Mostrando entradas con la etiqueta crimenes de lesa humanidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta crimenes de lesa humanidad. Mostrar todas las entradas

miércoles, 12 de julio de 2017

Detuvieron a 5 prófugos por delitos de lesa humanidad

Los arrestos se produjeron en el allanamiento de cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a cinco ex oficiales de la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que precisó que las detenciones se produjeron en el allanamiento de cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos.

Se trata del ex almirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta; el ex capitán de navío Heberto José Rubattino; el ex suboficial mayor Luis Oscar Conti y del ex capitán de navío Mario José Bilesio, mientras que en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza se aprehendió al ex capitán de fragata Pedro Eduardo Giromini.

lunes, 17 de octubre de 2016

¿De la casa al juicio y del juicio a la casa?

El genocida Osvaldo Laurella Crippa, con condenas de 23 y ocho años de prisión en Neuquén, llegó ayer por su cuenta y en compañía de su hijo a la primera audiencia del juicio Ejército III de Bahía Blanca en el cual está imputado por los secuestros y torturas que sufrieron dos estudiantes de Servicio Social y por el homicidio de Raúl Ferreri, desaparecido desde 1976. A la hora de la cena, una unidad de Su Taxi lo llevó hasta su casa.

La situación se dio por primera vez en la ciudad y obedecería al “morigeramiento de penas” sugerido por la Corte Suprema, según comentó uno de los jueces del tribunal. La mayoría de los imputados llegó en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal a Colón 80, mientras otros participaron desde Viedma, San Rafael, Jujuy, Junín de los Andes y Chimbas por videoconferencias en dependencias judiciales o en el comedor de sus casas con policía, perro y fotos familiares de fondo.

El ex teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa fue jefe de la División II Inteligencia del Comando de Infantería de Brigada VI, Comando de Subzona 52 Ejército Argentino, en comisión a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Neuquén desde el golpe de Estado. Fue beneficiado con arresto domiciliario en el noveno piso del edificio de Alsina 520.

Mientras sus camaradas eran ingresados por una pequeña puerta del rectorado de la UNS, esposados y cobijados bajo los escudos policiales, Laurella y su hijo conversaban detrás de un grupo de militantes que repudiaban a los represores. Minutos después, decidió atravesar el público y presentarse ante la custodia: “Estoy con domiciliaria y vengo a la audiencia”, dijo antes de escabullirse en el edificio gozando de un rostro -hasta ayer- poco conocido.

Laurella Crippa egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en 1954 y debutó contra la democracia el 16 de septiembre del año siguiente en las filas de la Revolución Fusiladora. Tras su despliegue ilegal en Neuquén, en 1980 ascendió al grado de coronel y fue trasladado al Comando V Cuerpo de Ejército donde se retiró un lustro más tarde.

“En ningún momento me asocié a un plan sistemático, criminal y clandestino de represión, si no por el contrario trabajé para mejorar una institución que estaba muy descuidada y a la vez mejorar la situación de la seguridad pública, que ya comenzaba a tener ciertas fisuras, y cumpliendo las misiones específicas que le había impuesto el gobierno provincial”, se defendió.

Antonio Casal fue segundo jefe de la Regional Segunda de la policía de Neuquén en 1975 y describió a Laurella Crippa como “un borracho común, un pobre tipo” que decía que “tenía la potestad desde un apercibimiento al fusilamiento”.

Una testigo lo identificó recién en 2008 cuando vio su fotografía en el marco de los juicios y recordó el aspecto “fantasmagórico” del tipo que presenció sin decir palabra la revisación médica que le hicieron al ser encerrada en una alcaidía policial.

“Por el grado de responsabilidad que tenía, la función que cumplía, el momento en que los hechos de que se lo acusan fueron llevados a cabo y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de su intervención en los distintos hechos, la única conclusión a la que razonablemente puede arribarse es que no sólo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría, sino que colaboró con los hechos por los que fue acusado”, dijeron los jueces patagónicos.

Laurella Crippa fue condenado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada por ser la víctima perseguido político y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración mayor a un mes.

Ahora camina libremente hacia su primera condena en Bahía Blanca.
( Posted on 12/10/2016 by efemedelacalle)

viernes, 22 de mayo de 2015

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

domingo, 5 de octubre de 2014

Nueva indagatoria al empresario Massot, acusado de coautoria de obreros gráficos

El Martes 11 de Noviembres será nuevamente Indagado Vicente Massot ante un Juez de la Nación Argentina.

