Mostrando entradas con la etiqueta terrorismo de estado. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta terrorismo de estado. Mostrar todas las entradas

viernes, 22 de mayo de 2015

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

Detuvieron al represor Héctor Oscar Chisu, La Triple A Bahiense

La Triple A bahiense

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. 

El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa

jueves, 21 de agosto de 2014

Dos militatres detenidos y trasladados

Están acusados por delitos de lesa humanidad.

Dos militares retirados imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca fueron detenidos y trasladados a esa ciudad, donde deberán prestar declaración indagatoria. Se trata de Luis María Delaico y Raúl Esteban Andrés, acusados en la causa que investiga la represión ilegal en el Cuerpo V del Ejército. En paralelo con ese expediente, que ya derivó en dos juicios y 24 condenas, continúa el proceso por los crímenes de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, que comenzó con 25 imputados.

Si el Tribunal Oral Federal accede al pedido de unificación de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, en los próximos días podrían sumarse otros 14 acusados que están procesados por los mismos hechos y con pruebas documentales comunes, que integraron las mismas estructuras represivas y hasta comparten abogados. La impunidad biológica en la causa Armada ya benefició a una veintena de represores. La decisión que podría evitar nuevas bajas está en manos de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava. La Cámara de Casación Penal, en tanto, debe pronunciarse sobre un pedido para que se revoquen los arrestos domiciliarios de 14 de los 25 acusados.

Andrés, de 64 años, integró la Compañía de combate Mayor Keler, del Batallón de Comunicaciones 181. Igual que el ex teniente Ricardo Gandolfo, condenado el año pasado, su caso tiene una particularidad que lo diferencia del resto de los oficiales: el Ejército ordenó su alejamiento de Bahía Blanca “por razones de seguridad”. Los fiscales Nebbia y Palazzani lo imputaron por 49 casos de tortura, 25 secuestros y dos lesiones gravísimas. El teniente coronel Delaico, de 82 años, fue jefe del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé hasta el 10 de noviembre de 1977. Está imputado por haber formado parte de una asociación ilícita, por un secuestro y un homicidio. Ambos fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Buenos Aires.

En el juicio de la Armada, la semana pasada concluyó la lectura de la elevación y las indagatorias a los acusados (sólo cinco hablaron para defenderse) y el martes comenzarán las declaraciones testimoniales. La novedad de la última audiencia fue la revocatoria del arresto domiciliario del prefecto Néstor Alberto Nogués, luego de que se constatara que había abandonado su casa de Ingeniero White para asistir al cumpleaños de 15 de una nieta. Fiscales, organismos y sobrevivientes aguardan con expectativa la resolución del tribunal oral sobre el pedido para que se sumen al juicio otros 14 acusados, que el juez subrogante Santiago Martínez elevó al TOF el 24 de junio. La unificación evitaría además que varios de los imputados del proceso en curso vuelvan a ser sometidos a juicio en el futuro por los casos de apenas tres víctimas.

domingo, 6 de julio de 2014

Se inicia el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

El Tribunal Federal subrogante de Bahía Blanca iniciará el martes 8 de julio el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en esta ciudad, por el cual se encuentran imputados 25 miembros del Ejército y la Armada.
Entre los 66 casos que figuran en esta causa se encuentran los de los obreros gráficos del diario “La Nueva Provincia”, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, comenzará con el debate a partir de las 9 en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Se trata de la causa 1.103 caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.
De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires.
PARA EL FISCAL, “SE VENTILARÁN INFORMES DE LA PNA”
Sobre el juicio, el fiscal José Nebbia, quien junto con su par Miguel Angel Pallazani integran la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, informó que “es el primer juicio por los hechos cometidos en la Armada y por primera vez se va a develar en el debate oral el rol que tuvo en la zona”.
“Aquí se ventilarán los conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que dependía de la Armada donde se los señala a los obreros gráficos” Heinrich y Loyola, indicó Nebbia.
Heinrich y Loyola eran obreros gráficos del diario Bahiense y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de esta ciudad sureña. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y tesorero de la organización gremial.
Por último, el funcionario judicial comentó que también en el debate se analizará “la sincronización del Ejército y la Armada donde hay casos que actuaron las patotas de la Armada y pasaron por centros clandestinos del Ejército”.
Según se indicó, de los 13 marinos, 11 cuentan con el beneficio de arresto domiciliario en distintos puntos del país, por lo que el debate lo seguirían a través del sistema de videoconferencia.
De este modo, ante los jueces estarán presentes Maloberti y Negrete, quienes también están con arresto domiciliario pero en Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, respectivamente; y el integrante de la Prefectura Naval, Nougués quien permanece con arresto domiciliario en Ingeniero White.

miércoles, 10 de julio de 2013

Murió impune Mario Gabrielli, pero no ante la memoria

La Impunidad Biólógica Vuelve a dejarnos un sabor amargo para los que esperamos y reclamamos Juicio y Castigo durante décadas. Murió MARIO GABRIELLI ex secretario de redacción del Diario Vocero y Cómplice de la Dictadura la nueva provincia. Había sido pedido por los fiscales bahienses su DETENCIÓN E INDAGATORIA por su participación en dicho pasquín; El Juez en primera instancia URPIANO MARTÍNEZ LA DESESTIMÓ, y ahora debía resolver la Cámara Federal.
Tenemos que decir una vez más que es imperante que la Justicia esté a la altura de este momento democrático depurando sus corporaciones y amiguismo con algunos jueces y ACELERE los tiempos para así lograr, al menos, reparar algo de lo tanto que ya se perdió.
Murió impune, pero no Inocente, no se lo recordará como un periodista mas, sino como un Cómplice de la Dictadura Genocida que no dijo las verdades que sabía, sobre todo de los asesinatos de los compañeros Heinrich y Loyola, obreros gráficos de la Nueva Provincia asesinados.
No queremos seguir viendo como mueren de viejos los responsables del Genocidio en Argentina.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES MILITARES, ECLESIÁSTICOS Y CIVILES!!
H.I.J.O.S.

