Publicado el 15/08/2012 por efemedelacalle
Así definió el fiscal Abel Córdoba lo escuchado hasta la noche del martes en los alegatos de las defensas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La semana pasada comenzaron los dres. Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio, ayer fue el turno del teniente coronel Mauricio Gutiérrez y esta mañana expusieron Luis De Mira y Walter Tejada (h).
En el medio, se realizó una audiencia ante el juez federal Santiago Martínez donde San Emeterio intentó fundamentar una recusación contra el fiscal por “faltas de cortesía”, parcialidad y por la difundir sus actos judiciales.
“Vienen siendo previsibles, pidiendo las absoluciones y sin poder referirse más que a aspectos laterales de los testimonios. Los hechos no los están discutiendo. Partimos de la base que estos hechos ocurrieron tal como dicen las víctimas y la responsabilidad la intentan deslindar en los acusados muertos”, explicó Córdoba.
La estrategia de culpar a los muertos se vio claramente en el caso del torturador Julián “Laucha” Corres que era uno de los imputados del juicio y “a partir de su muerte empieza a integrar la lista de los culpables en el discurso de los defensores”.
“Lo mismo ocurrió con (Santiago) Cruciani. Hoy alegó Gutiérrez que fue su defensor y bregaba por su inocencia. A partir de que murió, agarró otras defensas y empezó a manifestar que el culpable de todo fue Cruciani. Sigue esa línea que no está probada y hasta ahora nos tiene tranquilos en el sentido de que no hay ninguna objeción notoria ni siquiera que amerite respuesta. Previsible, muy endeble la defensa, pero es parte del ejercicio que están haciendo”, agregó Córdoba.
La única excepción entre los muertos señalados como responsables de los crímenes imputados a los hombres del Destacamento de Inteligencia 181 representados por Gutiérrez -Granada, Condal y Taffarel- es el coronel Aldo Mario Álvarez: “Es el único que estaría vivo y ellos culpan, pero se trata de un alto oficial que no tiene atenuantes su responsabilidad”.
Para el fiscal la actitud de los defensores confirma “el pacto de silencio” acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y “lo hacen no solo a 35 años de los hechos sino después de escuchar a centenares de testigos”.
Según la estimación del titular del Ministerio Público este jueves o el martes próximo terminarían los alegatos y comenzarían a descontarse los diez días que tendrá el tribunal para resolver sobre el futuro de los 17 genocidas acusados. Si bien se contempla la posibilidad de réplicas de las partes luego de la ronda de alegatos, al menos desde la Fiscalía no se haría uso de dicha opción.
Todos contra el fiscal
Los abogados defensores Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio hicieron su aporte a la batería de recusaciones contra el dr. Abel Córdoba y pidieron su apartamiento de la causa que investiga los crímenes del Ejército Argentino, la nulidad de la misma y la liberación de los reos.
Ayer a mediodía se realizó una audiencia en el juzgado que subroga el dr. Santiago Martínez donde San Emeterio no sostuvo la mayoría de sus consideraciones sino que se basó “en faltas de cortesía de parte de la Fiscalía como, por ejemplo, falta de saludo o la imposibilidad -dada la confrontación judicial que hay- de tomar café juntos. Todas cuestiones que admití como ciertas -dijo Córdoba- pero que no hacen a la causal por la cual se recusa o se buscan semejantes efectos en la causa”.
También se discutió sobre la necesidad del fiscal de mantenerse imparcial o no: “El planteo de ellos es que el fiscal tiene que ser imparcial y objetivo y el planteo nuestro es que el fiscal es parte del proceso y que asegura las garantías del acusado, que están a cargo del defensor, persiguiendo la sanción de estos crímenes e imputando”.
Los defensores plantearon que la conducta de Córdoba es “vengativa” porque apeló detenciones domiciliarias, punto que ratificó como “una postura profesional e institucional” que, por otra parte, “depende de los jueces que no han sido recusados”.
