martes, 8 de octubre de 2013

BAHÍA BLANCA Piden la captura internacional de sacerdote acusado por delitos de lesa humanidad

Hijos Bahiablanca
 
La Justicia Federal bahiense pidió la captura internacional del sacerdote y ex capellán del Ejército Aldo Vara. Las similitudes con el caso del empresario Vicente Massot, cuya situación la Justicia bahiense debe aún resolver.
 
Por Diego Kenis I El sacerdote de la Iglesia católica y ex capellán del Ejército Argentino Aldo Omar Vara es buscado en todo el mundo por Interpol para ser puesto a disposición de la Justicia argentina, luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca diera lugar a una apelación presentada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que investigan la participación del cura en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército.

Resguardado en destinos no precisados por la propia Iglesia católica luego de que su actuación durante el terrorismo de Estado tomó estado público en el Juicio por la Verdad de 1999, Vara se desempeñó hasta 1979 como capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181, y fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012. El fallo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava incluyó el señalamiento de las responsabilidades del sacerdote en el plan criminal y la remisión de copias de los testimonios al Juzgado Federal que el año pasado quedó a cargo del subrogante Santiago Martínez.

Martínez delegó la investigación en la Unidad Fiscal que dirigen Nebbia y Palazzani, quienes luego de investigar el caso solicitaron la detención e indagatoria del cura. El juez denegó el pedido mediante una resolución de sólo dos carillas, cuyo texto argumentativo se resumía en realidad en dos párrafos, obstruyendo de ese modo la función investigativa que él mismo delegó en los fiscales el 28 de diciembre del año pasado. La resolución colocó a Martínez en un rol que la Cámara Nacional de Casación Penal sólo reserva a los abogados defensores de las partes, únicos autorizados “a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública”, pero nunca a un juez que debe ser imparcial.

La apelación de la fiscalía ante la Cámara Federal fue respondida afirmativamente por el tribunal, que revocó la decisión de primera instancia y canalizó a través del Juzgado la determinación de solicitar la captura internacional del cura, que lleva la firma del subrogante Álvaro Coleffi.

La determinación judicial oficia como positivo precedente ante la espera de una resolución de la misma Cámara por el pedido de detención e indagatoria contra el empresario Vicente Massot,también acusado de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol directivo en el diarioLa Nueva Provincia. Massot fue beneficiado por el juez Martínez en primera instancia, pese a que el magistrado también había delegado la investigación en la fiscalía. Al igual que en el caso de Vara, los fiscales se abocaron a la tarea y, una vez concluida la etapa de estudio de pruebas, solicitaron la indagatoria del empresario. Con su negativa, Martínez obstruyó la continuidad de la investigación. Los fiscales elevaron su apelación ante la Cámara, de la que se aguarda una resolución.

Cigarrillos y galletitas
El pedido de la fiscalía para detener e indagar a Aldo Vara se basó en la abundante cantidad de testimonios que refieren el contacto que tenía con personas secuestradas en dependencias del V Cuerpo. Las más concluyentes son las referencias del caso de los entonces estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca, que permanecieron primero en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y luego de un simulacro de liberación fueron reconducidos a instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercaba para tomar contacto con ellos el cura Vara, vestido “con sotana, o con pantalón y el cuello blanco de los sacerdotes”.

Los testimonios indican, además, que durante las visitas Vara interrogó a los estudiantes clandestinamente detenidos, les dio “algunos consejos” y llegó a llevarles cigarrillos o galletitas, configurándose de este modo en “el bueno” del juego de roles del interrogador malo y el interrogador bueno que señaló el fallo por el cual se condenó al también capellán Christian Von Wernich, de similar desempeño. Sin embargo, su grado de bondad real era bien relativo: Gustavo López, secuestrado en el predio del V Cuerpo, pidió al sacerdote que avisara a sus padres dónde se encontraba, pero tal como indicó ante el TOF bahiense su madre, María Gallardo Lozano, “ese ruego nunca llegó”. Durante su declaración testimonial de 1999 en el Juicio por la Verdad abierto en Bahía Blanca ante la obstrucción que las leyes de impunidad producían en las investigaciones penales, el cura admitió haber tenido contacto con los estudiantes secuestrados, que le mostraron las secuelas de las torturas padecidas, aunque dijo no recordar el pedido de comunicación con sus padres. Tampoco consideró objetable su comportamiento ante personas torturadas, pese a que el entonces fiscal Hugo Cañón le recordó que el cristianismo considera a los cuerpos de las personas “templos vivientes”. “Si en la Argentina hemos tenido excomuniones por violaciones a templos materiales, yo pregunto qué se debe hacer cuando hay violaciones a templos vivos como son un hombre o una mujer”, dijo Cañón. El cura no respondió.

Otro ejemplo del comportamiento de Vara se desprende a partir del caso de Patricia Chabat, secuestrada y detenida clandestinamente en “La Escuelita” y posteriormente trasladada a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Chabat conocía a Vara desde su paso por el colegio secundario, por lo que no dudó en identificarlo como el sacerdote que la entrevistó apenas llegó a la UP4 y le aconsejó “olvidarse de todo lo que había ocurrido en ‘La Escuelita’, pues era responsabilidad de sus padres”, lo que prueba que el capellán estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía en el CCD.

