Bahia Blanca : DOMICILIARIA PARA EL GENOCIDA LAWLESS

LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, OTORGA IMPUNEMENTE LA PRISIÓN

DOMICILIARIA AL GENOCIDA LAWLESS

    Los organismos de DDHH de Bahía Blanca, repudiamos la decisión del Poder Judicial que  sigue otorgándoles domiciliarias a los peores criminales genocidas de nuestro país:

El 25 de julio último, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio a un genocida conocido por los bahienses que cuenta con dos condenas en los juicios por delitos de Lesa Humanidad transitados en nuestra ciudad: Alejandro LAWLESS.

A LAWLESS el Tribunal que lo condenó, le había negado el pedido de prisión domiciliaria por encontrarse en perfecto estado de salud, corroborado por peritos médicos, por estar en una cárcel de privilegio como lo es Campo de Mayo (cárcel vip) con todas las atenciones que pudiera necesitar, y principalmente por sus serios y peligrosos antecedentes:

En el 2009 cuando fue ordenada su detención, LAWLESS estuvo prófugo de la justicia durante un año y medio. A pesar de semejante antecedente, el entonces Juez subrogante ULPIANO MARTINEZ (conocido por sus constantes beneficios a genocidas) le dio prisión preventiva en su domicilio. En el 2013, al lograr que el Poder Judicial revocara la domiciliaria y enfrentara uno de sus juicios con detención efectiva, al momento de ser detenido por la Policía Aeroportuaria para ser llevado a Tribunales, el genocida “se les escapó corriendo” por calle Lavalle, pleno centro porteño. Así volvió a fugarse durante 8 meses más, con la ayuda de su familia y allegados, hasta que por medio de Interpol fue encontrado nuevamente.

LAWLESS con pedido de captura cuando se hallaba prófugo.

LAWLESS fue condenado en el año 2015 a 8 años de prisión en la causa Armada I y su segunda condena fue en el año 2017, causa Gonzalez Chipont, esta vez a PRISION PERPETUA  por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, todos delitos de Lesa Humanidad y en el marco de un GENOCIDIO.

 Los jueces Carlos Alberto MAHIQUES, Eduardo RIGGI y Guillermo  YACOBUCCI de la sala de feria de la CÁMARA FEDERAL de CASACIÓN PENAL, entendieron que “correcaminos” LAWLESS no representa ningún peligro para la sociedad y que no hay riesgo que se fugue, aun siendo la guardadora su esposa, quien lo ayudo a escapar y esconderse en las dos veces que se burló del Estado y la Justicia, y encontrándose también en excelente estado de salud. Es por eso que autorizaron al Genocida a permanecer en su domicilio de RUIZ DE HUIDOBRO 3737  6° PISO G. DE CABA.

Repudiamos este delivery de impunidad y retrocesos al que nos somete el Poder Judicial de la mano del gobierno nacional, dándole beneficios absolutamente arbitrarios, descarados  y sin fundamento a los genocidas, sin siquiera tener, como en este caso, problemas de salud que así lo ameriten y con graves antecedentes de peligrosidad y de fuga.

No queremos en los barrios torturadores, asesinos, violadores, desaparecedores y ladrones de bebes.

Seguimos exigiendo que el único Lugar para los GENOCIDAS, sea la CARCELCOMUN!!

30.000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES!

-ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS BAHÍA BLANCA

-H.I.J.O.S. REGIONAL BAHÍA BLANCA

-RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. BBCA.

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!

H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

¿De la casa al juicio y del juicio a la casa?

El genocida Osvaldo Laurella Crippa, con condenas de 23 y ocho años de prisión en Neuquén, llegó ayer por su cuenta y en compañía de su hijo a la primera audiencia del juicio Ejército III de Bahía Blanca en el cual está imputado por los secuestros y torturas que sufrieron dos estudiantes de Servicio Social y por el homicidio de Raúl Ferreri, desaparecido desde 1976. A la hora de la cena, una unidad de Su Taxi lo llevó hasta su casa.

