domingo, 28 de octubre de 2012

El ex jefe de los grupos de tareas navales en Bahía Blanca tiene dos hijos desaparecidos


 Los principios sagrados
A fines de 1976, el capitán Oscar Alfredo Castro arengaba a colimbas a participar de la “nueva gesta libertadora” mientras sus hijos llevaban seis meses de cautiverio en Campo de Mayo. “Hicimos un pacto” de no pedir explicaciones a otras fuerzas, se justificaba entonces. “¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”, propone ahora desde su arresto hogareño.

Por Diego Martínez
El capitán habla de guerra. “Claro que hubo una guerra.” El capitán condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”, lo elogió el vicealmirante Luis María Mendía a fines de 1976, mientras los hijos del capitán estaban secuestrados en Campo de Mayo. Esa tarde, en la base de Puerto Belgrano, caracterizó al enemigo: “Grupos siniestros, renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos”. Antes de tomarles juramento a 3500 conscriptos dijo que “la Providencia” los había elegido para la “nueva gesta libertadora”, que debían defender un estilo de vida “a cualquier costo y por todos los medios” y dejó constancia de su “amor a la libertad dentro del marco de la familia”. Sus hijos llevaban medio año con capucha y grilletes. “¿Qué estaban haciendo?,” apuntó a las víctimas cuando supo del segundo secuestro. “No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto”, se justificó. Treinta y seis años después, detrás del muro que construyó antes de ser arrestado en su casa de Gonnet y a meses de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el capitán reniega de la actual “dictadura” aunque admite estar “feliz y contento”. En su living hay cuadros de Jesús crucificado y de la virgen María, pero nada recuerda a sus hijos desaparecidos. “Ya pasó, terminemos –propone–. ¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”

El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa de Ciudad Jardín. Alfredo, de 21 años, estudiaba derecho en la UBA y había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis, de 18, estudiaba en la Escuela Técnica 12 de San Martín, militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal superior de las Fuerzas Armadas.

Soldados con pelucas puestas se llevaron primero a Luis. Alfredo alertó al tío materno, el coronel Ezequiel Montero, quien sugirió que se trataba de “un tema de polleras”. La patota volvió y se llevó a un amigo de Luis que vivía en la casa. El tío prometió estar a las ocho. “Te cuelgo que vuelven”, dijo Alfredo antes de que lo cargaran en un Fairlane colorado. Esa noche también fueron secuestrados Fernando Barro y los hermanos Andrés y Daniel Barciocco con sus padres. Los Barciocco eran compañeros de Luis en el grupo scout de la parroquia San Francisco de Asís de Villa Bosch, que entre 1976 y 1977 sumó 18 desaparecidos.

La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército. Quelito la acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena.

Con el capitán al frente de la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. El primer dato que obtuvo el capitán retirado Miguel Horacio Castro, en ese entonces empleado de seguridad del diario Clarín, lo aportó el amigo de Luis, liberado a los 22 días: habló de un galpón, una pista de aterrizaje, helicópteros, un campo y una fábrica de ladrillos. El marino concluyó que estaban en Campo de Mayo (allí estuvieron los Barciocco según el ex sargento Víctor Ibáñez) y por el número de secuestrado pudo saber que sus sobrinos habían sido registrados con el anterior y el posterior.

La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la parroquia, donde hoy se los recuerda desde un mural. Castro buscó a Bertone en su casa de Villa Bosch. “Casi tiran la puerta abajo”, recuerda la viuda del ex sacerdote, que dejó los hábitos para casarse. “Mis hijos desaparecieron por tu culpa y lo vas a pagar caro”, gritó el capitán. “Estaba con dos o tres hombres, pensé que nos llevaban”, confiesa la mujer. “Tenía un odio terrible con Mario, que lo conocía de la pastoral de familia de Palomar –explica–. Después nos rajamos, sabemos que nos estuvieron buscando.”

En noviembre alguien llamó a la casa de los hermanos y dijo que no podía identificarse. La madre exigió que le hablaran de frente, el diálogo terminó a los gritos y siguió días después:

–Necesito saber cómo va a encauzarlos –la indagó el secuestrador–. Queremos dárselos al padre y (los hermanos) no quieren. Queremos dárselos a su hermano (el coronel) y no quieren. No quieren salir de aquí si no es con usted.

–Son muy buenos hijos. Buena o mala son mi obra –se enorgulleció la mujer–. He sido padre y madre así que pienso seguir siéndolo. Si pretenden más... imposible.

Mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están nuevamente en peligro”. “Renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos pretenden destruirlos y reemplazar aquellos principios sagrados que dieran razón de ser a nuestra comunidad por bastardos argumentos, ajenos al sentimiento nacional”, dijo, rodeado por la plana mayor de la Armada y por el general Adel Vilas.

“Deben estar listos a reafirmar con su sacrificio la voluntad nacional de mantener a cualquier costo aquellos principios que desde siempre informaron a la República”, leyó. “La Providencia los ha elegido” para “apuntalar los conceptos primigenios de la argentinidad: nuestra profunda fe en Dios, vocación de soberanía e independencia, acatamiento al orden jurídico del Estado, amor a la libertad dentro del marco de la familia y de los límites que nos fija el bien común de la sociedad, y nuestra irrevocable decisión de impedir a cualquier costo y por todos los medios que nadie nos imponga otro estilo de vida”.