Deberá ampliar su testimonio y responder a las preguntas del Juez Coleffi. 

Luego de la Indagatoria se resolvería la situación procesal del dueño de la nueva provincia, Acusado de Delitos de Lesa Humanidad.

La Fiscalía acusa a Massot de ser coautor del homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para
su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". y de haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en elocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica publicadas en el periódico al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, enmarcados en un Plan de acción Psicológica para implementar el terror en la ciudadanía.

Por tercera vez, Massot debe responderle a la Justicia, luego de que se analizaran las pruebas que surgirían del allanamiento a su diario.

Nuevamente Veremos concurrir al Juzgado al Colaborador y Reivindicador mas importante del Terrorismo de Estado.
La Dictadura Fue CÍVICO-MILITAR y debemos avanzar sobre éstos civiles quienes fueron fundamentalmente hacedores.

Porque LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS,
              JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!
              JUICIO Y CASTIGO A LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA GENOCIDA!

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

jueves, 21 de agosto de 2014

Dos militatres detenidos y trasladados

Están acusados por delitos de lesa humanidad.

Dos militares retirados imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca fueron detenidos y trasladados a esa ciudad, donde deberán prestar declaración indagatoria. Se trata de Luis María Delaico y Raúl Esteban Andrés, acusados en la causa que investiga la represión ilegal en el Cuerpo V del Ejército. En paralelo con ese expediente, que ya derivó en dos juicios y 24 condenas, continúa el proceso por los crímenes de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, que comenzó con 25 imputados.

Si el Tribunal Oral Federal accede al pedido de unificación de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, en los próximos días podrían sumarse otros 14 acusados que están procesados por los mismos hechos y con pruebas documentales comunes, que integraron las mismas estructuras represivas y hasta comparten abogados. La impunidad biológica en la causa Armada ya benefició a una veintena de represores. La decisión que podría evitar nuevas bajas está en manos de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava. La Cámara de Casación Penal, en tanto, debe pronunciarse sobre un pedido para que se revoquen los arrestos domiciliarios de 14 de los 25 acusados.

Andrés, de 64 años, integró la Compañía de combate Mayor Keler, del Batallón de Comunicaciones 181. Igual que el ex teniente Ricardo Gandolfo, condenado el año pasado, su caso tiene una particularidad que lo diferencia del resto de los oficiales: el Ejército ordenó su alejamiento de Bahía Blanca “por razones de seguridad”. Los fiscales Nebbia y Palazzani lo imputaron por 49 casos de tortura, 25 secuestros y dos lesiones gravísimas. El teniente coronel Delaico, de 82 años, fue jefe del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé hasta el 10 de noviembre de 1977. Está imputado por haber formado parte de una asociación ilícita, por un secuestro y un homicidio. Ambos fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Buenos Aires.

En el juicio de la Armada, la semana pasada concluyó la lectura de la elevación y las indagatorias a los acusados (sólo cinco hablaron para defenderse) y el martes comenzarán las declaraciones testimoniales. La novedad de la última audiencia fue la revocatoria del arresto domiciliario del prefecto Néstor Alberto Nogués, luego de que se constatara que había abandonado su casa de Ingeniero White para asistir al cumpleaños de 15 de una nieta. Fiscales, organismos y sobrevivientes aguardan con expectativa la resolución del tribunal oral sobre el pedido para que se sumen al juicio otros 14 acusados, que el juez subrogante Santiago Martínez elevó al TOF el 24 de junio. La unificación evitaría además que varios de los imputados del proceso en curso vuelvan a ser sometidos a juicio en el futuro por los casos de apenas tres víctimas.

jueves, 14 de agosto de 2014

Piden imputar a 70 represores por delitos sexuales durante la dictadura

“Es hora de saldar esa deuda”

Lo requirieron los fiscales José Nebbia y Miguel Pallazzani a la Cámara Federal de Bahía Blanca. “Hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado”, enfatizaron. Los acusados actuaron en centros clandestinos del V Cuerpo de Ejército.

 Por Ailín Bullentini

Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Pallazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.

El requerimiento elaborado por él y su colega Pallazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.

Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.

“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Pallazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.

Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.

En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.

Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.