La situación se dio por primera vez en la ciudad y obedecería al “morigeramiento de penas” sugerido por la Corte Suprema, según comentó uno de los jueces del tribunal. La mayoría de los imputados llegó en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal a Colón 80, mientras otros participaron desde Viedma, San Rafael, Jujuy, Junín de los Andes y Chimbas por videoconferencias en dependencias judiciales o en el comedor de sus casas con policía, perro y fotos familiares de fondo.

El ex teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa fue jefe de la División II Inteligencia del Comando de Infantería de Brigada VI, Comando de Subzona 52 Ejército Argentino, en comisión a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Neuquén desde el golpe de Estado. Fue beneficiado con arresto domiciliario en el noveno piso del edificio de Alsina 520.

Mientras sus camaradas eran ingresados por una pequeña puerta del rectorado de la UNS, esposados y cobijados bajo los escudos policiales, Laurella y su hijo conversaban detrás de un grupo de militantes que repudiaban a los represores. Minutos después, decidió atravesar el público y presentarse ante la custodia: “Estoy con domiciliaria y vengo a la audiencia”, dijo antes de escabullirse en el edificio gozando de un rostro -hasta ayer- poco conocido.

Laurella Crippa egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en 1954 y debutó contra la democracia el 16 de septiembre del año siguiente en las filas de la Revolución Fusiladora. Tras su despliegue ilegal en Neuquén, en 1980 ascendió al grado de coronel y fue trasladado al Comando V Cuerpo de Ejército donde se retiró un lustro más tarde.

“En ningún momento me asocié a un plan sistemático, criminal y clandestino de represión, si no por el contrario trabajé para mejorar una institución que estaba muy descuidada y a la vez mejorar la situación de la seguridad pública, que ya comenzaba a tener ciertas fisuras, y cumpliendo las misiones específicas que le había impuesto el gobierno provincial”, se defendió.

Antonio Casal fue segundo jefe de la Regional Segunda de la policía de Neuquén en 1975 y describió a Laurella Crippa como “un borracho común, un pobre tipo” que decía que “tenía la potestad desde un apercibimiento al fusilamiento”.

Una testigo lo identificó recién en 2008 cuando vio su fotografía en el marco de los juicios y recordó el aspecto “fantasmagórico” del tipo que presenció sin decir palabra la revisación médica que le hicieron al ser encerrada en una alcaidía policial.

“Por el grado de responsabilidad que tenía, la función que cumplía, el momento en que los hechos de que se lo acusan fueron llevados a cabo y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de su intervención en los distintos hechos, la única conclusión a la que razonablemente puede arribarse es que no sólo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría, sino que colaboró con los hechos por los que fue acusado”, dijeron los jueces patagónicos.

Laurella Crippa fue condenado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada por ser la víctima perseguido político y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración mayor a un mes.

Ahora camina libremente hacia su primera condena en Bahía Blanca.

( Posted on 12/10/2016 by efemedelacalle)

Renovada protección para el ex juez represor Montezanti

La Cámara Federal de Bahia Blanca suspendió la indagatoria a un ex juez represor. 

En línea con el cambio político, en Bahía Blanca se acentúa el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad. Montezanti, ex titular del tribunal bahiense quien renunció para evitar la destitución, consiguió postergar sin fecha su declaración.

El cambio de vientos políticos sigue haciendo estragos en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca. Montado en el fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez federal Alejo Ramos Padilla, el ex agente de inteligencia del Ejército y ex juez Néstor Luis Montezanti logró esta semana la suspensión y postergación de su indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad, prevista para el martes próximo. El próximo paso de quien fue presidente de la Cámara bahiense hasta que renunció para evitar su destitución en el Consejo de la Magistratura será pedir la nulidad de toda la causa, amparado en los argumentos que le obsequiaron su ex compañero de tribunal Pablo Candisano Mera y los subrogantes Jorge Ferro y José Triputti.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Ramos Padilla, que actuaba como subrogante en Bahía Blanca, ordenó el año pasado su citación a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado (todavía con fueros) faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Por esos meses el camarista también prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. Su única aparición pública fue un autorreportaje en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, que a su vez obtuvo su falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un original sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi, que se había animado a citar a indagatoria al empresario y se aprestaba a pronunciarse.