Cuando “pronunciéis el sí juro quedáis (sic) formalmente enrolados en esta nueva gesta libertadora a la que todos los argentinos de bien ya se han incorporado espiritualmente”, lo citó el diario La Nueva Provincia. El capitán no sólo se había incorporado espiritualmente. El mismo día, en su legajo, Mendía apuntó que Castro “conduce eficazmente el planeamiento, la organización y ejecución de las acciones a desarrollar por su Fuerza de Tareas, empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”. Lo conocía de destinos anteriores, pero lo calificaba “exclusivamente” como “comandante en acción de combate”, aclaró.

Liberación

A 700 kilómetros, la madre de sus hijos golpeaba puertas. El 21 de diciembre, la voz sin nombre le informó que los liberaría. Los largaron el 23. “Tenían la barba larga, sucios, un olor acre. Estaban con la misma ropa. Luis flaco, Alfredo gordo, había pasado meses en una celda donde apenas entraba acostado y sólo comía pan. Se había tenido que romper los pantalones, le habían engordado las piernas”, recuerda su novia Marita, que prefiere ser citada sólo como la llamaba la familia. Del cautiverio dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue aislado en una celda.

Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor, Danielito. La mujer había visto cómo Luis llevaba y traía de la guardería al niño abandonado por su padre a los cuatro meses, y que a los dos años moriría ahogado en la pileta de la casa.

Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. “Tenés que convencerlo”, le pidió a la novia de Alfredo. “Pensar que he visto morir compañeros y vengo de Puerto Belgrano”, murmuraba indignado por el destino de esos pibes que a fin de cuentas eran sus hijos. Salir de la Argentina no figuraba entre las alternativas que barajaban Alfredo y Luis. Ambos se sabían controlados, incluso en la Nochebuena posterior a la liberación, una pareja en un Falcon se instaló frente a su casa toda la noche, a la espera de algún contacto que nunca llegó.

En el verano de 1977, mientras el capitán asumía como subdirector de la Escuela de Guerra Naval, a metros de la ESMA, Luis empezó a repartir cosméticos con el Citroën de su madre y consiguió autorización para hacer sexto año libre. Alfredo pudo volver a caminar despacio, consiguió trabajo, retomó Derecho, compró colchón y heladera para casarse, aunque insistía en que no podía alejarse de su madre. Pero el 30 de junio de 1977 le dio la razón a Marita: no podían vivir aterrados, iban a casarse y a radicarse en el interior. Esa misma noche se lo llevaron para siempre junto a su hermano.

Segundo secuestro

El hombre alto, de tez blanca y ojos claros que llevaba la batuta no hizo preguntas. Apenas ordenó revisar la biblioteca y el Citroën.

–¿Qué es esto? –indagó al ver balas en una repisa.

–De mi ex marido, capitán de navío.

El militar no se inmutó ante un dato que conocía y ordenó a los hermanos que se vistieran. “Vamos a hacer un memo a la comisaría de Caseros”, mintió. Alfredo y Luis se despidieron de su madre con un beso. Caminaron 50 metros y los cargaron en una camioneta.

Descartada la ayuda del hermano coronel, la madre, que ese año marcharía en Plaza de Mayo, fue en busca de la voz sin nombre que interrogaba a Luis.

–¿Cómo no me vino a ver antes? –preguntó Verplaetsen, que vivía a 150 metros.

–En la escuela no me enseñaron qué hacer cuando nos secuestran un hijo –-le explicó.

El jefe de Inteligencia de Campo de Mayo le dijo que desconocía los operativos de la noche anterior, sugirió que “gente de Palomar” (léase base de la Fuerza Aérea) había “entrado sin autorización” a su jurisdicción y le recomendó volver días después. Cuando Esther fue al Colegio Militar, le dijeron que “seguro fueron los terroristas”.

–Mire, señor, las manos de los que vinieron a buscar a mis hijos son las mismas manos del que vivió conmigo doce años. Esas manos no las tienen los terroristas, las tienen los que están en un escritorio con tintorería y peluquería al lado –describió a Castro.

Al día siguiente Verplaetsen le pidió que no volviera. Le dijo que sus hijos estaban “metidos en problemas” y que debería esperarlos “muchos años”.

Cuando supo del segundo secuestro, el capitán puso la lupa sobre sus hijos: “¿Qué estaban haciendo?”, preguntó. “Si no los tiene la Marina, no puedo hacer nada –le explicó a Marita–. No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto y tenemos que cumplirlo.”

–¿Para qué pueden tener tanto tiempo a la gente detenida? ¿Les lavarán el cerebro? –le preguntó la novia de Alfredo.

–No, eso sale muy caro –le explicó el capitán.

ENTREVISTA AL CAPITAN OSCAR CASTRO
“Tengo que suponer que no están vivos”
El marino asegura que a sus hijos “los trataron muy bien” y lamenta que “no supieron escuchar”. “Nunca pude llegar a ninguna conclusión” sobre las desapariciones. Y dice que es un “preso de esta dictadura”.