Impune ante la Justicia, pero no ante la Memoria
09.07.2013. El periodista Mario Gabrielli murió hoy a los 84 años. En mayo, los fiscales Nebbia y Palazzani lo acusaron de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol de jefe de la redacción del diario La Nueva Provincia. De los cuatro acusados señalados por el Ministerio Público, ahora sólo queda con vida Vicente Massot.
El periodista Mario Gabrielli, jefe de la redacción del diario La Nueva Provincia entre 1973 y 1990, murió hoy a los 84 años. La muerte sorprendió a Gabrielli impune ante la Justicia pero señalado por el Ministerio Público Fiscal como partícipe del plan criminal de la última dictadura, desde su rol de máximo responsable en la redacción del matutino.
En mayo, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani elevaron al Juzgado Federal 1 de nuestra ciudad el pedido de detención de Gabrielli y de Vicente Massot, quienes junto a los fallecidos Diana Julio y Federico Massot formaban parte del grupo directivo con poder decisorio dentro de La Nueva Provincia durante la dictadura.
Ya ocho meses antes el Tribunal que dictó sentencia en el marco de la denominada “Causa Bayón”, que finalizó con condenas a diecisiete represores que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo, habían considerado “comprobada” la existencia de una “campaña de propaganda negra” mediante la cual el diario bahiense contribuyó con el Terrorismo de Estado al “imponer la versión de los victimarios” y “colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
Casi una quincena más tarde, el juez subrogante Santiago Martínez denegó el pedido elevado por Nebbia y Palazzani sin siquiera citar a los acusados supervivientes a prestar declaración indagatoria. En su resolución, emitida el 15 de mayo, el magistrado dijo no haber hallado elementos para imputar no sólo a Massot y Gabrielli sino al mismo diario en su conjunto. Pocos días después, los fiscales apelaron ante la Cámara Federal, que aún no ha resuelto en torno a ello. Con la muerte de Gabrielli, el único de los acusados que permanece con vida es Vicente Massot, actual director y propietario de La Nueva Provincia.
                          
           
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

sábado, 9 de marzo de 2013

Bahía Blanca : genocidas imputados, tranquilamente sueltos

Desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca hacemos saber nuestro desagrado y repudio ante un nuevo episodio de un imputado por Delitos de Lesa Humanidad, que gozando de su privilegio de Prisión domiciliaria, se pasea impunemente por las calles Bahienses llegando al  límite de hacerlo armado. Arturo María Quintana, imputado en la causa  Armada, está acusado de aplicaciones de tormentos, de ser co-autor de  secuestros y muertes y de la eliminación de cuerpos?.

Los delitos por los que se lo acusa, son considerados todos  Delitos de Lesa Humanidad. No es lo suficientemente grave como para que espere su momento del juicio en prisión?
Quintana ya había burlado la prisión domiciliaria (vaya a saber en cuántas oportunidades ) y cuando fue sorprendido, adujo que fue a la panadería porque no tenía a nadie que le compre el pan?, burlándose de todos nosotros, y de la Ley también. Ahora con total desparpajo se lo descubre caminando por las calles bahienses con armas en su poder.

  Nosotros nos preguntamos:
    ¿Cómo puede ser que un imputado de semejantes delitos tenga armas a su
alcance?
    ¿Qué pasaría si se cruza con testigos que tienen que declarar en el
juicio de Armada?
    ¿Qué pasaría si utiliza las armas en su propia contra? (Ya hubo
varios casos de Genocidas ¿Suicidados? )
    ¿Qué seguridad tiene cualquier ciudadano de caminar en la calle, si
estos imputados de graves delitos en contra de toda la humanidad, están
entre nosotros y armados?

  Para los Genocidas exigimos un Juicio
Justo con todas las garantías constitucionales que ellos nunca dieron, como lo tienen en nuestro país y luego, Cárcel Común y Efectiva. Para  los Imputados, pedimos el mismo tratamiento hasta que les llegue su juicio, ya que han dado prueba suficiente de que burlan la prisión domiciliaria y se camuflan entre la ciudadanía con el descaro de hacerlo armados.


NI UN SOLO GENOCIDA SUELTO!   H.I.J.O.S. BAHÍA BLANCA
                                      
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

domingo, 28 de octubre de 2012

El ex jefe de los grupos de tareas navales en Bahía Blanca tiene dos hijos desaparecidos


 Los principios sagrados
A fines de 1976, el capitán Oscar Alfredo Castro arengaba a colimbas a participar de la “nueva gesta libertadora” mientras sus hijos llevaban seis meses de cautiverio en Campo de Mayo. “Hicimos un pacto” de no pedir explicaciones a otras fuerzas, se justificaba entonces. “¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”, propone ahora desde su arresto hogareño.