En septiembre el Consejo resolvió por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Montezanti por su actuación en el terrorismo de Estado y también por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Sus conductas son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación, sostuvo. En marzo, cuando el Consejo de aprestaba a destituirlo, Montezanti presentó su renuncia, que el presidente Mauricio Macri aceptó en tiempo récord. La huida silenciosa le permitirá cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días y le evitó a los consejeros tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial.

Ya sin fueros que impidan su detención, la Cámara Federal tomó una decisión que le permitió recobrar sus esperanzas de prolongar su impunidad. A partir de planteos de defensores de represores, los jueces resolvieron aceptar la recusación de Ramos Padilla (abstracta pues renunció a las causas de Bahía Blanca a fines de 2015) al considerar que era justificado el temor de parcialidad por su antiguo rol como querellante de víctimas de la dictadura. “Estas resoluciones habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, anticipó entonces el fiscal Palazzani a la agencia Paco Urondo. La suspensión de la indagatoria, que dictó el juez Pedro Plou (de Junín, también subrogante en Bahía) era una previsible consecuencia de la resolución de la Cámara.

Mientras el cuarto juicio de lesa humanidad en el sur bonaerense todavía no tiene fecha de inicio, los militantes de la impunidad siguen ganando batallas en Bahía. Primero fue la confirmación de la falta de mérito de Massot, sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. Luego la Cámara Federal, sin darle derecho a descargo, cesanteó por segunda vez a Coleffi (el juez que se animó a avanzar contra Massot) por entender que no podía trabajar en el Ministerio Público Fiscal. El mes pasado se pronunció contra Ramos Padilla. Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos también parecen estar en la mira. Ante una acción de amparo porque el Servicio Penitenciario Bonaerense no les permitía ingresar a la cárcel de Villa Floresta, Ramos Padilla hizo lugar y habilitó la inspección que solicitaban. La Cámara Federal revirtió esa decisión para impedirles que controlen las condiciones inmundas que reinan en las cárceles de la provincia.

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

Detuvieron al represor Héctor Oscar Chisu, La Triple A Bahiense

La Triple A bahiense

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. 

El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa

Arrestan al represor Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del VCuerpo del Ejército

El prófugo que se quedó sin refugio

Fue buscado durante siete años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 Por Diego Martínez

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

Massot culpabiliza a los familiares de las víctimas

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, imputado por la muerte de dos obreros gráficos, volvió a descargar responsabilidad. En diez días se resuelve su situación.
Vicente Massot se retira después de declarar, en medio de un fuerte operativo policial

Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

Vicente Massot llegó a las 6.50 a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos de Bahía Blanca. lo hizo caminando solo, por una zona que ya estaba vallada, pero no tan blindada con la vez anterior. Madrugó a las organizaciones de derechos humanos que llegaron a las 7 para repudiarlo y reclamar memoria, verdad y justicia. Más tarde, frente al juez que debe decidir su situación procesal por las muertes de dos obreros gráficos en épocas de la dictadura, repitió la fórmula ya transitada: responsabilizó a su madre y su hermano, ambos fallecidos. Agregó una acusación a los familiares de las víctimas, a quienes desacreditó por su testimonio dado en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.

Adentro, el director de La Nueva Provincia se encontró con su abogado defensor, Rubén Ditskin; el juez federal subrogante, Alvaro Coleffi; y los fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Miguel Angel Pallazani y José Nebbia, quienes una vez más se resignaron a que no podrían a ser preguntas.

"Mantuvo la versión que había dado en las dos declaraciones anteriores ante el juez de los meses de marzo y de abril del corriente año y además no aceptó preguntas de los fiscales", dijeron fuentes judiciales que presenciaron la escena.
El caso por el cual está imputado es el de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes fueron asesinados en tiempos en que trabajaban para el tradicional matutino bahiense. “En lo que corresponde a las actas notariales y se exculpó de la situación afirmando que su madre Diana Julio de Massot era la que manejaba y dirigía el diario", explicaron las fuentes.     