  Por Diego Martínez
Oscar Alfredo Castro cumple arresto domiciliario desde 2009. Vive a cuatro cuadras del Batallón de Comunicaciones de City Bell, en una casa de dos pisos, detrás de un paredón de dos metros de alto con carteles de una empresa de seguridad que lo protege.

–Castro no está –responde una mujer por el portero.

–Está arrestado.

–No está disponible.

–Dígale que quiero hablar de la dictadura.

A los dos minutos un hombre pálido se asoma por sobre el muro.

–¿Qué busca?

–Quiero hablar de Puerto Belgrano y de su historia.

Castro abre la puerta, no da la mano. Una hija del segundo matrimonio mira un segundo y desaparece. La casa tiene un jardín, el pasto cortado, olor a tierra mojada, voces de pájaros. El capitán invita a pasar a un living oscuro. En las paredes hay cuadros de la virgen María. Sobre el hogar, una bayoneta y un sable cruzado. La advertencia de haber leído procesamiento y descargo no surte efecto. Castro se larga a hablar con el único fin de defenderse. Eduardo Massera iba a Puerto Belgrano por las noches y se reunía en un buque con grupos al margen de la estructura formal de la Armada, dice. La Fuerza de Apoyo Anfibio y la Fuerza de Tareas 2 a su cargo no entraron en operaciones, pretende. La interpretación está refutada en su procesamiento, pero Castro insiste.

–En 1975 Massera decía que la Armada estaba en guerra de modo más silencioso que el Ejército. Los Massot los elogiaban desde La Nueva Provincia. ¿En qué consistía la guerra ese año?

Castro evade la pregunta y se detiene en el diario bahiense.

–¿Conoció a esa mujer? –pregunta, en referencia a Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia hasta su muerte–. Esa mujer venía a Puerto Belgrano a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo. En una de las últimas alocuciones de Isabel Perón puso en su canal un cartel para decir que no entrarían en cadena nacional.

–¿Usted hablaba con ella?

–No, hablaba directo con Mendía. Usaba palabras fuertes... “falta de hombría”.

–“Cagones”. Lo mismo le decía su hijo Federico Massot a Scilingo, “son cagones porque no se animan a fusilar”. Lo dice hoy también Vicente Massot, que se cansó “de defender cagones”.

Castro asiente. Ante la mención de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados del diario bahiense, dice no tener idea. Pregunta si eran periodistas, escucha el relato de los secuestros, la aparición de los cadáveres, la noticia en veinte líneas y el detalle de que a Loyola lo esperaron siete horas en la casa.

–Lo lógico es que hubiera sido el Ejército –sugiere. El método no le genera dudas.

Castro vuelve una y otra vez al rol de víctima:

–Arman un rompecabezas y dicen “si estuvo acá es autor mediato”, no buscan a los verdaderos culpables.

–¿Quiénes serían?

–No lo sé. El Servicio de Inteligencia Naval. Seguro colaboraron voluntarios, civiles, como en la ESMA.

De pronto cambia de rol:

–Salvé gente. Después del Operativo Dorrego dos sobrinos de monseñor Plaza fueron presos. Conseguí demostrar que eran izquierdistas pero no activistas.

–¿Ante quién?

–Ante Inteligencia de Ejército.

Castro dice haber “salvado” a un pariente detenido por “un atentado al Sheraton”. “Ahí empieza mi calvario. Se me relacionó con la posición contraria.” Para explicar “el clima de la época” cuenta que dos marinos amigos fueron asesinados.

–Se juzga de un solo lado –reniega.

–¿A quién quiere juzgar? Juzgaron a miles, los desaparecieron, usted lo sabe mejor que nadie.

El capitán no acusa recibo.

–Fracassi (comandante de Infantería de Marina) declaró que el centro de detención de Baterías dependía de la Fuerza de Tareas 2, a su cargo.

–Me acusa para sacarse el poncho de encima.

–Usted elogió a los capitanes Fermín Areta y Ricardo Araujo por su eficacia en la “lucha contra la subversión”.

–Fue para hacerles un favor... Igual hizo Mendía conmigo.

–Acosta o Astiz tratan de justificar sus crímenes hablando de guerra, usted ni siquiera...

–Claro que hubo una guerra (levanta la voz). Recibimos la orden de combatir a la subversión, pero no me tocó participar, no cometí delitos, no di órdenes ilegales. El infante o el aviador no tienen capacitación para ir a buscar a gente encubierta.

–Los vuelos están probados, los aviadores participaron.

–El 99 por ciento no sabíamos.

–Scilingo dijo que por los vuelos rotaron hasta invitados especiales.

–Bueno, el 90 por ciento no sabíamos –concede.

Y entonces vuelve a la versión de Massera actuando a escondidas:

–Massera seleccionó a quienes tenían alma de torturadores.

–En uno de los vuelos de Scilingo iba un cabo de Prefectura que se descompuso cuando se dio cuenta de que iban a tirar personas al mar. No estaba seleccionado.

–En ese nivel puede ser, en el mío no.

–Llama la atención que no mencione a sus hijos.

Castro mira en silencio.

–Alfredo y Luis.

Deja pasar unos segundos.

–No quise usar eso en mi defensa.

–¿Hizo algo por sus hijos?