A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”

sábado, 9 de marzo de 2013

Bahía Blanca : genocidas imputados, tranquilamente sueltos

Desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca hacemos saber nuestro desagrado y repudio ante un nuevo episodio de un imputado por Delitos de Lesa Humanidad, que gozando de su privilegio de Prisión domiciliaria, se pasea impunemente por las calles Bahienses llegando al  límite de hacerlo armado. Arturo María Quintana, imputado en la causa  Armada, está acusado de aplicaciones de tormentos, de ser co-autor de  secuestros y muertes y de la eliminación de cuerpos?.

Los delitos por los que se lo acusa, son considerados todos  Delitos de Lesa Humanidad. No es lo suficientemente grave como para que espere su momento del juicio en prisión?
Quintana ya había burlado la prisión domiciliaria (vaya a saber en cuántas oportunidades ) y cuando fue sorprendido, adujo que fue a la panadería porque no tenía a nadie que le compre el pan?, burlándose de todos nosotros, y de la Ley también. Ahora con total desparpajo se lo descubre caminando por las calles bahienses con armas en su poder.

  Nosotros nos preguntamos:
    ¿Cómo puede ser que un imputado de semejantes delitos tenga armas a su
alcance?
    ¿Qué pasaría si se cruza con testigos que tienen que declarar en el
juicio de Armada?
    ¿Qué pasaría si utiliza las armas en su propia contra? (Ya hubo
varios casos de Genocidas ¿Suicidados? )
    ¿Qué seguridad tiene cualquier ciudadano de caminar en la calle, si
estos imputados de graves delitos en contra de toda la humanidad, están
entre nosotros y armados?

  Para los Genocidas exigimos un Juicio
Justo con todas las garantías constitucionales que ellos nunca dieron, como lo tienen en nuestro país y luego, Cárcel Común y Efectiva. Para  los Imputados, pedimos el mismo tratamiento hasta que les llegue su juicio, ya que han dado prueba suficiente de que burlan la prisión domiciliaria y se camuflan entre la ciudadanía con el descaro de hacerlo armados.


NI UN SOLO GENOCIDA SUELTO!   H.I.J.O.S. BAHÍA BLANCA
                                      
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

domingo, 28 de octubre de 2012

El ex jefe de los grupos de tareas navales en Bahía Blanca tiene dos hijos desaparecidos


 Los principios sagrados
A fines de 1976, el capitán Oscar Alfredo Castro arengaba a colimbas a participar de la “nueva gesta libertadora” mientras sus hijos llevaban seis meses de cautiverio en Campo de Mayo. “Hicimos un pacto” de no pedir explicaciones a otras fuerzas, se justificaba entonces. “¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”, propone ahora desde su arresto hogareño.

Por Diego Martínez
El capitán habla de guerra. “Claro que hubo una guerra.” El capitán condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”, lo elogió el vicealmirante Luis María Mendía a fines de 1976, mientras los hijos del capitán estaban secuestrados en Campo de Mayo. Esa tarde, en la base de Puerto Belgrano, caracterizó al enemigo: “Grupos siniestros, renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos”. Antes de tomarles juramento a 3500 conscriptos dijo que “la Providencia” los había elegido para la “nueva gesta libertadora”, que debían defender un estilo de vida “a cualquier costo y por todos los medios” y dejó constancia de su “amor a la libertad dentro del marco de la familia”. Sus hijos llevaban medio año con capucha y grilletes. “¿Qué estaban haciendo?,” apuntó a las víctimas cuando supo del segundo secuestro. “No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto”, se justificó. Treinta y seis años después, detrás del muro que construyó antes de ser arrestado en su casa de Gonnet y a meses de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el capitán reniega de la actual “dictadura” aunque admite estar “feliz y contento”. En su living hay cuadros de Jesús crucificado y de la virgen María, pero nada recuerda a sus hijos desaparecidos. “Ya pasó, terminemos –propone–. ¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”

El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa de Ciudad Jardín. Alfredo, de 21 años, estudiaba derecho en la UBA y había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis, de 18, estudiaba en la Escuela Técnica 12 de San Martín, militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal superior de las Fuerzas Armadas.

Soldados con pelucas puestas se llevaron primero a Luis. Alfredo alertó al tío materno, el coronel Ezequiel Montero, quien sugirió que se trataba de “un tema de polleras”. La patota volvió y se llevó a un amigo de Luis que vivía en la casa. El tío prometió estar a las ocho. “Te cuelgo que vuelven”, dijo Alfredo antes de que lo cargaran en un Fairlane colorado. Esa noche también fueron secuestrados Fernando Barro y los hermanos Andrés y Daniel Barciocco con sus padres. Los Barciocco eran compañeros de Luis en el grupo scout de la parroquia San Francisco de Asís de Villa Bosch, que entre 1976 y 1977 sumó 18 desaparecidos.

