domingo, 19 de agosto de 2012

Sacaron a la luz las huellas del horror

Excavaron bajo el sitio donde estuvo centro clandestino.  El trabajo fue encabezado por Gonzalo Conte.

VIEDMA (AV).- Un enorme árbol –en el que fueron estaqueados algunos detenidos– es el único testigo en silencio que quedó en pie. A su alrededor sólo los cimientos a ras del suelo de lo que fue "La Escuelita" en el predio del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Éste fue el Centro Clandestino de Detención 37 durante la última dictadura, que es señalizado luego de un trabajo de hormiga que llevó años.

El arquitecto Gonzalo Conte es coordinador del programa Topografía de la Memoria y trabajó como perito en este centro que padecieron varios rionegrinos, algunos de ellos ya fallecidos.

Conte explicó que en estos lugares demolidos se buscan pruebas para restablecer la verdad sobre ellos, así como las características de su funcionamiento. En este caso se trabajó mucho con testimonios, la Fiscalía en el marco del juicio que está por terminar y "acompañando el proceso de investigación desde lo fáctico".

Explicó que en "La Escuelita" se realizó una excavación de 10 centímetros de donde fueron recatadas unas 13.000 piezas que "dan cuenta del funcionamiento de un centro clandestino. Por las prácticas, los reconocimientos, los testigos y porque con la excavaciones han coincidido con los testimonios, los dibujos de los sobrevivientes y los planos catastrales de una edificación que se levantó en 1944".

Entre las 13.000 partes de lo que fue el edificio como pisos, trozos de ventanas, puertas, pozos ciegos, aljibes, cercos perimetrales fueron encontradas también jeringas, ampollas, material médico a sólo 10 centímetros de profundidad y en algunos pozos circundantes a lo que fue el patio del lugar. También fue señalizado otro pozo tipo cisterna "donde se les hacía el submarino", dos habitaciones con pisos de madera en las que se distribuían entre 10 y 12 catres para ubicar a los detenidos, una especie de salita de guardia, dos sectores de torturas que aún conservan un rectángulo de piso de cemento, una cocina, un baño que también era utilizado para tomar datos y donde se encapuchaba a los que ingresaban. Detrás del gran árbol a cuatro o cinco pasos se encuentra la cisterna. Allí fue hallado un basurero con material médico, jeringas y ampollas, detalló Conte caminando entre las señalizaciones del predio.

"Además los sobrevivientes reconocieron el lugar como sus propios sectores de cautiverio, reconstruyeron su historia ahí adentro y dieron un testimonio fundamental y necesario para este camino de verdad y justicia", puntualizó Conte. Y agregó que la pericia tiene una segunda etapa que comenzará con la construcción de un tinglado que proteja la excavación y un cerco perimetral que defina el perímetro de esas tres hectáreas en las que no sólo se levantó "La Escuelita" sino también otras estructuras.

En esta segunda etapa la excavación llegará hasta los 50 centímetros de profundidad, lo que ofrecerá mayores indicios sobre el funcionamiento y "también construir un sitio de memoria que es un poco el sentido que tiene esta investigación". Consultado sobre la posibilidad de hallar restos humanos, el perito de Memoria Abierta consideró que "siempre es posible que se encuentren cuerpos sepultados. No descartamos ninguna opción pero el trabajo será arduo".

En noviembre comenzará esa construcción y a partir de marzo 2013 las nuevas excavaciones. "Es difícil prever que tipo de hallazgos se encontrarán pero creo que reforzarán esta definición que éste fue un centro clandestino de detención y tortura. Conte valoró el aporte de la Universidad Nacional del Sur en estos trabajos, teniendo en cuenta que durante la dictadura "supo ser complaciente".

jueves, 16 de agosto de 2012

Alegatos de los represores : Endeble y previsible

Publicado el 15/08/2012 por efemedelacalle   

Así definió el fiscal Abel Córdoba lo escuchado hasta la noche del martes en los alegatos de las defensas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La semana pasada comenzaron los dres. Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio, ayer fue el turno del teniente coronel Mauricio Gutiérrez y esta mañana expusieron Luis De Mira y Walter Tejada (h).

En el medio, se realizó una audiencia ante el juez federal Santiago Martínez donde San Emeterio intentó fundamentar una recusación contra el fiscal por “faltas de cortesía”, parcialidad y por la difundir sus actos judiciales.