–Hice todo lo posible, con mi hermano. Hice una búsqueda grande en la zona, hablé con autoridades, empezando por Fracassi y Mendía. Me contactaron con quien manejaba el tema acá (luego dirá Oscar Montes, comandante de la F.T.3), que me contactó con Ejército y Fuerza Aérea. En todos lados encontré una pared. Buscamos en los niveles más bajos, nos metimos en cuarteles, ahí quedó.

Castro menciona tres caídas. La primera es la detención de Luis en 1975. De la segunda “conseguí que los liberaran”, dice.

–¿Cómo lo consiguió?

–Yo garantizaba... (arranca y se frena). Estuvieron dos o tres meses (minimiza siete meses de cautiverio) y los devolvieron. Alguna influencia debo haber tenido.

–¿Dónde estuvieron secuestrados?

–Nunca pudimos saberlo. Pudo haber sido la policía, no tuve ninguna información.

–¿No le contaron después de liberados? ¿De qué hablaron?

–Traté de convencerlos de que se dejaran de jorobar. Ellos decían que sólo participaban en actos. Si estaban fichados, lo mejor era que se fueran.

–¿Cómo estaban físicamente?

–Bien, los trataron muy bien, no tenían ninguna marca.

–¿Dónde los vio la última vez?

–No recuerdo, nos veíamos en muchos lados. Venían a visitarme a la Escuela de Guerra Naval hasta que de golpe volvieron a buscarlos. Hicimos gestiones, pero nunca más aparecieron. No supieron escuchar. Pienso que estaban convencidos de que no habían cometido delitos.

–¿Ese era el criterio para desaparecer? ¿Haber cometido delitos?

Castro no responde.

–¿Así que estaban bien?

–Muy bien, me llamó la atención, suponía que podían haberlos apretado. Estaban muy muy bien, les habían dado de comer. No podían detectar dónde habían estado, pero sé que los interrogaban muchas horas al día.

–¿Sobre qué?

–Sobre el grupo al que pertenecían.

–¿Qué grupo?

–Supongo que a Montoneros, al menos el acto por el que los detuvieron en 1975 estaba vinculado a Montoneros.

–La mayoría de los pibes secuestrados en esos días habían pasado por el grupo scout de Villa Bosch, del cura Mario Bertone.

–Ni idea. Me fui de Palomar antes de 1970, no conocí a ese Bertone.

–¿No fue a ver Bertone a la casa después del primer secuestro?

–No (niega sin convicción, nervioso de que le recuerden el dato). Nunca pude llegar a ninguna conclusión (dice sobre la desaparición de sus hijos, a quienes no llama “mis hijos” ni menciona por sus nombres). Por su formación no creo que fueran capaces de cometer delitos, pero yo no los estaba cuidando en ese momento.

–¿Le confirmaron que los mataron?

–No sé si los mataron. Es lógico (que no le hayan avisado), para evitar la venganza. Tengo que suponer que no están vivos, pero he asumido el tema y no lo voy a usar en mi defensa.

–¿Habló con Verplaetsen?

–Para nada. Lo conocí hace pocos años, somos de la misma promoción, pero no hablamos del tema. Tal vez habló alguien de mi familia, no yo. Ni con mis compañeros de promoción lo hablé. Nos respetamos a fondo.

–¿Qué tiene que ver no hablar de los hijos desaparecidos con respetarse?

–Me duele que se toque el tema. La Argentina se está derrumbando. Yo estoy feliz y contento, pero sufro por mis hijos y nietos.

El cronista se pone de pie y Castro vuelve a sus viejos buenos tiempos en Punta Alta:

–Fue como vivir en un country, los mellizos nacieron en noviembre de 1975, saque cuentas. Puerto Belgrano fue un paraíso –explica y recuerda que tres veces por semana, mientras sus hijos estaban desaparecidos, cenaba con su nueva esposa en una parrilla de Ingeniero White.

En el hall de entrada hay una pintura de Jesucristo crucificado. Al lado de la puerta, fotos de Castro con Juan Pablo II.

Señala una foto de su última mujer: “Ella murió por todo lo que nos están haciendo, los tres años como preso de esta dictadura”.

–Dictadura fue la que mató a sus hijos. ¿Tiene fotos de Alfredo y Luis?

La observación le molesta, murmura palabras incomprensibles.

–Ya pasó, terminemos. ¿Por qué no dejamos a los muertos tranquilos?

domingo, 14 de octubre de 2012

Segundo proceso por "la escuelita" de bahía blanca


Juzgarán a los guardias del centro clandestino
Fueron detenidos en Junín de los Andes en el 2010.
Se ventilará un centenar de denuncias.

BAHÍA BLANCA (ACE).- El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo en esta ciudad, entró en la etapa de presentación de pruebas. Se ventilarán un centenar de denuncias que fueron escuchadas en el primer proceso oral –muchas de ellas de Viedma y de Neuquén–, pero ahora entre sus acusados se cuenta a quienes en 1976 fueran guardias de "La Escuelita" de Bahía Blanca.

"Es un juzgamiento relevante; los que eran guardias de la Escuelita son oficiales de alto rango con injerencia directa en los hechos, han tenido responsabilidad en la determinación directa y concreta de cada una de las víctimas" que pasaron por el centro clandestino bahiense en 1976 y 1977, dijo el fiscal Abel Córdoba, a cargo de la investigación y acusación.

