¿De la casa al juicio y del juicio a la casa?

El genocida Osvaldo Laurella Crippa, con condenas de 23 y ocho años de prisión en Neuquén, llegó ayer por su cuenta y en compañía de su hijo a la primera audiencia del juicio Ejército III de Bahía Blanca en el cual está imputado por los secuestros y torturas que sufrieron dos estudiantes de Servicio Social y por el homicidio de Raúl Ferreri, desaparecido desde 1976. A la hora de la cena, una unidad de Su Taxi lo llevó hasta su casa.

La situación se dio por primera vez en la ciudad y obedecería al “morigeramiento de penas” sugerido por la Corte Suprema, según comentó uno de los jueces del tribunal. La mayoría de los imputados llegó en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal a Colón 80, mientras otros participaron desde Viedma, San Rafael, Jujuy, Junín de los Andes y Chimbas por videoconferencias en dependencias judiciales o en el comedor de sus casas con policía, perro y fotos familiares de fondo.

El ex teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa fue jefe de la División II Inteligencia del Comando de Infantería de Brigada VI, Comando de Subzona 52 Ejército Argentino, en comisión a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Neuquén desde el golpe de Estado. Fue beneficiado con arresto domiciliario en el noveno piso del edificio de Alsina 520.

Mientras sus camaradas eran ingresados por una pequeña puerta del rectorado de la UNS, esposados y cobijados bajo los escudos policiales, Laurella y su hijo conversaban detrás de un grupo de militantes que repudiaban a los represores. Minutos después, decidió atravesar el público y presentarse ante la custodia: “Estoy con domiciliaria y vengo a la audiencia”, dijo antes de escabullirse en el edificio gozando de un rostro -hasta ayer- poco conocido.

Laurella Crippa egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en 1954 y debutó contra la democracia el 16 de septiembre del año siguiente en las filas de la Revolución Fusiladora. Tras su despliegue ilegal en Neuquén, en 1980 ascendió al grado de coronel y fue trasladado al Comando V Cuerpo de Ejército donde se retiró un lustro más tarde.

“En ningún momento me asocié a un plan sistemático, criminal y clandestino de represión, si no por el contrario trabajé para mejorar una institución que estaba muy descuidada y a la vez mejorar la situación de la seguridad pública, que ya comenzaba a tener ciertas fisuras, y cumpliendo las misiones específicas que le había impuesto el gobierno provincial”, se defendió.

Antonio Casal fue segundo jefe de la Regional Segunda de la policía de Neuquén en 1975 y describió a Laurella Crippa como “un borracho común, un pobre tipo” que decía que “tenía la potestad desde un apercibimiento al fusilamiento”.

Una testigo lo identificó recién en 2008 cuando vio su fotografía en el marco de los juicios y recordó el aspecto “fantasmagórico” del tipo que presenció sin decir palabra la revisación médica que le hicieron al ser encerrada en una alcaidía policial.

“Por el grado de responsabilidad que tenía, la función que cumplía, el momento en que los hechos de que se lo acusan fueron llevados a cabo y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de su intervención en los distintos hechos, la única conclusión a la que razonablemente puede arribarse es que no sólo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría, sino que colaboró con los hechos por los que fue acusado”, dijeron los jueces patagónicos.

Laurella Crippa fue condenado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada por ser la víctima perseguido político y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo de violencia y duración mayor a un mes.

Ahora camina libremente hacia su primera condena en Bahía Blanca.

( Posted on 12/10/2016 by efemedelacalle)

Periodismos criminales

Por Florencia Saintout *

El exterminio consiste en la sustracción a la especie humana de una parte de ella. Para hacerlo posible es necesario una operación cultural gigantesca y previa: quitarle a esa parte su condición de humanidad. Hacer de esa parte, de esos hombres (varones y mujeres) unos no-hombres. Entonces será posible su eliminación. La tortura; la muerte. Finalmente, la aceptación de que hay no humanos entre los humanos y que esos “no-humanos” son un riesgo para el resto del “cuerpo social”.

Un plan de eliminación de un grupo social, con la magnitud del elaborado y puesto en marcha en la dictadura, sólo es posible si se construye la aceptación de que eso sería necesario, fundada en la creencia de que hay algunos a los que se puede/debe exterminar. A partir de esa operación, sus vidas no serán lloradas porque no son consideradas ni siquiera vidas, sólo esto explica la concreción del horror. Para dar forma a ese artificio es necesario construir una serie de categorías sobre el otro que se fijen como verdad: los subversivos, los delincuentes, los bárbaros. Y en esta tarea los medios, como maquinarias especializadas en la producción simbólica que nomina la vida, ocupan un lugar fundamental.

La llamada propaganda negra no es otra cosa que la construcción de unos nombres, de unos relatos, de unas categorías, de unas imágenes que ordenan los acontecimientos a partir de un eje de destrucción del otro. Ese proceso se hace ocultando la verdad y sobre todo mintiendo acerca de ella.

No hay exterminio sin categorías que definan a un otro como exterminable. Los estigmas, reactualizados, pueden subsistir más allá de la detención coyuntural del exterminio. Pueden quedar como saberes ocultados en los sedimentos siempre disponibles de la historia. Por ello la afirmación innegociable del “Nunca Más”, porque la construcción de un sistema social de terror que habilitó la desaparición, el robo de bebés y la tortura no puede darse por terminada de manera definitiva con la llegada de la democracia.

Por eso, aunque nada garantice, la reparación de la Justicia en el marco de la verdad es indispensable para que nunca más ocurra, bajo las mismas o diferentes formas, el gran crimen. Las complicidades mediáticas deben ser juzgadas para afianzar el camino de justicia y la certeza de que nunca más seremos víctimas de una maquinaria de terror como la que vivimos. Massot tendrá que dar respuestas.
De la verdad hacia la justicia

Llegué a vivir a Bahía Blanca en 1983. Hice el colegio secundario a dos cuadras de La Nueva Provincia y ya para ese entonces todo el mundo sabía que la familia Massot era coautora del gran crimen de la dictadura. En esos tiempos donde los adolescentes podíamos salir de noche y encontrarnos con Astiz en algún boliche, nadie imaginaba que a los dueños del diario más poderoso del sur (ese que había entregado a trabajadores, que había publicado información arrancada de las sesiones de tortura en la macabra Escuelita; el que habló de enfrentamientos y celebró en su editorial del 24 de marzo de 1976 “la hora de responder con violencia ordenadora”) se los podía juzgar, o siquiera indagar. Era tal el grado de impunidad que todo lo que se sabía sólo podía ser balbuceado entre ilusiones de democracia y terror en el cuerpo.

