lunes, 17 de octubre de 2016

¿De la casa al juicio y del juicio a la casa?

El genocida Osvaldo Laurella Crippa, con condenas de 23 y ocho años de prisión en Neuquén, llegó ayer por su cuenta y en compañía de su hijo a la primera audiencia del juicio Ejército III de Bahía Blanca en el cual está imputado por los secuestros y torturas que sufrieron dos estudiantes de Servicio Social y por el homicidio de Raúl Ferreri, desaparecido desde 1976. A la hora de la cena, una unidad de Su Taxi lo llevó hasta su casa.

La situación se dio por primera vez en la ciudad y obedecería al “morigeramiento de penas” sugerido por la Corte Suprema, según comentó uno de los jueces del tribunal. La mayoría de los imputados llegó en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal a Colón 80, mientras otros participaron desde Viedma, San Rafael, Jujuy, Junín de los Andes y Chimbas por videoconferencias en dependencias judiciales o en el comedor de sus casas con policía, perro y fotos familiares de fondo.

El ex teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa fue jefe de la División II Inteligencia del Comando de Infantería de Brigada VI, Comando de Subzona 52 Ejército Argentino, en comisión a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Neuquén desde el golpe de Estado. Fue beneficiado con arresto domiciliario en el noveno piso del edificio de Alsina 520.

Mientras sus camaradas eran ingresados por una pequeña puerta del rectorado de la UNS, esposados y cobijados bajo los escudos policiales, Laurella y su hijo conversaban detrás de un grupo de militantes que repudiaban a los represores. Minutos después, decidió atravesar el público y presentarse ante la custodia: “Estoy con domiciliaria y vengo a la audiencia”, dijo antes de escabullirse en el edificio gozando de un rostro -hasta ayer- poco conocido.

Laurella Crippa egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en 1954 y debutó contra la democracia el 16 de septiembre del año siguiente en las filas de la Revolución Fusiladora. Tras su despliegue ilegal en Neuquén, en 1980 ascendió al grado de coronel y fue trasladado al Comando V Cuerpo de Ejército donde se retiró un lustro más tarde.

“En ningún momento me asocié a un plan sistemático, criminal y clandestino de represión, si no por el contrario trabajé para mejorar una institución que estaba muy descuidada y a la vez mejorar la situación de la seguridad pública, que ya comenzaba a tener ciertas fisuras, y cumpliendo las misiones específicas que le había impuesto el gobierno provincial”, se defendió.

Antonio Casal fue segundo jefe de la Regional Segunda de la policía de Neuquén en 1975 y describió a Laurella Crippa como “un borracho común, un pobre tipo” que decía que “tenía la potestad desde un apercibimiento al fusilamiento”.

Una testigo lo identificó recién en 2008 cuando vio su fotografía en el marco de los juicios y recordó el aspecto “fantasmagórico” del tipo que presenció sin decir palabra la revisación médica que le hicieron al ser encerrada en una alcaidía policial.

“Por el grado de responsabilidad que tenía, la función que cumplía, el momento en que los hechos de que se lo acusan fueron llevados a cabo y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de su intervención en los distintos hechos, la única conclusión a la que razonablemente puede arribarse es que no sólo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría, sino que colaboró con los hechos por los que fue acusado”, dijeron los jueces patagónicos.

Laurella Crippa fue condenado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada por ser la víctima perseguido político y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración mayor a un mes.

Ahora camina libremente hacia su primera condena en Bahía Blanca.
( Posted on 12/10/2016 by efemedelacalle)

miércoles, 29 de junio de 2016

Renovada protección para el ex juez represor Montezanti

La Cámara Federal de Bahia Blanca suspendió la indagatoria a un ex juez represor. 

En línea con el cambio político, en Bahía Blanca se acentúa el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad. Montezanti, ex titular del tribunal bahiense quien renunció para evitar la destitución, consiguió postergar sin fecha su declaración.

