Fuera el represor Montezanti de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca)

Las organizaciones estudiantiles, docentes, gremiales y políticas abajo firmantes, unidas en la voluntad de coordinar acciones para que el ex agente de inteligencia de la dictadura Nestor Luis Montezanti sea apartado de la universidad pública, declaramos:

 -Que quienes han colaborado con la dictadura no pueden estar a cargo de la formación de los estudiantes en las cátedras universitarias y menos aún en una carrera como Derecho.

-Que la campaña por su separación, de la que nos asumimos responsables, nada tiene de agravio o calumnia ya que está documentada su participación como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia. Participación que el mismo Montezanti reconoce en su descargo ante el pedido de Juicio Académico.

-Que las Universidades Nacionales han sido siempre, salvo en los períodos dictatoriales y bajo el dominio de las AAA, espacios democráticos de debate y participación política sin censura de ningún tipo. Las pretensiones de acallar la voz de la comunidad universitaria, demandas judiciales de por medio, muestran la probada  afinidad ideológica de Montezanti con las dictaduras.

-Que el reciente fallo de la Cámara Federal levantando la cautelar que ordenaba suspender el trámite de Juicio Académico, desestimando el intento de Montezanti de negar las atribuciones de la Asamblea Universitaria, habilita al Consejo Superior Universitario a resolver sobre el mismo. Exigimos que lo haga con la celeridad que requiere el tema.

-Que persistiremos en nuestra campaña de difusión y esclarecimiento, en el ámbito universitario y extrauniversitario, y continuaremos reclamando a las autoridades y órganos de gobierno de la UNS una posición política firme en pos de la desvinculación de nuestra casa de estudios de Montezanti y todos los partícipes de la última dictadura cívico-militar.

FUERA MONTEZANTI DE LA UNS!!!!!!!!!!!!!!!
 Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) - HIJOS La Plata - Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) - CTA Regional Bahía Blanca/Coronel Dorrego - Liga Argentina por los Derechos del Hombre     Centro de Estudiantes de Humanidades (CEHum)  - Comisión directiva del BIOcentro  - Cardumen  -  Tesis XI - UJS/PO  -  La Corriente  -  Lista Integración -  FJC/PC  - Proyecto Sur - Asociación Argentina de Actores/Delegación Bahía Blanca - Comisión de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad - Empleados de la Justicia de la Nación-UJEN.
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Al Consejo Superior Universitario
Universidad Nacional del Sur

Nos dirigimos a los Señores Consejeros a fin de manifestar nuestro apoyo al inicio de Juicio Académico contra el ex-agente de inteligencia de la dictadura Dr. Néstor Luis Montezanti, con el objetivo de separarlo del cuerpo docente de la Universidad Nacional del Sur. Su juzgamiento por un tribunal académico no sólo seria un acto estrictamente legal de gran significado ético, sino también de reparación histórica, en un momento en que la propia UNS, a través de sus órganos de gobierno, ha manifestado reiteradamente su compromiso con las políticas de DD HH. El mecanismo institucional del Juicio Académico le dan al denunciado las debidas garantías que le fueron negadas a las victimas durante aquel período nefasto de nuestra historia.

Fieles a nuestros principios y militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia, estamos convencidos que, quienes han colaborado con la represión o la persecución a militantes sociales, no deberían ser parte de una institución cimentada en sólidos principios democráticos, como es la Universidad, mas aun cuando la tarea docente que desempeña  hace a la formación de miles de jóvenes que pasan por sus aulas.