Capitán Vara
Los fiscales Palazzani y Nebbia consideran a Vara como “un engranaje importante en el andamiaje de la tecnología del terror en la Subzona 51, por la propia condición de religioso y lo que ello implicaba en el imaginario de los represores y víctimas”, a lo que se añade “la utilización de su investidura religiosa a favor de los designios del plan y de los suyos propios” a partir de su “presencia permanente” en los CCD. La misma oficina del entonces capellán estaba ubicada en la planta baja del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varias de las víctimas del accionar represivo del Ejército. Es por ello que los fiscales decidieron imputar al sacerdote responsabilidad en la totalidad de los hechos ocurridos en el ámbito del V Cuerpo entre 1976 y 1979, cuando dimitió a su función. La nómina incluye privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y la apropiación de dos criaturas.

Las normativas castrenses vigentes por entonces, inscriptas en el marco de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tipificaban perfectamente el rol de cada engranaje de la represión clandestina. La presencia y actuación de los capellanes en el marco de un “combate” como el que se utilizaba para enmascarar el terrorismo de Estado estaban reguladas desde 1968, cuando el dictador Alejandro Lanusse dictó el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, cuyo artículo 3013 enumera entre las “responsabilidades del capellán” la de evaluar qué impacto o motivaciones tiene la religión dentro de “la zona de interés”. Es decir, de qué modo puede usarse la sotana para arrancar información a los detenidos en un CCD como aquellos que Vara visitaba.
El compromiso del cura con su función puede leerse incluso en uno de los párrafos de su nota de dimisión de 1979, dirigida al Jefe del Batallón en que revistaba. Allí, le agradece por permitirle el “honor (de) haber podido comprometer mi vida y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”.
Violador serial de mandamientos
Luego de su paso por el Ejército y tras la vuelta de la democracia, Vara se recicló como párroco del barrio de Villa Rosas pero concentró la atención de la prensa nacional en 1998, cuando durante un acto conmemorativo de la guerra de Malvinas propuso colgar en la Plaza de Mayo al ex canciller Dante Caputo. La conmemoración había sido organizada por la Comisión de Reafirmación Histórica, que supo contar en sus filas con el carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro. Allí, Vara trazó una comparación entre la guerra de 1982, sanguinaria aventura de la última dictadura, y el plebiscitado acuerdo con Chile por la disputa por el canal del Beagle, concluyendo que “habría que haber colgado de la Pirámide de Mayo al canciller de entonces” por su “desidia e incapacidad”.

Un año más tarde se produjo su declaración testimonial en el Juicio por la Verdad que se abrió en Bahía Blanca ante la imposibilidad de avanzar en juicios penales contra los responsables del terrorismo de Estado. En esa oportunidad, Vara elogió al represor Jorge Mansueto Swendsen, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y mintió al negar el rango de capitán que le confirió el Ejército durante su paso por el Batallón en que ofició como capellán. Como las leyes de impunidad bloqueaban en 1999 el camino de justicia por los crímenes perpetrados durante la dictadura, Vara se fue del recinto con la misma libertad con que había llegado, en compañía de libros del dogma católico que tiene entre sus principales mandamientos los de no mentir y no matar.

La sumatoria de hechos determinó que el cura fuera trasladado por la jerarquía eclesiástica a destinos no precisados. La última noticia que sobre su paradero se tiene refiere que salió del país en 2011. Ese año comenzó en Bahía Blanca el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo. En el banquillo se encontraba, entre otros dieciséis genocidas, Mansueto Swendsen, a quien Vara había definido como “un gran hombre, gran jefe, un hombre muy equilibrado y gran persona”. En la sentencia que el Tribunal que llevó a cabo el juicio dictó un año más tarde, los jueces escribieron que el accionar de Vara durante la dictadura resultaba “comprometedor para la Iglesia Católica”. El papa argentino Francisco, que asumió cuarenta y ocho horas antes del primer pedido de detención del sacerdote por parte de los fiscales Palazzani y Nebbia y a quien la prensa nacional destina diariamente múltiples elogios por su supuesto perfil renovador, no ha dicho todavía nada sobre el sacerdote ahora buscado por Interpol.
                          
           
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

martes, 30 de julio de 2013

Fuera el represor Montezanti de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca)

Las organizaciones estudiantiles, docentes, gremiales y políticas abajo firmantes, unidas en la voluntad de coordinar acciones para que el ex agente de inteligencia de la dictadura Nestor Luis Montezanti sea apartado de la universidad pública, declaramos:

 -Que quienes han colaborado con la dictadura no pueden estar a cargo de la formación de los estudiantes en las cátedras universitarias y menos aún en una carrera como Derecho.


-Que la campaña por su separación, de la que nos asumimos responsables, nada tiene de agravio o calumnia ya que está documentada su participación como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia. Participación que el mismo Montezanti reconoce en su descargo ante el pedido de Juicio Académico.


-Que las Universidades Nacionales han sido siempre, salvo en los períodos dictatoriales y bajo el dominio de las AAA, espacios democráticos de debate y participación política sin censura de ningún tipo. Las pretensiones de acallar la voz de la comunidad universitaria, demandas judiciales de por medio, muestran la probada  afinidad ideológica de Montezanti con las dictaduras.

-Que el reciente fallo de la Cámara Federal levantando la cautelar que ordenaba suspender el trámite de Juicio Académico, desestimando el intento de Montezanti de negar las atribuciones de la Asamblea Universitaria, habilita al Consejo Superior Universitario a resolver sobre el mismo. Exigimos que lo haga con la celeridad que requiere el tema.