Por Diego Martínez
El capitán habla de guerra. “Claro que hubo una guerra.” El capitán condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”, lo elogió el vicealmirante Luis María Mendía a fines de 1976, mientras los hijos del capitán estaban secuestrados en Campo de Mayo. Esa tarde, en la base de Puerto Belgrano, caracterizó al enemigo: “Grupos siniestros, renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos”. Antes de tomarles juramento a 3500 conscriptos dijo que “la Providencia” los había elegido para la “nueva gesta libertadora”, que debían defender un estilo de vida “a cualquier costo y por todos los medios” y dejó constancia de su “amor a la libertad dentro del marco de la familia”. Sus hijos llevaban medio año con capucha y grilletes. “¿Qué estaban haciendo?,” apuntó a las víctimas cuando supo del segundo secuestro. “No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto”, se justificó. Treinta y seis años después, detrás del muro que construyó antes de ser arrestado en su casa de Gonnet y a meses de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el capitán reniega de la actual “dictadura” aunque admite estar “feliz y contento”. En su living hay cuadros de Jesús crucificado y de la virgen María, pero nada recuerda a sus hijos desaparecidos. “Ya pasó, terminemos –propone–. ¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”

El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa de Ciudad Jardín. Alfredo, de 21 años, estudiaba derecho en la UBA y había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis, de 18, estudiaba en la Escuela Técnica 12 de San Martín, militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal superior de las Fuerzas Armadas.

Soldados con pelucas puestas se llevaron primero a Luis. Alfredo alertó al tío materno, el coronel Ezequiel Montero, quien sugirió que se trataba de “un tema de polleras”. La patota volvió y se llevó a un amigo de Luis que vivía en la casa. El tío prometió estar a las ocho. “Te cuelgo que vuelven”, dijo Alfredo antes de que lo cargaran en un Fairlane colorado. Esa noche también fueron secuestrados Fernando Barro y los hermanos Andrés y Daniel Barciocco con sus padres. Los Barciocco eran compañeros de Luis en el grupo scout de la parroquia San Francisco de Asís de Villa Bosch, que entre 1976 y 1977 sumó 18 desaparecidos.

La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército. Quelito la acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena.

Con el capitán al frente de la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. El primer dato que obtuvo el capitán retirado Miguel Horacio Castro, en ese entonces empleado de seguridad del diario Clarín, lo aportó el amigo de Luis, liberado a los 22 días: habló de un galpón, una pista de aterrizaje, helicópteros, un campo y una fábrica de ladrillos. El marino concluyó que estaban en Campo de Mayo (allí estuvieron los Barciocco según el ex sargento Víctor Ibáñez) y por el número de secuestrado pudo saber que sus sobrinos habían sido registrados con el anterior y el posterior.

La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la parroquia, donde hoy se los recuerda desde un mural. Castro buscó a Bertone en su casa de Villa Bosch. “Casi tiran la puerta abajo”, recuerda la viuda del ex sacerdote, que dejó los hábitos para casarse. “Mis hijos desaparecieron por tu culpa y lo vas a pagar caro”, gritó el capitán. “Estaba con dos o tres hombres, pensé que nos llevaban”, confiesa la mujer. “Tenía un odio terrible con Mario, que lo conocía de la pastoral de familia de Palomar –explica–. Después nos rajamos, sabemos que nos estuvieron buscando.”

En noviembre alguien llamó a la casa de los hermanos y dijo que no podía identificarse. La madre exigió que le hablaran de frente, el diálogo terminó a los gritos y siguió días después:

–Necesito saber cómo va a encauzarlos –la indagó el secuestrador–. Queremos dárselos al padre y (los hermanos) no quieren. Queremos dárselos a su hermano (el coronel) y no quieren. No quieren salir de aquí si no es con usted.

–Son muy buenos hijos. Buena o mala son mi obra –se enorgulleció la mujer–. He sido padre y madre así que pienso seguir siéndolo. Si pretenden más... imposible.

Mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están nuevamente en peligro”. “Renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos pretenden destruirlos y reemplazar aquellos principios sagrados que dieran razón de ser a nuestra comunidad por bastardos argumentos, ajenos al sentimiento nacional”, dijo, rodeado por la plana mayor de la Armada y por el general Adel Vilas.

“Deben estar listos a reafirmar con su sacrificio la voluntad nacional de mantener a cualquier costo aquellos principios que desde siempre informaron a la República”, leyó. “La Providencia los ha elegido” para “apuntalar los conceptos primigenios de la argentinidad: nuestra profunda fe en Dios, vocación de soberanía e independencia, acatamiento al orden jurídico del Estado, amor a la libertad dentro del marco de la familia y de los límites que nos fija el bien común de la sociedad, y nuestra irrevocable decisión de impedir a cualquier costo y por todos los medios que nadie nos imponga otro estilo de vida”.

Cuando “pronunciéis el sí juro quedáis (sic) formalmente enrolados en esta nueva gesta libertadora a la que todos los argentinos de bien ya se han incorporado espiritualmente”, lo citó el diario La Nueva Provincia. El capitán no sólo se había incorporado espiritualmente. El mismo día, en su legajo, Mendía apuntó que Castro “conduce eficazmente el planeamiento, la organización y ejecución de las acciones a desarrollar por su Fuerza de Tareas, empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”. Lo conocía de destinos anteriores, pero lo calificaba “exclusivamente” como “comandante en acción de combate”, aclaró.

Liberación

A 700 kilómetros, la madre de sus hijos golpeaba puertas. El 21 de diciembre, la voz sin nombre le informó que los liberaría. Los largaron el 23. “Tenían la barba larga, sucios, un olor acre. Estaban con la misma ropa. Luis flaco, Alfredo gordo, había pasado meses en una celda donde apenas entraba acostado y sólo comía pan. Se había tenido que romper los pantalones, le habían engordado las piernas”, recuerda su novia Marita, que prefiere ser citada sólo como la llamaba la familia. Del cautiverio dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue aislado en una celda.

Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor, Danielito. La mujer había visto cómo Luis llevaba y traía de la guardería al niño abandonado por su padre a los cuatro meses, y que a los dos años moriría ahogado en la pileta de la casa.

Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. “Tenés que convencerlo”, le pidió a la novia de Alfredo. “Pensar que he visto morir compañeros y vengo de Puerto Belgrano”, murmuraba indignado por el destino de esos pibes que a fin de cuentas eran sus hijos. Salir de la Argentina no figuraba entre las alternativas que barajaban Alfredo y Luis. Ambos se sabían controlados, incluso en la Nochebuena posterior a la liberación, una pareja en un Falcon se instaló frente a su casa toda la noche, a la espera de algún contacto que nunca llegó.

En el verano de 1977, mientras el capitán asumía como subdirector de la Escuela de Guerra Naval, a metros de la ESMA, Luis empezó a repartir cosméticos con el Citroën de su madre y consiguió autorización para hacer sexto año libre. Alfredo pudo volver a caminar despacio, consiguió trabajo, retomó Derecho, compró colchón y heladera para casarse, aunque insistía en que no podía alejarse de su madre. Pero el 30 de junio de 1977 le dio la razón a Marita: no podían vivir aterrados, iban a casarse y a radicarse en el interior. Esa misma noche se lo llevaron para siempre junto a su hermano.

Segundo secuestro

El hombre alto, de tez blanca y ojos claros que llevaba la batuta no hizo preguntas. Apenas ordenó revisar la biblioteca y el Citroën.

–¿Qué es esto? –indagó al ver balas en una repisa.

–De mi ex marido, capitán de navío.

El militar no se inmutó ante un dato que conocía y ordenó a los hermanos que se vistieran. “Vamos a hacer un memo a la comisaría de Caseros”, mintió. Alfredo y Luis se despidieron de su madre con un beso. Caminaron 50 metros y los cargaron en una camioneta.

Descartada la ayuda del hermano coronel, la madre, que ese año marcharía en Plaza de Mayo, fue en busca de la voz sin nombre que interrogaba a Luis.

–¿Cómo no me vino a ver antes? –preguntó Verplaetsen, que vivía a 150 metros.

–En la escuela no me enseñaron qué hacer cuando nos secuestran un hijo –-le explicó.

El jefe de Inteligencia de Campo de Mayo le dijo que desconocía los operativos de la noche anterior, sugirió que “gente de Palomar” (léase base de la Fuerza Aérea) había “entrado sin autorización” a su jurisdicción y le recomendó volver días después. Cuando Esther fue al Colegio Militar, le dijeron que “seguro fueron los terroristas”.

–Mire, señor, las manos de los que vinieron a buscar a mis hijos son las mismas manos del que vivió conmigo doce años. Esas manos no las tienen los terroristas, las tienen los que están en un escritorio con tintorería y peluquería al lado –describió a Castro.

Al día siguiente Verplaetsen le pidió que no volviera. Le dijo que sus hijos estaban “metidos en problemas” y que debería esperarlos “muchos años”.

Cuando supo del segundo secuestro, el capitán puso la lupa sobre sus hijos: “¿Qué estaban haciendo?”, preguntó. “Si no los tiene la Marina, no puedo hacer nada –le explicó a Marita–. No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto y tenemos que cumplirlo.”

–¿Para qué pueden tener tanto tiempo a la gente detenida? ¿Les lavarán el cerebro? –le preguntó la novia de Alfredo.

–No, eso sale muy caro –le explicó el capitán.

ENTREVISTA AL CAPITAN OSCAR CASTRO
“Tengo que suponer que no están vivos”
El marino asegura que a sus hijos “los trataron muy bien” y lamenta que “no supieron escuchar”. “Nunca pude llegar a ninguna conclusión” sobre las desapariciones. Y dice que es un “preso de esta dictadura”.







  Por Diego Martínez
Oscar Alfredo Castro cumple arresto domiciliario desde 2009. Vive a cuatro cuadras del Batallón de Comunicaciones de City Bell, en una casa de dos pisos, detrás de un paredón de dos metros de alto con carteles de una empresa de seguridad que lo protege.

–Castro no está –responde una mujer por el portero.

–Está arrestado.

–No está disponible.

–Dígale que quiero hablar de la dictadura.

A los dos minutos un hombre pálido se asoma por sobre el muro.

–¿Qué busca?

–Quiero hablar de Puerto Belgrano y de su historia.

Castro abre la puerta, no da la mano. Una hija del segundo matrimonio mira un segundo y desaparece. La casa tiene un jardín, el pasto cortado, olor a tierra mojada, voces de pájaros. El capitán invita a pasar a un living oscuro. En las paredes hay cuadros de la virgen María. Sobre el hogar, una bayoneta y un sable cruzado. La advertencia de haber leído procesamiento y descargo no surte efecto. Castro se larga a hablar con el único fin de defenderse. Eduardo Massera iba a Puerto Belgrano por las noches y se reunía en un buque con grupos al margen de la estructura formal de la Armada, dice. La Fuerza de Apoyo Anfibio y la Fuerza de Tareas 2 a su cargo no entraron en operaciones, pretende. La interpretación está refutada en su procesamiento, pero Castro insiste.

–En 1975 Massera decía que la Armada estaba en guerra de modo más silencioso que el Ejército. Los Massot los elogiaban desde La Nueva Provincia. ¿En qué consistía la guerra ese año?

Castro evade la pregunta y se detiene en el diario bahiense.

–¿Conoció a esa mujer? –pregunta, en referencia a Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia hasta su muerte–. Esa mujer venía a Puerto Belgrano a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo. En una de las últimas alocuciones de Isabel Perón puso en su canal un cartel para decir que no entrarían en cadena nacional.

