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miércoles, 29 de junio de 2016

Renovada protección para el ex juez represor Montezanti

La Cámara Federal de Bahia Blanca suspendió la indagatoria a un ex juez represor. 

En línea con el cambio político, en Bahía Blanca se acentúa el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad. Montezanti, ex titular del tribunal bahiense quien renunció para evitar la destitución, consiguió postergar sin fecha su declaración.

El cambio de vientos políticos sigue haciendo estragos en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca. Montado en el fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez federal Alejo Ramos Padilla, el ex agente de inteligencia del Ejército y ex juez Néstor Luis Montezanti logró esta semana la suspensión y postergación de su indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad, prevista para el martes próximo. El próximo paso de quien fue presidente de la Cámara bahiense hasta que renunció para evitar su destitución en el Consejo de la Magistratura será pedir la nulidad de toda la causa, amparado en los argumentos que le obsequiaron su ex compañero de tribunal Pablo Candisano Mera y los subrogantes Jorge Ferro y José Triputti.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Ramos Padilla, que actuaba como subrogante en Bahía Blanca, ordenó el año pasado su citación a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado (todavía con fueros) faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Por esos meses el camarista también prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. Su única aparición pública fue un autorreportaje en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, que a su vez obtuvo su falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un original sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi, que se había animado a citar a indagatoria al empresario y se aprestaba a pronunciarse.

En septiembre el Consejo resolvió por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Montezanti por su actuación en el terrorismo de Estado y también por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Sus conductas son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación, sostuvo. En marzo, cuando el Consejo de aprestaba a destituirlo, Montezanti presentó su renuncia, que el presidente Mauricio Macri aceptó en tiempo récord. La huida silenciosa le permitirá cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días y le evitó a los consejeros tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial.

Ya sin fueros que impidan su detención, la Cámara Federal tomó una decisión que le permitió recobrar sus esperanzas de prolongar su impunidad. A partir de planteos de defensores de represores, los jueces resolvieron aceptar la recusación de Ramos Padilla (abstracta pues renunció a las causas de Bahía Blanca a fines de 2015) al considerar que era justificado el temor de parcialidad por su antiguo rol como querellante de víctimas de la dictadura. “Estas resoluciones habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, anticipó entonces el fiscal Palazzani a la agencia Paco Urondo. La suspensión de la indagatoria, que dictó el juez Pedro Plou (de Junín, también subrogante en Bahía) era una previsible consecuencia de la resolución de la Cámara.

Mientras el cuarto juicio de lesa humanidad en el sur bonaerense todavía no tiene fecha de inicio, los militantes de la impunidad siguen ganando batallas en Bahía. Primero fue la confirmación de la falta de mérito de Massot, sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. Luego la Cámara Federal, sin darle derecho a descargo, cesanteó por segunda vez a Coleffi (el juez que se animó a avanzar contra Massot) por entender que no podía trabajar en el Ministerio Público Fiscal. El mes pasado se pronunció contra Ramos Padilla. Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos también parecen estar en la mira. Ante una acción de amparo porque el Servicio Penitenciario Bonaerense no les permitía ingresar a la cárcel de Villa Floresta, Ramos Padilla hizo lugar y habilitó la inspección que solicitaban. La Cámara Federal revirtió esa decisión para impedirles que controlen las condiciones inmundas que reinan en las cárceles de la provincia.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Condenan a prisión perpetua a 18 integrantes de la Armada

Es el tercer proceso por crímenes de lesa que se realiza en esa ciudad

Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido las penas que dispuso el tribunal. Los represores estaban acusados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas. Entre ellos, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia.

Foto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna Chima

En Bahía Blanca se produjo hoy una sentencia histórica: en la causa "Armada", el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua a 18 represores y a otros cuatro sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de prisión. Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia.