-Que persistiremos en nuestra campaña de difusión y esclarecimiento, en el ámbito universitario y extrauniversitario, y continuaremos reclamando a las autoridades y órganos de gobierno de la UNS una posición política firme en pos de la desvinculación de nuestra casa de estudios de Montezanti y todos los partícipes de la última dictadura cívico-militar.

FUERA MONTEZANTI DE LA UNS!!!!!!!!!!!!!!!
 Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) - HIJOS La Plata - Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) - CTA Regional Bahía Blanca/Coronel Dorrego - Liga Argentina por los Derechos del Hombre     Centro de Estudiantes de Humanidades (CEHum)  - Comisión directiva del BIOcentro  - Cardumen  -  Tesis XI - UJS/PO  -  La Corriente  -  Lista Integración -  FJC/PC  - Proyecto Sur - Asociación Argentina de Actores/Delegación Bahía Blanca - Comisión de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad - Empleados de la Justicia de la Nación-UJEN.
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Al Consejo Superior Universitario
Universidad Nacional del Sur

Nos dirigimos a los Señores Consejeros a fin de manifestar nuestro apoyo al inicio de Juicio Académico contra el ex-agente de inteligencia de la dictadura Dr. Néstor Luis Montezanti, con el objetivo de separarlo del cuerpo docente de la Universidad Nacional del Sur. Su juzgamiento por un tribunal académico no sólo seria un acto estrictamente legal de gran significado ético, sino también de reparación histórica, en un momento en que la propia UNS, a través de sus órganos de gobierno, ha manifestado reiteradamente su compromiso con las políticas de DD HH. El mecanismo institucional del Juicio Académico le dan al denunciado las debidas garantías que le fueron negadas a las victimas durante aquel período nefasto de nuestra historia.

Fieles a nuestros principios y militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia, estamos convencidos que, quienes han colaborado con la represión o la persecución a militantes sociales, no deberían ser parte de una institución cimentada en sólidos principios democráticos, como es la Universidad, mas aun cuando la tarea docente que desempeña  hace a la formación de miles de jóvenes que pasan por sus aulas.

martes, 23 de julio de 2013

Recuerdos de la muerte, por Diego Martinez

En 1977, a metros del centro clandestino La Escuelita en pleno funcionamiento, autoridades militares, civiles y eclesiásticas de Bahía Blanca condecoraron a cinco oficiales por sus servicios al terrorismo de Estado. 36 años después, Bahía Gris comparte imágenes del día que las “fuerzas vivas” celebraron la muerte y repasa el presente de aquellos cruzados: uno fue condenado, otro afronta su primer juicio, dos están prófugos y el torturador Julián Corres murió procesado.
Por Diego Martínez *
El domingo 29 de mayo de 1977, en el marco del 167° aniversario del Ejército, altos mandos de las tres fuerzas armadas condecoraron a cinco oficiales que se destacaron en la lucha contra la subversión”, según afirmó al bendecir las medallas el sacerdote Jorge Mayer, arzobispo de Bahía Blanca. Secundado por uniformados de todas las fuerzas, civiles de traje y señoras con tapado de piel, el general Osvaldo Azpitarte se comprometió a luchar “hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo”, frase que eligió para titular el diario La Nueva Provincia. De la ceremonia participaron el intendente de la dictadura Víctor Puente, “representantes del Poder Judicial” e “invitados especiales”, apuntó el cronista de los Massot.
Foto de tapa de La Nueva Provincia.
“La ceremonia, en la plaza de armas del comando en Villa Floresta, tuvo por marco natural una mañana de cielo límpido y sol, el rigor del frío que marcaba una brisa fuerte, pero el calor humano de todos los que allí se congregaron, especialmente civiles, familiares de los soldados e invitados especiales”, contó LNP. Nada decía el artículo sobre el centro de tortura y exterminio que funcionaba a 300 metros, donde los secuestrados sobrevivían hasta que esos mismos militares decidían matarlos y desaparecer sus cuerpos o bien acribillarlos en enfrentamientos fraguados.
Mayer, militares e invitados especiales.
El primer discurso estuvo a cargo del representante de la iglesia católica. Mayer agradeció a los militares “su valiente entrega y desinterés al servicio de la Patria” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana, iniciando, sembrando y continuando a sembrar (sic) la subversión con violencia y odio”. Pidió ayuda “al Señor” para los “defensores de la paz, la concordia y la fraternidad, humana y cristiana” y aseguró que actuaban “bajo el imperio de la ley de la justicia”.

El arzobispo Jorge Mayer bendice las medallas de los represores.
“El instante más emotivo, al borde de las lágrimas para muchos, estuvo dado cuando cinco jóvenes oficiales –desde un capitán a un subteniente- recibieron sendas medallas por su heroicidad demostrada en combate, por haber sido heridos y por haber salvado a un camarada en tan difícil trance”, apuntó el diario de los Massot, consustanciado con las operaciones de acción psicológica desplegadas para encubrir secuestros, torturas y asesinatos. 36 años después, el proceso de Justicia comienza a reubicar algunas piezas en su lugar y permite conocer los verdaderos méritos de los condecorados.

Foto Marcelo Núñez.
Mario Carlos Antonio Méndez, a quien sus camaradas llamaban “El Loco de la Guerra” (ver perfil en La virgen lo perdonará) fue condenado el año pasado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Quien le entregó la medalla en 1977 fue el contraalmirante Rafael Serra, comandante de la aviación naval, la fuerza que protagonizó los vuelos de la muerte.

