martes, 17 de julio de 2012

Revocan prisión domiciliaria a represor visto circular por la calle

Se trata del capitán de navío retirado Arturo María Quintana, imputado en crímenes de lesa humanidad, por su participación en el Batallón de Comunicaciones 1 durante la última dictadura. Fue trasladado a la Unidad Carcelaria 19 de la localidad de Saavedra.

La Justicia Federal de Bahía Blanca revocó la detención domiciliaria del capitán de navío retirado Arturo María Quintana.

El beneficio le había sido otorgado en febrero pasado a pesar de estar imputado por crímenes de lesa humanidad y luego de que fuera visto en la calle por una trabajadora del Patronato de Liberados de esa ciudad bonaerense.

Tras la decisión judicial, Quintana fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina y trasladado a la Unidad Carcelaria 19 de la localidad de Saavedra, según consignaron fuentes judiciales.

Arturo María Quintana está imputado por crímenes de lesa humanidad, por su participación en el Batallón de Comunicaciones número 1 durante la última dictadura militar.

La resolución por la que se le había otorgado en febrero pasado el beneficio de la detención domiciliaria había sido objetada el miércoles último por la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, razón por la cual se encontraba convocada una audiencia para el próximo 6 de agosto en la Cámara Federal de Apelaciones.

En ese marco, el represor fue visto por una trabajadora del Patronato de Liberados de la ciudad de Bahía Blanca cuando ingresaba a su casa.

Fuentes judiciales señalaron que “Quintana está imputado en el marco del expediente por investigación de crímenes de Lesa Humanidad por haber formado parte del plan criminal clandestino e ilegal, implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de la Armada Argentina”.

Según trascendió, el pasado 5 de julio el patronato de liberados de Bahía Blanca, a cargo de la supervisión de la detención domiciliaria de Quintana, informó a la Justicia que el imputado había sido encontrado en la calle por una trabajadora social.

En este sentido, las fuentes consignaron que al ver al detenido represor "circular libremente por la calle", la trabajadora social del Patronato de Liberados "lo llamó y el militar intentó evadirla".

Tras la denuncia realizada por el Patronato de Liberados, la Justicia resolvió revocar la detención domiciliaria de Quintana, en tanto la Fiscalía reafirmó su pedido de revocación de la detención domiciliaria.

domingo, 1 de julio de 2012

Alegato del fiscal: "Mataron para aterrorizar"

A un año del comienzo del juicio contra 17 militares y federales retirados, el fiscal Fernando Córdoba dijo que "sus conductas están entre las más graves que se pueden concebir", pero otra vez los desaparecidos se quedan sin la protección de la condena a los represores por el delito de genocidio

VIEDMA (AV).- "El instrumento de terror de estos acusados fue la muerte, la eliminación. Para aterrorizar mataron, desaparecieron y fusilaron", dijo el fiscal Abel Córdoba al iniciar su alegato en el juicio contra 17 militares y policías federales que actuaron durante la dictadura militar bajo las órdenes del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

Agregó que "se apropiaron de los hijos de los enemigos. Llegaron a eso. Las conductas que tuvieron en ese rol clandestino y criminal están entre las más graves que se puedan concebir. Arrancaron identidades, referencias, vínculos. Dejaron a padres sin los hijos y a hijos sin padres".

El fiscal fue muy crítico con la posición del diario bahiense "La Nueva Provincia". Entre otras cosas recordó que el 6 de julio del 76 "el país era ya un gran campo de concentración y -mientras los comunicados del V Cuerpo se difundían en el medio mencionando con las versiones de falsos enfrentamientos con cautivos en el centro clandestino- les pedía a las fuerzas armadas "abandonar la absurda y forzada mentalidad legalista, realicen juicios sumarios y apliquen la pena de muerte dictada por autoridades militares".

Córdoba habló del infierno dantesco que "estas personas crearon, planificaron y ejecutaron. Es así como tenemos todavía miles de ciudadanos argentinos que siguen viviendo con las secuelas de esos hechos". También consideró probados los 94 hechos en juicio -entre ellos resultaron víctimas varios viedmenses- y la responsabilidad criminal de cada uno de los imputados.

En el comienzo de su alegato, el fiscal no se olvidó de los imputados que no estuvieron presentes como el prófugo Miguel Ángel García Moreno o "aquellas permitidas por la impunidad biológica, desde los torturadores como Corres – ese miserable al que la maquinaria del terror le permitió hacer tanto daño- o Cruciani; pasando por el jefe del grupo de tareas Emilio Ibarra; el juez genocida Guillermo Madueño; los diabólicos obispos Emilio Ogneñovich y Jorge Mayer; el enlace entre el campo de concentración y la cárcel Leonardo Nuñez o el médico Jorge Streich; hasta los máximos jerarcas del Comando V Cuerpo de Ejército como Argentino Tauber, Abel Catuzzi, Osvaldo Azpitarte o el sangriento Adel Vilas que pedía a gritos cadáveres y quería "limpiar la universidad de la infiltración marxista".

Comparó "el silencio de los criminales con el esfuerzo de los familiares y sobrevivientes que exigieron sus memorias para colaborar con la justicia con la ilusión de conocer un dato más. Hay padres que llegaron acá como pudieron. Aceptaron sentarse cerca de ellos. Todo un gesto de pacifismo, civilización y educación".