La Nueva Provincia era el poder intocado de la ciudad. El poder real.

Con el Juicio a las Juntas militares en 1985 se abrió un camino de reparación de los crímenes. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nuevamente volvimos a pensar que del infierno iba a ser imposible salir. En ese infierno, Vicente Massot formó parte del gobierno de Menem, que encarnaba el plan de miseria planificada que había denunciado Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas como el peor crimen.

El primero que relacionó a la familia Ma-ssot con el genocidio fue Hugo Cañón –cuando era fiscal general de Bahía Blanca en 1987–, quien resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y principal vínculo del diario con la dictadura.

En 2012, terminado el juicio que condenó al primer grupo de represores que cometió delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La Nueva Provincia legitimando el terrorismo de Estado. Así, el tribunal habló de “propaganda negra” –en alusión directa a las operaciones de consolidación de terror sobre la población– y de cómo el diario participó activamente en la construcción del enemigo, cooperando con el Ejército y la Armada en el exterminio de un sector de la sociedad. En la sentencia se ordenó investigar cuál fue el papel que cumplió La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado.

Vicente Massot empezó a dar explicaciones por el asesinato de dos delegados gremiales: Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ellos habían encabezado un paro antes de la dictadura. Ya con el golpe, Diana Julio de Massot, la que se atrevía a decirles cagones a los militares porque no eran más salvajes de lo que debían, fue hasta el gremio y los increpó: “A ver si se animan ahora”. Lo que sigue es conocido. Los fueron a buscar a sus casas y de sus asesinatos La Nueva Provincia sólo mencionó dos líneas. No dijo nada de las condiciones ni de las torturas. Nunca más volvió a hablar del tema. Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani acusan a Vicente Massot como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material, encubriendo a sus autores inmediatos”.

También Massot tiene que responder a la acusación de autoría de la propaganda negra al servicio del exterminio. Es decir, a aquello que siempre supimos que había sucedido pero que nunca pensamos que iba a ser juzgado: la responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca en la última dictadura.
El diario: los medios
Lo que está sucediendo en Bahía Blanca es un gran paso en el entendimiento de que la dictadura cívico-militar tuvo como coautores a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas. Que ellos ocuparon un lugar fundamental.

Si bien es cierto que las características del diario, y de los Massot en particular, habilitarían a pensar que éste es el peor caso, no deberíamos quedarnos tranquilos pensando que La Nueva Provincia es un caso aislado, y que juzgado el monstruo más grotesco las monstruosidades desaparecerán (como señalan los jóvenes investigadores A. Santomaso y A. Olsetein, la línea editorial de La Nueva Provincia sigue sosteniendo la idea de la guerra sucia; la reivindicación del accionar terrorista del Estado y la demonización de la subversión a la que relacionan con el actual gobierno).

Sobran las pruebas para demostrar que ha sido un sistema de medios de comunicación el que ha actuado en la Argentina consolidando las posibilidades de la masacre. Sólo con leer materiales como el libro Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, escrito por Eduardo Blaustein y Martín Zubieta, como uno más entre tantos, podemos dar cuenta de una prensa al servicio del exterminio. Ni qué hablar de los casos como el de Papel Prensa, que ya está en el recorrido de la Justicia.

En estos últimos años hemos asistido permanentemente a los comunicados de la SIP o de Adepa en Argentina hablando de la libertad de expresión. Es interesante recordar cómo en 1977, sólo a cuatro días de que Rodolfo Walsh hiciera circular su Carta donde denunciaba “la censura a la prensa”, Federico Massot tenía tribuna para afirmar en Cartagena de Indias en la Asamblea de la SIP “que es lógico que ante la escalada del marxismo internacional en la Argentina las autoridades se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de ciertas libertades en salvaguarda de la integridad nacional”.

En esta línea de defensa de un régimen criminal, como fue el de la dictadura y de sus cómplices, Adepa ya en los primeros días del golpe se manifestó satisfecha por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”. Hace menos de un mes Adepa se pronunció en contra del allanamiento ordenado por la Justicia en La Nueva Provincia, diciendo que se trata de un “ataque a los medios que expresan visiones críticas”. Con el discurso que convenga, lo único que defienden es a los perpetradores.

Con los juicios de lesa humanidad van surgiendo informaciones sobre el papel jugado por los medios. Lo que se está develando es la existencia de un sistema mediático al servicio del genocidio. Se hace necesario continuar con el esfuerzo de sistematización de esta información para reunir las pruebas que permitan llegar al juicio de este periodismo coautor del exterminio. Porque ya no podemos seguir pensando en posiciones de socios más o menos directos o de cómplices, sino de coautorías. La verdad nos abrirá los pasos a la Justicia.

* Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata.

BAHÍA BLANCA Piden la captura internacional de sacerdote acusado por delitos de lesa humanidad

Hijos Bahiablanca
 
La Justicia Federal bahiense pidió la captura internacional del sacerdote y ex capellán del Ejército Aldo Vara. Las similitudes con el caso del empresario Vicente Massot, cuya situación la Justicia bahiense debe aún resolver.
 
Por Diego Kenis I El sacerdote de la Iglesia católica y ex capellán del Ejército Argentino Aldo Omar Vara es buscado en todo el mundo por Interpol para ser puesto a disposición de la Justicia argentina, luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca diera lugar a una apelación presentada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que investigan la participación del cura en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército.