Subteniente Méndez y contraalmirante Rafael Serra.

Foto Diario del Juicio.
Carlos Enrique Villanueva afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba (ver El diario del juicio). Ante secuestrados del centro clandestino La Perla, “el Gato” contó que los desaparecidos de La Escuelita bahiense eran arrojados al mar. En 1977 volvió fugazmente a Bahía para recibir la condecoración que le entregó el comandante de operaciones navales, vicealmirante Antonio Vañek, quien ahora cumple una condena de 40 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y es juzgado por su rol en la ESMA.

Teniente primero Villanueva y vicealmirante Antonio Vañek.
Miguel Angel García Moreno está prófugo gracias a la excarcelación que le obsequió el juez bahiense Gustavo Andrés Duprat. Cuando el Tribunal Oral Federal ordenó su detención para iniciar el juicio ya había abandonado su piso del barrio de Belgrano. García Moreno fue legislador porteño y funcionario de la presidencia interina de Eduardo Duhalde. La condecoración se la otorgó el general Osvaldo René Azpitarte, máximo responsable del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que fue procesado en 1987 y murió en 1989 mientras Menem firmaba su indulto.

Capitán García Moreno y general Osvaldo René Azpitarte.
Carlos Alberto Arroyo también está prófugo. A pesar del antecedente de García Moreno y los reclamos de los fiscales, el TOF permitió que siguiera libre hasta fijar fecha de inicio del juicio en curso. Cuando ordenó la detención, ya no estaba. Arroyo integró en los ’90 la custodia del presidente Menem y pasó a retiro en 2003. La condecoración por los homicidios agravados de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo se la entregó el contralmirante Roberto Wulff de la Fuente, comandante de la infantería de marina, que tenía su propio centro clandestino en la base Baterías.
Teniente Arroyo y contralmirante Wulff de la Fuente.

Corres y Catuzzi.
Julián Oscar Corres, que aplicaba la picana durante los interrogatorios, murió antes de ser juzgado. “El Laucha” admitió durante el Juicio por la Verdad que ese era su apodo en La Escuelita y que oficiaba de “jefe de guardias”. Fue detenido en abril de 2008 y tres meses después se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal. Estuvo prófugo 23 días, hasta que lo encontraron en la casa de su madre en Villa Constitución. Pasó sus últimos años en la cárcel de Marcos Paz y murió internado en el Hospital Militar. La condecoración se la entregó el general Abel Catuzzi, segundo comandante del Cuerpo V, quien fue procesado en 1987, de inmediato recuperó la libertad gracias a la ley de obediencia debida y murió impune diez años después.


Corres detenido tras su fuga de 23 días.
Después de “una ejecución de diana en honor de los distinguidos” tomó la palabra el general Azpitarte. El comandante del Cuerpo V repasó la historia del ejército, destacó el coraje ante “el invasor inglés”, durante la Revolución de Mayo y en la lucha por la independencia. Como introducción al genocidio indígena mencionó los “alaridos del salvaje que ponían un escudo de atraso a la civilización”. Al mando del teniente general Roca y “sin más uniformidad que la del filo de sus sables, el Ejército se convirtió en vanguardia de progreso, marcando el rumbo a animosos estancieros que fueron asentando la prosperidad en el desierto”. Reivindicó al general Richieri como símbolo de la modernización de la fuerza y por último se refirió a la “historia reciente”, al “imperialismo ideológico que ahoga la libertad y adormece el espíritu creador”. Como respuesta, “otra vez el Ejército unido a la Armada y a la Fuerza Aérea entró en una nueva etapa de su gloriosa trayectoria, haciendo frente a ese terrorismo marxista que impunemente avanzaba en su desesperada empresa destructora”.
General Osvaldo Azpitarte.
Azpitarte se comprometió a “continuar la lucha, no sólo hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo, sino hasta que los venenosos ideólogos, los delincuentes económicos y todos aquellos que de una u otra forma, atacan la esencia de nuestra nacionalidad, una vez descubiertos reciban el condigno castigo que la ley señala”. Advirtió que “el éxito final no será posible sin la presencia activa de la población, que en este grave trance ha demostrado entereza y gran sentido de responsabilidad, participando en la medida de sus posibilidades”. El acto terminó con un desfile de militares, marinos y reservistas frente al palco oficial.

* Imágenes extraídas del documental La Escuelita, gentileza de Rodrigo Caprotti. Imágenes LNP: hemeroteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. Bahía Gris agradece toda colaboración para identificar al resto de las autoridades e “invitados especiales” presentes en el Cuerpo V aquel domingo de mayo de 1977.


Militares e invitados/as especiales.


General Azpitarte y arzobispo Jorge Mayer.

