viernes, 30 de septiembre de 2011

Madre declara con su pañuelo blanco

En Bahía Blanca se está realizando un juicio de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El juicio toca de cerca de La Pampa por varios motivos: uno de los integrantes del tribunal es el juez pampeano José Mario Tripputi, el defensor de los acusados es Hernán Vidal -el mismo que defendió a los represores pampeanos en el juicio por la represión en la Subzona 14- y algunas de las víctimas de la represión en el ámbito bahiense son de origen pampeano.
 
De hecho, la polémica se suscitó cuando fue el turno de declarar de Celia Jinkis de Korsunsky, una pampeana que integra la Línea Fundado de Madres de Plaza de Mayo. La mujer es la madre de Eduardo Sergio Korsunsky, nacido en la localidad de Bernasconi y que al momento de ser secuestrado en San Nicolás el 4 de agosto de 1976, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
 
Cuando fue su turno para declarar, Celia Jinkis pidió hacerlo con su pañuelo blanco, símbolo de su pertenencia a Madres de Plaza de Mayo. Los defensores de los militares -con Vidal a la cabeza- se opusieron al pedido, pero el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca decidió darle la autorización. El tribunal dio su visto bueno por considerar que el pañuelo blanco cubriendo la cabeza "es un símbolo universal" de lucha y búsqueda de justicia.
La autorización ofuscó al defensor Vidal, quien exigió que los militares a los que representa sean autorizados a asistir a las próxima audiencias del juicio vistiendo el uniforme oficial del Ejército Argentino.
La situación originó un fuerte malestar entre el público que presenciaba las audiencias. Incluso se escuchó la voz de un hombre decir "que traigan la picana también". El tribunal no aceptó esa insolencia y ordenó que expulsaran al hombre del recinto del juicio.
Finalmente se repuso la calma y continuaron con las declaraciones de otros padres y madres de jóvenes detenidos y asesinados en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército.

Pampeano.
Eduardo Korsunsky nació en Bernasconi y a los 17 años se trasladó a Bahía Blanca para estudiar en la Universidad Nacional del Sur. Fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se había recluido en San Nicolás perseguido por la represión desatada en Bahía Blanca. En San Nicolás vivió en los años 1975 y 1976, trabajó y militó hasta su secuestro en agosto de 1976.
Desde entonces, Celia recorrió dependencias de las fuerzas de seguridad, además de hacer requerimientos judiciales, ante autoridades eclesiásticas y delegaciones diplomáticas, pidiendo por su hijo desaparecido.
En septiembre de 2008, Celia Jinkis de Korsunsky, se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de su hijo Eduardo Korsunksy en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
La mujer, que reside hoy en Bahía Blanca, contó con el patrocinio letrado de la abogada María Eva Asprella del Equipo Jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos del gremio de Suteba que la acompañó a hacer la presentación judicial en la causa 28.556/06.
 
Celia se presentó en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás con su pañuelo blanco en la cabeza y la foto de su hijo y su nuera, también desaparecida en 1978 en Capital Federal. En el juzgado tuvo una entrevista con el magistrado Carlos Villafuerte Ruzo. Estuvo acompañada por la abogada y sindicalistas de Suteba en ese primer paso judicial ya que el gremio la patrocinó porque junto a la CTA tiene como política tener una intervención activa en el tema de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Ex detenido en la "Escuelita" reclama justicia

Se trata de José Parnoy, quien estuvo en "La Escuelita"
 
   Un hombre que militó en la mesa directiva de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y estuvo detenido junto con su hijo en el centro clandestino de detención "La Escuelita" brindó hoy su testimonio, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante el último gobierno militar.

   Se trata de José Parnoy, quien fue detenido junto con su hijo Gustavo, que tenía 16 años.

   "El 22 de julio de 1976 me acosté a dormir y a las cuatro de la mañana sentimos un vidrio roto y enseguida me invadieron la casa -dijo Parnoy-. Luego tuve referencias por el sereno de una estación de servicio, que afuera había siete camiones con 32 soldados cada uno."

   Padre e hijo fueron trasladados al Batallón de Comunicaciones donde, dijo, tras una simulación para ser liberados fueron nuevamente detenidos y permanecieron en "La Escuelita".

   "Muchos años después me di cuenta de que quien subió al auto y me apuntó con una pistola en la cabeza era Corres", sostuvo, en referencia al principal interrogador del centro clandestino de detención, Julián "Laucha" Corres.

   Agregó que "el lugar de detención era malo. Comíamos con una mano atada y cuando entré quien me conducía me indicaba que esquivara cuerpos que no sé si estaban vivos o muertos".

   Parnoy pidió a los jueces "no como reivindicación personal ni como revancha, que se haga justicia"

jueves, 29 de septiembre de 2011

Represor defiende el accionar del terrorismo de Estado


Un discípulo de Lombroso

 Por Diego Martínez

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó.

Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada en la llamada Escuelita”. “Estaban bastante bien atendidos”, consideró. Dijo ignorar de qué se los acusaba, sólo supo que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Relató que le pidió al general Osvaldo Azpitarte que los retirara y que el traslado se cumplió el 24 de diciembre. También al asumir encontró “tres o cuatro policías” cuyas funciones desconocía. “Los despedí de inmediato. Luego consideré que parecía una falta de amabilidad e invité a un asado a los jefes de policía que había por ahí”, agregó.

Mansueto distinguió la actuación del general Adel Vilas, jefe de subzona en 1976, de la de su sucesor, Abel Catuzzi. El primero “sobrepasó ampliamente la autoridad del comandante”, dijo, sin entrar en detalles. “Catuzzi ordenó que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y reglamentos militares”, aseguró, pese a que bajo su mando hubo secuestros, ejecuciones y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

El militar, de 80 años, contó que tuvo a su cargo “la representatividad del Ejército en Bahía Blanca”. “Hice fiestas, reuniones y agasajos a los que concurrió la mayor parte de la sociedad bahiense, con gastos pagos por el Comando”, contó sin remordimientos. Sobre el secuestro de un grupo de estudiantes en diciembre de 1976, declaró que estuvo a cargo de “efectivos de la agrupación tropas”, que “estaba integrada no sólo por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, sino por civiles y oficiales venidos con Vilas desde Tucumán”. Vilas llevó a “personas que no integraban las Fuerzas Armadas” y que “luego quedaron”. No las identificó, pero aseguró que “buscaban fundamentalmente el botín de guerra”. Entre los “civiles comprometidos interesados por el botín de guerra” incluyó a “la CNU” (Concentración Nacional Universitaria) y al “personal que trajo el señor Remus Tetu cuando fue rector de la Universidad Nacional del Sur”.

“Reconozco que intenté entrar a La Escuelita porque sentía curiosidad por saber qué había adentro”, confesó. “Un guardia me lo prohibió con términos amables, porque no hubiera tolerado otros”, aclaró para resaltar su valentía. “Me dijo: ‘Mi teniente coronel, tiene prohibido el acceso, sólo se puede entrar con autorización del G3’”, en referencia a la jefatura a cargo del general Bayón, que lo escuchaba a sus espaldas.

Mansueto admitió que sus subordinados “salían a recorrer la ciudad armados”, pero que a diferencia de los soldados “que llevaban fotografías”, los suyos “tenían un libro de personas buscadas por si de casualidad encontraban alguna”. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba le preguntó por el asesinato de José Luis Escudero, fusilado en 1977 por no detenerse en un control de rutas, Mansueto dijo no recordar el caso.

Un día recibió a un conscripto que “tenía un familiar montonero”, contó. “Lo llamé, vi su aspecto, gordito, blanquito y muy joven, pensé ‘éste no es terrorista pero puede estar vinculado’ y le dije ‘si una piedra golpea el batallón en la calle puedo llegar a vincularlo con eso’. Luego no pasó nada y el soldado pasó un año feliz.”

–Usted dice que por el aspecto distinguía si eran o no terroristas. ¿Cómo eran los terroristas? –le preguntó el fiscal.

–Pienso que normalmente feos.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Disponen el procesamiento contra integrantes de la Prefectura Naval y de la Armada

Un juez federal de Bahía Blanca dispuso el procesamiento contra integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Armada en el marco de delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos en Puerto Belgrano y en la Prefectura Naval.

Fuentes judiciales informaron que "el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni dispuso el procesamiento de Luis Angel Bustos, Pedro Alberto Pila y Néstor Alberto Nougués, agentes retirados de la Prefectura Naval Argentina, y de Luis Alberto Pons, oficial retirado de la Armada Argentina".

"En la misma resolución el juez dispuso ampliar los procesamientos de Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Manuel Jacinto García, Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydy", agregaron.

Los hechos están referidos a la actividad represiva desarrollada con víctimas que fueron alojadas en centros clandestinos de la Prefectura Naval Argentina, Base Naval Puerto Belgrano y Base de Infantería de Marina Baterías.

Desde la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos se indicó que en la misma resolución se incluyeron los que tuvieron como víctimas a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia.

Los dos trabajadores fueron secuestrados al atardecer del 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.

Los crímenes de los dos trabajadores gráficos forman parte de la causa 04/07 que investiga los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina durante la dictadura militar.

Según se indicó "en dichos casos han sido procesados en la resolución cinco imputados de la Armada Argentina y Prefectura Naval".

"Las calificaciones aplicadas fueron las de privación ilegal de la libertad agravada, tormento agravado y homicidio agravado, en función a las imputaciones formuladas desde la Unidad Fiscal interviniente a cargo de Abel Darío Córdoba", agregaron las fuentes.