“Vienen siendo previsibles, pidiendo las absoluciones y sin poder referirse más que a aspectos laterales de los testimonios. Los hechos no los están discutiendo. Partimos de la base que estos hechos ocurrieron tal como dicen las víctimas y la responsabilidad la intentan deslindar en los acusados muertos”, explicó Córdoba.

La estrategia de culpar a los muertos se vio claramente en el caso del torturador Julián “Laucha” Corres que era uno de los imputados del juicio y “a partir de su muerte empieza a integrar la lista de los culpables en el discurso de los defensores”.

“Lo mismo ocurrió con (Santiago) Cruciani. Hoy alegó Gutiérrez que fue su defensor y bregaba por su inocencia. A partir de que murió, agarró otras defensas y empezó a manifestar que el culpable de todo fue Cruciani. Sigue esa línea que no está probada y hasta ahora nos tiene tranquilos en el sentido de que no hay ninguna objeción notoria ni siquiera que amerite respuesta. Previsible, muy endeble la defensa, pero es parte del ejercicio que están haciendo”, agregó Córdoba.

La única excepción entre los muertos señalados como responsables de los crímenes imputados a los hombres del Destacamento de Inteligencia 181 representados por Gutiérrez -Granada, Condal y Taffarel- es el coronel Aldo Mario Álvarez: “Es el único que estaría vivo y ellos culpan, pero se trata de un alto oficial que no tiene atenuantes su responsabilidad”.

Para el fiscal la actitud de los defensores confirma “el pacto de silencio” acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y “lo hacen no solo a 35 años de los hechos sino después de escuchar a centenares de testigos”.

Según la estimación del titular del Ministerio Público este jueves o el martes próximo terminarían los alegatos y comenzarían a descontarse los diez días que tendrá el tribunal para resolver sobre el futuro de los 17 genocidas acusados. Si bien se contempla la posibilidad de réplicas de las partes luego de la ronda de alegatos, al menos desde la Fiscalía no se haría uso de dicha opción.

Todos contra el fiscal

Los abogados defensores Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio hicieron su aporte a la batería de recusaciones contra el dr. Abel Córdoba y pidieron su apartamiento de la causa que investiga los crímenes del Ejército Argentino, la nulidad de la misma y la liberación de los reos.

Ayer a mediodía se realizó una audiencia en el juzgado que subroga el dr. Santiago Martínez donde San Emeterio no sostuvo la mayoría de sus consideraciones sino que se basó “en faltas de cortesía de parte de la Fiscalía como, por ejemplo, falta de saludo o la imposibilidad -dada la confrontación judicial que hay- de tomar café juntos. Todas cuestiones que admití como ciertas -dijo Córdoba- pero que no hacen a la causal por la cual se recusa o se buscan semejantes efectos en la causa”.

También se discutió sobre la necesidad del fiscal de mantenerse imparcial o no: “El planteo de ellos es que el fiscal tiene que ser imparcial y objetivo y el planteo nuestro es que el fiscal es parte del proceso y que asegura las garantías del acusado, que están a cargo del defensor, persiguiendo la sanción de estos crímenes e imputando”.

Los defensores plantearon que la conducta de Córdoba es “vengativa” porque apeló detenciones domiciliarias, punto que ratificó como “una postura profesional e institucional” que, por otra parte, “depende de los jueces que no han sido recusados”.

Finalmente se quejaron por la publicidad dada desde Fiscalía a las audiencias y actos institucionales. Córdoba alegó en ese sentido que la propia Corte Suprema “no solo tiene una página web donde saca a publicidad cada uno de los actos sino que incluso tiene un canal de televisión digital, con lo cual, es parte de la impronta judicial actual con los medios de comunicación”.

Por si no bastase la liviandad de los argumentos de la recusación, sus impulsores la presentaron de manera extemporánea: “Tenían 48 horas y lo hicieron a los cinco días, con lo cual no va a tener procedencia. Igual el juez prefirió hacer la audiencia, escuchar los alegatos y decidirá en los próximos días”.

Lentoni sin causa pero con tiempo

En la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de la Armada Argentina hay recusaciones similares de las defensas contra el fiscal donde se concretaron los correspondientes alegatos de las partes, pero lo que más preocupa al avance del juicio son las irregularidades del juez ad hoc Eduardo Tentoni que “ha incurrido en gravísimas conductas personalmente”.