Murió impune Mario Gabrielli, pero no ante la memoria

La Impunidad Biólógica Vuelve a dejarnos un sabor amargo para los que esperamos y reclamamos Juicio y Castigo durante décadas. Murió MARIO GABRIELLI ex secretario de redacción del Diario Vocero y Cómplice de la Dictadura la nueva provincia. Había sido pedido por los fiscales bahienses su DETENCIÓN E INDAGATORIA por su participación en dicho pasquín; El Juez en primera instancia URPIANO MARTÍNEZ LA DESESTIMÓ, y ahora debía resolver la Cámara Federal.
Tenemos que decir una vez más que es imperante que la Justicia esté a la altura de este momento democrático depurando sus corporaciones y amiguismo con algunos jueces y ACELERE los tiempos para así lograr, al menos, reparar algo de lo tanto que ya se perdió.
Murió impune, pero no Inocente, no se lo recordará como un periodista mas, sino como un Cómplice de la Dictadura Genocida que no dijo las verdades que sabía, sobre todo de los asesinatos de los compañeros Heinrich y Loyola, obreros gráficos de la Nueva Provincia asesinados.
No queremos seguir viendo como mueren de viejos los responsables del Genocidio en Argentina.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES MILITARES, ECLESIÁSTICOS Y CIVILES!!
H.I.J.O.S.

Impune ante la Justicia, pero no ante la Memoria
09.07.2013. El periodista Mario Gabrielli murió hoy a los 84 años. En mayo, los fiscales Nebbia y Palazzani lo acusaron de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol de jefe de la redacción del diario La Nueva Provincia. De los cuatro acusados señalados por el Ministerio Público, ahora sólo queda con vida Vicente Massot.
El periodista Mario Gabrielli, jefe de la redacción del diario La Nueva Provincia entre 1973 y 1990, murió hoy a los 84 años. La muerte sorprendió a Gabrielli impune ante la Justicia pero señalado por el Ministerio Público Fiscal como partícipe del plan criminal de la última dictadura, desde su rol de máximo responsable en la redacción del matutino.
En mayo, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani elevaron al Juzgado Federal 1 de nuestra ciudad el pedido de detención de Gabrielli y de Vicente Massot, quienes junto a los fallecidos Diana Julio y Federico Massot formaban parte del grupo directivo con poder decisorio dentro de La Nueva Provincia durante la dictadura.
Ya ocho meses antes el Tribunal que dictó sentencia en el marco de la denominada “Causa Bayón”, que finalizó con condenas a diecisiete represores que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo, habían considerado “comprobada” la existencia de una “campaña de propaganda negra” mediante la cual el diario bahiense contribuyó con el Terrorismo de Estado al “imponer la versión de los victimarios” y “colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
Casi una quincena más tarde, el juez subrogante Santiago Martínez denegó el pedido elevado por Nebbia y Palazzani sin siquiera citar a los acusados supervivientes a prestar declaración indagatoria. En su resolución, emitida el 15 de mayo, el magistrado dijo no haber hallado elementos para imputar no sólo a Massot y Gabrielli sino al mismo diario en su conjunto. Pocos días después, los fiscales apelaron ante la Cámara Federal, que aún no ha resuelto en torno a ello. Con la muerte de Gabrielli, el único de los acusados que permanece con vida es Vicente Massot, actual director y propietario de La Nueva Provincia.
                          
           
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

Diecisiete represores, catorce a perpetua, por crímenes de lesa humanidad

Con un reclamo contra la complicidad mediática

El tribunal ordenó que se enviara a los condenados a una cárcel común y que se investigara a los directivos del diario La Nueva Provincia. El juicio lo llevaron adelante jueces subrogantes porque los locales no garantizaban independencia.

 Por Diego Martínez

Bahía Blanca empezó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.

“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976. “Fue un gesto de enorme valentía”, destacó el ex fiscal general Hugo Cañón, que impulsó la causa cuando Bahía era tierra arrasada. “Fue una condena ejemplar, parecía una utopía”, celebró.

La jornada comenzó con las últimas palabras de Jorge Granada, el militar que en 2003 ayudó a escaparse a su amigo Luis Patti. “Soy víctima de un Poder Judicial sesgado”, dijo. “No tengo motivo para decir que los jueces son arbitrarios –se desdijo en segundos–, pues no tuvieron inconvenientes en desprocesarme” (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601). “Para derrotar la subversión soy consciente de que se ha lastimado a familias, pero hoy se sigue haciendo lo mismo amparados en leyes”, se permitió comparar.