Resguardado en destinos no precisados por la propia Iglesia católica luego de que su actuación durante el terrorismo de Estado tomó estado público en el Juicio por la Verdad de 1999, Vara se desempeñó hasta 1979 como capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181, y fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012. El fallo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava incluyó el señalamiento de las responsabilidades del sacerdote en el plan criminal y la remisión de copias de los testimonios al Juzgado Federal que el año pasado quedó a cargo del subrogante Santiago Martínez.

Martínez delegó la investigación en la Unidad Fiscal que dirigen Nebbia y Palazzani, quienes luego de investigar el caso solicitaron la detención e indagatoria del cura. El juez denegó el pedido mediante una resolución de sólo dos carillas, cuyo texto argumentativo se resumía en realidad en dos párrafos, obstruyendo de ese modo la función investigativa que él mismo delegó en los fiscales el 28 de diciembre del año pasado. La resolución colocó a Martínez en un rol que la Cámara Nacional de Casación Penal sólo reserva a los abogados defensores de las partes, únicos autorizados “a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública”, pero nunca a un juez que debe ser imparcial.

La apelación de la fiscalía ante la Cámara Federal fue respondida afirmativamente por el tribunal, que revocó la decisión de primera instancia y canalizó a través del Juzgado la determinación de solicitar la captura internacional del cura, que lleva la firma del subrogante Álvaro Coleffi.

La determinación judicial oficia como positivo precedente ante la espera de una resolución de la misma Cámara por el pedido de detención e indagatoria contra el empresario Vicente Massot,también acusado de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol directivo en el diarioLa Nueva Provincia. Massot fue beneficiado por el juez Martínez en primera instancia, pese a que el magistrado también había delegado la investigación en la fiscalía. Al igual que en el caso de Vara, los fiscales se abocaron a la tarea y, una vez concluida la etapa de estudio de pruebas, solicitaron la indagatoria del empresario. Con su negativa, Martínez obstruyó la continuidad de la investigación. Los fiscales elevaron su apelación ante la Cámara, de la que se aguarda una resolución.

Cigarrillos y galletitas
El pedido de la fiscalía para detener e indagar a Aldo Vara se basó en la abundante cantidad de testimonios que refieren el contacto que tenía con personas secuestradas en dependencias del V Cuerpo. Las más concluyentes son las referencias del caso de los entonces estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca, que permanecieron primero en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y luego de un simulacro de liberación fueron reconducidos a instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercaba para tomar contacto con ellos el cura Vara, vestido “con sotana, o con pantalón y el cuello blanco de los sacerdotes”.

Los testimonios indican, además, que durante las visitas Vara interrogó a los estudiantes clandestinamente detenidos, les dio “algunos consejos” y llegó a llevarles cigarrillos o galletitas, configurándose de este modo en “el bueno” del juego de roles del interrogador malo y el interrogador bueno que señaló el fallo por el cual se condenó al también capellán Christian Von Wernich, de similar desempeño. Sin embargo, su grado de bondad real era bien relativo: Gustavo López, secuestrado en el predio del V Cuerpo, pidió al sacerdote que avisara a sus padres dónde se encontraba, pero tal como indicó ante el TOF bahiense su madre, María Gallardo Lozano, “ese ruego nunca llegó”. Durante su declaración testimonial de 1999 en el Juicio por la Verdad abierto en Bahía Blanca ante la obstrucción que las leyes de impunidad producían en las investigaciones penales, el cura admitió haber tenido contacto con los estudiantes secuestrados, que le mostraron las secuelas de las torturas padecidas, aunque dijo no recordar el pedido de comunicación con sus padres. Tampoco consideró objetable su comportamiento ante personas torturadas, pese a que el entonces fiscal Hugo Cañón le recordó que el cristianismo considera a los cuerpos de las personas “templos vivientes”. “Si en la Argentina hemos tenido excomuniones por violaciones a templos materiales, yo pregunto qué se debe hacer cuando hay violaciones a templos vivos como son un hombre o una mujer”, dijo Cañón. El cura no respondió.

Otro ejemplo del comportamiento de Vara se desprende a partir del caso de Patricia Chabat, secuestrada y detenida clandestinamente en “La Escuelita” y posteriormente trasladada a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Chabat conocía a Vara desde su paso por el colegio secundario, por lo que no dudó en identificarlo como el sacerdote que la entrevistó apenas llegó a la UP4 y le aconsejó “olvidarse de todo lo que había ocurrido en ‘La Escuelita’, pues era responsabilidad de sus padres”, lo que prueba que el capellán estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía en el CCD.

Capitán Vara
Los fiscales Palazzani y Nebbia consideran a Vara como “un engranaje importante en el andamiaje de la tecnología del terror en la Subzona 51, por la propia condición de religioso y lo que ello implicaba en el imaginario de los represores y víctimas”, a lo que se añade “la utilización de su investidura religiosa a favor de los designios del plan y de los suyos propios” a partir de su “presencia permanente” en los CCD. La misma oficina del entonces capellán estaba ubicada en la planta baja del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varias de las víctimas del accionar represivo del Ejército. Es por ello que los fiscales decidieron imputar al sacerdote responsabilidad en la totalidad de los hechos ocurridos en el ámbito del V Cuerpo entre 1976 y 1979, cuando dimitió a su función. La nómina incluye privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y la apropiación de dos criaturas.

Las normativas castrenses vigentes por entonces, inscriptas en el marco de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tipificaban perfectamente el rol de cada engranaje de la represión clandestina. La presencia y actuación de los capellanes en el marco de un “combate” como el que se utilizaba para enmascarar el terrorismo de Estado estaban reguladas desde 1968, cuando el dictador Alejandro Lanusse dictó el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, cuyo artículo 3013 enumera entre las “responsabilidades del capellán” la de evaluar qué impacto o motivaciones tiene la religión dentro de “la zona de interés”. Es decir, de qué modo puede usarse la sotana para arrancar información a los detenidos en un CCD como aquellos que Vara visitaba.
El compromiso del cura con su función puede leerse incluso en uno de los párrafos de su nota de dimisión de 1979, dirigida al Jefe del Batallón en que revistaba. Allí, le agradece por permitirle el “honor (de) haber podido comprometer mi vida y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”.
Violador serial de mandamientos
Luego de su paso por el Ejército y tras la vuelta de la democracia, Vara se recicló como párroco del barrio de Villa Rosas pero concentró la atención de la prensa nacional en 1998, cuando durante un acto conmemorativo de la guerra de Malvinas propuso colgar en la Plaza de Mayo al ex canciller Dante Caputo. La conmemoración había sido organizada por la Comisión de Reafirmación Histórica, que supo contar en sus filas con el carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro. Allí, Vara trazó una comparación entre la guerra de 1982, sanguinaria aventura de la última dictadura, y el plebiscitado acuerdo con Chile por la disputa por el canal del Beagle, concluyendo que “habría que haber colgado de la Pirámide de Mayo al canciller de entonces” por su “desidia e incapacidad”.