El cambio de vientos políticos sigue haciendo estragos en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca. Montado en el fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez federal Alejo Ramos Padilla, el ex agente de inteligencia del Ejército y ex juez Néstor Luis Montezanti logró esta semana la suspensión y postergación de su indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad, prevista para el martes próximo. El próximo paso de quien fue presidente de la Cámara bahiense hasta que renunció para evitar su destitución en el Consejo de la Magistratura será pedir la nulidad de toda la causa, amparado en los argumentos que le obsequiaron su ex compañero de tribunal Pablo Candisano Mera y los subrogantes Jorge Ferro y José Triputti.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Ramos Padilla, que actuaba como subrogante en Bahía Blanca, ordenó el año pasado su citación a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado (todavía con fueros) faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Por esos meses el camarista también prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. Su única aparición pública fue un autorreportaje en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, que a su vez obtuvo su falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un original sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi, que se había animado a citar a indagatoria al empresario y se aprestaba a pronunciarse.

En septiembre el Consejo resolvió por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Montezanti por su actuación en el terrorismo de Estado y también por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Sus conductas son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación, sostuvo. En marzo, cuando el Consejo de aprestaba a destituirlo, Montezanti presentó su renuncia, que el presidente Mauricio Macri aceptó en tiempo récord. La huida silenciosa le permitirá cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días y le evitó a los consejeros tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial.

Ya sin fueros que impidan su detención, la Cámara Federal tomó una decisión que le permitió recobrar sus esperanzas de prolongar su impunidad. A partir de planteos de defensores de represores, los jueces resolvieron aceptar la recusación de Ramos Padilla (abstracta pues renunció a las causas de Bahía Blanca a fines de 2015) al considerar que era justificado el temor de parcialidad por su antiguo rol como querellante de víctimas de la dictadura. “Estas resoluciones habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, anticipó entonces el fiscal Palazzani a la agencia Paco Urondo. La suspensión de la indagatoria, que dictó el juez Pedro Plou (de Junín, también subrogante en Bahía) era una previsible consecuencia de la resolución de la Cámara.

Mientras el cuarto juicio de lesa humanidad en el sur bonaerense todavía no tiene fecha de inicio, los militantes de la impunidad siguen ganando batallas en Bahía. Primero fue la confirmación de la falta de mérito de Massot, sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. Luego la Cámara Federal, sin darle derecho a descargo, cesanteó por segunda vez a Coleffi (el juez que se animó a avanzar contra Massot) por entender que no podía trabajar en el Ministerio Público Fiscal. El mes pasado se pronunció contra Ramos Padilla. Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos también parecen estar en la mira. Ante una acción de amparo porque el Servicio Penitenciario Bonaerense no les permitía ingresar a la cárcel de Villa Floresta, Ramos Padilla hizo lugar y habilitó la inspección que solicitaban. La Cámara Federal revirtió esa decisión para impedirles que controlen las condiciones inmundas que reinan en las cárceles de la provincia.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Condenan a prisión perpetua a 18 integrantes de la Armada

Es el tercer proceso por crímenes de lesa que se realiza en esa ciudad

Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido las penas que dispuso el tribunal. Los represores estaban acusados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas. Entre ellos, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia.

Foto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna Chima

En Bahía Blanca se produjo hoy una sentencia histórica: en la causa "Armada", el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua a 18 represores y a otros cuatro sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de prisión. Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia.

Los condenados a perpetua son: el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos;  ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
Y fueron condenados, además: 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

“Es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica”, dijo el fiscal José Nebbia antes de conocer el veredicto. En la ciudad hubo una manifestación de organismos de derechos humanos y también de hijos y familiares de represores, pidiendo la libertad de los acusados. “El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, agregó Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Es el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca. Y el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que, además, incluye los delitos sexuales como delitos de lesa. En el marco del extenso juicio, que comenzó el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani  pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Creemos que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada, y marca la interacción de las fuerzas”, había dicho Nebbia. El proceso demostró el funcionamiento del circuito represivo: cómo, por ejemplo, algunas víctimas fueron secuestradas por Prefectura para luego ser trasladadas a centros clandestinos de la Armada. De cómo se cruzaron información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. “Se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas”, explicó el fiscal. 

Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron en los alegatos.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

“Los organismos de derechos humanos, que fuimos los que instalamos los juicios, tenemos que reafirmar el compromiso con convicción y alegría. En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, dijo Hidalgo.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
JMM/PC/RA

viernes, 22 de mayo de 2015

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

Detuvieron al represor Héctor Oscar Chisu, La Triple A Bahiense

La Triple A bahiense

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. 

El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa

sábado, 9 de mayo de 2015

Amplían acusación a represores por delitos sexuales

Lo decidió el Tribunal que encabeza el juicio por delitos de lesa humanidad. Habrían sido cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que encabeza actualmente el juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad, amplió la acusación contra 17 de los acusados por delitos sexuales cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano, en el marco de una causa con un total de 25 imputados.

La ampliación de la acusación había sido pedida por el fiscal José Nebbia el 5 de marzo pasado durante la audiencia que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Durante el debate que se llevó a cabo este martes el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, aceptó la acusación contra 17 de los 25 represores.

"Sí, leyeron la resolución en la audiencia de hoy" y los acusados "podrían comenzar a ser indagados mañana", confirmó Miguel Palazzani, quien integra como Nebbia la unidad fiscal de derechos humanos de Bahía Blanca.

Al solicitar que se ampliara la acusación contra 17 de los 25 represores procesados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de a libertad y torturas, entre otros, Nebbia había sostenido que "la violencia sexual tiene una entidad propia, distinta al delito de tormento".

El fiscal los consideró "autores mediatos" que, desde el lugar jerárquico-funcional que ocupaban, "crearon las condiciones de sometimiento, mediante la clandestinidad, el aislamiento y la garantía de impunidad, que posibilitó que el personal bajo su dependencia agrediera sexualmente a las secuestradas".

Por su parte el abogado patrocinante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Walter Larrea, expresó a la agencia Telam que "la ampliación de la imputación penal para estos imputados incorpora al delito sexual, al delito contra la integridad física de las detenidas mujeres como un delito autónomo y no sumido dentro de lo que es genéricamente torturas, tormentos, cautiverio y demás".

"Si bien en el requerimiento de elevación a juicio ya estaba incluido todo tipo de vejámenes la importancia de este procesamiento radica en que le otorga característica de delito autónomo a las violaciones y a todos aquellos que sean delitos contra la integridad sexual de las detenidas mujeres", agregó Larrea.

En ese contexto el letrado comentó que "no solamente para este juicio sino que establece una pauta jurisprudencial que abre un camino muy importante para todo el tratamiento de los que las mujeres detenidas han sido víctimas, más allá de su condición de militantes políticas o de perseguidas políticas, de su rol de mujer, de su condición de género".

"Si bien el pronunciamiento es parcial porque una de las víctimas no estaba como víctima y declaró como testigo tiene una importancia muy destacada, abre puertas y establece una etapa jurisprudencial determinante", afirmó.

Por último Larrea calificó de importante la decisión del Tribunal porque "radica en la categoría de víctima de abuso contra la integridad sexual que se las ha dado a éstas mujeres que han estado en el centro clandestino".

Los delitos sexuales investigados fueron cometidos por represores contra nueve mujeres en los centros clandestinos de detención "Buque ARA 9 de Julio" y "Baterías", en jurisdicción de Puerto Begrano, la mayor guarnición de la Armada Argentina, próxima a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

En la elevación a juicio, los delitos sexuales no habían sido considerados como delitos autónomos sino como parte de los tormentos.

El fiscal sostuvo que "la violencia sexual que se ejerció tuvo diferentes formas o formatos, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones no sólo por sus captores sino que también con objetos, lo cual tiene claramente un mensaje devastador".

Los delitos sexuales imputados a los represores abarcaron también "tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación; muchas víctimas señalan la vergüenza que sentían al estar desnudas antes sus captores; muchas de ellas relatan que esa fue la primera vez que estuvieron desnudas frente a un hombre", añadió.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Arrestan al represor Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del VCuerpo del Ejército

El prófugo que se quedó sin refugio

Fue buscado durante siete años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 Por Diego Martínez

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.