lunes, 17 de octubre de 2016

¿De la casa al juicio y del juicio a la casa?

El genocida Osvaldo Laurella Crippa, con condenas de 23 y ocho años de prisión en Neuquén, llegó ayer por su cuenta y en compañía de su hijo a la primera audiencia del juicio Ejército III de Bahía Blanca en el cual está imputado por los secuestros y torturas que sufrieron dos estudiantes de Servicio Social y por el homicidio de Raúl Ferreri, desaparecido desde 1976. A la hora de la cena, una unidad de Su Taxi lo llevó hasta su casa.

La situación se dio por primera vez en la ciudad y obedecería al “morigeramiento de penas” sugerido por la Corte Suprema, según comentó uno de los jueces del tribunal. La mayoría de los imputados llegó en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal a Colón 80, mientras otros participaron desde Viedma, San Rafael, Jujuy, Junín de los Andes y Chimbas por videoconferencias en dependencias judiciales o en el comedor de sus casas con policía, perro y fotos familiares de fondo.

El ex teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa fue jefe de la División II Inteligencia del Comando de Infantería de Brigada VI, Comando de Subzona 52 Ejército Argentino, en comisión a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Neuquén desde el golpe de Estado. Fue beneficiado con arresto domiciliario en el noveno piso del edificio de Alsina 520.

Mientras sus camaradas eran ingresados por una pequeña puerta del rectorado de la UNS, esposados y cobijados bajo los escudos policiales, Laurella y su hijo conversaban detrás de un grupo de militantes que repudiaban a los represores. Minutos después, decidió atravesar el público y presentarse ante la custodia: “Estoy con domiciliaria y vengo a la audiencia”, dijo antes de escabullirse en el edificio gozando de un rostro -hasta ayer- poco conocido.

Laurella Crippa egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en 1954 y debutó contra la democracia el 16 de septiembre del año siguiente en las filas de la Revolución Fusiladora. Tras su despliegue ilegal en Neuquén, en 1980 ascendió al grado de coronel y fue trasladado al Comando V Cuerpo de Ejército donde se retiró un lustro más tarde.

“En ningún momento me asocié a un plan sistemático, criminal y clandestino de represión, si no por el contrario trabajé para mejorar una institución que estaba muy descuidada y a la vez mejorar la situación de la seguridad pública, que ya comenzaba a tener ciertas fisuras, y cumpliendo las misiones específicas que le había impuesto el gobierno provincial”, se defendió.

Antonio Casal fue segundo jefe de la Regional Segunda de la policía de Neuquén en 1975 y describió a Laurella Crippa como “un borracho común, un pobre tipo” que decía que “tenía la potestad desde un apercibimiento al fusilamiento”.

Una testigo lo identificó recién en 2008 cuando vio su fotografía en el marco de los juicios y recordó el aspecto “fantasmagórico” del tipo que presenció sin decir palabra la revisación médica que le hicieron al ser encerrada en una alcaidía policial.

“Por el grado de responsabilidad que tenía, la función que cumplía, el momento en que los hechos de que se lo acusan fueron llevados a cabo y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de su intervención en los distintos hechos, la única conclusión a la que razonablemente puede arribarse es que no sólo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría, sino que colaboró con los hechos por los que fue acusado”, dijeron los jueces patagónicos.

Laurella Crippa fue condenado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada por ser la víctima perseguido político y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración mayor a un mes.

Ahora camina libremente hacia su primera condena en Bahía Blanca.
( Posted on 12/10/2016 by efemedelacalle)

miércoles, 29 de junio de 2016

Renovada protección para el ex juez represor Montezanti

La Cámara Federal de Bahia Blanca suspendió la indagatoria a un ex juez represor. 

En línea con el cambio político, en Bahía Blanca se acentúa el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad. Montezanti, ex titular del tribunal bahiense quien renunció para evitar la destitución, consiguió postergar sin fecha su declaración.

El cambio de vientos políticos sigue haciendo estragos en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca. Montado en el fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez federal Alejo Ramos Padilla, el ex agente de inteligencia del Ejército y ex juez Néstor Luis Montezanti logró esta semana la suspensión y postergación de su indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad, prevista para el martes próximo. El próximo paso de quien fue presidente de la Cámara bahiense hasta que renunció para evitar su destitución en el Consejo de la Magistratura será pedir la nulidad de toda la causa, amparado en los argumentos que le obsequiaron su ex compañero de tribunal Pablo Candisano Mera y los subrogantes Jorge Ferro y José Triputti.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Ramos Padilla, que actuaba como subrogante en Bahía Blanca, ordenó el año pasado su citación a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado (todavía con fueros) faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Por esos meses el camarista también prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. Su única aparición pública fue un autorreportaje en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, que a su vez obtuvo su falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un original sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi, que se había animado a citar a indagatoria al empresario y se aprestaba a pronunciarse.

En septiembre el Consejo resolvió por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Montezanti por su actuación en el terrorismo de Estado y también por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Sus conductas son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación, sostuvo. En marzo, cuando el Consejo de aprestaba a destituirlo, Montezanti presentó su renuncia, que el presidente Mauricio Macri aceptó en tiempo récord. La huida silenciosa le permitirá cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días y le evitó a los consejeros tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial.

Ya sin fueros que impidan su detención, la Cámara Federal tomó una decisión que le permitió recobrar sus esperanzas de prolongar su impunidad. A partir de planteos de defensores de represores, los jueces resolvieron aceptar la recusación de Ramos Padilla (abstracta pues renunció a las causas de Bahía Blanca a fines de 2015) al considerar que era justificado el temor de parcialidad por su antiguo rol como querellante de víctimas de la dictadura. “Estas resoluciones habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, anticipó entonces el fiscal Palazzani a la agencia Paco Urondo. La suspensión de la indagatoria, que dictó el juez Pedro Plou (de Junín, también subrogante en Bahía) era una previsible consecuencia de la resolución de la Cámara.

Mientras el cuarto juicio de lesa humanidad en el sur bonaerense todavía no tiene fecha de inicio, los militantes de la impunidad siguen ganando batallas en Bahía. Primero fue la confirmación de la falta de mérito de Massot, sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. Luego la Cámara Federal, sin darle derecho a descargo, cesanteó por segunda vez a Coleffi (el juez que se animó a avanzar contra Massot) por entender que no podía trabajar en el Ministerio Público Fiscal. El mes pasado se pronunció contra Ramos Padilla. Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos también parecen estar en la mira. Ante una acción de amparo porque el Servicio Penitenciario Bonaerense no les permitía ingresar a la cárcel de Villa Floresta, Ramos Padilla hizo lugar y habilitó la inspección que solicitaban. La Cámara Federal revirtió esa decisión para impedirles que controlen las condiciones inmundas que reinan en las cárceles de la provincia.