–¿Usted hablaba con ella?

–No, hablaba directo con Mendía. Usaba palabras fuertes... “falta de hombría”.

–“Cagones”. Lo mismo le decía su hijo Federico Massot a Scilingo, “son cagones porque no se animan a fusilar”. Lo dice hoy también Vicente Massot, que se cansó “de defender cagones”.

Castro asiente. Ante la mención de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados del diario bahiense, dice no tener idea. Pregunta si eran periodistas, escucha el relato de los secuestros, la aparición de los cadáveres, la noticia en veinte líneas y el detalle de que a Loyola lo esperaron siete horas en la casa.

–Lo lógico es que hubiera sido el Ejército –sugiere. El método no le genera dudas.

Castro vuelve una y otra vez al rol de víctima:

–Arman un rompecabezas y dicen “si estuvo acá es autor mediato”, no buscan a los verdaderos culpables.

–¿Quiénes serían?

–No lo sé. El Servicio de Inteligencia Naval. Seguro colaboraron voluntarios, civiles, como en la ESMA.

De pronto cambia de rol:

–Salvé gente. Después del Operativo Dorrego dos sobrinos de monseñor Plaza fueron presos. Conseguí demostrar que eran izquierdistas pero no activistas.

–¿Ante quién?

–Ante Inteligencia de Ejército.

Castro dice haber “salvado” a un pariente detenido por “un atentado al Sheraton”. “Ahí empieza mi calvario. Se me relacionó con la posición contraria.” Para explicar “el clima de la época” cuenta que dos marinos amigos fueron asesinados.

–Se juzga de un solo lado –reniega.

–¿A quién quiere juzgar? Juzgaron a miles, los desaparecieron, usted lo sabe mejor que nadie.

El capitán no acusa recibo.

–Fracassi (comandante de Infantería de Marina) declaró que el centro de detención de Baterías dependía de la Fuerza de Tareas 2, a su cargo.

–Me acusa para sacarse el poncho de encima.

–Usted elogió a los capitanes Fermín Areta y Ricardo Araujo por su eficacia en la “lucha contra la subversión”.

–Fue para hacerles un favor... Igual hizo Mendía conmigo.

–Acosta o Astiz tratan de justificar sus crímenes hablando de guerra, usted ni siquiera...

–Claro que hubo una guerra (levanta la voz). Recibimos la orden de combatir a la subversión, pero no me tocó participar, no cometí delitos, no di órdenes ilegales. El infante o el aviador no tienen capacitación para ir a buscar a gente encubierta.

–Los vuelos están probados, los aviadores participaron.

–El 99 por ciento no sabíamos.

–Scilingo dijo que por los vuelos rotaron hasta invitados especiales.

–Bueno, el 90 por ciento no sabíamos –concede.

Y entonces vuelve a la versión de Massera actuando a escondidas:

–Massera seleccionó a quienes tenían alma de torturadores.

–En uno de los vuelos de Scilingo iba un cabo de Prefectura que se descompuso cuando se dio cuenta de que iban a tirar personas al mar. No estaba seleccionado.

–En ese nivel puede ser, en el mío no.

–Llama la atención que no mencione a sus hijos.

Castro mira en silencio.

–Alfredo y Luis.

Deja pasar unos segundos.

–No quise usar eso en mi defensa.

–¿Hizo algo por sus hijos?

–Hice todo lo posible, con mi hermano. Hice una búsqueda grande en la zona, hablé con autoridades, empezando por Fracassi y Mendía. Me contactaron con quien manejaba el tema acá (luego dirá Oscar Montes, comandante de la F.T.3), que me contactó con Ejército y Fuerza Aérea. En todos lados encontré una pared. Buscamos en los niveles más bajos, nos metimos en cuarteles, ahí quedó.

Castro menciona tres caídas. La primera es la detención de Luis en 1975. De la segunda “conseguí que los liberaran”, dice.

–¿Cómo lo consiguió?

–Yo garantizaba... (arranca y se frena). Estuvieron dos o tres meses (minimiza siete meses de cautiverio) y los devolvieron. Alguna influencia debo haber tenido.

–¿Dónde estuvieron secuestrados?

–Nunca pudimos saberlo. Pudo haber sido la policía, no tuve ninguna información.

–¿No le contaron después de liberados? ¿De qué hablaron?

–Traté de convencerlos de que se dejaran de jorobar. Ellos decían que sólo participaban en actos. Si estaban fichados, lo mejor era que se fueran.

–¿Cómo estaban físicamente?

–Bien, los trataron muy bien, no tenían ninguna marca.

–¿Dónde los vio la última vez?

–No recuerdo, nos veíamos en muchos lados. Venían a visitarme a la Escuela de Guerra Naval hasta que de golpe volvieron a buscarlos. Hicimos gestiones, pero nunca más aparecieron. No supieron escuchar. Pienso que estaban convencidos de que no habían cometido delitos.

–¿Ese era el criterio para desaparecer? ¿Haber cometido delitos?

Castro no responde.

–¿Así que estaban bien?

–Muy bien, me llamó la atención, suponía que podían haberlos apretado. Estaban muy muy bien, les habían dado de comer. No podían detectar dónde habían estado, pero sé que los interrogaban muchas horas al día.

–¿Sobre qué?

–Sobre el grupo al que pertenecían.

–¿Qué grupo?

–Supongo que a Montoneros, al menos el acto por el que los detuvieron en 1975 estaba vinculado a Montoneros.

–La mayoría de los pibes secuestrados en esos días habían pasado por el grupo scout de Villa Bosch, del cura Mario Bertone.

–Ni idea. Me fui de Palomar antes de 1970, no conocí a ese Bertone.