Los condenados a perpetua son: el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos;  ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
Y fueron condenados, además: 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

“Es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica”, dijo el fiscal José Nebbia antes de conocer el veredicto. En la ciudad hubo una manifestación de organismos de derechos humanos y también de hijos y familiares de represores, pidiendo la libertad de los acusados. “El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, agregó Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Es el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca. Y el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que, además, incluye los delitos sexuales como delitos de lesa. En el marco del extenso juicio, que comenzó el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani  pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Creemos que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada, y marca la interacción de las fuerzas”, había dicho Nebbia. El proceso demostró el funcionamiento del circuito represivo: cómo, por ejemplo, algunas víctimas fueron secuestradas por Prefectura para luego ser trasladadas a centros clandestinos de la Armada. De cómo se cruzaron información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. “Se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas”, explicó el fiscal. 

Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron en los alegatos.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

“Los organismos de derechos humanos, que fuimos los que instalamos los juicios, tenemos que reafirmar el compromiso con convicción y alegría. En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, dijo Hidalgo.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
JMM/PC/RA

viernes, 22 de mayo de 2015

Detuvieron al represor Héctor Oscar Chisu, La Triple A Bahiense

La Triple A bahiense

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. 

El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa

jueves, 4 de diciembre de 2014

Arrestan al represor Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del VCuerpo del Ejército

El prófugo que se quedó sin refugio

Fue buscado durante siete años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 Por Diego Martínez

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Massot culpabiliza a los familiares de las víctimas

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, imputado por la muerte de dos obreros gráficos, volvió a descargar responsabilidad. En diez días se resuelve su situación.
Vicente Massot se retira después de declarar, en medio de un fuerte operativo policial

Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

Vicente Massot llegó a las 6.50 a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos de Bahía Blanca. lo hizo caminando solo, por una zona que ya estaba vallada, pero no tan blindada con la vez anterior. Madrugó a las organizaciones de derechos humanos que llegaron a las 7 para repudiarlo y reclamar memoria, verdad y justicia. Más tarde, frente al juez que debe decidir su situación procesal por las muertes de dos obreros gráficos en épocas de la dictadura, repitió la fórmula ya transitada: responsabilizó a su madre y su hermano, ambos fallecidos. Agregó una acusación a los familiares de las víctimas, a quienes desacreditó por su testimonio dado en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.

Adentro, el director de La Nueva Provincia se encontró con su abogado defensor, Rubén Ditskin; el juez federal subrogante, Alvaro Coleffi; y los fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Miguel Angel Pallazani y José Nebbia, quienes una vez más se resignaron a que no podrían a ser preguntas.

"Mantuvo la versión que había dado en las dos declaraciones anteriores ante el juez de los meses de marzo y de abril del corriente año y además no aceptó preguntas de los fiscales", dijeron fuentes judiciales que presenciaron la escena.
El caso por el cual está imputado es el de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes fueron asesinados en tiempos en que trabajaban para el tradicional matutino bahiense. “En lo que corresponde a las actas notariales y se exculpó de la situación afirmando que su madre Diana Julio de Massot era la que manejaba y dirigía el diario", explicaron las fuentes.     
 Los manifestantes contra Massot, esperan afuera de la sala donde declaró

A partir de ahora el juez tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario. Podría procesarlo en incluso ordenar su detención, o decidir no procesarlo.

Massot, quien al final de su declaración se retiró en patrullero y fuertemente custodiado, está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas

lunes, 10 de noviembre de 2014

Massot : imputado coautor desaparición dos obreros y ocultamiento verdad en 35 casos

Vicente Massot, el director de La Nueva Provincia volverá a Tribunales

El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, se presentará este martes ante la Justicia Federal de Bahía Blanca para ampliar su declaración indagatoria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar.

El empresario periodístico fue citado para las 7.30 ante el juez federal subrogante Alvaro Coleffi en el Juzgado Federal ubicado en Alsina 317.

Fuentes judiciales señalaron que Coleffi podrá formular preguntas a partir de las posibles contradicciones y dudas en relación al testimonio de Massot del 24 de abril, y luego de ese acto resolvería su situación procesal.

En la audiencia de abril de este año los fiscales Miguel Angel Pallazani y José Nebbia no pudieron hacerle preguntas al empresario, por lo que no se descarta que pueda ocurrir lo mismo.

Las fuentes consultadas expresaron que "hay diversa documentación y varios elementos que son fundamentales como prueba en el marco de la causa".