 Los manifestantes contra Massot, esperan afuera de la sala donde declaró

A partir de ahora el juez tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario. Podría procesarlo en incluso ordenar su detención, o decidir no procesarlo.

Massot, quien al final de su declaración se retiró en patrullero y fuertemente custodiado, está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas

Piden imputar a 70 represores por delitos sexuales durante la dictadura

“Es hora de saldar esa deuda”

Lo requirieron los fiscales José Nebbia y Miguel Pallazzani a la Cámara Federal de Bahía Blanca. “Hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado”, enfatizaron. Los acusados actuaron en centros clandestinos del V Cuerpo de Ejército.

 Por Ailín Bullentini

Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Pallazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.

El requerimiento elaborado por él y su colega Pallazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.

Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.

“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Pallazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.

Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.

En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.

Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.

A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”

Recuerdos de la muerte, por Diego Martinez

En 1977, a metros del centro clandestino La Escuelita en pleno funcionamiento, autoridades militares, civiles y eclesiásticas de Bahía Blanca condecoraron a cinco oficiales por sus servicios al terrorismo de Estado. 36 años después, Bahía Gris comparte imágenes del día que las “fuerzas vivas” celebraron la muerte y repasa el presente de aquellos cruzados: uno fue condenado, otro afronta su primer juicio, dos están prófugos y el torturador Julián Corres murió procesado.

Por Diego Martínez *

El domingo 29 de mayo de 1977, en el marco del 167° aniversario del Ejército, altos mandos de las tres fuerzas armadas condecoraron a cinco oficiales “que se destacaron en la lucha contra la subversión”, según afirmó al bendecir las medallas el sacerdote Jorge Mayer, arzobispo de Bahía Blanca. Secundado por uniformados de todas las fuerzas, civiles de traje y señoras con tapado de piel, el general Osvaldo Azpitarte se comprometió a luchar “hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo”, frase que eligió para titular el diario La Nueva Provincia. De la ceremonia participaron el intendente de la dictadura Víctor Puente, “representantes del Poder Judicial” e “invitados especiales”, apuntó el cronista de los Massot.

Foto de tapa de La Nueva Provincia.

“La ceremonia, en la plaza de armas del comando en Villa Floresta, tuvo por marco natural una mañana de cielo límpido y sol, el rigor del frío que marcaba una brisa fuerte, pero el calor humano de todos los que allí se congregaron, especialmente civiles, familiares de los soldados e invitados especiales”, contó LNP. Nada decía el artículo sobre el centro de tortura y exterminio que funcionaba a 300 metros, donde los secuestrados sobrevivían hasta que esos mismos militares decidían matarlos y desaparecer sus cuerpos o bien acribillarlos en enfrentamientos fraguados.

Mayer, militares e invitados especiales.

El primer discurso estuvo a cargo del representante de la iglesia católica. Mayer agradeció a los militares “su valiente entrega y desinterés al servicio de la Patria” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana, iniciando, sembrando y continuando a sembrar (sic) la subversión con violencia y odio”. Pidió ayuda “al Señor” para los “defensores de la paz, la concordia y la fraternidad, humana y cristiana” y aseguró que actuaban “bajo el imperio de la ley de la justicia”.

El arzobispo Jorge Mayer bendice las medallas de los represores.

“El instante más emotivo, al borde de las lágrimas para muchos, estuvo dado cuando cinco jóvenes oficiales –desde un capitán a un subteniente- recibieron sendas medallas por su heroicidad demostrada en combate, por haber sido heridos y por haber salvado a un camarada en tan difícil trance”, apuntó el diario de los Massot, consustanciado con las operaciones de acción psicológica desplegadas para encubrir secuestros, torturas y asesinatos. 36 años después, el proceso de Justicia comienza a reubicar algunas piezas en su lugar y permite conocer los verdaderos méritos de los condecorados.

Foto Marcelo Núñez.