La fiesta arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A. Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.

La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.

Ferro, que comparte tribunal con José Triputti y Martín Bava, arrancó con la lectura de las desestimaciones. La primera perpetua fue para el general Juan Manuel Bayón. La sala aplaudió varios segundos, igual que con las trece perpetuas que siguieron. Los imputados escucharon las condenas sin inmutarse, con tres excepciones: Carlos Ta-ffarel se rascó la bocha, Jorge Masson negó con la cabeza y Vicente Forchetti masticó chicle y miró la hora cuando la enumeración de delitos parecía interminable.

Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.

El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.

El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero ni el ex juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a dar ese paso.

“¿Dónde está mi hermano?”, les gritó Adriana Metz a los condenados cuando concluyó la lectura de la sentencia. Mario Méndez, “El loco de la Guerra” en el recuerdo de los colimbas, reaccionó y se trenzó a gritos con Nora Cortiñas. Cañón y Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, se abrazaban y lloraban.

“Son asombrosos, independientemente de la magnitud de las condenas, los efectos civiles y políticos de algunos puntos de la sentencia, como la orden de dar de baja a los condenados. Me sorprendió gratamente la orden de investigar a La Nueva Provincia”, destacó Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Empezamos a caminar”, se esperanzó Celia Korsunsky, con su pañuelo blanco sobre la cabeza, y cerró con una pregunta: “¿Se animarán con La Nueva Provincia?”.Los condenados

Juan Manuel Bayón, 85 años, general, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976 que conducían Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas. Condendo a prisión perpetua.

Osvaldo Bernardino Páez, 81 años, teniente coronel. Identificado como el interrogador que oficiaba de “bueno” durante las torturas en La Escuelita. Perpetua.

Hugo Jorge Delmé, 76 años, coronel. Encargado de negarles información a los familiares que iban a reclamar por los desaparecidos. Perpetua.

Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 80 años, coronel. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varios después de sus cautiverios en La Escuelita. Perpetua.

Walter Bartolomé Tejada, 82 años, coronel. Integró el Departamento II Inteligencia. Perpetua.

Hugo Carlos Fantoni, 83 años, coronel, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V. Perpetua.

Norberto Eduardo Condal, 68 años, coronel, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia. Perpetua.

Carlos Alberto Taffarel, 65 años, coronel. Jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Perpetua.

Jorge Horacio Granada, 66 años, teniente coronel. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y ayudó a escaparse a Luis Patti en 2003. Perpetua.

Jorge Aníbal Masson, 59 años, teniente coronel. Integró el “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Perpetua.

Mario Carlos Méndez, 59 años, teniente coronel. Integró los grupos de tareas y fue condecorado por “heroico valor en combate” en la masacre de dos militantes encerrados en su departamento. Perpetua.

Vicente Antonio Forchetti, 83 años, comisario de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma, intervino personalmente en varios secuestros. Perpetua.

Héctor Arturo Goncálvez, 70 años, sargento de la PF. Perpetua.

Héctor Jorge Abelleira, 72 años, comisario de la PF. Perpetua.

Carlos Alberto Contreras, 65 años, sargento de la PF. 18 años de prisión.

Andrés Reynaldo Miraglia, 70 años, oficial del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta. 17 años y seis meses de prisión.

Héctor Luis Selaya, 71 años, abogado y oficial retirado del SPF, jefe de Villa Floresta en 1977. 17 años y seis meses de prisión.

 Los jueces federales Jorge Ferro, Martín Bava de Azul, José Mario Triputti y Oscar Alberto Hergott incluyeron otras disposiciones en la sentencia leída ayer.

Dejaron expresa mención por unanimidad que los delitos investigados "resultan ser crímenes de lesa humanidad" y por mayoría -Ferro y Bava- que "los mismos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar".

Además revocaron excarcelaciones que habían sido otorgadas oportunamente así como una detención domiciliaria que había sido dispuesta.