Massot está acusado por la Unidad Fiscal de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

A raíz de la presentación de Massot, agrupaciones y organismos vinculados a los derechos humanos realizarán una concentración en inmediaciones al Juzgado Federal de Bahía Blanca con el fin de exigir Justicia.

En el caso de HIJOS, APDH, Red por el Derecho a la Identidad y Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados junto al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta, estarán ubicados en Alsina y Dorrego, frente al Palacio Municipal, bajo la consigna "Juicio y Castigo a los Partícipes Civiles!, ¡Juicio y Castigo a Massot".

Por su parte, la Comisión de Apoyo a los Juicios estará presente en Alsina y Lamadrid, donde habrá diversas actividades.

domingo, 5 de octubre de 2014

Nueva indagatoria al empresario Massot, acusado de coautoria de obreros gráficos

El Martes 11 de Noviembres será nuevamente Indagado Vicente Massot ante un Juez de la Nación Argentina.

Deberá ampliar su testimonio y responder a las preguntas del Juez Coleffi. 

Luego de la Indagatoria se resolvería la situación procesal del dueño de la nueva provincia, Acusado de Delitos de Lesa Humanidad.

La Fiscalía acusa a Massot de ser coautor del homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para
su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". y de haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en elocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica publicadas en el periódico al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, enmarcados en un Plan de acción Psicológica para implementar el terror en la ciudadanía.

Por tercera vez, Massot debe responderle a la Justicia, luego de que se analizaran las pruebas que surgirían del allanamiento a su diario.

Nuevamente Veremos concurrir al Juzgado al Colaborador y Reivindicador mas importante del Terrorismo de Estado.
La Dictadura Fue CÍVICO-MILITAR y debemos avanzar sobre éstos civiles quienes fueron fundamentalmente hacedores.

Porque LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS,
              JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!
              JUICIO Y CASTIGO A LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA GENOCIDA!

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

domingo, 6 de julio de 2014

Se inicia el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

El Tribunal Federal subrogante de Bahía Blanca iniciará el martes 8 de julio el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en esta ciudad, por el cual se encuentran imputados 25 miembros del Ejército y la Armada.
Entre los 66 casos que figuran en esta causa se encuentran los de los obreros gráficos del diario “La Nueva Provincia”, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, comenzará con el debate a partir de las 9 en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Se trata de la causa 1.103 caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.
De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires.
PARA EL FISCAL, “SE VENTILARÁN INFORMES DE LA PNA”
Sobre el juicio, el fiscal José Nebbia, quien junto con su par Miguel Angel Pallazani integran la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, informó que “es el primer juicio por los hechos cometidos en la Armada y por primera vez se va a develar en el debate oral el rol que tuvo en la zona”.
“Aquí se ventilarán los conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que dependía de la Armada donde se los señala a los obreros gráficos” Heinrich y Loyola, indicó Nebbia.
Heinrich y Loyola eran obreros gráficos del diario Bahiense y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de esta ciudad sureña. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y tesorero de la organización gremial.
Por último, el funcionario judicial comentó que también en el debate se analizará “la sincronización del Ejército y la Armada donde hay casos que actuaron las patotas de la Armada y pasaron por centros clandestinos del Ejército”.
Según se indicó, de los 13 marinos, 11 cuentan con el beneficio de arresto domiciliario en distintos puntos del país, por lo que el debate lo seguirían a través del sistema de videoconferencia.
De este modo, ante los jueces estarán presentes Maloberti y Negrete, quienes también están con arresto domiciliario pero en Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, respectivamente; y el integrante de la Prefectura Naval, Nougués quien permanece con arresto domiciliario en Ingeniero White.

viernes, 25 de abril de 2014

Periodismos criminales

Por Florencia Saintout *

El exterminio consiste en la sustracción a la especie humana de una parte de ella. Para hacerlo posible es necesario una operación cultural gigantesca y previa: quitarle a esa parte su condición de humanidad. Hacer de esa parte, de esos hombres (varones y mujeres) unos no-hombres. Entonces será posible su eliminación. La tortura; la muerte. Finalmente, la aceptación de que hay no humanos entre los humanos y que esos “no-humanos” son un riesgo para el resto del “cuerpo social”.