Mario Carlos Antonio Méndez, a quien sus camaradas llamaban “El Loco de la Guerra” (ver perfil en La virgen lo perdonará) fue condenado el año pasado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Quien le entregó la medalla en 1977 fue el contraalmirante Rafael Serra, comandante de la aviación naval, la fuerza que protagonizó los vuelos de la muerte.

Subteniente Méndez y contraalmirante Rafael Serra.

Foto Diario del Juicio.

Carlos Enrique Villanueva afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba (ver El diario del juicio). Ante secuestrados del centro clandestino La Perla, “el Gato” contó que los desaparecidos de La Escuelita bahiense eran arrojados al mar. En 1977 volvió fugazmente a Bahía para recibir la condecoración que le entregó el comandante de operaciones navales, vicealmirante Antonio Vañek, quien ahora cumple una condena de 40 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y es juzgado por su rol en la ESMA.

Teniente primero Villanueva y vicealmirante Antonio Vañek.

Miguel Angel García Moreno está prófugo gracias a la excarcelación que le obsequió el juez bahiense Gustavo Andrés Duprat. Cuando el Tribunal Oral Federal ordenó su detención para iniciar el juicio ya había abandonado su piso del barrio de Belgrano. García Moreno fue legislador porteño y funcionario de la presidencia interina de Eduardo Duhalde. La condecoración se la otorgó el general Osvaldo René Azpitarte, máximo responsable del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que fue procesado en 1987 y murió en 1989 mientras Menem firmaba su indulto.

Capitán García Moreno y general Osvaldo René Azpitarte.

Carlos Alberto Arroyo también está prófugo. A pesar del antecedente de García Moreno y los reclamos de los fiscales, el TOF permitió que siguiera libre hasta fijar fecha de inicio del juicio en curso. Cuando ordenó la detención, ya no estaba. Arroyo integró en los ’90 la custodia del presidente Menem y pasó a retiro en 2003. La condecoración por los homicidios agravados de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo se la entregó el contralmirante Roberto Wulff de la Fuente, comandante de la infantería de marina, que tenía su propio centro clandestino en la base Baterías.

Teniente Arroyo y contralmirante Wulff de la Fuente.

Corres y Catuzzi.

Julián Oscar Corres, que aplicaba la picana durante los interrogatorios, murió antes de ser juzgado. “El Laucha” admitió durante el Juicio por la Verdad que ese era su apodo en La Escuelita y que oficiaba de “jefe de guardias”. Fue detenido en abril de 2008 y tres meses después se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal. Estuvo prófugo 23 días, hasta que lo encontraron en la casa de su madre en Villa Constitución. Pasó sus últimos años en la cárcel de Marcos Paz y murió internado en el Hospital Militar. La condecoración se la entregó el general Abel Catuzzi, segundo comandante del Cuerpo V, quien fue procesado en 1987, de inmediato recuperó la libertad gracias a la ley de obediencia debida y murió impune diez años después.

Corres detenido tras su fuga de 23 días.

Después de “una ejecución de diana en honor de los distinguidos” tomó la palabra el general Azpitarte. El comandante del Cuerpo V repasó la historia del ejército, destacó el coraje ante “el invasor inglés”, durante la Revolución de Mayo y en la lucha por la independencia. Como introducción al genocidio indígena mencionó los “alaridos del salvaje que ponían un escudo de atraso a la civilización”. Al mando del teniente general Roca y “sin más uniformidad que la del filo de sus sables, el Ejército se convirtió en vanguardia de progreso, marcando el rumbo a animosos estancieros que fueron asentando la prosperidad en el desierto”. Reivindicó al general Richieri como símbolo de la modernización de la fuerza y por último se refirió a la “historia reciente”, al “imperialismo ideológico que ahoga la libertad y adormece el espíritu creador”. Como respuesta, “otra vez el Ejército unido a la Armada y a la Fuerza Aérea entró en una nueva etapa de su gloriosa trayectoria, haciendo frente a ese terrorismo marxista que impunemente avanzaba en su desesperada empresa destructora”.

General Osvaldo Azpitarte.