Un año más tarde se produjo su declaración testimonial en el Juicio por la Verdad que se abrió en Bahía Blanca ante la imposibilidad de avanzar en juicios penales contra los responsables del terrorismo de Estado. En esa oportunidad, Vara elogió al represor Jorge Mansueto Swendsen, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y mintió al negar el rango de capitán que le confirió el Ejército durante su paso por el Batallón en que ofició como capellán. Como las leyes de impunidad bloqueaban en 1999 el camino de justicia por los crímenes perpetrados durante la dictadura, Vara se fue del recinto con la misma libertad con que había llegado, en compañía de libros del dogma católico que tiene entre sus principales mandamientos los de no mentir y no matar.

La sumatoria de hechos determinó que el cura fuera trasladado por la jerarquía eclesiástica a destinos no precisados. La última noticia que sobre su paradero se tiene refiere que salió del país en 2011. Ese año comenzó en Bahía Blanca el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo. En el banquillo se encontraba, entre otros dieciséis genocidas, Mansueto Swendsen, a quien Vara había definido como “un gran hombre, gran jefe, un hombre muy equilibrado y gran persona”. En la sentencia que el Tribunal que llevó a cabo el juicio dictó un año más tarde, los jueces escribieron que el accionar de Vara durante la dictadura resultaba “comprometedor para la Iglesia Católica”. El papa argentino Francisco, que asumió cuarenta y ocho horas antes del primer pedido de detención del sacerdote por parte de los fiscales Palazzani y Nebbia y a quien la prensa nacional destina diariamente múltiples elogios por su supuesto perfil renovador, no ha dicho todavía nada sobre el sacerdote ahora buscado por Interpol.
                          
           
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

Recuerdos de la muerte, por Diego Martinez

En 1977, a metros del centro clandestino La Escuelita en pleno funcionamiento, autoridades militares, civiles y eclesiásticas de Bahía Blanca condecoraron a cinco oficiales por sus servicios al terrorismo de Estado. 36 años después, Bahía Gris comparte imágenes del día que las “fuerzas vivas” celebraron la muerte y repasa el presente de aquellos cruzados: uno fue condenado, otro afronta su primer juicio, dos están prófugos y el torturador Julián Corres murió procesado.

Por Diego Martínez *

El domingo 29 de mayo de 1977, en el marco del 167° aniversario del Ejército, altos mandos de las tres fuerzas armadas condecoraron a cinco oficiales “que se destacaron en la lucha contra la subversión”, según afirmó al bendecir las medallas el sacerdote Jorge Mayer, arzobispo de Bahía Blanca. Secundado por uniformados de todas las fuerzas, civiles de traje y señoras con tapado de piel, el general Osvaldo Azpitarte se comprometió a luchar “hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo”, frase que eligió para titular el diario La Nueva Provincia. De la ceremonia participaron el intendente de la dictadura Víctor Puente, “representantes del Poder Judicial” e “invitados especiales”, apuntó el cronista de los Massot.

Foto de tapa de La Nueva Provincia.

“La ceremonia, en la plaza de armas del comando en Villa Floresta, tuvo por marco natural una mañana de cielo límpido y sol, el rigor del frío que marcaba una brisa fuerte, pero el calor humano de todos los que allí se congregaron, especialmente civiles, familiares de los soldados e invitados especiales”, contó LNP. Nada decía el artículo sobre el centro de tortura y exterminio que funcionaba a 300 metros, donde los secuestrados sobrevivían hasta que esos mismos militares decidían matarlos y desaparecer sus cuerpos o bien acribillarlos en enfrentamientos fraguados.

Mayer, militares e invitados especiales.

El primer discurso estuvo a cargo del representante de la iglesia católica. Mayer agradeció a los militares “su valiente entrega y desinterés al servicio de la Patria” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana, iniciando, sembrando y continuando a sembrar (sic) la subversión con violencia y odio”. Pidió ayuda “al Señor” para los “defensores de la paz, la concordia y la fraternidad, humana y cristiana” y aseguró que actuaban “bajo el imperio de la ley de la justicia”.

El arzobispo Jorge Mayer bendice las medallas de los represores.

“El instante más emotivo, al borde de las lágrimas para muchos, estuvo dado cuando cinco jóvenes oficiales –desde un capitán a un subteniente- recibieron sendas medallas por su heroicidad demostrada en combate, por haber sido heridos y por haber salvado a un camarada en tan difícil trance”, apuntó el diario de los Massot, consustanciado con las operaciones de acción psicológica desplegadas para encubrir secuestros, torturas y asesinatos. 36 años después, el proceso de Justicia comienza a reubicar algunas piezas en su lugar y permite conocer los verdaderos méritos de los condecorados.

Foto Marcelo Núñez.

Mario Carlos Antonio Méndez, a quien sus camaradas llamaban “El Loco de la Guerra” (ver perfil en La virgen lo perdonará) fue condenado el año pasado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Quien le entregó la medalla en 1977 fue el contraalmirante Rafael Serra, comandante de la aviación naval, la fuerza que protagonizó los vuelos de la muerte.

Subteniente Méndez y contraalmirante Rafael Serra.

Foto Diario del Juicio.