Invitados especiales, en el interior del comando.




miércoles, 10 de julio de 2013

Murió impune Mario Gabrielli, pero no ante la memoria

La Impunidad Biólógica Vuelve a dejarnos un sabor amargo para los que esperamos y reclamamos Juicio y Castigo durante décadas. Murió MARIO GABRIELLI ex secretario de redacción del Diario Vocero y Cómplice de la Dictadura la nueva provincia. Había sido pedido por los fiscales bahienses su DETENCIÓN E INDAGATORIA por su participación en dicho pasquín; El Juez en primera instancia URPIANO MARTÍNEZ LA DESESTIMÓ, y ahora debía resolver la Cámara Federal.
Tenemos que decir una vez más que es imperante que la Justicia esté a la altura de este momento democrático depurando sus corporaciones y amiguismo con algunos jueces y ACELERE los tiempos para así lograr, al menos, reparar algo de lo tanto que ya se perdió.
Murió impune, pero no Inocente, no se lo recordará como un periodista mas, sino como un Cómplice de la Dictadura Genocida que no dijo las verdades que sabía, sobre todo de los asesinatos de los compañeros Heinrich y Loyola, obreros gráficos de la Nueva Provincia asesinados.
No queremos seguir viendo como mueren de viejos los responsables del Genocidio en Argentina.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES MILITARES, ECLESIÁSTICOS Y CIVILES!!
H.I.J.O.S.

Impune ante la Justicia, pero no ante la Memoria
09.07.2013. El periodista Mario Gabrielli murió hoy a los 84 años. En mayo, los fiscales Nebbia y Palazzani lo acusaron de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol de jefe de la redacción del diario La Nueva Provincia. De los cuatro acusados señalados por el Ministerio Público, ahora sólo queda con vida Vicente Massot.
El periodista Mario Gabrielli, jefe de la redacción del diario La Nueva Provincia entre 1973 y 1990, murió hoy a los 84 años. La muerte sorprendió a Gabrielli impune ante la Justicia pero señalado por el Ministerio Público Fiscal como partícipe del plan criminal de la última dictadura, desde su rol de máximo responsable en la redacción del matutino.
En mayo, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani elevaron al Juzgado Federal 1 de nuestra ciudad el pedido de detención de Gabrielli y de Vicente Massot, quienes junto a los fallecidos Diana Julio y Federico Massot formaban parte del grupo directivo con poder decisorio dentro de La Nueva Provincia durante la dictadura.
Ya ocho meses antes el Tribunal que dictó sentencia en el marco de la denominada “Causa Bayón”, que finalizó con condenas a diecisiete represores que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo, habían considerado “comprobada” la existencia de una “campaña de propaganda negra” mediante la cual el diario bahiense contribuyó con el Terrorismo de Estado al “imponer la versión de los victimarios” y “colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
Casi una quincena más tarde, el juez subrogante Santiago Martínez denegó el pedido elevado por Nebbia y Palazzani sin siquiera citar a los acusados supervivientes a prestar declaración indagatoria. En su resolución, emitida el 15 de mayo, el magistrado dijo no haber hallado elementos para imputar no sólo a Massot y Gabrielli sino al mismo diario en su conjunto. Pocos días después, los fiscales apelaron ante la Cámara Federal, que aún no ha resuelto en torno a ello. Con la muerte de Gabrielli, el único de los acusados que permanece con vida es Vicente Massot, actual director y propietario de La Nueva Provincia.
                          
           
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H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
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jueves, 16 de mayo de 2013

Se fugó un coronel retirado, imputado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura

Un integrante del Ejército, imputado en una causa por delitos cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca, se dio a la fuga luego de no presentarse a un examen médico ya que gozaba de una excarcelación, informaron fuentes judiciales.
 
Se trata del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, uno de los diez imputados que se encuentran a la espera de que comience el próximo juicio oral por los delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército en la causa 1067.

Desde la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se informó  que "Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación".

"El imputado debía presentarse para un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema el día 6 de mayo pasado, y ante su inasistencia se ordenaron distintas medidas para dar con su paradero, lo que al día de la fecha no ha sido posible", agregó la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Según se indicó, la Unidad Fiscal se opuso en reiteradas oportunidades a que Arroyo sea excarcelado, tanto durante la instrucción como en la etapa de juicio.

"El 24 de octubre de 2012, ante la inminencia del debate oral, la Unidad solicitó al Tribunal Oral la detención de Arroyo junto a la de otros imputados que se encuentran excarcelados como José Héctor Fidalgo y Alejandro Lawless", señaló la Unidad.

En ese contexto se informó que el pedido fue reiterado el 21 de marzo de este año y al momento de fugarse el Tribunal nada había resuelto.

Las fuentes consultadas comentaron que "Arroyo tuvo un importante desempeño a lo largo de la última dictadura militar como integrante de la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército, junto con los restantes integrantes del “Equipo de Combate contra Subversión” quienes asesinaron a la pareja formada por Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, quien estaba embarazada".

"Con posterioridad Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor 6 de Avellaneda", agregaron los voceros.

La Unidad Fiscal dijo también que "ha repetido en innumerables ocasiones la necesidad de que todos los imputados por delitos de lesa humanidad sean detenidos en unidades carcelarias, atento el riesgo procesal concreto y real de que se fuguen, ya que, como se ha visto en los hechos, quienes formaron parte del Estado terrorista cuentan aún hoy con la connivencia de diversos sectores de poder que protegen a este tipo de delincuentes".

También el organismo judicial detalló que en jurisdicción de Bahía Blanca también se encuentran prófugos Miguel Ángel García Moreno, quien no se sabe de su paradero desde antes del inicio del juicio en la causa 982, en el año 2011, Aldo Mario Álvarez y Ricardo Joaquín Molina.

lunes, 13 de mayo de 2013

Piden la detención del director del diario La Nueva Provincia por su complicidad con la dictadura

Un engranaje más dentro del plan criminal

Los fiscales consideraron, con apoyo del fallo del Tribunal Oral que el año pasado condenó a represores de Bahía Blanca, que Vicente Massot, como responsable del diario, tuvo un rol específico dentro del plan del terrorismo de Estado. Antecedentes del nazismo y Ruanda.

