jueves, 4 de diciembre de 2014

Arrestan al represor Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del VCuerpo del Ejército

El prófugo que se quedó sin refugio

Fue buscado durante siete años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 Por Diego Martínez

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Massot culpabiliza a los familiares de las víctimas

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, imputado por la muerte de dos obreros gráficos, volvió a descargar responsabilidad. En diez días se resuelve su situación.
Vicente Massot se retira después de declarar, en medio de un fuerte operativo policial

Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

Vicente Massot llegó a las 6.50 a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos de Bahía Blanca. lo hizo caminando solo, por una zona que ya estaba vallada, pero no tan blindada con la vez anterior. Madrugó a las organizaciones de derechos humanos que llegaron a las 7 para repudiarlo y reclamar memoria, verdad y justicia. Más tarde, frente al juez que debe decidir su situación procesal por las muertes de dos obreros gráficos en épocas de la dictadura, repitió la fórmula ya transitada: responsabilizó a su madre y su hermano, ambos fallecidos. Agregó una acusación a los familiares de las víctimas, a quienes desacreditó por su testimonio dado en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.

Adentro, el director de La Nueva Provincia se encontró con su abogado defensor, Rubén Ditskin; el juez federal subrogante, Alvaro Coleffi; y los fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Miguel Angel Pallazani y José Nebbia, quienes una vez más se resignaron a que no podrían a ser preguntas.

"Mantuvo la versión que había dado en las dos declaraciones anteriores ante el juez de los meses de marzo y de abril del corriente año y además no aceptó preguntas de los fiscales", dijeron fuentes judiciales que presenciaron la escena.
El caso por el cual está imputado es el de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes fueron asesinados en tiempos en que trabajaban para el tradicional matutino bahiense. “En lo que corresponde a las actas notariales y se exculpó de la situación afirmando que su madre Diana Julio de Massot era la que manejaba y dirigía el diario", explicaron las fuentes.     
 Los manifestantes contra Massot, esperan afuera de la sala donde declaró

A partir de ahora el juez tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario. Podría procesarlo en incluso ordenar su detención, o decidir no procesarlo.

Massot, quien al final de su declaración se retiró en patrullero y fuertemente custodiado, está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas

lunes, 10 de noviembre de 2014

Massot : imputado coautor desaparición dos obreros y ocultamiento verdad en 35 casos

Vicente Massot, el director de La Nueva Provincia volverá a Tribunales

El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, se presentará este martes ante la Justicia Federal de Bahía Blanca para ampliar su declaración indagatoria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar.

El empresario periodístico fue citado para las 7.30 ante el juez federal subrogante Alvaro Coleffi en el Juzgado Federal ubicado en Alsina 317.

Fuentes judiciales señalaron que Coleffi podrá formular preguntas a partir de las posibles contradicciones y dudas en relación al testimonio de Massot del 24 de abril, y luego de ese acto resolvería su situación procesal.

En la audiencia de abril de este año los fiscales Miguel Angel Pallazani y José Nebbia no pudieron hacerle preguntas al empresario, por lo que no se descarta que pueda ocurrir lo mismo.

Las fuentes consultadas expresaron que "hay diversa documentación y varios elementos que son fundamentales como prueba en el marco de la causa".

Massot está acusado por la Unidad Fiscal de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

A raíz de la presentación de Massot, agrupaciones y organismos vinculados a los derechos humanos realizarán una concentración en inmediaciones al Juzgado Federal de Bahía Blanca con el fin de exigir Justicia.

En el caso de HIJOS, APDH, Red por el Derecho a la Identidad y Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados junto al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta, estarán ubicados en Alsina y Dorrego, frente al Palacio Municipal, bajo la consigna "Juicio y Castigo a los Partícipes Civiles!, ¡Juicio y Castigo a Massot".

Por su parte, la Comisión de Apoyo a los Juicios estará presente en Alsina y Lamadrid, donde habrá diversas actividades.

domingo, 5 de octubre de 2014

Nueva indagatoria al empresario Massot, acusado de coautoria de obreros gráficos

El Martes 11 de Noviembres será nuevamente Indagado Vicente Massot ante un Juez de la Nación Argentina.

Deberá ampliar su testimonio y responder a las preguntas del Juez Coleffi. 

Luego de la Indagatoria se resolvería la situación procesal del dueño de la nueva provincia, Acusado de Delitos de Lesa Humanidad.