Finalmente se quejaron por la publicidad dada desde Fiscalía a las audiencias y actos institucionales. Córdoba alegó en ese sentido que la propia Corte Suprema “no solo tiene una página web donde saca a publicidad cada uno de los actos sino que incluso tiene un canal de televisión digital, con lo cual, es parte de la impronta judicial actual con los medios de comunicación”.
Por si no bastase la liviandad de los argumentos de la recusación, sus impulsores la presentaron de manera extemporánea: “Tenían 48 horas y lo hicieron a los cinco días, con lo cual no va a tener procedencia. Igual el juez prefirió hacer la audiencia, escuchar los alegatos y decidirá en los próximos días”.
Lentoni sin causa pero con tiempo
En la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de la Armada Argentina hay recusaciones similares de las defensas contra el fiscal donde se concretaron los correspondientes alegatos de las partes, pero lo que más preocupa al avance del juicio son las irregularidades del juez ad hoc Eduardo Tentoni que “ha incurrido en gravísimas conductas personalmente”.
Tal como informamos la semana pasada, un fallo de la Cámara de Apelaciones local resolvió favorablemente una denuncia de Córdoba contra el juez por indagar a 28 represores y no definir su situación dentro de los diez días de plazo máximo legal. Los camaristas Candisano Mera y Argañaráz advirtieron que no hubo justificación alguna para no tomar decisiones, en el peor de los casos, después de once meses. A pesar de lo dicho, le dieron treinta días más.
“Fiscalía pidió pronto despacho, un plazo final para que resuelva otras cuestiones pendientes, como indagatorias que hará la semana que viene. Estamos pensando en algún otro remedio procesal dado que en este incidente de recusación Tentoni vulneró derechos de las víctimas de lesa humanidad, pasó por encima consideraciones de la vida privada de víctimas y familiares y habilitó actividades extraprocesales que son prácticamente de inteligencia sobre víctimas y sobre la Fiscalía”, agregó Córdoba anticipando recursos ante la Cámara de Casación y la Procuración de la Nación.
Así definió el fiscal Abel Córdoba lo escuchado hasta la noche del martes en los alegatos de las defensas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La semana pasada comenzaron los dres. Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio, ayer fue el turno del teniente coronel Mauricio Gutiérrez y esta mañana expusieron Luis De Mira y Walter Tejada (h).
En el medio, se realizó una audiencia ante el juez federal Santiago Martínez donde San Emeterio intentó fundamentar una recusación contra el fiscal por “faltas de cortesía”, parcialidad y por la difundir sus actos judiciales.
“Vienen siendo previsibles, pidiendo las absoluciones y sin poder referirse más que a aspectos laterales de los testimonios. Los hechos no los están discutiendo. Partimos de la base que estos hechos ocurrieron tal como dicen las víctimas y la responsabilidad la intentan deslindar en los acusados muertos”, explicó Córdoba.
La estrategia de culpar a los muertos se vio claramente en el caso del torturador Julián “Laucha” Corres que era uno de los imputados del juicio y “a partir de su muerte empieza a integrar la lista de los culpables en el discurso de los defensores”.
“Lo mismo ocurrió con (Santiago) Cruciani. Hoy alegó Gutiérrez que fue su defensor y bregaba por su inocencia. A partir de que murió, agarró otras defensas y empezó a manifestar que el culpable de todo fue Cruciani. Sigue esa línea que no está probada y hasta ahora nos tiene tranquilos en el sentido de que no hay ninguna objeción notoria ni siquiera que amerite respuesta. Previsible, muy endeble la defensa, pero es parte del ejercicio que están haciendo”, agregó Córdoba.
La única excepción entre los muertos señalados como responsables de los crímenes imputados a los hombres del Destacamento de Inteligencia 181 representados por Gutiérrez -Granada, Condal y Taffarel- es el coronel Aldo Mario Álvarez: “Es el único que estaría vivo y ellos culpan, pero se trata de un alto oficial que no tiene atenuantes su responsabilidad”.