Un plan de eliminación de un grupo social, con la magnitud del elaborado y puesto en marcha en la dictadura, sólo es posible si se construye la aceptación de que eso sería necesario, fundada en la creencia de que hay algunos a los que se puede/debe exterminar. A partir de esa operación, sus vidas no serán lloradas porque no son consideradas ni siquiera vidas, sólo esto explica la concreción del horror. Para dar forma a ese artificio es necesario construir una serie de categorías sobre el otro que se fijen como verdad: los subversivos, los delincuentes, los bárbaros. Y en esta tarea los medios, como maquinarias especializadas en la producción simbólica que nomina la vida, ocupan un lugar fundamental.

La llamada propaganda negra no es otra cosa que la construcción de unos nombres, de unos relatos, de unas categorías, de unas imágenes que ordenan los acontecimientos a partir de un eje de destrucción del otro. Ese proceso se hace ocultando la verdad y sobre todo mintiendo acerca de ella.

No hay exterminio sin categorías que definan a un otro como exterminable. Los estigmas, reactualizados, pueden subsistir más allá de la detención coyuntural del exterminio. Pueden quedar como saberes ocultados en los sedimentos siempre disponibles de la historia. Por ello la afirmación innegociable del “Nunca Más”, porque la construcción de un sistema social de terror que habilitó la desaparición, el robo de bebés y la tortura no puede darse por terminada de manera definitiva con la llegada de la democracia.

Por eso, aunque nada garantice, la reparación de la Justicia en el marco de la verdad es indispensable para que nunca más ocurra, bajo las mismas o diferentes formas, el gran crimen. Las complicidades mediáticas deben ser juzgadas para afianzar el camino de justicia y la certeza de que nunca más seremos víctimas de una maquinaria de terror como la que vivimos. Massot tendrá que dar respuestas.
De la verdad hacia la justicia

Llegué a vivir a Bahía Blanca en 1983. Hice el colegio secundario a dos cuadras de La Nueva Provincia y ya para ese entonces todo el mundo sabía que la familia Massot era coautora del gran crimen de la dictadura. En esos tiempos donde los adolescentes podíamos salir de noche y encontrarnos con Astiz en algún boliche, nadie imaginaba que a los dueños del diario más poderoso del sur (ese que había entregado a trabajadores, que había publicado información arrancada de las sesiones de tortura en la macabra Escuelita; el que habló de enfrentamientos y celebró en su editorial del 24 de marzo de 1976 “la hora de responder con violencia ordenadora”) se los podía juzgar, o siquiera indagar. Era tal el grado de impunidad que todo lo que se sabía sólo podía ser balbuceado entre ilusiones de democracia y terror en el cuerpo.

La Nueva Provincia era el poder intocado de la ciudad. El poder real.

Con el Juicio a las Juntas militares en 1985 se abrió un camino de reparación de los crímenes. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nuevamente volvimos a pensar que del infierno iba a ser imposible salir. En ese infierno, Vicente Massot formó parte del gobierno de Menem, que encarnaba el plan de miseria planificada que había denunciado Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas como el peor crimen.

El primero que relacionó a la familia Ma-ssot con el genocidio fue Hugo Cañón –cuando era fiscal general de Bahía Blanca en 1987–, quien resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y principal vínculo del diario con la dictadura.

En 2012, terminado el juicio que condenó al primer grupo de represores que cometió delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La Nueva Provincia legitimando el terrorismo de Estado. Así, el tribunal habló de “propaganda negra” –en alusión directa a las operaciones de consolidación de terror sobre la población– y de cómo el diario participó activamente en la construcción del enemigo, cooperando con el Ejército y la Armada en el exterminio de un sector de la sociedad. En la sentencia se ordenó investigar cuál fue el papel que cumplió La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado.

Vicente Massot empezó a dar explicaciones por el asesinato de dos delegados gremiales: Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ellos habían encabezado un paro antes de la dictadura. Ya con el golpe, Diana Julio de Massot, la que se atrevía a decirles cagones a los militares porque no eran más salvajes de lo que debían, fue hasta el gremio y los increpó: “A ver si se animan ahora”. Lo que sigue es conocido. Los fueron a buscar a sus casas y de sus asesinatos La Nueva Provincia sólo mencionó dos líneas. No dijo nada de las condiciones ni de las torturas. Nunca más volvió a hablar del tema. Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani acusan a Vicente Massot como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material, encubriendo a sus autores inmediatos”.