Carlos Enrique Villanueva afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba (ver El diario del juicio). Ante secuestrados del centro clandestino La Perla, “el Gato” contó que los desaparecidos de La Escuelita bahiense eran arrojados al mar. En 1977 volvió fugazmente a Bahía para recibir la condecoración que le entregó el comandante de operaciones navales, vicealmirante Antonio Vañek, quien ahora cumple una condena de 40 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y es juzgado por su rol en la ESMA.

Teniente primero Villanueva y vicealmirante Antonio Vañek.

Miguel Angel García Moreno está prófugo gracias a la excarcelación que le obsequió el juez bahiense Gustavo Andrés Duprat. Cuando el Tribunal Oral Federal ordenó su detención para iniciar el juicio ya había abandonado su piso del barrio de Belgrano. García Moreno fue legislador porteño y funcionario de la presidencia interina de Eduardo Duhalde. La condecoración se la otorgó el general Osvaldo René Azpitarte, máximo responsable del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que fue procesado en 1987 y murió en 1989 mientras Menem firmaba su indulto.

Capitán García Moreno y general Osvaldo René Azpitarte.

Carlos Alberto Arroyo también está prófugo. A pesar del antecedente de García Moreno y los reclamos de los fiscales, el TOF permitió que siguiera libre hasta fijar fecha de inicio del juicio en curso. Cuando ordenó la detención, ya no estaba. Arroyo integró en los ’90 la custodia del presidente Menem y pasó a retiro en 2003. La condecoración por los homicidios agravados de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo se la entregó el contralmirante Roberto Wulff de la Fuente, comandante de la infantería de marina, que tenía su propio centro clandestino en la base Baterías.

Teniente Arroyo y contralmirante Wulff de la Fuente.

Corres y Catuzzi.

Julián Oscar Corres, que aplicaba la picana durante los interrogatorios, murió antes de ser juzgado. “El Laucha” admitió durante el Juicio por la Verdad que ese era su apodo en La Escuelita y que oficiaba de “jefe de guardias”. Fue detenido en abril de 2008 y tres meses después se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal. Estuvo prófugo 23 días, hasta que lo encontraron en la casa de su madre en Villa Constitución. Pasó sus últimos años en la cárcel de Marcos Paz y murió internado en el Hospital Militar. La condecoración se la entregó el general Abel Catuzzi, segundo comandante del Cuerpo V, quien fue procesado en 1987, de inmediato recuperó la libertad gracias a la ley de obediencia debida y murió impune diez años después.

Corres detenido tras su fuga de 23 días.

Después de “una ejecución de diana en honor de los distinguidos” tomó la palabra el general Azpitarte. El comandante del Cuerpo V repasó la historia del ejército, destacó el coraje ante “el invasor inglés”, durante la Revolución de Mayo y en la lucha por la independencia. Como introducción al genocidio indígena mencionó los “alaridos del salvaje que ponían un escudo de atraso a la civilización”. Al mando del teniente general Roca y “sin más uniformidad que la del filo de sus sables, el Ejército se convirtió en vanguardia de progreso, marcando el rumbo a animosos estancieros que fueron asentando la prosperidad en el desierto”. Reivindicó al general Richieri como símbolo de la modernización de la fuerza y por último se refirió a la “historia reciente”, al “imperialismo ideológico que ahoga la libertad y adormece el espíritu creador”. Como respuesta, “otra vez el Ejército unido a la Armada y a la Fuerza Aérea entró en una nueva etapa de su gloriosa trayectoria, haciendo frente a ese terrorismo marxista que impunemente avanzaba en su desesperada empresa destructora”.

General Osvaldo Azpitarte.

Azpitarte se comprometió a “continuar la lucha, no sólo hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo, sino hasta que los venenosos ideólogos, los delincuentes económicos y todos aquellos que de una u otra forma, atacan la esencia de nuestra nacionalidad, una vez descubiertos reciban el condigno castigo que la ley señala”. Advirtió que “el éxito final no será posible sin la presencia activa de la población, que en este grave trance ha demostrado entereza y gran sentido de responsabilidad, participando en la medida de sus posibilidades”. El acto terminó con un desfile de militares, marinos y reservistas frente al palco oficial.

* Imágenes extraídas del documental La Escuelita, gentileza de Rodrigo Caprotti. Imágenes LNP: hemeroteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. Bahía Gris agradece toda colaboración para identificar al resto de las autoridades e “invitados especiales” presentes en el Cuerpo V aquel domingo de mayo de 1977.

Militares e invitados/as especiales.

General Azpitarte y arzobispo Jorge Mayer.

Invitados especiales, en el interior del comando.

Se fugó un coronel retirado, imputado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura

Un integrante del Ejército, imputado en una causa por delitos cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca, se dio a la fuga luego de no presentarse a un examen médico ya que gozaba de una excarcelación, informaron fuentes judiciales.
 
Se trata del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, uno de los diez imputados que se encuentran a la espera de que comience el próximo juicio oral por los delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército en la causa 1067.

Desde la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se informó  que "Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación".

"El imputado debía presentarse para un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema el día 6 de mayo pasado, y ante su inasistencia se ordenaron distintas medidas para dar con su paradero, lo que al día de la fecha no ha sido posible", agregó la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Según se indicó, la Unidad Fiscal se opuso en reiteradas oportunidades a que Arroyo sea excarcelado, tanto durante la instrucción como en la etapa de juicio.

"El 24 de octubre de 2012, ante la inminencia del debate oral, la Unidad solicitó al Tribunal Oral la detención de Arroyo junto a la de otros imputados que se encuentran excarcelados como José Héctor Fidalgo y Alejandro Lawless", señaló la Unidad.

En ese contexto se informó que el pedido fue reiterado el 21 de marzo de este año y al momento de fugarse el Tribunal nada había resuelto.

Las fuentes consultadas comentaron que "Arroyo tuvo un importante desempeño a lo largo de la última dictadura militar como integrante de la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército, junto con los restantes integrantes del “Equipo de Combate contra Subversión” quienes asesinaron a la pareja formada por Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, quien estaba embarazada".

"Con posterioridad Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor 6 de Avellaneda", agregaron los voceros.