Para los fiscales, “el compromiso” de Vicente Massot con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”.

Por Diego Martínez

La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió la detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por su participación en el plan criminal implementado por la última dictadura. La responsabilidad de los directivos del diario ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores locales. “No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, destacaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. El pedido de detención alcanza a Mario Gabrielli, entonces jefe de redacción del diario bahiense. La decisión sobre el futuro de Massot y Gabrielli está ahora en manos del juez federal Santiago Martínez.

Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti marcaron en su sentencia la “campaña de desinformación y propaganda negra” de LNP, no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado. El tribunal enfatizó el rol de los Massot en “la inducción de culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de toda la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano”. Recordaron que el propio Adel Vilas, cara visible de la dictadura en Bahía, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar. “La actuación de los directivos de LNP, por protagonismo, fluidos contactos, confianza, trato directo o ‘prima facie’ complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”, escribieron.

Para los fiscales, LNP tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. “El compromiso” con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”, explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la “eficacia” militar, datos sobre militancias “extremistas”, todo ilustrado con fotos robadas por los militares. “A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia”, apuntaron Nebbia y Palazzani.

El documento de 137 fojas incluye hallazgos notables. “Estamos ganando la batalla en el campo militar y perdiéndola en el cultural”, editorializó LNP en abril de 1978. La primera persona del plural “es reflejo fiel de su pertenencia al plan de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol de propaganda y a la vez de alerta para que la ‘guerra’ siguiera en el campo cultural”, advierten. En una de tantas notas para denostar a Jacobo Timerman como “responsable ideológico de la subversión”, los Massot destacaron su rechazo por los “plumíferos comunistas” de La Opinión y confesaron: “No es éste el lugar para dar sus nombres, cosa que hemos hecho en lugar y momentos adecuados; nombres de argentinos algunos y de excrecencias extranjeras otros”.

Diana Julio de Massot, directora hasta su muerte, fue “la cabecilla del grupo”, recordaron. El rol de Vicente Massot “era múltiple”. Desde 1974, cuando se modificó el contrato social de la empresa, fue socio, léase dueño. Según un acta de septiembre de 1975, la dirección decidió que “todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot”. Fue en esos meses cuando el conflicto con los gráficos llegó a su pico y cuando la dirección denunció la “labor disociadora” de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que meses después serían fusilados. El 24 de marzo de 1976, Massot se paseó por la rotativa con su mamá, bandera en mano, para provocar a los gráficos. En marzo de 1977 representó a la empresa en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde destacó que al enfrentar el país la “escalda del marxismo internacional” era lógico que se tomaran decisiones “lesivas respecto de determinadas libertades”. En 1979, ante declaraciones de Juan Pablo II sobre la violencia en la Argentina, editorializó en su radio (LU2) que el Papa se dejó influir por “madres cuyo dolor será muy entendible, pero que no es justificable, o bien por determinadas camarillas en el Vaticano que apoyan todo tipo de reivindicaciones marxistas o subversivas”. “Es inconcebible”, se ofuscó. En 1980, como “asistente de dirección”, visitó con su mamá a Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura.

Los fiscales citaron dos antecedentes de directivos de periódicos condenados por su rol en genocidios. El Tribunal de Nuremberg condenó al dueño de Der Sturmer por “su labor de propaganda del régimen genocida”. Entendió “que era posible que no estuviese directamente implicado en la comisión física de los asesinatos de los judíos, pero que había alentado y conocía tales actos”. Los dueños de LNP “conocían la metodología que se estaba empleando, al punto de exigir que se modificara y se comenzara a fusilar masivamente”, recordaron. Igual que Vilas, “el criminal de guerra Himmler dijo que Der Sturmer ‘ha contribuido enormemente a descubrir al enemigo de la humanidad’”. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó al dueño del periódico Kangura por instigación directa y pública a cometer genocidio. Desde el diario “se promovía el odio y se hacía un llamado al exterminio” y “se manipulaba la conciencia de los lectores instigándolos al odio”, fundamentó. A partir de un análisis de derecho internacional y jurisprudencia sobre libertad de expresión, el tribunal concluyó que “la incitación a la violencia, las amenazas, los libelos o los falsos anuncios no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio”.

jueves, 11 de abril de 2013

Bahía Blanca: todavía se buscan dos bebés nacidos en el CCDyE La Escuelita

 "En el horizonte, dos juicios más y la necesidad de poner la lupa sobre partícipes civiles. Y una tarea: la búsqueda de dos muchachos de 36 años nacidos en 1977".

Por Diego Kenis, desde Bahía Blanca I -  Foto: Sofía Pascualetti

Un Día de la Memoria especial se vivió en Bahía Blanca el 24 de marzo pasado: fue el primero con la impunidad en retroceso, luego de la sentencia de septiembre en el juicio contra represores del V Cuerpo. En el horizonte, dos juicios más y la necesidad de poner la lupa sobre partícipes civiles. Y una tarea: la búsqueda de dos muchachos de 36 años nacidos en 1977, durante el cautiverio de sus madres. Desde el 24 de marzo, una silueta emplazada en el sitio donde funcionó el CCD "La Escuelita" señaliza esa misión de todos. Mientras ellos no recuperen sus identidades, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán.