También Massot tiene que responder a la acusación de autoría de la propaganda negra al servicio del exterminio. Es decir, a aquello que siempre supimos que había sucedido pero que nunca pensamos que iba a ser juzgado: la responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca en la última dictadura.
El diario: los medios
Lo que está sucediendo en Bahía Blanca es un gran paso en el entendimiento de que la dictadura cívico-militar tuvo como coautores a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas. Que ellos ocuparon un lugar fundamental.

Si bien es cierto que las características del diario, y de los Massot en particular, habilitarían a pensar que éste es el peor caso, no deberíamos quedarnos tranquilos pensando que La Nueva Provincia es un caso aislado, y que juzgado el monstruo más grotesco las monstruosidades desaparecerán (como señalan los jóvenes investigadores A. Santomaso y A. Olsetein, la línea editorial de La Nueva Provincia sigue sosteniendo la idea de la guerra sucia; la reivindicación del accionar terrorista del Estado y la demonización de la subversión a la que relacionan con el actual gobierno).

Sobran las pruebas para demostrar que ha sido un sistema de medios de comunicación el que ha actuado en la Argentina consolidando las posibilidades de la masacre. Sólo con leer materiales como el libro Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, escrito por Eduardo Blaustein y Martín Zubieta, como uno más entre tantos, podemos dar cuenta de una prensa al servicio del exterminio. Ni qué hablar de los casos como el de Papel Prensa, que ya está en el recorrido de la Justicia.

En estos últimos años hemos asistido permanentemente a los comunicados de la SIP o de Adepa en Argentina hablando de la libertad de expresión. Es interesante recordar cómo en 1977, sólo a cuatro días de que Rodolfo Walsh hiciera circular su Carta donde denunciaba “la censura a la prensa”, Federico Massot tenía tribuna para afirmar en Cartagena de Indias en la Asamblea de la SIP “que es lógico que ante la escalada del marxismo internacional en la Argentina las autoridades se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de ciertas libertades en salvaguarda de la integridad nacional”.

En esta línea de defensa de un régimen criminal, como fue el de la dictadura y de sus cómplices, Adepa ya en los primeros días del golpe se manifestó satisfecha por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”. Hace menos de un mes Adepa se pronunció en contra del allanamiento ordenado por la Justicia en La Nueva Provincia, diciendo que se trata de un “ataque a los medios que expresan visiones críticas”. Con el discurso que convenga, lo único que defienden es a los perpetradores.

Con los juicios de lesa humanidad van surgiendo informaciones sobre el papel jugado por los medios. Lo que se está develando es la existencia de un sistema mediático al servicio del genocidio. Se hace necesario continuar con el esfuerzo de sistematización de esta información para reunir las pruebas que permitan llegar al juicio de este periodismo coautor del exterminio. Porque ya no podemos seguir pensando en posiciones de socios más o menos directos o de cómplices, sino de coautorías. La verdad nos abrirá los pasos a la Justicia.

* Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata.

El director de Nueva Provincia, Vicente Massot, culpó a su madre y hermano

La estrategia de culpar a mamá

Vicente Massot declaró como acusado por delitos de lesa humanidad. Minimizó las pruebas en su contra y dijo que su madre y su hermano, ya fallecidos, manejaban el diario cuando desaparecieron trabajadores. Los dichos de un militar lo comprometen.

 Por Diego Martínez

El empresario Vicente Massot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Acdel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.

Massot ingresó al juzgado a las 7.30, mientras militantes de organismos de derechos humanos y de izquierda llegaban con sus banderas. “Es un día histórico para la ciudad. Fue uno de los partícipes civiles más importantes de la dictadura”, recordó Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca. “Heinrich y Loyola hicieron un trabajo de hormiga para organizar a los trabajadores que habían sido expulsados del gremio”, recordó su compañero Jorge Manuel Molina.