La Fiscalía acusa a Massot de ser coautor del homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para
su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". y de haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en elocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica publicadas en el periódico al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, enmarcados en un Plan de acción Psicológica para implementar el terror en la ciudadanía.

Por tercera vez, Massot debe responderle a la Justicia, luego de que se analizaran las pruebas que surgirían del allanamiento a su diario.

Nuevamente Veremos concurrir al Juzgado al Colaborador y Reivindicador mas importante del Terrorismo de Estado.
La Dictadura Fue CÍVICO-MILITAR y debemos avanzar sobre éstos civiles quienes fueron fundamentalmente hacedores.

Porque LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS,
              JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!
              JUICIO Y CASTIGO A LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA GENOCIDA!

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

jueves, 21 de agosto de 2014

Dos militatres detenidos y trasladados

Están acusados por delitos de lesa humanidad.

Dos militares retirados imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca fueron detenidos y trasladados a esa ciudad, donde deberán prestar declaración indagatoria. Se trata de Luis María Delaico y Raúl Esteban Andrés, acusados en la causa que investiga la represión ilegal en el Cuerpo V del Ejército. En paralelo con ese expediente, que ya derivó en dos juicios y 24 condenas, continúa el proceso por los crímenes de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, que comenzó con 25 imputados.

Si el Tribunal Oral Federal accede al pedido de unificación de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, en los próximos días podrían sumarse otros 14 acusados que están procesados por los mismos hechos y con pruebas documentales comunes, que integraron las mismas estructuras represivas y hasta comparten abogados. La impunidad biológica en la causa Armada ya benefició a una veintena de represores. La decisión que podría evitar nuevas bajas está en manos de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava. La Cámara de Casación Penal, en tanto, debe pronunciarse sobre un pedido para que se revoquen los arrestos domiciliarios de 14 de los 25 acusados.

Andrés, de 64 años, integró la Compañía de combate Mayor Keler, del Batallón de Comunicaciones 181. Igual que el ex teniente Ricardo Gandolfo, condenado el año pasado, su caso tiene una particularidad que lo diferencia del resto de los oficiales: el Ejército ordenó su alejamiento de Bahía Blanca “por razones de seguridad”. Los fiscales Nebbia y Palazzani lo imputaron por 49 casos de tortura, 25 secuestros y dos lesiones gravísimas. El teniente coronel Delaico, de 82 años, fue jefe del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé hasta el 10 de noviembre de 1977. Está imputado por haber formado parte de una asociación ilícita, por un secuestro y un homicidio. Ambos fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Buenos Aires.

En el juicio de la Armada, la semana pasada concluyó la lectura de la elevación y las indagatorias a los acusados (sólo cinco hablaron para defenderse) y el martes comenzarán las declaraciones testimoniales. La novedad de la última audiencia fue la revocatoria del arresto domiciliario del prefecto Néstor Alberto Nogués, luego de que se constatara que había abandonado su casa de Ingeniero White para asistir al cumpleaños de 15 de una nieta. Fiscales, organismos y sobrevivientes aguardan con expectativa la resolución del tribunal oral sobre el pedido para que se sumen al juicio otros 14 acusados, que el juez subrogante Santiago Martínez elevó al TOF el 24 de junio. La unificación evitaría además que varios de los imputados del proceso en curso vuelvan a ser sometidos a juicio en el futuro por los casos de apenas tres víctimas.

jueves, 14 de agosto de 2014

Piden imputar a 70 represores por delitos sexuales durante la dictadura

“Es hora de saldar esa deuda”

Lo requirieron los fiscales José Nebbia y Miguel Pallazzani a la Cámara Federal de Bahía Blanca. “Hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado”, enfatizaron. Los acusados actuaron en centros clandestinos del V Cuerpo de Ejército.

 Por Ailín Bullentini

Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Pallazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.

El requerimiento elaborado por él y su colega Pallazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.

Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.

“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Pallazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.

Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.

En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.

Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.