Tal como informamos la semana pasada, un fallo de la Cámara de Apelaciones local resolvió favorablemente una denuncia de Córdoba contra el juez por indagar a 28 represores y no definir su situación dentro de los diez días de plazo máximo legal. Los camaristas Candisano Mera y Argañaráz advirtieron que no hubo justificación alguna para no tomar decisiones, en el peor de los casos, después de once meses. A pesar de lo dicho, le dieron treinta días más.

“Fiscalía pidió pronto despacho, un plazo final para que resuelva otras cuestiones pendientes, como indagatorias que hará la semana que viene. Estamos pensando en algún otro remedio procesal dado que en este incidente de recusación Tentoni vulneró derechos de las víctimas de lesa humanidad, pasó por encima consideraciones de la vida privada de víctimas y familiares y habilitó actividades extraprocesales que son prácticamente de inteligencia sobre víctimas y sobre la Fiscalía”, agregó Córdoba anticipando recursos ante la Cámara de Casación y la Procuración de la Nación.

domingo, 12 de agosto de 2012

Inauguran señalización de 'La Escuelita' de Bahía

"En este predio del Ejército Argentino funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Bahía Blanca. Ésta es parte de la leyenda de un enorme cartel que mira la ruta conocida como "La Carrindanga" en el predio del Quinto Cuerpo de Ejército, en las afueras de Bahía Blanca.

Allí fue inaugurada el viernes la señalización de ese predio, en el marco del programa Investigación y Memoria de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participaron la Red Federal Sitio de la Memoria, el Archivo Nacional de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, hijos, APDH, querellantes Quinto cuerpo de Ejército y de víctimas del terrorismo de Estado en la década del 70, entre otras organizaciones.

El centro clandestino de detención y exterminio conocido como "La Escuelita" de Bahía Blanca operó en ese lugar desde 1976 hasta comienzos de 1979, cuando fue demolida con el objetivo de ocultar los crímenes que allí se cometieron, según se destacó en la inauguración de la demarcación.

Actualmente el juicio que investiga los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado reiterado contra 92 personas se encuentra en su etapa final.

Tanto el fiscal federal Abel Córdoba como los abogados querellantes han coincidido en el pedido de prisión perpetua para 14 de los 17 imputados, altos funcionarios del Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario bonaerense.

En "La Escuelita" permanecieron detenidas-desaparecidas la mayor parte de las víctimas de este juicio. Si bien el predio fue inspeccionado por la comisión nacional sobre la desaparición de personas en 1984, recién en 2011 se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos de este centro de tortura producto del relevamiento dispuesto por la Justicia y realizado por peritos de Memoria Abierta y la Universidad Nacional del Sur. Con esta nueva señalización ya son 37 las instaladas en todo el país. Funcionarios municipales y provinciales se refirieron a la inauguración.

"Vida en centro de muerte"

Por su parte, Eduardo Hidalgo sobreviviente de este centro clandestino de detención y secretario General de la APDH de Bahía Blanca destacó la posibilidad de traer vida a un lugar donde predominó la muerte, así como el trabajo de quienes no cesan para que se haga justicia.

En referencia al último testimonio de los militares imputados sostuvo que "hemos tenido que soportar que nos consideren testigos armados y revanchistas cuando ellos tienen la garantía de la justicia pero lo que todavía no sabemos es cuándo se harán cargo de cada muerte, secuestro y chico que se llevaron de este lugar y pretenden la impunidad".

viernes, 10 de agosto de 2012

Procesan a seis marinos y prefectos en Bahía Blanca

Complicidades que son inalterables

 Por Diego Martínez

El diario La Nueva Provincia no publica una línea sobre el juicio por secuestros, torturas y asesinatos a quienes antes llamaba “soldados”. No le faltan razones. El mes pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de tres marinos retirados y cuatro ex miembros de Prefectura por los asesinatos en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los trabajadores del diario y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas. Tres meses antes de los secuestros la sección informaciones de Prefectura elaboró un informe sobre “guerrilla sindical” en el multimedio con una lista de 17 “activistas”, calificados como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” para la dictadura, que encabezaban Heinrich y Loyola. Los servicios dejaron constancia de que la empresa de Diana Julio de Massot informaba cada paso de los delegados “a los comandos militares y navales de la zona”. En documentos de inteligencia recuperados por el ex fiscal Hugo Cañón consta que la sección informaciones de Prefectura era “la avanzada” de la Armada en la “lucha contra la subversión” y el “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales que encabezaba el vicealmirante Luis María Mendía, el hombre que por las noches se encerraba en la dirección a departir con la viuda de Massot, según escribió el ex capitán Adolfo Scilingo.