–¿No fue a ver Bertone a la casa después del primer secuestro?

–No (niega sin convicción, nervioso de que le recuerden el dato). Nunca pude llegar a ninguna conclusión (dice sobre la desaparición de sus hijos, a quienes no llama “mis hijos” ni menciona por sus nombres). Por su formación no creo que fueran capaces de cometer delitos, pero yo no los estaba cuidando en ese momento.

–¿Le confirmaron que los mataron?

–No sé si los mataron. Es lógico (que no le hayan avisado), para evitar la venganza. Tengo que suponer que no están vivos, pero he asumido el tema y no lo voy a usar en mi defensa.

–¿Habló con Verplaetsen?

–Para nada. Lo conocí hace pocos años, somos de la misma promoción, pero no hablamos del tema. Tal vez habló alguien de mi familia, no yo. Ni con mis compañeros de promoción lo hablé. Nos respetamos a fondo.

–¿Qué tiene que ver no hablar de los hijos desaparecidos con respetarse?

–Me duele que se toque el tema. La Argentina se está derrumbando. Yo estoy feliz y contento, pero sufro por mis hijos y nietos.

El cronista se pone de pie y Castro vuelve a sus viejos buenos tiempos en Punta Alta:

–Fue como vivir en un country, los mellizos nacieron en noviembre de 1975, saque cuentas. Puerto Belgrano fue un paraíso –explica y recuerda que tres veces por semana, mientras sus hijos estaban desaparecidos, cenaba con su nueva esposa en una parrilla de Ingeniero White.

En el hall de entrada hay una pintura de Jesucristo crucificado. Al lado de la puerta, fotos de Castro con Juan Pablo II.

Señala una foto de su última mujer: “Ella murió por todo lo que nos están haciendo, los tres años como preso de esta dictadura”.

–Dictadura fue la que mató a sus hijos. ¿Tiene fotos de Alfredo y Luis?

La observación le molesta, murmura palabras incomprensibles.

–Ya pasó, terminemos. ¿Por qué no dejamos a los muertos tranquilos?

domingo, 12 de agosto de 2012

Inauguran señalización de 'La Escuelita' de Bahía

"En este predio del Ejército Argentino funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Bahía Blanca. Ésta es parte de la leyenda de un enorme cartel que mira la ruta conocida como "La Carrindanga" en el predio del Quinto Cuerpo de Ejército, en las afueras de Bahía Blanca.

Allí fue inaugurada el viernes la señalización de ese predio, en el marco del programa Investigación y Memoria de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participaron la Red Federal Sitio de la Memoria, el Archivo Nacional de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, hijos, APDH, querellantes Quinto cuerpo de Ejército y de víctimas del terrorismo de Estado en la década del 70, entre otras organizaciones.

El centro clandestino de detención y exterminio conocido como "La Escuelita" de Bahía Blanca operó en ese lugar desde 1976 hasta comienzos de 1979, cuando fue demolida con el objetivo de ocultar los crímenes que allí se cometieron, según se destacó en la inauguración de la demarcación.

Actualmente el juicio que investiga los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado reiterado contra 92 personas se encuentra en su etapa final.

Tanto el fiscal federal Abel Córdoba como los abogados querellantes han coincidido en el pedido de prisión perpetua para 14 de los 17 imputados, altos funcionarios del Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario bonaerense.

En "La Escuelita" permanecieron detenidas-desaparecidas la mayor parte de las víctimas de este juicio. Si bien el predio fue inspeccionado por la comisión nacional sobre la desaparición de personas en 1984, recién en 2011 se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos de este centro de tortura producto del relevamiento dispuesto por la Justicia y realizado por peritos de Memoria Abierta y la Universidad Nacional del Sur. Con esta nueva señalización ya son 37 las instaladas en todo el país. Funcionarios municipales y provinciales se refirieron a la inauguración.

"Vida en centro de muerte"

Por su parte, Eduardo Hidalgo sobreviviente de este centro clandestino de detención y secretario General de la APDH de Bahía Blanca destacó la posibilidad de traer vida a un lugar donde predominó la muerte, así como el trabajo de quienes no cesan para que se haga justicia.

En referencia al último testimonio de los militares imputados sostuvo que "hemos tenido que soportar que nos consideren testigos armados y revanchistas cuando ellos tienen la garantía de la justicia pero lo que todavía no sabemos es cuándo se harán cargo de cada muerte, secuestro y chico que se llevaron de este lugar y pretenden la impunidad".

viernes, 10 de agosto de 2012

Señalizada "La Escuelita", el CCD del V Cuerpo de Ejército

Una marca en la historia de Bahía

La Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante, al pie del camino La Carrindanga, en Bahía Blanca, para recordar que allí funcionó el centro de exterminio “durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”.

 Por Diego Martínez

En 1979, abocados a borrar hasta el último rastro de sus crímenes, los militares del V Cuerpo de Ejército demolieron la casona donde torturaron y mataron durante los años previos. Las corporaciones de poder locales, con el diario La Nueva Provincia a la cabeza, se encargaron antes y después de silenciar la historia y negar el genocidio. Pero la lucha por la memoria sigue ganando batallas, incluso en la hostil Bahía Blanca. Ayer, bajo un sol primaveral y un viento suave que hacía flamear las banderas de H.I.J.O.S., la Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante, al pie del camino La Carrindanga, para recordar que “en este predio del Ejército Argentino funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”. El próximo paso del Estado nacional será la instalación de tres columnas de hormigón con las palabras Memoria, Verdad y Justicia.

