jueves, 16 de mayo de 2013

Se fugó un coronel retirado, imputado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura

Un integrante del Ejército, imputado en una causa por delitos cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca, se dio a la fuga luego de no presentarse a un examen médico ya que gozaba de una excarcelación, informaron fuentes judiciales.
 
Se trata del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, uno de los diez imputados que se encuentran a la espera de que comience el próximo juicio oral por los delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército en la causa 1067.

Desde la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se informó  que "Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación".

"El imputado debía presentarse para un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema el día 6 de mayo pasado, y ante su inasistencia se ordenaron distintas medidas para dar con su paradero, lo que al día de la fecha no ha sido posible", agregó la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Según se indicó, la Unidad Fiscal se opuso en reiteradas oportunidades a que Arroyo sea excarcelado, tanto durante la instrucción como en la etapa de juicio.

"El 24 de octubre de 2012, ante la inminencia del debate oral, la Unidad solicitó al Tribunal Oral la detención de Arroyo junto a la de otros imputados que se encuentran excarcelados como José Héctor Fidalgo y Alejandro Lawless", señaló la Unidad.

En ese contexto se informó que el pedido fue reiterado el 21 de marzo de este año y al momento de fugarse el Tribunal nada había resuelto.

Las fuentes consultadas comentaron que "Arroyo tuvo un importante desempeño a lo largo de la última dictadura militar como integrante de la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército, junto con los restantes integrantes del “Equipo de Combate contra Subversión” quienes asesinaron a la pareja formada por Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, quien estaba embarazada".

"Con posterioridad Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor 6 de Avellaneda", agregaron los voceros.

La Unidad Fiscal dijo también que "ha repetido en innumerables ocasiones la necesidad de que todos los imputados por delitos de lesa humanidad sean detenidos en unidades carcelarias, atento el riesgo procesal concreto y real de que se fuguen, ya que, como se ha visto en los hechos, quienes formaron parte del Estado terrorista cuentan aún hoy con la connivencia de diversos sectores de poder que protegen a este tipo de delincuentes".

También el organismo judicial detalló que en jurisdicción de Bahía Blanca también se encuentran prófugos Miguel Ángel García Moreno, quien no se sabe de su paradero desde antes del inicio del juicio en la causa 982, en el año 2011, Aldo Mario Álvarez y Ricardo Joaquín Molina.

lunes, 13 de mayo de 2013

Piden la detención del director del diario La Nueva Provincia por su complicidad con la dictadura

Un engranaje más dentro del plan criminal

Los fiscales consideraron, con apoyo del fallo del Tribunal Oral que el año pasado condenó a represores de Bahía Blanca, que Vicente Massot, como responsable del diario, tuvo un rol específico dentro del plan del terrorismo de Estado. Antecedentes del nazismo y Ruanda.

Para los fiscales, “el compromiso” de Vicente Massot con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”.

Por Diego Martínez

La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió la detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por su participación en el plan criminal implementado por la última dictadura. La responsabilidad de los directivos del diario ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores locales. “No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, destacaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. El pedido de detención alcanza a Mario Gabrielli, entonces jefe de redacción del diario bahiense. La decisión sobre el futuro de Massot y Gabrielli está ahora en manos del juez federal Santiago Martínez.

Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti marcaron en su sentencia la “campaña de desinformación y propaganda negra” de LNP, no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado. El tribunal enfatizó el rol de los Massot en “la inducción de culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de toda la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano”. Recordaron que el propio Adel Vilas, cara visible de la dictadura en Bahía, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar. “La actuación de los directivos de LNP, por protagonismo, fluidos contactos, confianza, trato directo o ‘prima facie’ complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”, escribieron.

Para los fiscales, LNP tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. “El compromiso” con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”, explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la “eficacia” militar, datos sobre militancias “extremistas”, todo ilustrado con fotos robadas por los militares. “A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia”, apuntaron Nebbia y Palazzani.

El documento de 137 fojas incluye hallazgos notables. “Estamos ganando la batalla en el campo militar y perdiéndola en el cultural”, editorializó LNP en abril de 1978. La primera persona del plural “es reflejo fiel de su pertenencia al plan de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol de propaganda y a la vez de alerta para que la ‘guerra’ siguiera en el campo cultural”, advierten. En una de tantas notas para denostar a Jacobo Timerman como “responsable ideológico de la subversión”, los Massot destacaron su rechazo por los “plumíferos comunistas” de La Opinión y confesaron: “No es éste el lugar para dar sus nombres, cosa que hemos hecho en lugar y momentos adecuados; nombres de argentinos algunos y de excrecencias extranjeras otros”.

Diana Julio de Massot, directora hasta su muerte, fue “la cabecilla del grupo”, recordaron. El rol de Vicente Massot “era múltiple”. Desde 1974, cuando se modificó el contrato social de la empresa, fue socio, léase dueño. Según un acta de septiembre de 1975, la dirección decidió que “todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot”. Fue en esos meses cuando el conflicto con los gráficos llegó a su pico y cuando la dirección denunció la “labor disociadora” de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que meses después serían fusilados. El 24 de marzo de 1976, Massot se paseó por la rotativa con su mamá, bandera en mano, para provocar a los gráficos. En marzo de 1977 representó a la empresa en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde destacó que al enfrentar el país la “escalda del marxismo internacional” era lógico que se tomaran decisiones “lesivas respecto de determinadas libertades”. En 1979, ante declaraciones de Juan Pablo II sobre la violencia en la Argentina, editorializó en su radio (LU2) que el Papa se dejó influir por “madres cuyo dolor será muy entendible, pero que no es justificable, o bien por determinadas camarillas en el Vaticano que apoyan todo tipo de reivindicaciones marxistas o subversivas”. “Es inconcebible”, se ofuscó. En 1980, como “asistente de dirección”, visitó con su mamá a Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura.

Los fiscales citaron dos antecedentes de directivos de periódicos condenados por su rol en genocidios. El Tribunal de Nuremberg condenó al dueño de Der Sturmer por “su labor de propaganda del régimen genocida”. Entendió “que era posible que no estuviese directamente implicado en la comisión física de los asesinatos de los judíos, pero que había alentado y conocía tales actos”. Los dueños de LNP “conocían la metodología que se estaba empleando, al punto de exigir que se modificara y se comenzara a fusilar masivamente”, recordaron. Igual que Vilas, “el criminal de guerra Himmler dijo que Der Sturmer ‘ha contribuido enormemente a descubrir al enemigo de la humanidad’”. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó al dueño del periódico Kangura por instigación directa y pública a cometer genocidio. Desde el diario “se promovía el odio y se hacía un llamado al exterminio” y “se manipulaba la conciencia de los lectores instigándolos al odio”, fundamentó. A partir de un análisis de derecho internacional y jurisprudencia sobre libertad de expresión, el tribunal concluyó que “la incitación a la violencia, las amenazas, los libelos o los falsos anuncios no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio”.