La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército. Quelito la acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena.

Con el capitán al frente de la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. El primer dato que obtuvo el capitán retirado Miguel Horacio Castro, en ese entonces empleado de seguridad del diario Clarín, lo aportó el amigo de Luis, liberado a los 22 días: habló de un galpón, una pista de aterrizaje, helicópteros, un campo y una fábrica de ladrillos. El marino concluyó que estaban en Campo de Mayo (allí estuvieron los Barciocco según el ex sargento Víctor Ibáñez) y por el número de secuestrado pudo saber que sus sobrinos habían sido registrados con el anterior y el posterior.

La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la parroquia, donde hoy se los recuerda desde un mural. Castro buscó a Bertone en su casa de Villa Bosch. “Casi tiran la puerta abajo”, recuerda la viuda del ex sacerdote, que dejó los hábitos para casarse. “Mis hijos desaparecieron por tu culpa y lo vas a pagar caro”, gritó el capitán. “Estaba con dos o tres hombres, pensé que nos llevaban”, confiesa la mujer. “Tenía un odio terrible con Mario, que lo conocía de la pastoral de familia de Palomar –explica–. Después nos rajamos, sabemos que nos estuvieron buscando.”

En noviembre alguien llamó a la casa de los hermanos y dijo que no podía identificarse. La madre exigió que le hablaran de frente, el diálogo terminó a los gritos y siguió días después:

–Necesito saber cómo va a encauzarlos –la indagó el secuestrador–. Queremos dárselos al padre y (los hermanos) no quieren. Queremos dárselos a su hermano (el coronel) y no quieren. No quieren salir de aquí si no es con usted.

–Son muy buenos hijos. Buena o mala son mi obra –se enorgulleció la mujer–. He sido padre y madre así que pienso seguir siéndolo. Si pretenden más... imposible.

Mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están nuevamente en peligro”. “Renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos pretenden destruirlos y reemplazar aquellos principios sagrados que dieran razón de ser a nuestra comunidad por bastardos argumentos, ajenos al sentimiento nacional”, dijo, rodeado por la plana mayor de la Armada y por el general Adel Vilas.

“Deben estar listos a reafirmar con su sacrificio la voluntad nacional de mantener a cualquier costo aquellos principios que desde siempre informaron a la República”, leyó. “La Providencia los ha elegido” para “apuntalar los conceptos primigenios de la argentinidad: nuestra profunda fe en Dios, vocación de soberanía e independencia, acatamiento al orden jurídico del Estado, amor a la libertad dentro del marco de la familia y de los límites que nos fija el bien común de la sociedad, y nuestra irrevocable decisión de impedir a cualquier costo y por todos los medios que nadie nos imponga otro estilo de vida”.

Cuando “pronunciéis el sí juro quedáis (sic) formalmente enrolados en esta nueva gesta libertadora a la que todos los argentinos de bien ya se han incorporado espiritualmente”, lo citó el diario La Nueva Provincia. El capitán no sólo se había incorporado espiritualmente. El mismo día, en su legajo, Mendía apuntó que Castro “conduce eficazmente el planeamiento, la organización y ejecución de las acciones a desarrollar por su Fuerza de Tareas, empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”. Lo conocía de destinos anteriores, pero lo calificaba “exclusivamente” como “comandante en acción de combate”, aclaró.

Liberación

A 700 kilómetros, la madre de sus hijos golpeaba puertas. El 21 de diciembre, la voz sin nombre le informó que los liberaría. Los largaron el 23. “Tenían la barba larga, sucios, un olor acre. Estaban con la misma ropa. Luis flaco, Alfredo gordo, había pasado meses en una celda donde apenas entraba acostado y sólo comía pan. Se había tenido que romper los pantalones, le habían engordado las piernas”, recuerda su novia Marita, que prefiere ser citada sólo como la llamaba la familia. Del cautiverio dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue aislado en una celda.

Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor, Danielito. La mujer había visto cómo Luis llevaba y traía de la guardería al niño abandonado por su padre a los cuatro meses, y que a los dos años moriría ahogado en la pileta de la casa.

Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. “Tenés que convencerlo”, le pidió a la novia de Alfredo. “Pensar que he visto morir compañeros y vengo de Puerto Belgrano”, murmuraba indignado por el destino de esos pibes que a fin de cuentas eran sus hijos. Salir de la Argentina no figuraba entre las alternativas que barajaban Alfredo y Luis. Ambos se sabían controlados, incluso en la Nochebuena posterior a la liberación, una pareja en un Falcon se instaló frente a su casa toda la noche, a la espera de algún contacto que nunca llegó.

En el verano de 1977, mientras el capitán asumía como subdirector de la Escuela de Guerra Naval, a metros de la ESMA, Luis empezó a repartir cosméticos con el Citroën de su madre y consiguió autorización para hacer sexto año libre. Alfredo pudo volver a caminar despacio, consiguió trabajo, retomó Derecho, compró colchón y heladera para casarse, aunque insistía en que no podía alejarse de su madre. Pero el 30 de junio de 1977 le dio la razón a Marita: no podían vivir aterrados, iban a casarse y a radicarse en el interior. Esa misma noche se lo llevaron para siempre junto a su hermano.

Segundo secuestro

El hombre alto, de tez blanca y ojos claros que llevaba la batuta no hizo preguntas. Apenas ordenó revisar la biblioteca y el Citroën.

–¿Qué es esto? –indagó al ver balas en una repisa.

–De mi ex marido, capitán de navío.

El militar no se inmutó ante un dato que conocía y ordenó a los hermanos que se vistieran. “Vamos a hacer un memo a la comisaría de Caseros”, mintió. Alfredo y Luis se despidieron de su madre con un beso. Caminaron 50 metros y los cargaron en una camioneta.

Descartada la ayuda del hermano coronel, la madre, que ese año marcharía en Plaza de Mayo, fue en busca de la voz sin nombre que interrogaba a Luis.

–¿Cómo no me vino a ver antes? –preguntó Verplaetsen, que vivía a 150 metros.

–En la escuela no me enseñaron qué hacer cuando nos secuestran un hijo –-le explicó.

El jefe de Inteligencia de Campo de Mayo le dijo que desconocía los operativos de la noche anterior, sugirió que “gente de Palomar” (léase base de la Fuerza Aérea) había “entrado sin autorización” a su jurisdicción y le recomendó volver días después. Cuando Esther fue al Colegio Militar, le dijeron que “seguro fueron los terroristas”.

–Mire, señor, las manos de los que vinieron a buscar a mis hijos son las mismas manos del que vivió conmigo doce años. Esas manos no las tienen los terroristas, las tienen los que están en un escritorio con tintorería y peluquería al lado –describió a Castro.

Al día siguiente Verplaetsen le pidió que no volviera. Le dijo que sus hijos estaban “metidos en problemas” y que debería esperarlos “muchos años”.

Cuando supo del segundo secuestro, el capitán puso la lupa sobre sus hijos: “¿Qué estaban haciendo?”, preguntó. “Si no los tiene la Marina, no puedo hacer nada –le explicó a Marita–. No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto y tenemos que cumplirlo.”

–¿Para qué pueden tener tanto tiempo a la gente detenida? ¿Les lavarán el cerebro? –le preguntó la novia de Alfredo.

–No, eso sale muy caro –le explicó el capitán.

ENTREVISTA AL CAPITAN OSCAR CASTRO
“Tengo que suponer que no están vivos”
El marino asegura que a sus hijos “los trataron muy bien” y lamenta que “no supieron escuchar”. “Nunca pude llegar a ninguna conclusión” sobre las desapariciones. Y dice que es un “preso de esta dictadura”.







  Por Diego Martínez
Oscar Alfredo Castro cumple arresto domiciliario desde 2009. Vive a cuatro cuadras del Batallón de Comunicaciones de City Bell, en una casa de dos pisos, detrás de un paredón de dos metros de alto con carteles de una empresa de seguridad que lo protege.

–Castro no está –responde una mujer por el portero.

–Está arrestado.

–No está disponible.

–Dígale que quiero hablar de la dictadura.

A los dos minutos un hombre pálido se asoma por sobre el muro.

–¿Qué busca?

–Quiero hablar de Puerto Belgrano y de su historia.