Para el fiscal la actitud de los defensores confirma “el pacto de silencio” acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y “lo hacen no solo a 35 años de los hechos sino después de escuchar a centenares de testigos”.
Según la estimación del titular del Ministerio Público este jueves o el martes próximo terminarían los alegatos y comenzarían a descontarse los diez días que tendrá el tribunal para resolver sobre el futuro de los 17 genocidas acusados. Si bien se contempla la posibilidad de réplicas de las partes luego de la ronda de alegatos, al menos desde la Fiscalía no se haría uso de dicha opción.
Todos contra el fiscal
Los abogados defensores Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio hicieron su aporte a la batería de recusaciones contra el dr. Abel Córdoba y pidieron su apartamiento de la causa que investiga los crímenes del Ejército Argentino, la nulidad de la misma y la liberación de los reos.
Ayer a mediodía se realizó una audiencia en el juzgado que subroga el dr. Santiago Martínez donde San Emeterio no sostuvo la mayoría de sus consideraciones sino que se basó “en faltas de cortesía de parte de la Fiscalía como, por ejemplo, falta de saludo o la imposibilidad -dada la confrontación judicial que hay- de tomar café juntos. Todas cuestiones que admití como ciertas -dijo Córdoba- pero que no hacen a la causal por la cual se recusa o se buscan semejantes efectos en la causa”.
También se discutió sobre la necesidad del fiscal de mantenerse imparcial o no: “El planteo de ellos es que el fiscal tiene que ser imparcial y objetivo y el planteo nuestro es que el fiscal es parte del proceso y que asegura las garantías del acusado, que están a cargo del defensor, persiguiendo la sanción de estos crímenes e imputando”.
Los defensores plantearon que la conducta de Córdoba es “vengativa” porque apeló detenciones domiciliarias, punto que ratificó como “una postura profesional e institucional” que, por otra parte, “depende de los jueces que no han sido recusados”.
Finalmente se quejaron por la publicidad dada desde Fiscalía a las audiencias y actos institucionales. Córdoba alegó en ese sentido que la propia Corte Suprema “no solo tiene una página web donde saca a publicidad cada uno de los actos sino que incluso tiene un canal de televisión digital, con lo cual, es parte de la impronta judicial actual con los medios de comunicación”.
Por si no bastase la liviandad de los argumentos de la recusación, sus impulsores la presentaron de manera extemporánea: “Tenían 48 horas y lo hicieron a los cinco días, con lo cual no va a tener procedencia. Igual el juez prefirió hacer la audiencia, escuchar los alegatos y decidirá en los próximos días”.
Lentoni sin causa pero con tiempo
En la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de la Armada Argentina hay recusaciones similares de las defensas contra el fiscal donde se concretaron los correspondientes alegatos de las partes, pero lo que más preocupa al avance del juicio son las irregularidades del juez ad hoc Eduardo Tentoni que “ha incurrido en gravísimas conductas personalmente”.
Tal como informamos la semana pasada, un fallo de la Cámara de Apelaciones local resolvió favorablemente una denuncia de Córdoba contra el juez por indagar a 28 represores y no definir su situación dentro de los diez días de plazo máximo legal. Los camaristas Candisano Mera y Argañaráz advirtieron que no hubo justificación alguna para no tomar decisiones, en el peor de los casos, después de once meses. A pesar de lo dicho, le dieron treinta días más.
“Fiscalía pidió pronto despacho, un plazo final para que resuelva otras cuestiones pendientes, como indagatorias que hará la semana que viene. Estamos pensando en algún otro remedio procesal dado que en este incidente de recusación Tentoni vulneró derechos de las víctimas de lesa humanidad, pasó por encima consideraciones de la vida privada de víctimas y familiares y habilitó actividades extraprocesales que son prácticamente de inteligencia sobre víctimas y sobre la Fiscalía”, agregó Córdoba anticipando recursos ante la Cámara de Casación y la Procuración de la Nación.
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