Azpitarte se comprometió a “continuar la lucha, no sólo hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo, sino hasta que los venenosos ideólogos, los delincuentes económicos y todos aquellos que de una u otra forma, atacan la esencia de nuestra nacionalidad, una vez descubiertos reciban el condigno castigo que la ley señala”. Advirtió que “el éxito final no será posible sin la presencia activa de la población, que en este grave trance ha demostrado entereza y gran sentido de responsabilidad, participando en la medida de sus posibilidades”. El acto terminó con un desfile de militares, marinos y reservistas frente al palco oficial.

* Imágenes extraídas del documental La Escuelita, gentileza de Rodrigo Caprotti. Imágenes LNP: hemeroteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. Bahía Gris agradece toda colaboración para identificar al resto de las autoridades e “invitados especiales” presentes en el Cuerpo V aquel domingo de mayo de 1977.

Militares e invitados/as especiales.

General Azpitarte y arzobispo Jorge Mayer.

Invitados especiales, en el interior del comando.

Se fugó un coronel retirado, imputado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura

Un integrante del Ejército, imputado en una causa por delitos cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca, se dio a la fuga luego de no presentarse a un examen médico ya que gozaba de una excarcelación, informaron fuentes judiciales.
 
Se trata del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, uno de los diez imputados que se encuentran a la espera de que comience el próximo juicio oral por los delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército en la causa 1067.

Desde la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se informó  que "Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación".

"El imputado debía presentarse para un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema el día 6 de mayo pasado, y ante su inasistencia se ordenaron distintas medidas para dar con su paradero, lo que al día de la fecha no ha sido posible", agregó la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Según se indicó, la Unidad Fiscal se opuso en reiteradas oportunidades a que Arroyo sea excarcelado, tanto durante la instrucción como en la etapa de juicio.

"El 24 de octubre de 2012, ante la inminencia del debate oral, la Unidad solicitó al Tribunal Oral la detención de Arroyo junto a la de otros imputados que se encuentran excarcelados como José Héctor Fidalgo y Alejandro Lawless", señaló la Unidad.

En ese contexto se informó que el pedido fue reiterado el 21 de marzo de este año y al momento de fugarse el Tribunal nada había resuelto.

Las fuentes consultadas comentaron que "Arroyo tuvo un importante desempeño a lo largo de la última dictadura militar como integrante de la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército, junto con los restantes integrantes del “Equipo de Combate contra Subversión” quienes asesinaron a la pareja formada por Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, quien estaba embarazada".

"Con posterioridad Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor 6 de Avellaneda", agregaron los voceros.

La Unidad Fiscal dijo también que "ha repetido en innumerables ocasiones la necesidad de que todos los imputados por delitos de lesa humanidad sean detenidos en unidades carcelarias, atento el riesgo procesal concreto y real de que se fuguen, ya que, como se ha visto en los hechos, quienes formaron parte del Estado terrorista cuentan aún hoy con la connivencia de diversos sectores de poder que protegen a este tipo de delincuentes".

También el organismo judicial detalló que en jurisdicción de Bahía Blanca también se encuentran prófugos Miguel Ángel García Moreno, quien no se sabe de su paradero desde antes del inicio del juicio en la causa 982, en el año 2011, Aldo Mario Álvarez y Ricardo Joaquín Molina.

Bahía Blanca : genocidas imputados, tranquilamente sueltos

Desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca hacemos saber nuestro desagrado y repudio ante un nuevo episodio de un imputado por Delitos de Lesa Humanidad, que gozando de su privilegio de Prisión domiciliaria, se pasea impunemente por las calles Bahienses llegando al  límite de hacerlo armado. Arturo María Quintana, imputado en la causa  Armada, está acusado de aplicaciones de tormentos, de ser co-autor de  secuestros y muertes y de la eliminación de cuerpos?.

Los delitos por los que se lo acusa, son considerados todos  Delitos de Lesa Humanidad. No es lo suficientemente grave como para que espere su momento del juicio en prisión?
Quintana ya había burlado la prisión domiciliaria (vaya a saber en cuántas oportunidades ) y cuando fue sorprendido, adujo que fue a la panadería porque no tenía a nadie que le compre el pan?, burlándose de todos nosotros, y de la Ley también. Ahora con total desparpajo se lo descubre caminando por las calles bahienses con armas en su poder.

