jueves, 31 de mayo de 2012

Comisión de apoyo a los juicios de Bahía Blanca

Desde la Colectiva Feminista Autoconvocatoria Mujeres manifestaron su “sorpresa y malestar por el contenido y tenor de algunos dichos vertidos en estos días de parte de integrantes del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en relación a la figura del dr. Abel Córdoba y determinados aspectos de su vida privada” y llamaron a “no tergiversar la idea de ‘violencia de género’ y a no usarla en contextos inadecuados”.
“Llamamos sobre todo a no esgrimirla contra alguien que trabaja por la defensa de los derechos humanos, entre los cuales deben estar, indudablemente, los derechos de las mujeres”, aseguraron en un comunicado que suma adhesiones en las redes sociales.
El Consejo Departamental de Humanidades de la Universidad del Sur, a instancias de integrantes del Movimiento Universitario Pachakútej, resolvieron “repudiar enérgicamente la embestida mediática del Diario la Nueva Provincia de desprestigio hacia el fiscal Abel Córdoba” y “pronunciarse a favor de la continuidad y profundización de los juicios de lesa humanidad perpetrados desde la organización paramilitar y parapolicial de la Triple A durante el gobierno de la Señora Isabel Perón y hasta los años de la última dictadura militar”.
Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos universitaria afirmó que “es sabido que existen medios locales que manifiestan reiteradamente su rechazo a dicho proceso judicial y a la política de Memoria, Verdad y Justicia en la cual se enmarca la creación de esta Subsecretaría. Los mismos han difamado la persona del fiscal Córdoba cuestionando su idoneidad para desarrollar la tarea que se le ha encomendado”.
“Otra vez, en Bahía Blanca, las corporaciones mediáticas golpistas, encabezadas por La Nueva Provincia y secundadas esta vez por sus serviles y nefastos empleados de La Brújula, atacan arteramente a las políticas de Derechos Humanos del proyecto Nacional y Popular”, dijeron días atrás Agrupaciones Kirchneristas por los Derechos Humanos.
Apoyaron al fiscal y agregaron que “este diario, socio, mentor y acérrimo defensor de las políticas anti populares y del sangriento genocidio llevados a cabo por la última dictadura cívico militar, intenta deslegitimar a la política y a la democracia como herramientas de transformación social y a los actores que desde la militancia y la función pública trabajan incansablemente en la tarea de llevar adelante los Juicios”.

Radiografía del Estado terrorista



Con un análisis del contexto histórico del genocidio a cargo de la dra. Mirta Mántaras comenzó esta semana el alegato de la querella en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. La abogada agradeció a las personas que dieron testimonio ante el tribunal recordando la sobre exigencia que representó tener que declarar en numerosas oportunidades desde 1987.
“Vilas aterrorizó a los bahienses y tuvo el beneplácito de La Nueva Provincia para generar todo tipo de información falsa”, dijo cerca del final de su intervención en una frase que simboliza claramente el capítulo local del tándem cívico militar que impulsó y perpetró el terrorismo de Estado.
Los abogados Walter Larrea y Diego Czerniecky la siguieron aportando el detalle de las acusaciones probadas en cada caso durante el debate oral y lo seguirán haciendo el próximo martes 5 de junio desde las 16 en Colón 80. Ingresá y descargá la desgrabación de la exposición de Mántaras.
Al comenzar la audiencia del martes, el presidente del tribunal Jorge Ferro anunció que se rechazó in limine -de entrada- el pedido de recusación presentado por los defensores oficiales Alejandro Castelli y Leonardo Brond y el particular Eduardo San Emeterio contra el fiscal Abel Córdoba por “improcedente”.
“Vamos a dar comienzo a los alegatos recordándoles a las partes que no podrán hacer lectura de su exposición, solamente podrán consultar informes escritos para citas jurisprudenciales, doctrinarias o para mejorar el orden metodológico de la exposición. Así también se ruega evitar formulaciones impertinentes o inútiles”, aseguró Ferro sobre un tema que aun genera discusiones en torno al debate.
Tanto desde la querella como desde la Fiscalía se formularon peticiones para que los jueces reconsideren la firme postura expresada arriba teniendo en cuenta que no se trata de una causa ordinaria sino un mega juicio con casi un centenar de víctimas y alrededor de 350 testigos.
El fiscal Córdoba dijo que “en base a la experiencia del Ministerio Público era previsible para la Fiscalía la lectura dado que en juicios orales menores incluso que el actual, se ha permitido. El trabajo de la Fiscalía durante el año fue orientado de esa manera”.
Argumentó que el modo afecta el fondo de la acusación y se coarta una de las facultades centrales de este sistema que es establecer una acusación precisa. También que debe haber congruencia entre la sentencia -que debe ser escrita- y la acusación que se pretende oral.
“La parte acusada, que seguramente tenga sobre sí acusaciones gravísimas y que de haber lugar probablemente les lleve toda la vida, tienen derecho a ser acusados en términos precisos y con indicación clara de cada una de las circunstancias a valorar”, llegó a mencionar hasta ser interrumpido por el juez José Triputti.
“Lo mato”, se le escuchaba decir al abogado Hernán Vidal mientras hablaba el fiscal. Aseguró que “la norma es muy estricta” y agregó -el defensor de planificadores y ejecutores del terrorismo de Estado- que “no podemos torcer la ley”.
El querellante Walter Larrea alegó el martes sobre los casos que tuvieron como víctimas a Patricia Acevedo y los de los estudiantes y el profesor de la ENET. El miércoles continuó con los de Eduardo Hidalgo, su hermano Daniel y su cuñada Olga Souto Castillo. El de la actriz y titiritera Mónica Moran; Carlos Rivera; Néstor del Río; Braulio Laurencena; Estela Di Toto y Horacio López; y Mirna Aberasturi.
Luego su colega Diego Czerniecki alegó por Jorge Antonio Abel; Héctor Ayala; Felicitas Baliñas; Hugo Barzola; Víctor Benamo; Mario Medina; Oscar Bermúdez; Pablo Bohoslavsky; Julio y Rubén Ruiz; y los fusilados de calle Catriel: Zulma Matzkin, Pablo Fornasari, Manuel Tarchitzky y Juan Carlos Castillo.
Cuando Larrea debía retomar su exposición el defensor Mauricio Gutiérrez solicitó la nulidad de la jornada acusando a los querellantes por incumplir lo establecido en cuanto a la lectura. Querella y Fiscalía se opusieron y luego de un cuarto intermedio el tribunal rechazó el planteo de la defensa....

