenía conocimiento porque no pertenecía a la Subzona, yo pertenecía al Estado Mayor del V Cuerpo".
Páez agregó que "al Tribunal nos presentan estas tres personas detenidas por orden de la Subzona y las alojan en el batallón".
"El Consejo de Guerra es sumarísimo y empieza a las 8 de la mañana del 15 de diciembre y terminó a las 19 del día 17, se desarrolla sin solución de continuidad y se trabaja las 24 horas".
Sobre la sentencia, el militar dijo que a Julio Ruiz y a Boholavsky "se les aplicó un año y seis meses" y a "Rubén Ruiz "siete meses".
Al ser consultado sobre el lugar donde habían cumplido la pena, Páez dijo que "yo ya no estaba, me salió el pase el 16 de diciembre y fui a cumplir mi nuevo destino al Comando Instituto".