El interlocutor del marino que confesó los vuelos era Federico Massot, que igual que su madre y Mendía está muerto. El único sobreviviente de aquellos cónclaves de la muerte es Vicente Massot, el apologista de la tortura que el 24 de marzo de 1976, bandera argentina en mano, se paseó con su mamá por el taller donde militaban Heinrich y Loyola. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, preguntó la señora a un gremialista mientras el hijo le pateaba la bicicleta. Aquel veinteañero que en dictadura visitaba la ESMA es hoy el director de La Nueva Provincia, que en 1976 publicó en veinte líneas la aparición de los cuerpos acribillados y nunca más informó sobre los asesinatos de los delegados, que sólo molestaban a su familia.

Señalizada "La Escuelita", el CCD del V Cuerpo de Ejército

Una marca en la historia de Bahía

La Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante, al pie del camino La Carrindanga, en Bahía Blanca, para recordar que allí funcionó el centro de exterminio “durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”.

 Por Diego Martínez

En 1979, abocados a borrar hasta el último rastro de sus crímenes, los militares del V Cuerpo de Ejército demolieron la casona donde torturaron y mataron durante los años previos. Las corporaciones de poder locales, con el diario La Nueva Provincia a la cabeza, se encargaron antes y después de silenciar la historia y negar el genocidio. Pero la lucha por la memoria sigue ganando batallas, incluso en la hostil Bahía Blanca. Ayer, bajo un sol primaveral y un viento suave que hacía flamear las banderas de H.I.J.O.S., la Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante, al pie del camino La Carrindanga, para recordar que “en este predio del Ejército Argentino funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”. El próximo paso del Estado nacional será la instalación de tres columnas de hormigón con las palabras Memoria, Verdad y Justicia.

La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas, fue el principal centro de exterminio del sur bonaerense. Por allí pasaron centenares de militantes, en su mayoría jóvenes, que terminaron desaparecidos o ejecutados en tiroteos fraguados. El primer mojón contra el olvido lo instaló en 1981 la sobreviviente Alicia Partnoy, que desde el exilio difundió un relato detallado de espacios, víctimas y victimarios. En 1984, ya en democracia, la Conadep recorrió el terreno y fotografió escombros. Durante años, cada 24 de marzo, los actos para recordar la fecha que simboliza el terrorismo de Estado se realizaron junto a la tranquera por la que ingresaban los autos con los secuestrados. Recién en los últimos años, ya con Néstor Kirchner como presidente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca consiguió la autorización para ingresar y hacer los actos adentro del predio, propiedad del Ejército.

El año pasado, mientras comenzaba el primer juicio a represores en Bahía Blanca, arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur convocados por la Justicia por una iniciativa de Memoria Abierta sacaron a la luz los cimientos del centro clandestino. La investigación permitió dar con un plano de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y materiales médicos que los militares habrían usado con los secuestrados.

Ayer, por primera vez, los Estados nacional, provincial y municipal coincidieron en un acto por la memoria en Bahía Blanca. La señalización fue coorganizada por la Red de Sitios de Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Dirección homónima de la Municipalidad local. Como presentadora ofició la periodista Natalia Carabajal Figueroa, del semanario Ecodías, que junto con FM de la Calle y el programa K688 se esmeran en cubrir el juicio, ignorado sistemáticamente por La Nueva Provincia (ver aparte).

“Esta señalización hace fácticamente imposible el olvido”, dijo en primer turno Pablo Reynafé, director de Derechos Humanos de la municipalidad bahiense. “Es política de Estado dejar atrás la perversa teoría de los dos demonios. Es nuestra obligación que se termine con esa confusión”, agregó. Susana Matzkin, hermana de Zulma, asesinada tras su cautiverio en La Escuelita, destacó en representación de familiares de las víctimas el rol del “monopolio comunicacional” de la familia Massot, “vocero enfervorizado de la represión, óptimo para la siembra de la negación de la memoria, que es una construcción colectiva y que permite desnudar las máscaras que ocultan complicidades, connivencias y culpas en la sociedad”. Sobre el alambrado, debajo del cartel, podían verse banderas de la agrupación Kolina, del Movimiento Evita y del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (Movejupa).