El auditorio estalló cuando el presidente del Tribunal leyó que se ordenó también que el cumplimiento de la pena sea en cárceles comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal o en caso de no existir esa posibilidad en prisiones provinciales que correspondan al domicilio del condenado.

Declaró militar imputado : "Estábamos en guerra..."

Ex eniente coronel, que se desempeñó en el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército y está detenido por delitos de lesa humanidad, declaró hoy en el marco del juicio oral y público que se realiza en esta ciudad.

Se trata del Teniente Coronel (R) Osvaldo Bernardino Páez, de 81 años, quien prestó servicios en el Departamento de Operaciones del V Cuerpo del Ejército y además fue presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51 durante 1976.
Páez solicitó brindar su declaración y postura de defensa ante el Tribunal en lo Criminal Federal, en el marco del juicio que se lleva a cabo en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur.
"Durante el año 75 revisté en el departamento logístico del Estado Mayor y el primero de enero del 76 fui destinado al departamento III Operaciones del Estado Mayor", señaló Páez.
El militar dijo además que el 27 de marzo fue nombrado presidente del Consejo de Guerra Especial que "solamente se organiza en tiempo de guerra".
El militar agregó que "me tocó actuar no contra el personal sino contra tres personas particulares" al detallar que se trató de "Pablo Boholavsky, Julio Ruiz y Rubén Ruiz".
Los mencionados fueron condenados por el Consejo de Guerra pero además estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita y tras ello a la Unidad Penal de Villa Floresta y de Rawson, en Chubut.
"Estábamos en guerra y el Tribunal mío estaba en guerra", agregó Páez ante una consulta del Tribunal.
El militar dijo que "habían dos organizaciones que fueron declaradas ilegales, una el Ejército Revolucionario del Pueblo y la organización Montoneros".
El militar expresó que "estaban detenidos en el lugar de reunión del Batallón y antes no tenía conocimiento porque no pertenecía a la Subzona, yo pertenecía al Estado Mayor del V Cuerpo".
Páez agregó que "al Tribunal nos presentan estas tres personas detenidas por orden de la Subzona y las alojan en el batallón".
"El Consejo de Guerra es sumarísimo y empieza a las 8 de la mañana del 15 de diciembre y terminó a las 19 del día 17, se desarrolla sin solución de continuidad y se trabaja las 24 horas".
Sobre la sentencia, el militar dijo que a Julio Ruiz y a Boholavsky "se les aplicó un año y seis meses" y a "Rubén Ruiz "siete meses".
Al ser consultado sobre el lugar donde habían cumplido la pena, Páez dijo que "yo ya no estaba, me salió el pase el 16 de diciembre y fui a cumplir mi nuevo destino al Comando Instituto".

Se reanuda el juicio a los represores en Bahía Blanca

17 acusados acusados son juzgados por crimenes de lesa humanidad

Más allá de los fallecidos y prófugos, los genocidas procesados del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el Estado Mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los Grupos de Tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal, imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Hay 17 imputados y un prófugo.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, habló sobre el juicio que se está realizando en la localidad de Bahía Blanca: “No prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos. Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.
Para Schulman los juicios responderán a dos preguntas: “La primera, es quiénes eran los 30 mil desaparecidos. Van a dejar de ser una sombra, una huella o un número, y recobrar el rostro, pero también su historia, es decir lo que pensaban, querían y por qué luchaban”.
El jueves 25 se concretó una inspección ocular al lugar donde funcionó el centro de detención clandestina y torturas ´La Escuelita´, en tierras dependientes del ex Comando V Cuerpo de Ejército, sobre el Camino ´La Carrindanga´. Luego de la feria judicial las audiencias se reanudarán hoy martes 2 de agosto.
 