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viernes, 4 de mayo de 2012

Declaró militar imputado : "Estábamos en guerra..."

Ex eniente coronel, que se desempeñó en el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército y está detenido por delitos de lesa humanidad, declaró hoy en el marco del juicio oral y público que se realiza en esta ciudad.

Se trata del Teniente Coronel (R) Osvaldo Bernardino Páez, de 81 años, quien prestó servicios en el Departamento de Operaciones del V Cuerpo del Ejército y además fue presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51 durante 1976.
Páez solicitó brindar su declaración y postura de defensa ante el Tribunal en lo Criminal Federal, en el marco del juicio que se lleva a cabo en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur.
"Durante el año 75 revisté en el departamento logístico del Estado Mayor y el primero de enero del 76 fui destinado al departamento III Operaciones del Estado Mayor", señaló Páez.
El militar dijo además que el 27 de marzo fue nombrado presidente del Consejo de Guerra Especial que "solamente se organiza en tiempo de guerra".
El militar agregó que "me tocó actuar no contra el personal sino contra tres personas particulares" al detallar que se trató de "Pablo Boholavsky, Julio Ruiz y Rubén Ruiz".
Los mencionados fueron condenados por el Consejo de Guerra pero además estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita y tras ello a la Unidad Penal de Villa Floresta y de Rawson, en Chubut.
"Estábamos en guerra y el Tribunal mío estaba en guerra", agregó Páez ante una consulta del Tribunal.
El militar dijo que "habían dos organizaciones que fueron declaradas ilegales, una el Ejército Revolucionario del Pueblo y la organización Montoneros".
El militar expresó que "estaban detenidos en el lugar de reunión del Batallón y antes no tenía conocimiento porque no pertenecía a la Subzona, yo pertenecía al Estado Mayor del V Cuerpo".
Páez agregó que "al Tribunal nos presentan estas tres personas detenidas por orden de la Subzona y las alojan en el batallón".
"El Consejo de Guerra es sumarísimo y empieza a las 8 de la mañana del 15 de diciembre y terminó a las 19 del día 17, se desarrolla sin solución de continuidad y se trabaja las 24 horas".
Sobre la sentencia, el militar dijo que a Julio Ruiz y a Boholavsky "se les aplicó un año y seis meses" y a "Rubén Ruiz "siete meses".
Al ser consultado sobre el lugar donde habían cumplido la pena, Páez dijo que "yo ya no estaba, me salió el pase el 16 de diciembre y fui a cumplir mi nuevo destino al Comando Instituto".