Castro abre la puerta, no da la mano. Una hija del segundo matrimonio mira un segundo y desaparece. La casa tiene un jardín, el pasto cortado, olor a tierra mojada, voces de pájaros. El capitán invita a pasar a un living oscuro. En las paredes hay cuadros de la virgen María. Sobre el hogar, una bayoneta y un sable cruzado. La advertencia de haber leído procesamiento y descargo no surte efecto. Castro se larga a hablar con el único fin de defenderse. Eduardo Massera iba a Puerto Belgrano por las noches y se reunía en un buque con grupos al margen de la estructura formal de la Armada, dice. La Fuerza de Apoyo Anfibio y la Fuerza de Tareas 2 a su cargo no entraron en operaciones, pretende. La interpretación está refutada en su procesamiento, pero Castro insiste.

–En 1975 Massera decía que la Armada estaba en guerra de modo más silencioso que el Ejército. Los Massot los elogiaban desde La Nueva Provincia. ¿En qué consistía la guerra ese año?

Castro evade la pregunta y se detiene en el diario bahiense.

–¿Conoció a esa mujer? –pregunta, en referencia a Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia hasta su muerte–. Esa mujer venía a Puerto Belgrano a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo. En una de las últimas alocuciones de Isabel Perón puso en su canal un cartel para decir que no entrarían en cadena nacional.

–¿Usted hablaba con ella?

–No, hablaba directo con Mendía. Usaba palabras fuertes... “falta de hombría”.

–“Cagones”. Lo mismo le decía su hijo Federico Massot a Scilingo, “son cagones porque no se animan a fusilar”. Lo dice hoy también Vicente Massot, que se cansó “de defender cagones”.

Castro asiente. Ante la mención de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados del diario bahiense, dice no tener idea. Pregunta si eran periodistas, escucha el relato de los secuestros, la aparición de los cadáveres, la noticia en veinte líneas y el detalle de que a Loyola lo esperaron siete horas en la casa.

–Lo lógico es que hubiera sido el Ejército –sugiere. El método no le genera dudas.

Castro vuelve una y otra vez al rol de víctima:

–Arman un rompecabezas y dicen “si estuvo acá es autor mediato”, no buscan a los verdaderos culpables.

–¿Quiénes serían?

–No lo sé. El Servicio de Inteligencia Naval. Seguro colaboraron voluntarios, civiles, como en la ESMA.

De pronto cambia de rol:

–Salvé gente. Después del Operativo Dorrego dos sobrinos de monseñor Plaza fueron presos. Conseguí demostrar que eran izquierdistas pero no activistas.

–¿Ante quién?

–Ante Inteligencia de Ejército.

Castro dice haber “salvado” a un pariente detenido por “un atentado al Sheraton”. “Ahí empieza mi calvario. Se me relacionó con la posición contraria.” Para explicar “el clima de la época” cuenta que dos marinos amigos fueron asesinados.

–Se juzga de un solo lado –reniega.

–¿A quién quiere juzgar? Juzgaron a miles, los desaparecieron, usted lo sabe mejor que nadie.

El capitán no acusa recibo.

–Fracassi (comandante de Infantería de Marina) declaró que el centro de detención de Baterías dependía de la Fuerza de Tareas 2, a su cargo.

–Me acusa para sacarse el poncho de encima.

–Usted elogió a los capitanes Fermín Areta y Ricardo Araujo por su eficacia en la “lucha contra la subversión”.

–Fue para hacerles un favor... Igual hizo Mendía conmigo.

–Acosta o Astiz tratan de justificar sus crímenes hablando de guerra, usted ni siquiera...

–Claro que hubo una guerra (levanta la voz). Recibimos la orden de combatir a la subversión, pero no me tocó participar, no cometí delitos, no di órdenes ilegales. El infante o el aviador no tienen capacitación para ir a buscar a gente encubierta.

–Los vuelos están probados, los aviadores participaron.

–El 99 por ciento no sabíamos.

–Scilingo dijo que por los vuelos rotaron hasta invitados especiales.

–Bueno, el 90 por ciento no sabíamos –concede.

Y entonces vuelve a la versión de Massera actuando a escondidas:

–Massera seleccionó a quienes tenían alma de torturadores.

–En uno de los vuelos de Scilingo iba un cabo de Prefectura que se descompuso cuando se dio cuenta de que iban a tirar personas al mar. No estaba seleccionado.

–En ese nivel puede ser, en el mío no.

–Llama la atención que no mencione a sus hijos.

Castro mira en silencio.

–Alfredo y Luis.