El jueves 28 de marzo pasado, el diario La Nueva Provincia saludó el despertar de quienes todavía se animan a leerlo con un editorial en que se sumó a la tergiversación de los dichos de Estela de Carlotto sobre una supuesta reivindicación de la lucha armada para luego catalogar de “terroristas” a las víctimas de la represión clandestina de la última dictadura cívico militar. De ese modo, el diario retomó la pluma imperativa de antaño, aquella que llevó a que se pose sobre su actuación la mirada judicial. En este caso, festejó en retrospectiva: “hace 36 años las Fuerzas Armadas de la Nación pusieron punto final a ese sueño terrorista”, dice el editorial sin firma.

No resulta extraña la reacción porque cuatro días antes, el domingo 24, decenas de personas participaron del primer acto conmemorativo por el Día de la Memoria que se realizó en Bahía Blanca con la impunidad en retirada. El 12 de septiembre pasado, el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava condenó a diecisiete represores que durante la dictadura actuaron bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército, en la subzona 51 de la represión clandestina. La mayoría de las penas dictadas fue a prisión perpetua. Además, el TOF ordenó a la Justicia Federal bahiense de primera instancia abocarse a las investigaciones por las complicidades civiles, lo que incluye al ex capellán del Ejército Aldo Vara y a los directivos del matutino.

El acto principal en la mañana bahiense del 24 de marzo tuvo como escenario al predio del V Cuerpo donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, y contó con la organización de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la filial local de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Ofició además como preparatorio para el comienzo de otros dos juicios orales. Uno comenzará en mayo y llevará al banquillo a una decena de represores del Ejército. El otro involucrará a aquellos que actuaron bajo la órbita de la Armada. La Nueva Provincia tiene motivos para estar nervioso: ese juicio incluirá los casos de los asesinatos de los delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secuestrados y asesinados luego de encabezar una huelga contra la patronal.

Nacer por siempre


Dos de los delitos de lesa humanidad que fueron considerados durante el debate judicial que concluyó en septiembre fueron los vinculados a las apropiaciones de los hijos nacidos en cautiverio de Graciela Romero de Metz y María Graciela Izurieta, quienes permanecieron secuestradas en “La Escuelita” durante sus embarazos. Sus hijos, dos varones que a la fecha cuentan con aproximadamente 36 años, aún viven sus vidas, sus felicidades y tristezas, bajo una identidad falsa, producto de la perversidad de la maquinaria del Terrorismo de Estado.

Por ello, el primer 24 de marzo con la impunidad en retirada no podía ser uno más, sino que debía marcar el camino a seguir. “Mientras al menos un hombre o mujer viva con una identidad que no es la suya a causa del plan sistemático de apropiación de menores implementado durante la dictadura, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán”, fue la conclusión que a través de la psicóloga Rocío Galindo la Red llevó al acto. 

Como símbolo del camino a seguir, en el cierre del encuentro y cuando ya el reloj se aproximaba al mediodía dominical, representantes de los tres organismos de derechos humanos responsables del acto se acercaron al cartel de señalización de “La Escuelita”, sobre el alambrado del predio que da al camino de cintura bahiense. Componían el grupo Eduardo Hidalgo, sobreviviente del CCD y titular de la APDH; Anahí Junquera, integrante de H.Í.J.O.S. e hija de Néstor Junquera y María Eugenia González, desaparecidos que también pasaron por dicho CCD en 1976; y Ayelén Durán, por la Red por la Identidad.

Entre  todos descubrieron allí una silueta que representa a una mujer embarazada. La venda que cubre sus ojos dice el resto. Quienes transiten el Camino La Carrindanga, una de las salidas de la ciudad, tendrán presente lo ocurrido allí. También los pasajeros del tren que corre a apenas veinte metros del lugar. El mismo que oían pasar los secuestrados. Será un modo de apostar a la búsqueda colectiva.

Natividad

Cuando la escritora Alicia Partnoy declaró en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, solicitó autorización para leer dos capítulos del libro testimonial que tituló con el mismo nombre que los represores daban al CCD donde estuvo detenida: “La Escuelita”.
Corría por entonces el último mes del último año del milenio, diciembre de 1999. Los caminos de la búsqueda de Justicia estaban cerrados y quedaba buscar una Verdad que sirviera para reparar lo que pudiese ser reparado. Alicia eligió leer “Graciela: alrededor de la mesa” y “Natividad”, dos capítulos donde narra el desarrollo del embarazo de Graciela Romero y el parto de su bebé. La escritora compartió cautiverio con Graciela y si bien no asistió al nacimiento de la criatura sí fue testigo de los preparativos. Poco después del alumbramiento, pudo hablar con Romero y saber que su hijo había nacido sano, a pesar de las salvajes torturas que su madre debió soportar, y que se encontraba en buen estado. Cuando en el CCD dejó de verse a Graciela Romero de Metz, Partnoy logró saber que la criatura había sido entregada, al menos en primera instancia, a uno de los interrogadores del lugar.

El testimonio de la escritora, que desde mediados de la década del ‘80 recorre el mundo en forma de libro, resulta de este modo determinante para saber que el hijo varón de Graciela Romero y Raúl Metz, secuestrados en Neuquén en 1976, nació en la noche que fue del 16 al 17 de abril de 1977. Se encuentra próximo a cumplir los 36 años.