Eduardo Hidalgo, sobreviviente, secretario de la APDH y luchador incansable, explicó que el cartel se vincula “con una historia donde la muerte tuvo que ver”, pero que “cada año, cuando venimos a este lugar, somos nosotros los que traemos la vida”. “Nos sentimos profundamente convencidos de que nada podrá volver atrás”, afirmó. “Hoy es una marca en la historia de la Bahía del Silencio, hasta que Bahía vuelva a ser lo que una vez soñamos.” El ex fiscal Hugo Cañón recordó que, más allá de las víctimas directas, “a toda la sociedad se le instaló el terror”. “De ese lastre de terror es del que nos estamos deshaciendo y hoy volvemos a hacer de la participación política una herramienta de transformación social”, rescató el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense.

Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense, aseguró que “es decisión de la provincia poner como política de Estado la Memoria, la Verdad y la Justicia”. “No habrá nada que nos pare hasta que encontremos al último compañero, al último nieto, y señalicemos el último centro clandestino”, advirtió. Por último habló Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria. “Desde el Estado tenemos la función de recordar lo que pasó, ya que cuando hablamos del pasado es para construir el futuro”, explicó. “Sabiendo la verdadera historia es como vamos a construir la felicidad del pueblo argentino, la verdadera igualdad y la justicia”, agregó. Luego de los discursos, el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta, guió a los presentes en un recorrido alrededor de los cimientos de La Escuelita, sintetizó los hallazgos y destacó la necesidad de retomar las excavaciones, de techar y cercar el terreno para su preservación 

martes, 7 de agosto de 2012

Murió el torturador Félix Alejandro Alais, sin condena

Por Diego Martínez
El comisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A y torturador de profesores de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, falleció ayer a los 70 años en el penal de Marcos Paz.
Ya en 1974 el escritor Rodolfo Walsh dejó constancia de la participación de Alais en la Triple A, dato que ratificó en 1983 el ex inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Albano Harguindeguy, quien lo ubicó como miembro del estado mayor del “grupo Villar” de esa banda criminal y lo señaló entre los asesinos del abogado Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio de 1974.
 
Alais, alias “El Oso”, era cuñado del general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Ejército durante 1975 y del Primer Cuerpo en 1976, y hermano de Ernesto Alais, el general al que Alfonsín le ordenó sin suerte reprimir el levantamiento carapintada en 1987.
Después del golpe de Estado, como segundo jefe de la delegación bahiense de la Policía Federal, Alais tuvo un rol protagónico en la parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” a los profesores de la UNS, que en su mayoría habían tenido que abandonar la ciudad el año anterior. El 4 de agosto de 1976, en una célebre conferencia de prensa junto al general Adel Vilas, al interventor de la UNS capitán Raúl González y al juez federal Guillermo Madueño, Alais se explayó sobre el proceso que había convertido a la UNS en una “usina subversiva”. Su firma consta en las órdenes de detención de los académicos, que se concretarían en distintos puntos del país, y él mismo se encargaría de torturarlos a medida que llegaban a la delegación de calle Rondeau. En las actas escribía que todos realizaban “manifestaciones espontáneas” y declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas”.
El 4 de septiembre de 1976, tras el fusilamiento de Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Manuel Tarchitzky y Zulma Matzkin, antes secuestrados y torturados en el centro clandestino La Escuelita, Alais también hizo constar en el acta del tiroteo fraguado que “fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos” (sic).
En el invierno de 1976 un grupo de suboficiales bajo su mando fueron detenidos por la policía de La Pampa por robar a campesinos, a quienes además ataban y castigaban. En sus declaraciones dijeron que se dedicaban a hacer “operativos antisubversivos” por orden de Alais. Informes de inteligencia de la época lo ubican en reuniones nocturnas con el juez Madueño y a las trompadas, borracho, en distintos cabarets de la ciudad.
 
Ya en democracia formó con otros ex comisarios de la Triple A la empresa de seguridad Escorpio SA y más tarde Fast, que en 2004 ganó una licitación para brindar seguridad en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca otra empresa suya prestó servicios hasta 2007 en el departamento de agronomía de la UNS.
El 31 de agosto de 2011, tras reiterados pedidos del fiscal federal Abel Córdoba, el entonces juez Alcindo Alvarez Canale libró su orden de detención, que se concretó el 12 de septiembre, cuando intentaba escaparse al Paraguay.
El juez lo procesó paradójicamente junto a Hugo Mario Sierra, el ex secretario de Madueño que entre 1976 y 1977 tomó cientos de testimonios a estudiantes de la UNS para justificar los procesamientos de los profesores, que años después terminarían sobreseídos.
Alais murió procesado con prisión preventiva pero sin condena.