A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”

domingo, 6 de julio de 2014

Se inicia el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

El Tribunal Federal subrogante de Bahía Blanca iniciará el martes 8 de julio el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en esta ciudad, por el cual se encuentran imputados 25 miembros del Ejército y la Armada.
Entre los 66 casos que figuran en esta causa se encuentran los de los obreros gráficos del diario “La Nueva Provincia”, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, comenzará con el debate a partir de las 9 en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Se trata de la causa 1.103 caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.
De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires.
PARA EL FISCAL, “SE VENTILARÁN INFORMES DE LA PNA”
Sobre el juicio, el fiscal José Nebbia, quien junto con su par Miguel Angel Pallazani integran la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, informó que “es el primer juicio por los hechos cometidos en la Armada y por primera vez se va a develar en el debate oral el rol que tuvo en la zona”.
“Aquí se ventilarán los conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que dependía de la Armada donde se los señala a los obreros gráficos” Heinrich y Loyola, indicó Nebbia.
Heinrich y Loyola eran obreros gráficos del diario Bahiense y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de esta ciudad sureña. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y tesorero de la organización gremial.
Por último, el funcionario judicial comentó que también en el debate se analizará “la sincronización del Ejército y la Armada donde hay casos que actuaron las patotas de la Armada y pasaron por centros clandestinos del Ejército”.
Según se indicó, de los 13 marinos, 11 cuentan con el beneficio de arresto domiciliario en distintos puntos del país, por lo que el debate lo seguirían a través del sistema de videoconferencia.
De este modo, ante los jueces estarán presentes Maloberti y Negrete, quienes también están con arresto domiciliario pero en Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, respectivamente; y el integrante de la Prefectura Naval, Nougués quien permanece con arresto domiciliario en Ingeniero White.

viernes, 25 de abril de 2014

Periodismos criminales

Por Florencia Saintout *

El exterminio consiste en la sustracción a la especie humana de una parte de ella. Para hacerlo posible es necesario una operación cultural gigantesca y previa: quitarle a esa parte su condición de humanidad. Hacer de esa parte, de esos hombres (varones y mujeres) unos no-hombres. Entonces será posible su eliminación. La tortura; la muerte. Finalmente, la aceptación de que hay no humanos entre los humanos y que esos “no-humanos” son un riesgo para el resto del “cuerpo social”.

Un plan de eliminación de un grupo social, con la magnitud del elaborado y puesto en marcha en la dictadura, sólo es posible si se construye la aceptación de que eso sería necesario, fundada en la creencia de que hay algunos a los que se puede/debe exterminar. A partir de esa operación, sus vidas no serán lloradas porque no son consideradas ni siquiera vidas, sólo esto explica la concreción del horror. Para dar forma a ese artificio es necesario construir una serie de categorías sobre el otro que se fijen como verdad: los subversivos, los delincuentes, los bárbaros. Y en esta tarea los medios, como maquinarias especializadas en la producción simbólica que nomina la vida, ocupan un lugar fundamental.

La llamada propaganda negra no es otra cosa que la construcción de unos nombres, de unos relatos, de unas categorías, de unas imágenes que ordenan los acontecimientos a partir de un eje de destrucción del otro. Ese proceso se hace ocultando la verdad y sobre todo mintiendo acerca de ella.

No hay exterminio sin categorías que definan a un otro como exterminable. Los estigmas, reactualizados, pueden subsistir más allá de la detención coyuntural del exterminio. Pueden quedar como saberes ocultados en los sedimentos siempre disponibles de la historia. Por ello la afirmación innegociable del “Nunca Más”, porque la construcción de un sistema social de terror que habilitó la desaparición, el robo de bebés y la tortura no puede darse por terminada de manera definitiva con la llegada de la democracia.

Por eso, aunque nada garantice, la reparación de la Justicia en el marco de la verdad es indispensable para que nunca más ocurra, bajo las mismas o diferentes formas, el gran crimen. Las complicidades mediáticas deben ser juzgadas para afianzar el camino de justicia y la certeza de que nunca más seremos víctimas de una maquinaria de terror como la que vivimos. Massot tendrá que dar respuestas.
De la verdad hacia la justicia

Llegué a vivir a Bahía Blanca en 1983. Hice el colegio secundario a dos cuadras de La Nueva Provincia y ya para ese entonces todo el mundo sabía que la familia Massot era coautora del gran crimen de la dictadura. En esos tiempos donde los adolescentes podíamos salir de noche y encontrarnos con Astiz en algún boliche, nadie imaginaba que a los dueños del diario más poderoso del sur (ese que había entregado a trabajadores, que había publicado información arrancada de las sesiones de tortura en la macabra Escuelita; el que habló de enfrentamientos y celebró en su editorial del 24 de marzo de 1976 “la hora de responder con violencia ordenadora”) se los podía juzgar, o siquiera indagar. Era tal el grado de impunidad que todo lo que se sabía sólo podía ser balbuceado entre ilusiones de democracia y terror en el cuerpo.