La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas, fue el principal centro de exterminio del sur bonaerense. Por allí pasaron centenares de militantes, en su mayoría jóvenes, que terminaron desaparecidos o ejecutados en tiroteos fraguados. El primer mojón contra el olvido lo instaló en 1981 la sobreviviente Alicia Partnoy, que desde el exilio difundió un relato detallado de espacios, víctimas y victimarios. En 1984, ya en democracia, la Conadep recorrió el terreno y fotografió escombros. Durante años, cada 24 de marzo, los actos para recordar la fecha que simboliza el terrorismo de Estado se realizaron junto a la tranquera por la que ingresaban los autos con los secuestrados. Recién en los últimos años, ya con Néstor Kirchner como presidente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca consiguió la autorización para ingresar y hacer los actos adentro del predio, propiedad del Ejército.

El año pasado, mientras comenzaba el primer juicio a represores en Bahía Blanca, arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur convocados por la Justicia por una iniciativa de Memoria Abierta sacaron a la luz los cimientos del centro clandestino. La investigación permitió dar con un plano de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y materiales médicos que los militares habrían usado con los secuestrados.

Ayer, por primera vez, los Estados nacional, provincial y municipal coincidieron en un acto por la memoria en Bahía Blanca. La señalización fue coorganizada por la Red de Sitios de Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Dirección homónima de la Municipalidad local. Como presentadora ofició la periodista Natalia Carabajal Figueroa, del semanario Ecodías, que junto con FM de la Calle y el programa K688 se esmeran en cubrir el juicio, ignorado sistemáticamente por La Nueva Provincia (ver aparte).

“Esta señalización hace fácticamente imposible el olvido”, dijo en primer turno Pablo Reynafé, director de Derechos Humanos de la municipalidad bahiense. “Es política de Estado dejar atrás la perversa teoría de los dos demonios. Es nuestra obligación que se termine con esa confusión”, agregó. Susana Matzkin, hermana de Zulma, asesinada tras su cautiverio en La Escuelita, destacó en representación de familiares de las víctimas el rol del “monopolio comunicacional” de la familia Massot, “vocero enfervorizado de la represión, óptimo para la siembra de la negación de la memoria, que es una construcción colectiva y que permite desnudar las máscaras que ocultan complicidades, connivencias y culpas en la sociedad”. Sobre el alambrado, debajo del cartel, podían verse banderas de la agrupación Kolina, del Movimiento Evita y del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (Movejupa).

Eduardo Hidalgo, sobreviviente, secretario de la APDH y luchador incansable, explicó que el cartel se vincula “con una historia donde la muerte tuvo que ver”, pero que “cada año, cuando venimos a este lugar, somos nosotros los que traemos la vida”. “Nos sentimos profundamente convencidos de que nada podrá volver atrás”, afirmó. “Hoy es una marca en la historia de la Bahía del Silencio, hasta que Bahía vuelva a ser lo que una vez soñamos.” El ex fiscal Hugo Cañón recordó que, más allá de las víctimas directas, “a toda la sociedad se le instaló el terror”. “De ese lastre de terror es del que nos estamos deshaciendo y hoy volvemos a hacer de la participación política una herramienta de transformación social”, rescató el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense.

Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense, aseguró que “es decisión de la provincia poner como política de Estado la Memoria, la Verdad y la Justicia”. “No habrá nada que nos pare hasta que encontremos al último compañero, al último nieto, y señalicemos el último centro clandestino”, advirtió. Por último habló Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria. “Desde el Estado tenemos la función de recordar lo que pasó, ya que cuando hablamos del pasado es para construir el futuro”, explicó. “Sabiendo la verdadera historia es como vamos a construir la felicidad del pueblo argentino, la verdadera igualdad y la justicia”, agregó. Luego de los discursos, el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta, guió a los presentes en un recorrido alrededor de los cimientos de La Escuelita, sintetizó los hallazgos y destacó la necesidad de retomar las excavaciones, de techar y cercar el terreno para su preservación 

domingo, 1 de julio de 2012

Alegato del fiscal: "Mataron para aterrorizar"

A un año del comienzo del juicio contra 17 militares y federales retirados, el fiscal Fernando Córdoba dijo que "sus conductas están entre las más graves que se pueden concebir", pero otra vez los desaparecidos se quedan sin la protección de la condena a los represores por el delito de genocidio

VIEDMA (AV).- "El instrumento de terror de estos acusados fue la muerte, la eliminación. Para aterrorizar mataron, desaparecieron y fusilaron", dijo el fiscal Abel Córdoba al iniciar su alegato en el juicio contra 17 militares y policías federales que actuaron durante la dictadura militar bajo las órdenes del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

Agregó que "se apropiaron de los hijos de los enemigos. Llegaron a eso. Las conductas que tuvieron en ese rol clandestino y criminal están entre las más graves que se puedan concebir. Arrancaron identidades, referencias, vínculos. Dejaron a padres sin los hijos y a hijos sin padres".

El fiscal fue muy crítico con la posición del diario bahiense "La Nueva Provincia". Entre otras cosas recordó que el 6 de julio del 76 "el país era ya un gran campo de concentración y -mientras los comunicados del V Cuerpo se difundían en el medio mencionando con las versiones de falsos enfrentamientos con cautivos en el centro clandestino- les pedía a las fuerzas armadas "abandonar la absurda y forzada mentalidad legalista, realicen juicios sumarios y apliquen la pena de muerte dictada por autoridades militares".

Córdoba habló del infierno dantesco que "estas personas crearon, planificaron y ejecutaron. Es así como tenemos todavía miles de ciudadanos argentinos que siguen viviendo con las secuelas de esos hechos". También consideró probados los 94 hechos en juicio -entre ellos resultaron víctimas varios viedmenses- y la responsabilidad criminal de cada uno de los imputados.