Los culpables
 
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca apartó al imputado Julián Oscar Corrés del juicio oral por la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, que se realiza en Bahía Blanca.
Al retomar el desarrollo de la audiencia y antes de continuar con la lectura de la acusación, desde la Defensa también se exigieron al Tribunal exámenes médicos regulares para  otros tres genocidas. Ellos son los ex integrantes del Estado Mayor del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez por cuestiones cardiológicas y urológicas, y Hugo Delmé por hemorroides; y por una afección oncológica al ex policía federal de Viedma, Héctor Arturo Goncálvez.
La semana pasada quedó pendiente la presentación del perito médico de parte de la querella respecto al estado de salud del torturador Julián Oscar Laucha Corres, quien padece un cáncer que lo tiene internado en el Hospital Militar de la Capital Federal.
El médico forense Alberto Ferrere, había dicho que la quimioterapia lo ha dañado físicamente, con una considerable pérdida de peso pero su salud emocional y mental está en perfectas condiciones para seguir el debate y declarar.
“Alguno de los imputados manifestó que le parecía denigrante que tres coroneles u oficiales del Ejército Argentino se encuentren en una sola celda como la que estaba señalando, lo que está pendiente que es la aceptación personal de imputado en una causa más allá de la jerarquía o grados que hayan logrado en su carrera militar”, comentó el fiscal.
 
Recusaron al prófugo Miguel Ángel García Moreno
 
Luego de completarse la lectura de las acusaciones, en la primera parte del juicio hecha por la Fiscalía que conduce el Doctor Abel Córdoba, El Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio que duró hasta el pasado martes 5 de Julio.
El fiscal solicitó “Sin perjuicio de que se continúe con la búsqueda ordenada, con la concreción de la captura internacional que se dispuso”, se revoque la excarcelación de la que aun goza el prófugo Miguel Ángel García Moreno. Este represor se encuentra libre por resolución de la composición anterior del Tribunal Oral (que tenía a Leopoldo Velázquez a la cabeza, recusado por su amistad con el imputado Hugo Mario Sierra) y “En función de haber incumplido las reglas que se le habían fijado para acceder a ese beneficio”; Córdoba solicitó se “Revoque esa resolución y además se ejecute la fianza que se había dado para asegurar la libertad a la que accedió en marzo del año 2010. Como una medida para la captura que es la prioridad de esta fiscalía”. Luego Jorge Ferro cerró la actividad de la primera semana de juicio oral.
“Creemos que los juicios comienzan la reparación, porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino, que no es otra que la del cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y la sangre del pueblo”, finalizó José Schulman, expresando la verdadera necesidad de la palabra justicia.
 
Las víctimas del genocidio
 
En la lista de las víctimas de estos acusados figuran: Abel, Jorge Antonio, Acevedo Patricia Elizabeth, Fornasari Pablo Francisco, Castillo Juan Carlos, Matzkin Zulma Raquel, Tarchitzky Manuel Mario, Cereijo Nancy Griselda, Lofvall Andrés Oscar, Ilacqua Carlos Mario, Iannarelli Estela Maris, Chironi Eduardo Mario, Coussement Cristina, Lorenzo Roberto, Sotuyo Luis Alberto, Mercero de Sotuyo Dora Rita, Del río Ricardo Gabriel, Rivera Carlos Roberto, Frers Elizabeth, Ferrari María Angélica, Garralda Alberto Ricardo, Peralta José Luís, Gentile Carlos Alberto, Izurieta Zulma Araceli, Giordano César Antonio, Romero María Elena, González María Eugenia, Junquera Néstor Oscar, Hidalgo Daniel, Souto castillo Olga Silvia, Izurieta María Graciela, Jara Fernando, Morán Mónica, Rossi Darío, Sampini Rubén Héctor, Bossi Néstor Alejandro, Traverso de Bossi Susana Elba, Bombara Daniel José.
La causa además incluye 46 víctimas más, cuyas identidades son preservadas para un mejor desarrollo del juicio.
 
Quiénes son los imputados
 
Los acusados son:
 
1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.
 
2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.
 
3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.
 
4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.
 
5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.
 
6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.
 
7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.
 
8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.
 
9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.
 
10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.
 
11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.
 
12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.
 
13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.
 
14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.
 
15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.
 
16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.
 
17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

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