  Nosotros nos preguntamos:
    ¿Cómo puede ser que un imputado de semejantes delitos tenga armas a su
alcance?
    ¿Qué pasaría si se cruza con testigos que tienen que declarar en el
juicio de Armada?
    ¿Qué pasaría si utiliza las armas en su propia contra? (Ya hubo
varios casos de Genocidas ¿Suicidados? )
    ¿Qué seguridad tiene cualquier ciudadano de caminar en la calle, si
estos imputados de graves delitos en contra de toda la humanidad, están
entre nosotros y armados?

  Para los Genocidas exigimos un Juicio
Justo con todas las garantías constitucionales que ellos nunca dieron, como lo tienen en nuestro país y luego, Cárcel Común y Efectiva. Para  los Imputados, pedimos el mismo tratamiento hasta que les llegue su juicio, ya que han dado prueba suficiente de que burlan la prisión domiciliaria y se camuflan entre la ciudadanía con el descaro de hacerlo armados.


NI UN SOLO GENOCIDA SUELTO!   -  H.I.J.O.S. BAHÍA BLANCA
                                      
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

Segundo proceso por "la escuelita" de bahía blanca

Juzgarán a los guardias del centro clandestino

Fueron detenidos en Junín de los Andes en el 2010.

Se ventilará un centenar de denuncias.

BAHÍA BLANCA (ACE).- El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo en esta ciudad, entró en la etapa de presentación de pruebas. Se ventilarán un centenar de denuncias que fueron escuchadas en el primer proceso oral –muchas de ellas de Viedma y de Neuquén–, pero ahora entre sus acusados se cuenta a quienes en 1976 fueran guardias de "La Escuelita" de Bahía Blanca.

"Es un juzgamiento relevante; los que eran guardias de la Escuelita son oficiales de alto rango con injerencia directa en los hechos, han tenido responsabilidad en la determinación directa y concreta de cada una de las víctimas" que pasaron por el centro clandestino bahiense en 1976 y 1977, dijo el fiscal Abel Córdoba, a cargo de la investigación y acusación.

Los máximos responsables por el funcionamiento del centro clandestino del V Cuerpo, volverán a juicio, en su caso por los secuestros de las universitarias neuquinas en junio de 1976. Deberá comparecer también el comisario rionegrino Vicente Floridia, por los casos de Eduardo "Bachi" Chironi y Jorge Abel (ver aparte). En este segundo tramo fueron elevados a juicio Arsenio Lavallén –que actualmente vive en Plottier– con apodo de "El Zorzal" y de Junín de los Andes Raúl Artemio Domínguez, alias "El Abuelo"; Desiderio Andrés González alias "Perro Vago"; José María Martínez y Gabriel Cañicul. Los cinco están acusados como "autores directos" de "aplicar severidades y vejaciones" a los secuestrados durante la custodia en el centro clandestino, dijo el fiscal.

En su mayoría tenían un promedio de 30 años en 1976 y eran suboficiales del cuerpo de Baquianos, dependiente del Comando de la Sexta Brigada, que viajaban desde Junín de los Andes "en comisión" a Bahía para el accionar en el centro clandestino.

Los guardias de "La Escuelita" fueron detenidos en el 2010 por personal aeroportuario y llegan al juicio excarcelados.

La acusación es de coautores o partícipes necesarios de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados y en los casos de quienes permanecen desaparecidos o aparecieron en las calles de Bahía acribillados bajo la modalidad de "falsos enfrentamientos" fueron acusados de homicidio. "Ellos fueron quienes convivieron con las víctimas, esto le da al juicio oral otro cariz: pueden reconocer a quienes estaban en el centro clandestino torturando, con lo cual tiene otra dimensión que va a ser relevante", dijo el fiscal.

Sostuvo que los acusados "tienen mucha información que los coloca en otra situación, hay cierta expectativa de que puedan aportar el dato de circunstancias que no dominaron, pero sí conocieron.