En el comienzo de su alegato, el fiscal no se olvidó de los imputados que no estuvieron presentes como el prófugo Miguel Ángel García Moreno o "aquellas permitidas por la impunidad biológica, desde los torturadores como Corres – ese miserable al que la maquinaria del terror le permitió hacer tanto daño- o Cruciani; pasando por el jefe del grupo de tareas Emilio Ibarra; el juez genocida Guillermo Madueño; los diabólicos obispos Emilio Ogneñovich y Jorge Mayer; el enlace entre el campo de concentración y la cárcel Leonardo Nuñez o el médico Jorge Streich; hasta los máximos jerarcas del Comando V Cuerpo de Ejército como Argentino Tauber, Abel Catuzzi, Osvaldo Azpitarte o el sangriento Adel Vilas que pedía a gritos cadáveres y quería "limpiar la universidad de la infiltración marxista".

Comparó "el silencio de los criminales con el esfuerzo de los familiares y sobrevivientes que exigieron sus memorias para colaborar con la justicia con la ilusión de conocer un dato más. Hay padres que llegaron acá como pudieron. Aceptaron sentarse cerca de ellos. Todo un gesto de pacifismo, civilización y educación".

jueves, 31 de mayo de 2012

Radiografía del Estado terrorista



Con un análisis del contexto histórico del genocidio a cargo de la dra. Mirta Mántaras comenzó esta semana el alegato de la querella en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. La abogada agradeció a las personas que dieron testimonio ante el tribunal recordando la sobre exigencia que representó tener que declarar en numerosas oportunidades desde 1987.
“Vilas aterrorizó a los bahienses y tuvo el beneplácito de La Nueva Provincia para generar todo tipo de información falsa”, dijo cerca del final de su intervención en una frase que simboliza claramente el capítulo local del tándem cívico militar que impulsó y perpetró el terrorismo de Estado.
Los abogados Walter Larrea y Diego Czerniecky la siguieron aportando el detalle de las acusaciones probadas en cada caso durante el debate oral y lo seguirán haciendo el próximo martes 5 de junio desde las 16 en Colón 80. Ingresá y descargá la desgrabación de la exposición de Mántaras.
Al comenzar la audiencia del martes, el presidente del tribunal Jorge Ferro anunció que se rechazó in limine -de entrada- el pedido de recusación presentado por los defensores oficiales Alejandro Castelli y Leonardo Brond y el particular Eduardo San Emeterio contra el fiscal Abel Córdoba por “improcedente”.
“Vamos a dar comienzo a los alegatos recordándoles a las partes que no podrán hacer lectura de su exposición, solamente podrán consultar informes escritos para citas jurisprudenciales, doctrinarias o para mejorar el orden metodológico de la exposición. Así también se ruega evitar formulaciones impertinentes o inútiles”, aseguró Ferro sobre un tema que aun genera discusiones en torno al debate.
Tanto desde la querella como desde la Fiscalía se formularon peticiones para que los jueces reconsideren la firme postura expresada arriba teniendo en cuenta que no se trata de una causa ordinaria sino un mega juicio con casi un centenar de víctimas y alrededor de 350 testigos.
El fiscal Córdoba dijo que “en base a la experiencia del Ministerio Público era previsible para la Fiscalía la lectura dado que en juicios orales menores incluso que el actual, se ha permitido. El trabajo de la Fiscalía durante el año fue orientado de esa manera”.
Argumentó que el modo afecta el fondo de la acusación y se coarta una de las facultades centrales de este sistema que es establecer una acusación precisa. También que debe haber congruencia entre la sentencia -que debe ser escrita- y la acusación que se pretende oral.
“La parte acusada, que seguramente tenga sobre sí acusaciones gravísimas y que de haber lugar probablemente les lleve toda la vida, tienen derecho a ser acusados en términos precisos y con indicación clara de cada una de las circunstancias a valorar”, llegó a mencionar hasta ser interrumpido por el juez José Triputti.
“Lo mato”, se le escuchaba decir al abogado Hernán Vidal mientras hablaba el fiscal. Aseguró que “la norma es muy estricta” y agregó -el defensor de planificadores y ejecutores del terrorismo de Estado- que “no podemos torcer la ley”.
El querellante Walter Larrea alegó el martes sobre los casos que tuvieron como víctimas a Patricia Acevedo y los de los estudiantes y el profesor de la ENET. El miércoles continuó con los de Eduardo Hidalgo, su hermano Daniel y su cuñada Olga Souto Castillo. El de la actriz y titiritera Mónica Moran; Carlos Rivera; Néstor del Río; Braulio Laurencena; Estela Di Toto y Horacio López; y Mirna Aberasturi.
Luego su colega Diego Czerniecki alegó por Jorge Antonio Abel; Héctor Ayala; Felicitas Baliñas; Hugo Barzola; Víctor Benamo; Mario Medina; Oscar Bermúdez; Pablo Bohoslavsky; Julio y Rubén Ruiz; y los fusilados de calle Catriel: Zulma Matzkin, Pablo Fornasari, Manuel Tarchitzky y Juan Carlos Castillo.
Cuando Larrea debía retomar su exposición el defensor Mauricio Gutiérrez solicitó la nulidad de la jornada acusando a los querellantes por incumplir lo establecido en cuanto a la lectura. Querella y Fiscalía se opusieron y luego de un cuarto intermedio el tribunal rechazó el planteo de la defensa....

Ver más en http://juiciobahiablanca.wordpress.com/2012/05/31/radiografia-del-estado-terrorista/