La indagatoria, que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían pedido en mayo del año pasado, comenzó con la lectura de la acusación y el detalle de las pruebas. El acusado negó una a una las imputaciones y entregó notas de Clarín, La Nación y otros diarios para demostrar que publicaron “varios de los ejemplos de supuesta acción psicológica y complicidad” que se le adjudican a La Nueva Provincia. Luego precisó datos que había dado en su “declaración espontánea” del mes pasado.

El eje de la defensa de Massot, que comenzó el 18 de marzo, pasa por probar que vivía en Buenos Aires, que sólo hacía “visitas ocasionales en calidad de hijo”, que en 1976 hizo la conscripción y que recién en 1977 se hizo cargo de la oficina en Buenos Aires pero sin responsabilidades importantes. Ocho actas ante escribano durante el segundo semestre de 1975, sin embargo, prueban su intervención personal en el conflicto con los gráficos, encabezando negociaciones con Heinrich y Loyola. En julio su madre le firmó un poder para que negociara con obreros en huelga y le delegó facultades para suspender y despedir empleados. En septiembre citó a los delegados al despacho de la directora para tratar de que levantaran medidas de fuerza, fue a la rotativa a convencer a los armadores que cubrieran un “retiro de colaboración” y pasó varias madrugadas discutiendo sobre distribución de tareas y horas extra. Las actas, insumo del informe de Prefectura, muestran sus fracasos para evitar las medidas de fuerza, pero sobre todo su participación en decisiones cruciales de las que dependía la salida del diario.

“Las organizaciones subversivas habían matado” a once gerentes y jefes de personal, por lo cual su madre le pidió que se quedara en Bahía, dijo Massot el mes pasado, cuando sólo sabía de una de las actas. “Mi participación fue absolutamente accidental”, pretendió ayer, porque se limitó a “dos semanas en un conflicto de más de dos años”. Luego él mismo se refutó: entre enero y marzo de 1976, admitió, la madre le pidió colaboración “a toda la familia” para que saliera el diario, “con lo cual todos los días convivíamos tíos, primos, sobrinos, hermanos”.

La noticia que más lo incomodó ayer no fue ver su nombre en las actas ante escribano, sino el relato del diálogo de su mamá con el general Azpitarte en los días previos a los asesinatos, que Gutiérrez contó ante los fiscales. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Vilas cumplía prisión preventiva en el Cuerpo V, donde solía conversar con el entonces auditor. Hablando de “la costumbre de ciertos sectores civiles de pedirles favores a los militares”, le contó que en junio de 1976 Azpitarte lo citó a su casa del barrio Palihue para participar de una entrevista pedida por Diana Julio. La directora del diario planteó allí “que tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola” y “pidió una solución porque le habían parado el diario”. Azpitarte le pidió opinión a Vilas, quien consideró que el tema no era “de incumbencia militar”. Su superior le ordenó retirarse y, mientras se alejaba, escuchó las palabras de la señora: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”, frase que Gutiérrez tradujo como “secuestrarlos”. El abogado apuntó que el diálogo fue “sobre fines de junio de 1976” y que días después se produjeron los secuestros. “Declaraciones infames e infamantes”, refunfuñó ayer Massot y curiosamente trató de desacreditar al militar diciendo que fue “defensor del general Vilas”, a quien su diario siempre consideró un héroe de la guerra sucia.

martes, 8 de octubre de 2013

BAHÍA BLANCA Piden la captura internacional de sacerdote acusado por delitos de lesa humanidad

Hijos Bahiablanca
 
La Justicia Federal bahiense pidió la captura internacional del sacerdote y ex capellán del Ejército Aldo Vara. Las similitudes con el caso del empresario Vicente Massot, cuya situación la Justicia bahiense debe aún resolver.
 
Por Diego Kenis I El sacerdote de la Iglesia católica y ex capellán del Ejército Argentino Aldo Omar Vara es buscado en todo el mundo por Interpol para ser puesto a disposición de la Justicia argentina, luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca diera lugar a una apelación presentada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que investigan la participación del cura en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército.

Resguardado en destinos no precisados por la propia Iglesia católica luego de que su actuación durante el terrorismo de Estado tomó estado público en el Juicio por la Verdad de 1999, Vara se desempeñó hasta 1979 como capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181, y fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012. El fallo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava incluyó el señalamiento de las responsabilidades del sacerdote en el plan criminal y la remisión de copias de los testimonios al Juzgado Federal que el año pasado quedó a cargo del subrogante Santiago Martínez.

