jueves, 26 de noviembre de 2015

Condenan a prisión perpetua a 18 integrantes de la Armada

Es el tercer proceso por crímenes de lesa que se realiza en esa ciudad

Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido las penas que dispuso el tribunal. Los represores estaban acusados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas. Entre ellos, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia.

Foto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna Chima

En Bahía Blanca se produjo hoy una sentencia histórica: en la causa "Armada", el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua a 18 represores y a otros cuatro sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de prisión. Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia.

Los condenados a perpetua son: el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos;  ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
Y fueron condenados, además: 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

“Es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica”, dijo el fiscal José Nebbia antes de conocer el veredicto. En la ciudad hubo una manifestación de organismos de derechos humanos y también de hijos y familiares de represores, pidiendo la libertad de los acusados. “El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, agregó Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Es el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca. Y el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que, además, incluye los delitos sexuales como delitos de lesa. En el marco del extenso juicio, que comenzó el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani  pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Creemos que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada, y marca la interacción de las fuerzas”, había dicho Nebbia. El proceso demostró el funcionamiento del circuito represivo: cómo, por ejemplo, algunas víctimas fueron secuestradas por Prefectura para luego ser trasladadas a centros clandestinos de la Armada. De cómo se cruzaron información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. “Se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas”, explicó el fiscal. 

Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron en los alegatos.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

“Los organismos de derechos humanos, que fuimos los que instalamos los juicios, tenemos que reafirmar el compromiso con convicción y alegría. En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, dijo Hidalgo.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
JMM/PC/RA

viernes, 22 de mayo de 2015

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

Detuvieron al represor Héctor Oscar Chisu, La Triple A Bahiense

La Triple A bahiense

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. 

El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa

sábado, 9 de mayo de 2015

Amplían acusación a represores por delitos sexuales

Lo decidió el Tribunal que encabeza el juicio por delitos de lesa humanidad. Habrían sido cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que encabeza actualmente el juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad, amplió la acusación contra 17 de los acusados por delitos sexuales cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano, en el marco de una causa con un total de 25 imputados.

La ampliación de la acusación había sido pedida por el fiscal José Nebbia el 5 de marzo pasado durante la audiencia que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Durante el debate que se llevó a cabo este martes el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, aceptó la acusación contra 17 de los 25 represores.

"Sí, leyeron la resolución en la audiencia de hoy" y los acusados "podrían comenzar a ser indagados mañana", confirmó Miguel Palazzani, quien integra como Nebbia la unidad fiscal de derechos humanos de Bahía Blanca.

Al solicitar que se ampliara la acusación contra 17 de los 25 represores procesados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de a libertad y torturas, entre otros, Nebbia había sostenido que "la violencia sexual tiene una entidad propia, distinta al delito de tormento".

El fiscal los consideró "autores mediatos" que, desde el lugar jerárquico-funcional que ocupaban, "crearon las condiciones de sometimiento, mediante la clandestinidad, el aislamiento y la garantía de impunidad, que posibilitó que el personal bajo su dependencia agrediera sexualmente a las secuestradas".

Por su parte el abogado patrocinante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Walter Larrea, expresó a la agencia Telam que "la ampliación de la imputación penal para estos imputados incorpora al delito sexual, al delito contra la integridad física de las detenidas mujeres como un delito autónomo y no sumido dentro de lo que es genéricamente torturas, tormentos, cautiverio y demás".

"Si bien en el requerimiento de elevación a juicio ya estaba incluido todo tipo de vejámenes la importancia de este procesamiento radica en que le otorga característica de delito autónomo a las violaciones y a todos aquellos que sean delitos contra la integridad sexual de las detenidas mujeres", agregó Larrea.

En ese contexto el letrado comentó que "no solamente para este juicio sino que establece una pauta jurisprudencial que abre un camino muy importante para todo el tratamiento de los que las mujeres detenidas han sido víctimas, más allá de su condición de militantes políticas o de perseguidas políticas, de su rol de mujer, de su condición de género".

"Si bien el pronunciamiento es parcial porque una de las víctimas no estaba como víctima y declaró como testigo tiene una importancia muy destacada, abre puertas y establece una etapa jurisprudencial determinante", afirmó.

Por último Larrea calificó de importante la decisión del Tribunal porque "radica en la categoría de víctima de abuso contra la integridad sexual que se las ha dado a éstas mujeres que han estado en el centro clandestino".

Los delitos sexuales investigados fueron cometidos por represores contra nueve mujeres en los centros clandestinos de detención "Buque ARA 9 de Julio" y "Baterías", en jurisdicción de Puerto Begrano, la mayor guarnición de la Armada Argentina, próxima a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

En la elevación a juicio, los delitos sexuales no habían sido considerados como delitos autónomos sino como parte de los tormentos.

El fiscal sostuvo que "la violencia sexual que se ejerció tuvo diferentes formas o formatos, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones no sólo por sus captores sino que también con objetos, lo cual tiene claramente un mensaje devastador".

Los delitos sexuales imputados a los represores abarcaron también "tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación; muchas víctimas señalan la vergüenza que sentían al estar desnudas antes sus captores; muchas de ellas relatan que esa fue la primera vez que estuvieron desnudas frente a un hombre", añadió.