Deja pasar unos segundos.

–No quise usar eso en mi defensa.

–¿Hizo algo por sus hijos?

–Hice todo lo posible, con mi hermano. Hice una búsqueda grande en la zona, hablé con autoridades, empezando por Fracassi y Mendía. Me contactaron con quien manejaba el tema acá (luego dirá Oscar Montes, comandante de la F.T.3), que me contactó con Ejército y Fuerza Aérea. En todos lados encontré una pared. Buscamos en los niveles más bajos, nos metimos en cuarteles, ahí quedó.

Castro menciona tres caídas. La primera es la detención de Luis en 1975. De la segunda “conseguí que los liberaran”, dice.

–¿Cómo lo consiguió?

–Yo garantizaba... (arranca y se frena). Estuvieron dos o tres meses (minimiza siete meses de cautiverio) y los devolvieron. Alguna influencia debo haber tenido.

–¿Dónde estuvieron secuestrados?

–Nunca pudimos saberlo. Pudo haber sido la policía, no tuve ninguna información.

–¿No le contaron después de liberados? ¿De qué hablaron?

–Traté de convencerlos de que se dejaran de jorobar. Ellos decían que sólo participaban en actos. Si estaban fichados, lo mejor era que se fueran.

–¿Cómo estaban físicamente?

–Bien, los trataron muy bien, no tenían ninguna marca.

–¿Dónde los vio la última vez?

–No recuerdo, nos veíamos en muchos lados. Venían a visitarme a la Escuela de Guerra Naval hasta que de golpe volvieron a buscarlos. Hicimos gestiones, pero nunca más aparecieron. No supieron escuchar. Pienso que estaban convencidos de que no habían cometido delitos.

–¿Ese era el criterio para desaparecer? ¿Haber cometido delitos?

Castro no responde.

–¿Así que estaban bien?

–Muy bien, me llamó la atención, suponía que podían haberlos apretado. Estaban muy muy bien, les habían dado de comer. No podían detectar dónde habían estado, pero sé que los interrogaban muchas horas al día.

–¿Sobre qué?

–Sobre el grupo al que pertenecían.

–¿Qué grupo?

–Supongo que a Montoneros, al menos el acto por el que los detuvieron en 1975 estaba vinculado a Montoneros.

–La mayoría de los pibes secuestrados en esos días habían pasado por el grupo scout de Villa Bosch, del cura Mario Bertone.

–Ni idea. Me fui de Palomar antes de 1970, no conocí a ese Bertone.

–¿No fue a ver Bertone a la casa después del primer secuestro?

–No (niega sin convicción, nervioso de que le recuerden el dato). Nunca pude llegar a ninguna conclusión (dice sobre la desaparición de sus hijos, a quienes no llama “mis hijos” ni menciona por sus nombres). Por su formación no creo que fueran capaces de cometer delitos, pero yo no los estaba cuidando en ese momento.

–¿Le confirmaron que los mataron?

–No sé si los mataron. Es lógico (que no le hayan avisado), para evitar la venganza. Tengo que suponer que no están vivos, pero he asumido el tema y no lo voy a usar en mi defensa.

–¿Habló con Verplaetsen?

–Para nada. Lo conocí hace pocos años, somos de la misma promoción, pero no hablamos del tema. Tal vez habló alguien de mi familia, no yo. Ni con mis compañeros de promoción lo hablé. Nos respetamos a fondo.

–¿Qué tiene que ver no hablar de los hijos desaparecidos con respetarse?

–Me duele que se toque el tema. La Argentina se está derrumbando. Yo estoy feliz y contento, pero sufro por mis hijos y nietos.

El cronista se pone de pie y Castro vuelve a sus viejos buenos tiempos en Punta Alta:

–Fue como vivir en un country, los mellizos nacieron en noviembre de 1975, saque cuentas. Puerto Belgrano fue un paraíso –explica y recuerda que tres veces por semana, mientras sus hijos estaban desaparecidos, cenaba con su nueva esposa en una parrilla de Ingeniero White.

En el hall de entrada hay una pintura de Jesucristo crucificado. Al lado de la puerta, fotos de Castro con Juan Pablo II.

Señala una foto de su última mujer: “Ella murió por todo lo que nos están haciendo, los tres años como preso de esta dictadura”.

–Dictadura fue la que mató a sus hijos. ¿Tiene fotos de Alfredo y Luis?

La observación le molesta, murmura palabras incomprensibles.