La Nueva Provincia era el poder intocado de la ciudad. El poder real.

Con el Juicio a las Juntas militares en 1985 se abrió un camino de reparación de los crímenes. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nuevamente volvimos a pensar que del infierno iba a ser imposible salir. En ese infierno, Vicente Massot formó parte del gobierno de Menem, que encarnaba el plan de miseria planificada que había denunciado Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas como el peor crimen.

El primero que relacionó a la familia Ma-ssot con el genocidio fue Hugo Cañón –cuando era fiscal general de Bahía Blanca en 1987–, quien resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y principal vínculo del diario con la dictadura.

En 2012, terminado el juicio que condenó al primer grupo de represores que cometió delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La Nueva Provincia legitimando el terrorismo de Estado. Así, el tribunal habló de “propaganda negra” –en alusión directa a las operaciones de consolidación de terror sobre la población– y de cómo el diario participó activamente en la construcción del enemigo, cooperando con el Ejército y la Armada en el exterminio de un sector de la sociedad. En la sentencia se ordenó investigar cuál fue el papel que cumplió La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado.

Vicente Massot empezó a dar explicaciones por el asesinato de dos delegados gremiales: Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ellos habían encabezado un paro antes de la dictadura. Ya con el golpe, Diana Julio de Massot, la que se atrevía a decirles cagones a los militares porque no eran más salvajes de lo que debían, fue hasta el gremio y los increpó: “A ver si se animan ahora”. Lo que sigue es conocido. Los fueron a buscar a sus casas y de sus asesinatos La Nueva Provincia sólo mencionó dos líneas. No dijo nada de las condiciones ni de las torturas. Nunca más volvió a hablar del tema. Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani acusan a Vicente Massot como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material, encubriendo a sus autores inmediatos”.

También Massot tiene que responder a la acusación de autoría de la propaganda negra al servicio del exterminio. Es decir, a aquello que siempre supimos que había sucedido pero que nunca pensamos que iba a ser juzgado: la responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca en la última dictadura.
El diario: los medios
Lo que está sucediendo en Bahía Blanca es un gran paso en el entendimiento de que la dictadura cívico-militar tuvo como coautores a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas. Que ellos ocuparon un lugar fundamental.

Si bien es cierto que las características del diario, y de los Massot en particular, habilitarían a pensar que éste es el peor caso, no deberíamos quedarnos tranquilos pensando que La Nueva Provincia es un caso aislado, y que juzgado el monstruo más grotesco las monstruosidades desaparecerán (como señalan los jóvenes investigadores A. Santomaso y A. Olsetein, la línea editorial de La Nueva Provincia sigue sosteniendo la idea de la guerra sucia; la reivindicación del accionar terrorista del Estado y la demonización de la subversión a la que relacionan con el actual gobierno).

Sobran las pruebas para demostrar que ha sido un sistema de medios de comunicación el que ha actuado en la Argentina consolidando las posibilidades de la masacre. Sólo con leer materiales como el libro Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, escrito por Eduardo Blaustein y Martín Zubieta, como uno más entre tantos, podemos dar cuenta de una prensa al servicio del exterminio. Ni qué hablar de los casos como el de Papel Prensa, que ya está en el recorrido de la Justicia.

En estos últimos años hemos asistido permanentemente a los comunicados de la SIP o de Adepa en Argentina hablando de la libertad de expresión. Es interesante recordar cómo en 1977, sólo a cuatro días de que Rodolfo Walsh hiciera circular su Carta donde denunciaba “la censura a la prensa”, Federico Massot tenía tribuna para afirmar en Cartagena de Indias en la Asamblea de la SIP “que es lógico que ante la escalada del marxismo internacional en la Argentina las autoridades se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de ciertas libertades en salvaguarda de la integridad nacional”.

En esta línea de defensa de un régimen criminal, como fue el de la dictadura y de sus cómplices, Adepa ya en los primeros días del golpe se manifestó satisfecha por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”. Hace menos de un mes Adepa se pronunció en contra del allanamiento ordenado por la Justicia en La Nueva Provincia, diciendo que se trata de un “ataque a los medios que expresan visiones críticas”. Con el discurso que convenga, lo único que defienden es a los perpetradores.

Con los juicios de lesa humanidad van surgiendo informaciones sobre el papel jugado por los medios. Lo que se está develando es la existencia de un sistema mediático al servicio del genocidio. Se hace necesario continuar con el esfuerzo de sistematización de esta información para reunir las pruebas que permitan llegar al juicio de este periodismo coautor del exterminio. Porque ya no podemos seguir pensando en posiciones de socios más o menos directos o de cómplices, sino de coautorías. La verdad nos abrirá los pasos a la Justicia.

* Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata.

El director de Nueva Provincia, Vicente Massot, culpó a su madre y hermano

La estrategia de culpar a mamá

Vicente Massot declaró como acusado por delitos de lesa humanidad. Minimizó las pruebas en su contra y dijo que su madre y su hermano, ya fallecidos, manejaban el diario cuando desaparecieron trabajadores. Los dichos de un militar lo comprometen.

 Por Diego Martínez

El empresario Vicente Massot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Acdel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.

Massot ingresó al juzgado a las 7.30, mientras militantes de organismos de derechos humanos y de izquierda llegaban con sus banderas. “Es un día histórico para la ciudad. Fue uno de los partícipes civiles más importantes de la dictadura”, recordó Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca. “Heinrich y Loyola hicieron un trabajo de hormiga para organizar a los trabajadores que habían sido expulsados del gremio”, recordó su compañero Jorge Manuel Molina.

La indagatoria, que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían pedido en mayo del año pasado, comenzó con la lectura de la acusación y el detalle de las pruebas. El acusado negó una a una las imputaciones y entregó notas de Clarín, La Nación y otros diarios para demostrar que publicaron “varios de los ejemplos de supuesta acción psicológica y complicidad” que se le adjudican a La Nueva Provincia. Luego precisó datos que había dado en su “declaración espontánea” del mes pasado.

El eje de la defensa de Massot, que comenzó el 18 de marzo, pasa por probar que vivía en Buenos Aires, que sólo hacía “visitas ocasionales en calidad de hijo”, que en 1976 hizo la conscripción y que recién en 1977 se hizo cargo de la oficina en Buenos Aires pero sin responsabilidades importantes. Ocho actas ante escribano durante el segundo semestre de 1975, sin embargo, prueban su intervención personal en el conflicto con los gráficos, encabezando negociaciones con Heinrich y Loyola. En julio su madre le firmó un poder para que negociara con obreros en huelga y le delegó facultades para suspender y despedir empleados. En septiembre citó a los delegados al despacho de la directora para tratar de que levantaran medidas de fuerza, fue a la rotativa a convencer a los armadores que cubrieran un “retiro de colaboración” y pasó varias madrugadas discutiendo sobre distribución de tareas y horas extra. Las actas, insumo del informe de Prefectura, muestran sus fracasos para evitar las medidas de fuerza, pero sobre todo su participación en decisiones cruciales de las que dependía la salida del diario.

“Las organizaciones subversivas habían matado” a once gerentes y jefes de personal, por lo cual su madre le pidió que se quedara en Bahía, dijo Massot el mes pasado, cuando sólo sabía de una de las actas. “Mi participación fue absolutamente accidental”, pretendió ayer, porque se limitó a “dos semanas en un conflicto de más de dos años”. Luego él mismo se refutó: entre enero y marzo de 1976, admitió, la madre le pidió colaboración “a toda la familia” para que saliera el diario, “con lo cual todos los días convivíamos tíos, primos, sobrinos, hermanos”.

La noticia que más lo incomodó ayer no fue ver su nombre en las actas ante escribano, sino el relato del diálogo de su mamá con el general Azpitarte en los días previos a los asesinatos, que Gutiérrez contó ante los fiscales. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Vilas cumplía prisión preventiva en el Cuerpo V, donde solía conversar con el entonces auditor. Hablando de “la costumbre de ciertos sectores civiles de pedirles favores a los militares”, le contó que en junio de 1976 Azpitarte lo citó a su casa del barrio Palihue para participar de una entrevista pedida por Diana Julio. La directora del diario planteó allí “que tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola” y “pidió una solución porque le habían parado el diario”. Azpitarte le pidió opinión a Vilas, quien consideró que el tema no era “de incumbencia militar”. Su superior le ordenó retirarse y, mientras se alejaba, escuchó las palabras de la señora: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”, frase que Gutiérrez tradujo como “secuestrarlos”. El abogado apuntó que el diálogo fue “sobre fines de junio de 1976” y que días después se produjeron los secuestros. “Declaraciones infames e infamantes”, refunfuñó ayer Massot y curiosamente trató de desacreditar al militar diciendo que fue “defensor del general Vilas”, a quien su diario siempre consideró un héroe de la guerra sucia.