Hasta que recupere su identidad, seguirá naciendo en tiempo presente en las palabras que Alicia Partnoy imprimió en “La Escuelita”: “Graciela acaba de parir. Un niño ha nacido prisionero. Mientras las manos de los verdugos lo reciben en el mundo, la sombra de la vida se retira, triunfadora a medias, derrotada a medias. Sobre los hombros lleva un poncho de injusticia”.

“Por el bebé estoy viva”


El fiscal Abel Córdoba marcó, nuevamente, un camino. El mensaje que envió para acompañar el acto del 24 de marzo llamó a continuar la búsqueda de Justicia para las víctimas y el fin de la impunidad de “represores y represoras”.

La carta que Graciela Izurieta pudo escribir en cautiverio. "Por el bebé estoy viva", dice.
Desde diciembre de 2010, cuando el propio Córdoba la imputó, la abogada Gloria Girotti inauguró el femenino del término en territorio bahiense. Como secretaria del ex juez federal Guillermo Madueño, Girotti llegó a presenciar interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas. Además, omitía dar curso a denuncias y rechazaba pedidos de hábeas corpus.

Una de las resoluciones de rechazo en que aparece su firma es la referido a María Graciela Izurieta, secuestrada durante la última semana de julio de 1976 en Bahía Blanca y trasladada a “La Escuelita”, donde paso siete meses de embarazo.

En el acto del último 24 de marzo, la lectura que Anabel Bustos Arnst, miembro de la Red,  hizo de una carta escrita por María Graciela conmovió a todos. Pudo enviarla a sus padres desde el mismo CCD, el primer día de diciembre de ese año. La puntuación irregular en la escritura de una universitaria del tercer año de Filosofía y la caligrafía prueban que fue escrita “de contrabando”, como ella misma indica en el texto.
Allí les contaba de sus deseos de abrazarlos, y que “todavía estoy viva y con ganas de ser feliz, de reírme y tengo una razón para sentirme bien a pesar de todo, y es que estoy embarazada”.

En la línea siguiente les informa que el nene es hijo de “Marcelo”, sobrenombre de Alberto Garralda. “Pobrecito Marcelo, que yo no va a poder conocerlo nunca y es por el bebé que estoy viva y es gracias a él que voy a ir a la cárcel”, escribió luego. Estos renglones dejan ver una de las más terribles torturas imaginables: una mujer secuestrada, sometida a vejámenes, embarazada, era consciente de que habían asesinado a su pareja y, aunque mantenía una esperanza de supervivencia, comenzaba a percibir que ella sólo permanecía con vida por ser el mero instrumento para la gestación de su hijo. Es difícil concebir una crueldad mayor que la exhibida por los genocidas en casos como éste.

María Graciela permaneció en “La Escuelita” hasta aproximadamente su octavo mes de embarazo. Su superviviencia hasta entonces prueba que sólo tenía por objeto permitirle alumbrar a la criatura que llevaba en su vientre. Hoy, es un muchacho de 36 años que aún no se ha encontrado consigo mismo. Buscarlo es la tarea.

Si tenés dudas sobre tu identidad, o creés que podés ser hijo de desaparecidos, en Bahía Blanca o la región podés comunicarte con la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, llamando al teléfono (0291) 15467128 o escribiendo al correo electrónico a redxlaidentidadbblanca@gmail.com.

sábado, 9 de marzo de 2013

Bahía Blanca : genocidas imputados, tranquilamente sueltos

Desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca hacemos saber nuestro desagrado y repudio ante un nuevo episodio de un imputado por Delitos de Lesa Humanidad, que gozando de su privilegio de Prisión domiciliaria, se pasea impunemente por las calles Bahienses llegando al  límite de hacerlo armado. Arturo María Quintana, imputado en la causa  Armada, está acusado de aplicaciones de tormentos, de ser co-autor de  secuestros y muertes y de la eliminación de cuerpos?.

Los delitos por los que se lo acusa, son considerados todos  Delitos de Lesa Humanidad. No es lo suficientemente grave como para que espere su momento del juicio en prisión?
Quintana ya había burlado la prisión domiciliaria (vaya a saber en cuántas oportunidades ) y cuando fue sorprendido, adujo que fue a la panadería porque no tenía a nadie que le compre el pan?, burlándose de todos nosotros, y de la Ley también. Ahora con total desparpajo se lo descubre caminando por las calles bahienses con armas en su poder.

  Nosotros nos preguntamos:
    ¿Cómo puede ser que un imputado de semejantes delitos tenga armas a su
alcance?
    ¿Qué pasaría si se cruza con testigos que tienen que declarar en el
juicio de Armada?
    ¿Qué pasaría si utiliza las armas en su propia contra? (Ya hubo
varios casos de Genocidas ¿Suicidados? )
    ¿Qué seguridad tiene cualquier ciudadano de caminar en la calle, si
estos imputados de graves delitos en contra de toda la humanidad, están
entre nosotros y armados?

  Para los Genocidas exigimos un Juicio
Justo con todas las garantías constitucionales que ellos nunca dieron, como lo tienen en nuestro país y luego, Cárcel Común y Efectiva. Para  los Imputados, pedimos el mismo tratamiento hasta que les llegue su juicio, ya que han dado prueba suficiente de que burlan la prisión domiciliaria y se camuflan entre la ciudadanía con el descaro de hacerlo armados.


NI UN SOLO GENOCIDA SUELTO!   H.I.J.O.S. BAHÍA BLANCA
                                      
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)