–Ya pasó, terminemos. ¿Por qué no dejamos a los muertos tranquilos?

domingo, 14 de octubre de 2012

Segundo proceso por "la escuelita" de bahía blanca


Juzgarán a los guardias del centro clandestino
Fueron detenidos en Junín de los Andes en el 2010.
Se ventilará un centenar de denuncias.

BAHÍA BLANCA (ACE).- El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo en esta ciudad, entró en la etapa de presentación de pruebas. Se ventilarán un centenar de denuncias que fueron escuchadas en el primer proceso oral –muchas de ellas de Viedma y de Neuquén–, pero ahora entre sus acusados se cuenta a quienes en 1976 fueran guardias de "La Escuelita" de Bahía Blanca.

"Es un juzgamiento relevante; los que eran guardias de la Escuelita son oficiales de alto rango con injerencia directa en los hechos, han tenido responsabilidad en la determinación directa y concreta de cada una de las víctimas" que pasaron por el centro clandestino bahiense en 1976 y 1977, dijo el fiscal Abel Córdoba, a cargo de la investigación y acusación.

Los máximos responsables por el funcionamiento del centro clandestino del V Cuerpo, volverán a juicio, en su caso por los secuestros de las universitarias neuquinas en junio de 1976. Deberá comparecer también el comisario rionegrino Vicente Floridia, por los casos de Eduardo "Bachi" Chironi y Jorge Abel (ver aparte). En este segundo tramo fueron elevados a juicio Arsenio Lavallén –que actualmente vive en Plottier– con apodo de "El Zorzal" y de Junín de los Andes Raúl Artemio Domínguez, alias "El Abuelo"; Desiderio Andrés González alias "Perro Vago"; José María Martínez y Gabriel Cañicul. Los cinco están acusados como "autores directos" de "aplicar severidades y vejaciones" a los secuestrados durante la custodia en el centro clandestino, dijo el fiscal.

En su mayoría tenían un promedio de 30 años en 1976 y eran suboficiales del cuerpo de Baquianos, dependiente del Comando de la Sexta Brigada, que viajaban desde Junín de los Andes "en comisión" a Bahía para el accionar en el centro clandestino.

Los guardias de "La Escuelita" fueron detenidos en el 2010 por personal aeroportuario y llegan al juicio excarcelados.

La acusación es de coautores o partícipes necesarios de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados y en los casos de quienes permanecen desaparecidos o aparecieron en las calles de Bahía acribillados bajo la modalidad de "falsos enfrentamientos" fueron acusados de homicidio. "Ellos fueron quienes convivieron con las víctimas, esto le da al juicio oral otro cariz: pueden reconocer a quienes estaban en el centro clandestino torturando, con lo cual tiene otra dimensión que va a ser relevante", dijo el fiscal.

Sostuvo que los acusados "tienen mucha información que los coloca en otra situación, hay cierta expectativa de que puedan aportar el dato de circunstancias que no dominaron, pero sí conocieron.

lunes, 17 de septiembre de 2012

El turno de investigar la complicidad periodística

La relación del diario LA NUEVA PROVINCIA con la dictadura militar.
El fallo que el miércoles pasado ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí, un informe sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares.

 Por Diego Martínez

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la Justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado. A partir de los comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”, que hasta su muerte en 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. El empresario también está en la mira de la Justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”. Por los crímenes de ambos obreros gráficos ya hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme.
Violencia ordenadora

El rol del diario en los’70 es más conocido. Ante “la cruda realidad electoral del país” (LNP 18.3.73) que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”, pidieron a gritos (LNP 2.5.73). El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir “el sórdido contexto local del terrorismo de Estado”. El 24 de marzo de 1976, con el título “Llegó el momento”, La Nueva Provincia pidió “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”. “A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora”, propusieron.

La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP 17.5.75).

La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo. “Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.

Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76). La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP 11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).

Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo. “Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76). La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980). “¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
“Destino inevitable: la muerte”

Haber advertido a tiempo el costo de fusilar por la espalda y hacer desaparecer a miles de personas no les resultó contradictorio con la difusión militante de los comunicados que el V Cuerpo elaboraba para sembrar terror y disfrazar de tiroteos las ejecuciones de militantes destruidos en las mesas de tortura.

La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo. En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.

En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos, La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente. Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”. La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.

En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército. Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”. Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula. “Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron. “Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado.

Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad. En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76). Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77). Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.