Los máximos responsables por el funcionamiento del centro clandestino del V Cuerpo, volverán a juicio, en su caso por los secuestros de las universitarias neuquinas en junio de 1976. Deberá comparecer también el comisario rionegrino Vicente Floridia, por los casos de Eduardo "Bachi" Chironi y Jorge Abel (ver aparte). En este segundo tramo fueron elevados a juicio Arsenio Lavallén –que actualmente vive en Plottier– con apodo de "El Zorzal" y de Junín de los Andes Raúl Artemio Domínguez, alias "El Abuelo"; Desiderio Andrés González alias "Perro Vago"; José María Martínez y Gabriel Cañicul. Los cinco están acusados como "autores directos" de "aplicar severidades y vejaciones" a los secuestrados durante la custodia en el centro clandestino, dijo el fiscal.

En su mayoría tenían un promedio de 30 años en 1976 y eran suboficiales del cuerpo de Baquianos, dependiente del Comando de la Sexta Brigada, que viajaban desde Junín de los Andes "en comisión" a Bahía para el accionar en el centro clandestino.

Los guardias de "La Escuelita" fueron detenidos en el 2010 por personal aeroportuario y llegan al juicio excarcelados.

La acusación es de coautores o partícipes necesarios de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados y en los casos de quienes permanecen desaparecidos o aparecieron en las calles de Bahía acribillados bajo la modalidad de "falsos enfrentamientos" fueron acusados de homicidio. "Ellos fueron quienes convivieron con las víctimas, esto le da al juicio oral otro cariz: pueden reconocer a quienes estaban en el centro clandestino torturando, con lo cual tiene otra dimensión que va a ser relevante", dijo el fiscal.

Sostuvo que los acusados "tienen mucha información que los coloca en otra situación, hay cierta expectativa de que puedan aportar el dato de circunstancias que no dominaron, pero sí conocieron.

lunes, 17 de septiembre de 2012

El turno de investigar la complicidad periodística

La relación del diario LA NUEVA PROVINCIA con la dictadura militar.
El fallo que el miércoles pasado ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí, un informe sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares.

 Por Diego Martínez

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la Justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado. A partir de los comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”, que hasta su muerte en 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. El empresario también está en la mira de la Justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”. Por los crímenes de ambos obreros gráficos ya hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme.
Violencia ordenadora

El rol del diario en los’70 es más conocido. Ante “la cruda realidad electoral del país” (LNP 18.3.73) que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”, pidieron a gritos (LNP 2.5.73). El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir “el sórdido contexto local del terrorismo de Estado”. El 24 de marzo de 1976, con el título “Llegó el momento”, La Nueva Provincia pidió “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”. “A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora”, propusieron.

La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP 17.5.75).

La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo. “Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.

Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76). La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP 11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).

Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo. “Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76). La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980). “¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
“Destino inevitable: la muerte”

Haber advertido a tiempo el costo de fusilar por la espalda y hacer desaparecer a miles de personas no les resultó contradictorio con la difusión militante de los comunicados que el V Cuerpo elaboraba para sembrar terror y disfrazar de tiroteos las ejecuciones de militantes destruidos en las mesas de tortura.

La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo. En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.

En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos, La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente. Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”. La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.

En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército. Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”. Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula. “Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron. “Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado.

Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad. En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76). Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77). Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Diecisiete represores, catorce a perpetua, por crímenes de lesa humanidad

Con un reclamo contra la complicidad mediática

El tribunal ordenó que se enviara a los condenados a una cárcel común y que se investigara a los directivos del diario La Nueva Provincia. El juicio lo llevaron adelante jueces subrogantes porque los locales no garantizaban independencia.

 Por Diego Martínez

Bahía Blanca empezó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.

“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976. “Fue un gesto de enorme valentía”, destacó el ex fiscal general Hugo Cañón, que impulsó la causa cuando Bahía era tierra arrasada. “Fue una condena ejemplar, parecía una utopía”, celebró.

La jornada comenzó con las últimas palabras de Jorge Granada, el militar que en 2003 ayudó a escaparse a su amigo Luis Patti. “Soy víctima de un Poder Judicial sesgado”, dijo. “No tengo motivo para decir que los jueces son arbitrarios –se desdijo en segundos–, pues no tuvieron inconvenientes en desprocesarme” (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601). “Para derrotar la subversión soy consciente de que se ha lastimado a familias, pero hoy se sigue haciendo lo mismo amparados en leyes”, se permitió comparar.

La fiesta arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A. Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.

La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.

Ferro, que comparte tribunal con José Triputti y Martín Bava, arrancó con la lectura de las desestimaciones. La primera perpetua fue para el general Juan Manuel Bayón. La sala aplaudió varios segundos, igual que con las trece perpetuas que siguieron. Los imputados escucharon las condenas sin inmutarse, con tres excepciones: Carlos Ta-ffarel se rascó la bocha, Jorge Masson negó con la cabeza y Vicente Forchetti masticó chicle y miró la hora cuando la enumeración de delitos parecía interminable.

Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.

El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.