La Unidad Fiscal dijo también que "ha repetido en innumerables ocasiones la necesidad de que todos los imputados por delitos de lesa humanidad sean detenidos en unidades carcelarias, atento el riesgo procesal concreto y real de que se fuguen, ya que, como se ha visto en los hechos, quienes formaron parte del Estado terrorista cuentan aún hoy con la connivencia de diversos sectores de poder que protegen a este tipo de delincuentes".

También el organismo judicial detalló que en jurisdicción de Bahía Blanca también se encuentran prófugos Miguel Ángel García Moreno, quien no se sabe de su paradero desde antes del inicio del juicio en la causa 982, en el año 2011, Aldo Mario Álvarez y Ricardo Joaquín Molina.

Bahía Blanca: todavía se buscan dos bebés nacidos en el CCDyE La Escuelita

 "En el horizonte, dos juicios más y la necesidad de poner la lupa sobre partícipes civiles. Y una tarea: la búsqueda de dos muchachos de 36 años nacidos en 1977".

Por Diego Kenis, desde Bahía Blanca I -  Foto: Sofía Pascualetti

Un Día de la Memoria especial se vivió en Bahía Blanca el 24 de marzo pasado: fue el primero con la impunidad en retroceso, luego de la sentencia de septiembre en el juicio contra represores del V Cuerpo. En el horizonte, dos juicios más y la necesidad de poner la lupa sobre partícipes civiles. Y una tarea: la búsqueda de dos muchachos de 36 años nacidos en 1977, durante el cautiverio de sus madres. Desde el 24 de marzo, una silueta emplazada en el sitio donde funcionó el CCD "La Escuelita" señaliza esa misión de todos. Mientras ellos no recuperen sus identidades, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán.

El jueves 28 de marzo pasado, el diario La Nueva Provincia saludó el despertar de quienes todavía se animan a leerlo con un editorial en que se sumó a la tergiversación de los dichos de Estela de Carlotto sobre una supuesta reivindicación de la lucha armada para luego catalogar de “terroristas” a las víctimas de la represión clandestina de la última dictadura cívico militar. De ese modo, el diario retomó la pluma imperativa de antaño, aquella que llevó a que se pose sobre su actuación la mirada judicial. En este caso, festejó en retrospectiva: “hace 36 años las Fuerzas Armadas de la Nación pusieron punto final a ese sueño terrorista”, dice el editorial sin firma.

No resulta extraña la reacción porque cuatro días antes, el domingo 24, decenas de personas participaron del primer acto conmemorativo por el Día de la Memoria que se realizó en Bahía Blanca con la impunidad en retirada. El 12 de septiembre pasado, el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava condenó a diecisiete represores que durante la dictadura actuaron bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército, en la subzona 51 de la represión clandestina. La mayoría de las penas dictadas fue a prisión perpetua. Además, el TOF ordenó a la Justicia Federal bahiense de primera instancia abocarse a las investigaciones por las complicidades civiles, lo que incluye al ex capellán del Ejército Aldo Vara y a los directivos del matutino.

El acto principal en la mañana bahiense del 24 de marzo tuvo como escenario al predio del V Cuerpo donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, y contó con la organización de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la filial local de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Ofició además como preparatorio para el comienzo de otros dos juicios orales. Uno comenzará en mayo y llevará al banquillo a una decena de represores del Ejército. El otro involucrará a aquellos que actuaron bajo la órbita de la Armada. La Nueva Provincia tiene motivos para estar nervioso: ese juicio incluirá los casos de los asesinatos de los delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secuestrados y asesinados luego de encabezar una huelga contra la patronal.

Nacer por siempre

Dos de los delitos de lesa humanidad que fueron considerados durante el debate judicial que concluyó en septiembre fueron los vinculados a las apropiaciones de los hijos nacidos en cautiverio de Graciela Romero de Metz y María Graciela Izurieta, quienes permanecieron secuestradas en “La Escuelita” durante sus embarazos. Sus hijos, dos varones que a la fecha cuentan con aproximadamente 36 años, aún viven sus vidas, sus felicidades y tristezas, bajo una identidad falsa, producto de la perversidad de la maquinaria del Terrorismo de Estado.

Por ello, el primer 24 de marzo con la impunidad en retirada no podía ser uno más, sino que debía marcar el camino a seguir. “Mientras al menos un hombre o mujer viva con una identidad que no es la suya a causa del plan sistemático de apropiación de menores implementado durante la dictadura, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán”, fue la conclusión que a través de la psicóloga Rocío Galindo la Red llevó al acto. 

Como símbolo del camino a seguir, en el cierre del encuentro y cuando ya el reloj se aproximaba al mediodía dominical, representantes de los tres organismos de derechos humanos responsables del acto se acercaron al cartel de señalización de “La Escuelita”, sobre el alambrado del predio que da al camino de cintura bahiense. Componían el grupo Eduardo Hidalgo, sobreviviente del CCD y titular de la APDH; Anahí Junquera, integrante de H.Í.J.O.S. e hija de Néstor Junquera y María Eugenia González, desaparecidos que también pasaron por dicho CCD en 1976; y Ayelén Durán, por la Red por la Identidad.

Entre  todos descubrieron allí una silueta que representa a una mujer embarazada. La venda que cubre sus ojos dice el resto. Quienes transiten el Camino La Carrindanga, una de las salidas de la ciudad, tendrán presente lo ocurrido allí. También los pasajeros del tren que corre a apenas veinte metros del lugar. El mismo que oían pasar los secuestrados. Será un modo de apostar a la búsqueda colectiva.

Natividad

Cuando la escritora Alicia Partnoy declaró en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, solicitó autorización para leer dos capítulos del libro testimonial que tituló con el mismo nombre que los represores daban al CCD donde estuvo detenida: “La Escuelita”.
Corría por entonces el último mes del último año del milenio, diciembre de 1999. Los caminos de la búsqueda de Justicia estaban cerrados y quedaba buscar una Verdad que sirviera para reparar lo que pudiese ser reparado. Alicia eligió leer “Graciela: alrededor de la mesa” y “Natividad”, dos capítulos donde narra el desarrollo del embarazo de Graciela Romero y el parto de su bebé. La escritora compartió cautiverio con Graciela y si bien no asistió al nacimiento de la criatura sí fue testigo de los preparativos. Poco después del alumbramiento, pudo hablar con Romero y saber que su hijo había nacido sano, a pesar de las salvajes torturas que su madre debió soportar, y que se encontraba en buen estado. Cuando en el CCD dejó de verse a Graciela Romero de Metz, Partnoy logró saber que la criatura había sido entregada, al menos en primera instancia, a uno de los interrogadores del lugar.