Martínez delegó la investigación en la Unidad Fiscal que dirigen Nebbia y Palazzani, quienes luego de investigar el caso solicitaron la detención e indagatoria del cura. El juez denegó el pedido mediante una resolución de sólo dos carillas, cuyo texto argumentativo se resumía en realidad en dos párrafos, obstruyendo de ese modo la función investigativa que él mismo delegó en los fiscales el 28 de diciembre del año pasado. La resolución colocó a Martínez en un rol que la Cámara Nacional de Casación Penal sólo reserva a los abogados defensores de las partes, únicos autorizados “a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública”, pero nunca a un juez que debe ser imparcial.

La apelación de la fiscalía ante la Cámara Federal fue respondida afirmativamente por el tribunal, que revocó la decisión de primera instancia y canalizó a través del Juzgado la determinación de solicitar la captura internacional del cura, que lleva la firma del subrogante Álvaro Coleffi.

La determinación judicial oficia como positivo precedente ante la espera de una resolución de la misma Cámara por el pedido de detención e indagatoria contra el empresario Vicente Massot,también acusado de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol directivo en el diarioLa Nueva Provincia. Massot fue beneficiado por el juez Martínez en primera instancia, pese a que el magistrado también había delegado la investigación en la fiscalía. Al igual que en el caso de Vara, los fiscales se abocaron a la tarea y, una vez concluida la etapa de estudio de pruebas, solicitaron la indagatoria del empresario. Con su negativa, Martínez obstruyó la continuidad de la investigación. Los fiscales elevaron su apelación ante la Cámara, de la que se aguarda una resolución.

Cigarrillos y galletitas
El pedido de la fiscalía para detener e indagar a Aldo Vara se basó en la abundante cantidad de testimonios que refieren el contacto que tenía con personas secuestradas en dependencias del V Cuerpo. Las más concluyentes son las referencias del caso de los entonces estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca, que permanecieron primero en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y luego de un simulacro de liberación fueron reconducidos a instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercaba para tomar contacto con ellos el cura Vara, vestido “con sotana, o con pantalón y el cuello blanco de los sacerdotes”.

Los testimonios indican, además, que durante las visitas Vara interrogó a los estudiantes clandestinamente detenidos, les dio “algunos consejos” y llegó a llevarles cigarrillos o galletitas, configurándose de este modo en “el bueno” del juego de roles del interrogador malo y el interrogador bueno que señaló el fallo por el cual se condenó al también capellán Christian Von Wernich, de similar desempeño. Sin embargo, su grado de bondad real era bien relativo: Gustavo López, secuestrado en el predio del V Cuerpo, pidió al sacerdote que avisara a sus padres dónde se encontraba, pero tal como indicó ante el TOF bahiense su madre, María Gallardo Lozano, “ese ruego nunca llegó”. Durante su declaración testimonial de 1999 en el Juicio por la Verdad abierto en Bahía Blanca ante la obstrucción que las leyes de impunidad producían en las investigaciones penales, el cura admitió haber tenido contacto con los estudiantes secuestrados, que le mostraron las secuelas de las torturas padecidas, aunque dijo no recordar el pedido de comunicación con sus padres. Tampoco consideró objetable su comportamiento ante personas torturadas, pese a que el entonces fiscal Hugo Cañón le recordó que el cristianismo considera a los cuerpos de las personas “templos vivientes”. “Si en la Argentina hemos tenido excomuniones por violaciones a templos materiales, yo pregunto qué se debe hacer cuando hay violaciones a templos vivos como son un hombre o una mujer”, dijo Cañón. El cura no respondió.

Otro ejemplo del comportamiento de Vara se desprende a partir del caso de Patricia Chabat, secuestrada y detenida clandestinamente en “La Escuelita” y posteriormente trasladada a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Chabat conocía a Vara desde su paso por el colegio secundario, por lo que no dudó en identificarlo como el sacerdote que la entrevistó apenas llegó a la UP4 y le aconsejó “olvidarse de todo lo que había ocurrido en ‘La Escuelita’, pues era responsabilidad de sus padres”, lo que prueba que el capellán estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía en el CCD.