El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero ni el ex juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a dar ese paso.

“¿Dónde está mi hermano?”, les gritó Adriana Metz a los condenados cuando concluyó la lectura de la sentencia. Mario Méndez, “El loco de la Guerra” en el recuerdo de los colimbas, reaccionó y se trenzó a gritos con Nora Cortiñas. Cañón y Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, se abrazaban y lloraban.

“Son asombrosos, independientemente de la magnitud de las condenas, los efectos civiles y políticos de algunos puntos de la sentencia, como la orden de dar de baja a los condenados. Me sorprendió gratamente la orden de investigar a La Nueva Provincia”, destacó Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Empezamos a caminar”, se esperanzó Celia Korsunsky, con su pañuelo blanco sobre la cabeza, y cerró con una pregunta: “¿Se animarán con La Nueva Provincia?”.Los condenados

Juan Manuel Bayón, 85 años, general, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976 que conducían Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas. Condendo a prisión perpetua.

Osvaldo Bernardino Páez, 81 años, teniente coronel. Identificado como el interrogador que oficiaba de “bueno” durante las torturas en La Escuelita. Perpetua.

Hugo Jorge Delmé, 76 años, coronel. Encargado de negarles información a los familiares que iban a reclamar por los desaparecidos. Perpetua.

Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 80 años, coronel. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varios después de sus cautiverios en La Escuelita. Perpetua.

Walter Bartolomé Tejada, 82 años, coronel. Integró el Departamento II Inteligencia. Perpetua.

Hugo Carlos Fantoni, 83 años, coronel, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V. Perpetua.

Norberto Eduardo Condal, 68 años, coronel, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia. Perpetua.

Carlos Alberto Taffarel, 65 años, coronel. Jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Perpetua.

Jorge Horacio Granada, 66 años, teniente coronel. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y ayudó a escaparse a Luis Patti en 2003. Perpetua.

Jorge Aníbal Masson, 59 años, teniente coronel. Integró el “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Perpetua.

Mario Carlos Méndez, 59 años, teniente coronel. Integró los grupos de tareas y fue condecorado por “heroico valor en combate” en la masacre de dos militantes encerrados en su departamento. Perpetua.

Vicente Antonio Forchetti, 83 años, comisario de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma, intervino personalmente en varios secuestros. Perpetua.

Héctor Arturo Goncálvez, 70 años, sargento de la PF. Perpetua.

Héctor Jorge Abelleira, 72 años, comisario de la PF. Perpetua.

Carlos Alberto Contreras, 65 años, sargento de la PF. 18 años de prisión.

Andrés Reynaldo Miraglia, 70 años, oficial del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta. 17 años y seis meses de prisión.

Héctor Luis Selaya, 71 años, abogado y oficial retirado del SPF, jefe de Villa Floresta en 1977. 17 años y seis meses de prisión.

 Los jueces federales Jorge Ferro, Martín Bava de Azul, José Mario Triputti y Oscar Alberto Hergott incluyeron otras disposiciones en la sentencia leída ayer.

Dejaron expresa mención por unanimidad que los delitos investigados "resultan ser crímenes de lesa humanidad" y por mayoría -Ferro y Bava- que "los mismos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar".

Además revocaron excarcelaciones que habían sido otorgadas oportunamente así como una detención domiciliaria que había sido dispuesta.

El auditorio estalló cuando el presidente del Tribunal leyó que se ordenó también que el cumplimiento de la pena sea en cárceles comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal o en caso de no existir esa posibilidad en prisiones provinciales que correspondan al domicilio del condenado.

domingo, 19 de agosto de 2012

Sacaron a la luz las huellas del horror

Excavaron bajo el sitio donde estuvo centro clandestino.  El trabajo fue encabezado por Gonzalo Conte.

VIEDMA (AV).- Un enorme árbol –en el que fueron estaqueados algunos detenidos– es el único testigo en silencio que quedó en pie. A su alrededor sólo los cimientos a ras del suelo de lo que fue "La Escuelita" en el predio del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Éste fue el Centro Clandestino de Detención 37 durante la última dictadura, que es señalizado luego de un trabajo de hormiga que llevó años.

El arquitecto Gonzalo Conte es coordinador del programa Topografía de la Memoria y trabajó como perito en este centro que padecieron varios rionegrinos, algunos de ellos ya fallecidos.

Conte explicó que en estos lugares demolidos se buscan pruebas para restablecer la verdad sobre ellos, así como las características de su funcionamiento. En este caso se trabajó mucho con testimonios, la Fiscalía en el marco del juicio que está por terminar y "acompañando el proceso de investigación desde lo fáctico".

Explicó que en "La Escuelita" se realizó una excavación de 10 centímetros de donde fueron recatadas unas 13.000 piezas que "dan cuenta del funcionamiento de un centro clandestino. Por las prácticas, los reconocimientos, los testigos y porque con la excavaciones han coincidido con los testimonios, los dibujos de los sobrevivientes y los planos catastrales de una edificación que se levantó en 1944".