El testimonio de la escritora, que desde mediados de la década del ‘80 recorre el mundo en forma de libro, resulta de este modo determinante para saber que el hijo varón de Graciela Romero y Raúl Metz, secuestrados en Neuquén en 1976, nació en la noche que fue del 16 al 17 de abril de 1977. Se encuentra próximo a cumplir los 36 años.

Hasta que recupere su identidad, seguirá naciendo en tiempo presente en las palabras que Alicia Partnoy imprimió en “La Escuelita”: “Graciela acaba de parir. Un niño ha nacido prisionero. Mientras las manos de los verdugos lo reciben en el mundo, la sombra de la vida se retira, triunfadora a medias, derrotada a medias. Sobre los hombros lleva un poncho de injusticia”.

“Por el bebé estoy viva”

El fiscal Abel Córdoba marcó, nuevamente, un camino. El mensaje que envió para acompañar el acto del 24 de marzo llamó a continuar la búsqueda de Justicia para las víctimas y el fin de la impunidad de “represores y represoras”.

La carta que Graciela Izurieta pudo escribir en cautiverio. "Por el bebé estoy viva", dice.
Desde diciembre de 2010, cuando el propio Córdoba la imputó, la abogada Gloria Girotti inauguró el femenino del término en territorio bahiense. Como secretaria del ex juez federal Guillermo Madueño, Girotti llegó a presenciar interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas. Además, omitía dar curso a denuncias y rechazaba pedidos de hábeas corpus.

Una de las resoluciones de rechazo en que aparece su firma es la referido a María Graciela Izurieta, secuestrada durante la última semana de julio de 1976 en Bahía Blanca y trasladada a “La Escuelita”, donde paso siete meses de embarazo.

En el acto del último 24 de marzo, la lectura que Anabel Bustos Arnst, miembro de la Red,  hizo de una carta escrita por María Graciela conmovió a todos. Pudo enviarla a sus padres desde el mismo CCD, el primer día de diciembre de ese año. La puntuación irregular en la escritura de una universitaria del tercer año de Filosofía y la caligrafía prueban que fue escrita “de contrabando”, como ella misma indica en el texto.
Allí les contaba de sus deseos de abrazarlos, y que “todavía estoy viva y con ganas de ser feliz, de reírme y tengo una razón para sentirme bien a pesar de todo, y es que estoy embarazada”.

En la línea siguiente les informa que el nene es hijo de “Marcelo”, sobrenombre de Alberto Garralda. “Pobrecito Marcelo, que yo no va a poder conocerlo nunca y es por el bebé que estoy viva y es gracias a él que voy a ir a la cárcel”, escribió luego. Estos renglones dejan ver una de las más terribles torturas imaginables: una mujer secuestrada, sometida a vejámenes, embarazada, era consciente de que habían asesinado a su pareja y, aunque mantenía una esperanza de supervivencia, comenzaba a percibir que ella sólo permanecía con vida por ser el mero instrumento para la gestación de su hijo. Es difícil concebir una crueldad mayor que la exhibida por los genocidas en casos como éste.

María Graciela permaneció en “La Escuelita” hasta aproximadamente su octavo mes de embarazo. Su superviviencia hasta entonces prueba que sólo tenía por objeto permitirle alumbrar a la criatura que llevaba en su vientre. Hoy, es un muchacho de 36 años que aún no se ha encontrado consigo mismo. Buscarlo es la tarea.

Si tenés dudas sobre tu identidad, o creés que podés ser hijo de desaparecidos, en Bahía Blanca o la región podés comunicarte con la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, llamando al teléfono (0291) 15467128 o escribiendo al correo electrónico a redxlaidentidadbblanca@gmail.com.

Segundo proceso por "la escuelita" de bahía blanca

Juzgarán a los guardias del centro clandestino

Fueron detenidos en Junín de los Andes en el 2010.

Se ventilará un centenar de denuncias.

BAHÍA BLANCA (ACE).- El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo en esta ciudad, entró en la etapa de presentación de pruebas. Se ventilarán un centenar de denuncias que fueron escuchadas en el primer proceso oral –muchas de ellas de Viedma y de Neuquén–, pero ahora entre sus acusados se cuenta a quienes en 1976 fueran guardias de "La Escuelita" de Bahía Blanca.

"Es un juzgamiento relevante; los que eran guardias de la Escuelita son oficiales de alto rango con injerencia directa en los hechos, han tenido responsabilidad en la determinación directa y concreta de cada una de las víctimas" que pasaron por el centro clandestino bahiense en 1976 y 1977, dijo el fiscal Abel Córdoba, a cargo de la investigación y acusación.

Los máximos responsables por el funcionamiento del centro clandestino del V Cuerpo, volverán a juicio, en su caso por los secuestros de las universitarias neuquinas en junio de 1976. Deberá comparecer también el comisario rionegrino Vicente Floridia, por los casos de Eduardo "Bachi" Chironi y Jorge Abel (ver aparte). En este segundo tramo fueron elevados a juicio Arsenio Lavallén –que actualmente vive en Plottier– con apodo de "El Zorzal" y de Junín de los Andes Raúl Artemio Domínguez, alias "El Abuelo"; Desiderio Andrés González alias "Perro Vago"; José María Martínez y Gabriel Cañicul. Los cinco están acusados como "autores directos" de "aplicar severidades y vejaciones" a los secuestrados durante la custodia en el centro clandestino, dijo el fiscal.

En su mayoría tenían un promedio de 30 años en 1976 y eran suboficiales del cuerpo de Baquianos, dependiente del Comando de la Sexta Brigada, que viajaban desde Junín de los Andes "en comisión" a Bahía para el accionar en el centro clandestino.