Entre las 13.000 partes de lo que fue el edificio como pisos, trozos de ventanas, puertas, pozos ciegos, aljibes, cercos perimetrales fueron encontradas también jeringas, ampollas, material médico a sólo 10 centímetros de profundidad y en algunos pozos circundantes a lo que fue el patio del lugar. También fue señalizado otro pozo tipo cisterna "donde se les hacía el submarino", dos habitaciones con pisos de madera en las que se distribuían entre 10 y 12 catres para ubicar a los detenidos, una especie de salita de guardia, dos sectores de torturas que aún conservan un rectángulo de piso de cemento, una cocina, un baño que también era utilizado para tomar datos y donde se encapuchaba a los que ingresaban. Detrás del gran árbol a cuatro o cinco pasos se encuentra la cisterna. Allí fue hallado un basurero con material médico, jeringas y ampollas, detalló Conte caminando entre las señalizaciones del predio.

"Además los sobrevivientes reconocieron el lugar como sus propios sectores de cautiverio, reconstruyeron su historia ahí adentro y dieron un testimonio fundamental y necesario para este camino de verdad y justicia", puntualizó Conte. Y agregó que la pericia tiene una segunda etapa que comenzará con la construcción de un tinglado que proteja la excavación y un cerco perimetral que defina el perímetro de esas tres hectáreas en las que no sólo se levantó "La Escuelita" sino también otras estructuras.

En esta segunda etapa la excavación llegará hasta los 50 centímetros de profundidad, lo que ofrecerá mayores indicios sobre el funcionamiento y "también construir un sitio de memoria que es un poco el sentido que tiene esta investigación". Consultado sobre la posibilidad de hallar restos humanos, el perito de Memoria Abierta consideró que "siempre es posible que se encuentren cuerpos sepultados. No descartamos ninguna opción pero el trabajo será arduo".

En noviembre comenzará esa construcción y a partir de marzo 2013 las nuevas excavaciones. "Es difícil prever que tipo de hallazgos se encontrarán pero creo que reforzarán esta definición que éste fue un centro clandestino de detención y tortura. Conte valoró el aporte de la Universidad Nacional del Sur en estos trabajos, teniendo en cuenta que durante la dictadura "supo ser complaciente".

jueves, 16 de agosto de 2012

Alegatos de los represores : Endeble y previsible

Publicado el 15/08/2012 por efemedelacalle   

Así definió el fiscal Abel Córdoba lo escuchado hasta la noche del martes en los alegatos de las defensas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La semana pasada comenzaron los dres. Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio, ayer fue el turno del teniente coronel Mauricio Gutiérrez y esta mañana expusieron Luis De Mira y Walter Tejada (h).

En el medio, se realizó una audiencia ante el juez federal Santiago Martínez donde San Emeterio intentó fundamentar una recusación contra el fiscal por “faltas de cortesía”, parcialidad y por la difundir sus actos judiciales.

“Vienen siendo previsibles, pidiendo las absoluciones y sin poder referirse más que a aspectos laterales de los testimonios. Los hechos no los están discutiendo. Partimos de la base que estos hechos ocurrieron tal como dicen las víctimas y la responsabilidad la intentan deslindar en los acusados muertos”, explicó Córdoba.

La estrategia de culpar a los muertos se vio claramente en el caso del torturador Julián “Laucha” Corres que era uno de los imputados del juicio y “a partir de su muerte empieza a integrar la lista de los culpables en el discurso de los defensores”.

“Lo mismo ocurrió con (Santiago) Cruciani. Hoy alegó Gutiérrez que fue su defensor y bregaba por su inocencia. A partir de que murió, agarró otras defensas y empezó a manifestar que el culpable de todo fue Cruciani. Sigue esa línea que no está probada y hasta ahora nos tiene tranquilos en el sentido de que no hay ninguna objeción notoria ni siquiera que amerite respuesta. Previsible, muy endeble la defensa, pero es parte del ejercicio que están haciendo”, agregó Córdoba.

La única excepción entre los muertos señalados como responsables de los crímenes imputados a los hombres del Destacamento de Inteligencia 181 representados por Gutiérrez -Granada, Condal y Taffarel- es el coronel Aldo Mario Álvarez: “Es el único que estaría vivo y ellos culpan, pero se trata de un alto oficial que no tiene atenuantes su responsabilidad”.

Para el fiscal la actitud de los defensores confirma “el pacto de silencio” acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y “lo hacen no solo a 35 años de los hechos sino después de escuchar a centenares de testigos”.

Según la estimación del titular del Ministerio Público este jueves o el martes próximo terminarían los alegatos y comenzarían a descontarse los diez días que tendrá el tribunal para resolver sobre el futuro de los 17 genocidas acusados. Si bien se contempla la posibilidad de réplicas de las partes luego de la ronda de alegatos, al menos desde la Fiscalía no se haría uso de dicha opción.

Todos contra el fiscal

Los abogados defensores Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio hicieron su aporte a la batería de recusaciones contra el dr. Abel Córdoba y pidieron su apartamiento de la causa que investiga los crímenes del Ejército Argentino, la nulidad de la misma y la liberación de los reos.

Ayer a mediodía se realizó una audiencia en el juzgado que subroga el dr. Santiago Martínez donde San Emeterio no sostuvo la mayoría de sus consideraciones sino que se basó “en faltas de cortesía de parte de la Fiscalía como, por ejemplo, falta de saludo o la imposibilidad -dada la confrontación judicial que hay- de tomar café juntos. Todas cuestiones que admití como ciertas -dijo Córdoba- pero que no hacen a la causal por la cual se recusa o se buscan semejantes efectos en la causa”.