Los guardias de "La Escuelita" fueron detenidos en el 2010 por personal aeroportuario y llegan al juicio excarcelados.

La acusación es de coautores o partícipes necesarios de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados y en los casos de quienes permanecen desaparecidos o aparecieron en las calles de Bahía acribillados bajo la modalidad de "falsos enfrentamientos" fueron acusados de homicidio. "Ellos fueron quienes convivieron con las víctimas, esto le da al juicio oral otro cariz: pueden reconocer a quienes estaban en el centro clandestino torturando, con lo cual tiene otra dimensión que va a ser relevante", dijo el fiscal.

Sostuvo que los acusados "tienen mucha información que los coloca en otra situación, hay cierta expectativa de que puedan aportar el dato de circunstancias que no dominaron, pero sí conocieron.

Diecisiete represores, catorce a perpetua, por crímenes de lesa humanidad

Con un reclamo contra la complicidad mediática

El tribunal ordenó que se enviara a los condenados a una cárcel común y que se investigara a los directivos del diario La Nueva Provincia. El juicio lo llevaron adelante jueces subrogantes porque los locales no garantizaban independencia.

 Por Diego Martínez

Bahía Blanca empezó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.

“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976. “Fue un gesto de enorme valentía”, destacó el ex fiscal general Hugo Cañón, que impulsó la causa cuando Bahía era tierra arrasada. “Fue una condena ejemplar, parecía una utopía”, celebró.

La jornada comenzó con las últimas palabras de Jorge Granada, el militar que en 2003 ayudó a escaparse a su amigo Luis Patti. “Soy víctima de un Poder Judicial sesgado”, dijo. “No tengo motivo para decir que los jueces son arbitrarios –se desdijo en segundos–, pues no tuvieron inconvenientes en desprocesarme” (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601). “Para derrotar la subversión soy consciente de que se ha lastimado a familias, pero hoy se sigue haciendo lo mismo amparados en leyes”, se permitió comparar.

La fiesta arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A. Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.

La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.

Ferro, que comparte tribunal con José Triputti y Martín Bava, arrancó con la lectura de las desestimaciones. La primera perpetua fue para el general Juan Manuel Bayón. La sala aplaudió varios segundos, igual que con las trece perpetuas que siguieron. Los imputados escucharon las condenas sin inmutarse, con tres excepciones: Carlos Ta-ffarel se rascó la bocha, Jorge Masson negó con la cabeza y Vicente Forchetti masticó chicle y miró la hora cuando la enumeración de delitos parecía interminable.

Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.

El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.

El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero ni el ex juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a dar ese paso.

“¿Dónde está mi hermano?”, les gritó Adriana Metz a los condenados cuando concluyó la lectura de la sentencia. Mario Méndez, “El loco de la Guerra” en el recuerdo de los colimbas, reaccionó y se trenzó a gritos con Nora Cortiñas. Cañón y Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, se abrazaban y lloraban.

“Son asombrosos, independientemente de la magnitud de las condenas, los efectos civiles y políticos de algunos puntos de la sentencia, como la orden de dar de baja a los condenados. Me sorprendió gratamente la orden de investigar a La Nueva Provincia”, destacó Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Empezamos a caminar”, se esperanzó Celia Korsunsky, con su pañuelo blanco sobre la cabeza, y cerró con una pregunta: “¿Se animarán con La Nueva Provincia?”.Los condenados

Juan Manuel Bayón, 85 años, general, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976 que conducían Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas. Condendo a prisión perpetua.

Osvaldo Bernardino Páez, 81 años, teniente coronel. Identificado como el interrogador que oficiaba de “bueno” durante las torturas en La Escuelita. Perpetua.

Hugo Jorge Delmé, 76 años, coronel. Encargado de negarles información a los familiares que iban a reclamar por los desaparecidos. Perpetua.

Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 80 años, coronel. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varios después de sus cautiverios en La Escuelita. Perpetua.

Walter Bartolomé Tejada, 82 años, coronel. Integró el Departamento II Inteligencia. Perpetua.

Hugo Carlos Fantoni, 83 años, coronel, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V. Perpetua.

Norberto Eduardo Condal, 68 años, coronel, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia. Perpetua.

Carlos Alberto Taffarel, 65 años, coronel. Jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Perpetua.

Jorge Horacio Granada, 66 años, teniente coronel. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y ayudó a escaparse a Luis Patti en 2003. Perpetua.

Jorge Aníbal Masson, 59 años, teniente coronel. Integró el “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Perpetua.

Mario Carlos Méndez, 59 años, teniente coronel. Integró los grupos de tareas y fue condecorado por “heroico valor en combate” en la masacre de dos militantes encerrados en su departamento. Perpetua.

Vicente Antonio Forchetti, 83 años, comisario de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma, intervino personalmente en varios secuestros. Perpetua.

Héctor Arturo Goncálvez, 70 años, sargento de la PF. Perpetua.

Héctor Jorge Abelleira, 72 años, comisario de la PF. Perpetua.

Carlos Alberto Contreras, 65 años, sargento de la PF. 18 años de prisión.

Andrés Reynaldo Miraglia, 70 años, oficial del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta. 17 años y seis meses de prisión.

Héctor Luis Selaya, 71 años, abogado y oficial retirado del SPF, jefe de Villa Floresta en 1977. 17 años y seis meses de prisión.

 Los jueces federales Jorge Ferro, Martín Bava de Azul, José Mario Triputti y Oscar Alberto Hergott incluyeron otras disposiciones en la sentencia leída ayer.

Dejaron expresa mención por unanimidad que los delitos investigados "resultan ser crímenes de lesa humanidad" y por mayoría -Ferro y Bava- que "los mismos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar".

Además revocaron excarcelaciones que habían sido otorgadas oportunamente así como una detención domiciliaria que había sido dispuesta.

El auditorio estalló cuando el presidente del Tribunal leyó que se ordenó también que el cumplimiento de la pena sea en cárceles comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal o en caso de no existir esa posibilidad en prisiones provinciales que correspondan al domicilio del condenado.