También se discutió sobre la necesidad del fiscal de mantenerse imparcial o no: “El planteo de ellos es que el fiscal tiene que ser imparcial y objetivo y el planteo nuestro es que el fiscal es parte del proceso y que asegura las garantías del acusado, que están a cargo del defensor, persiguiendo la sanción de estos crímenes e imputando”.

Los defensores plantearon que la conducta de Córdoba es “vengativa” porque apeló detenciones domiciliarias, punto que ratificó como “una postura profesional e institucional” que, por otra parte, “depende de los jueces que no han sido recusados”.

Finalmente se quejaron por la publicidad dada desde Fiscalía a las audiencias y actos institucionales. Córdoba alegó en ese sentido que la propia Corte Suprema “no solo tiene una página web donde saca a publicidad cada uno de los actos sino que incluso tiene un canal de televisión digital, con lo cual, es parte de la impronta judicial actual con los medios de comunicación”.

Por si no bastase la liviandad de los argumentos de la recusación, sus impulsores la presentaron de manera extemporánea: “Tenían 48 horas y lo hicieron a los cinco días, con lo cual no va a tener procedencia. Igual el juez prefirió hacer la audiencia, escuchar los alegatos y decidirá en los próximos días”.

Lentoni sin causa pero con tiempo

En la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de la Armada Argentina hay recusaciones similares de las defensas contra el fiscal donde se concretaron los correspondientes alegatos de las partes, pero lo que más preocupa al avance del juicio son las irregularidades del juez ad hoc Eduardo Tentoni que “ha incurrido en gravísimas conductas personalmente”.

Tal como informamos la semana pasada, un fallo de la Cámara de Apelaciones local resolvió favorablemente una denuncia de Córdoba contra el juez por indagar a 28 represores y no definir su situación dentro de los diez días de plazo máximo legal. Los camaristas Candisano Mera y Argañaráz advirtieron que no hubo justificación alguna para no tomar decisiones, en el peor de los casos, después de once meses. A pesar de lo dicho, le dieron treinta días más.

“Fiscalía pidió pronto despacho, un plazo final para que resuelva otras cuestiones pendientes, como indagatorias que hará la semana que viene. Estamos pensando en algún otro remedio procesal dado que en este incidente de recusación Tentoni vulneró derechos de las víctimas de lesa humanidad, pasó por encima consideraciones de la vida privada de víctimas y familiares y habilitó actividades extraprocesales que son prácticamente de inteligencia sobre víctimas y sobre la Fiscalía”, agregó Córdoba anticipando recursos ante la Cámara de Casación y la Procuración de la Nación.

domingo, 12 de agosto de 2012

Inauguran señalización de 'La Escuelita' de Bahía

"En este predio del Ejército Argentino funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Bahía Blanca. Ésta es parte de la leyenda de un enorme cartel que mira la ruta conocida como "La Carrindanga" en el predio del Quinto Cuerpo de Ejército, en las afueras de Bahía Blanca.

Allí fue inaugurada el viernes la señalización de ese predio, en el marco del programa Investigación y Memoria de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participaron la Red Federal Sitio de la Memoria, el Archivo Nacional de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, hijos, APDH, querellantes Quinto cuerpo de Ejército y de víctimas del terrorismo de Estado en la década del 70, entre otras organizaciones.

El centro clandestino de detención y exterminio conocido como "La Escuelita" de Bahía Blanca operó en ese lugar desde 1976 hasta comienzos de 1979, cuando fue demolida con el objetivo de ocultar los crímenes que allí se cometieron, según se destacó en la inauguración de la demarcación.

Actualmente el juicio que investiga los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado reiterado contra 92 personas se encuentra en su etapa final.

Tanto el fiscal federal Abel Córdoba como los abogados querellantes han coincidido en el pedido de prisión perpetua para 14 de los 17 imputados, altos funcionarios del Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario bonaerense.

En "La Escuelita" permanecieron detenidas-desaparecidas la mayor parte de las víctimas de este juicio. Si bien el predio fue inspeccionado por la comisión nacional sobre la desaparición de personas en 1984, recién en 2011 se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos de este centro de tortura producto del relevamiento dispuesto por la Justicia y realizado por peritos de Memoria Abierta y la Universidad Nacional del Sur. Con esta nueva señalización ya son 37 las instaladas en todo el país. Funcionarios municipales y provinciales se refirieron a la inauguración.

"Vida en centro de muerte"

Por su parte, Eduardo Hidalgo sobreviviente de este centro clandestino de detención y secretario General de la APDH de Bahía Blanca destacó la posibilidad de traer vida a un lugar donde predominó la muerte, así como el trabajo de quienes no cesan para que se haga justicia.

En referencia al último testimonio de los militares imputados sostuvo que "hemos tenido que soportar que nos consideren testigos armados y revanchistas cuando ellos tienen la garantía de la justicia pero lo que todavía no sabemos es cuándo se harán cargo de cada muerte, secuestro y chico que se llevaron de este lugar y pretenden la impunidad".