Capitán Vara
Los fiscales Palazzani y Nebbia consideran a Vara como “un engranaje importante en el andamiaje de la tecnología del terror en la Subzona 51, por la propia condición de religioso y lo que ello implicaba en el imaginario de los represores y víctimas”, a lo que se añade “la utilización de su investidura religiosa a favor de los designios del plan y de los suyos propios” a partir de su “presencia permanente” en los CCD. La misma oficina del entonces capellán estaba ubicada en la planta baja del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varias de las víctimas del accionar represivo del Ejército. Es por ello que los fiscales decidieron imputar al sacerdote responsabilidad en la totalidad de los hechos ocurridos en el ámbito del V Cuerpo entre 1976 y 1979, cuando dimitió a su función. La nómina incluye privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y la apropiación de dos criaturas.

Las normativas castrenses vigentes por entonces, inscriptas en el marco de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tipificaban perfectamente el rol de cada engranaje de la represión clandestina. La presencia y actuación de los capellanes en el marco de un “combate” como el que se utilizaba para enmascarar el terrorismo de Estado estaban reguladas desde 1968, cuando el dictador Alejandro Lanusse dictó el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, cuyo artículo 3013 enumera entre las “responsabilidades del capellán” la de evaluar qué impacto o motivaciones tiene la religión dentro de “la zona de interés”. Es decir, de qué modo puede usarse la sotana para arrancar información a los detenidos en un CCD como aquellos que Vara visitaba.
El compromiso del cura con su función puede leerse incluso en uno de los párrafos de su nota de dimisión de 1979, dirigida al Jefe del Batallón en que revistaba. Allí, le agradece por permitirle el “honor (de) haber podido comprometer mi vida y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”.
Violador serial de mandamientos
Luego de su paso por el Ejército y tras la vuelta de la democracia, Vara se recicló como párroco del barrio de Villa Rosas pero concentró la atención de la prensa nacional en 1998, cuando durante un acto conmemorativo de la guerra de Malvinas propuso colgar en la Plaza de Mayo al ex canciller Dante Caputo. La conmemoración había sido organizada por la Comisión de Reafirmación Histórica, que supo contar en sus filas con el carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro. Allí, Vara trazó una comparación entre la guerra de 1982, sanguinaria aventura de la última dictadura, y el plebiscitado acuerdo con Chile por la disputa por el canal del Beagle, concluyendo que “habría que haber colgado de la Pirámide de Mayo al canciller de entonces” por su “desidia e incapacidad”.

Un año más tarde se produjo su declaración testimonial en el Juicio por la Verdad que se abrió en Bahía Blanca ante la imposibilidad de avanzar en juicios penales contra los responsables del terrorismo de Estado. En esa oportunidad, Vara elogió al represor Jorge Mansueto Swendsen, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y mintió al negar el rango de capitán que le confirió el Ejército durante su paso por el Batallón en que ofició como capellán. Como las leyes de impunidad bloqueaban en 1999 el camino de justicia por los crímenes perpetrados durante la dictadura, Vara se fue del recinto con la misma libertad con que había llegado, en compañía de libros del dogma católico que tiene entre sus principales mandamientos los de no mentir y no matar.

La sumatoria de hechos determinó que el cura fuera trasladado por la jerarquía eclesiástica a destinos no precisados. La última noticia que sobre su paradero se tiene refiere que salió del país en 2011. Ese año comenzó en Bahía Blanca el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo. En el banquillo se encontraba, entre otros dieciséis genocidas, Mansueto Swendsen, a quien Vara había definido como “un gran hombre, gran jefe, un hombre muy equilibrado y gran persona”. En la sentencia que el Tribunal que llevó a cabo el juicio dictó un año más tarde, los jueces escribieron que el accionar de Vara durante la dictadura resultaba “comprometedor para la Iglesia Católica”. El papa argentino Francisco, que asumió cuarenta y ocho horas antes del primer pedido de detención del sacerdote por parte de los fiscales Palazzani y Nebbia y a quien la prensa nacional destina diariamente múltiples elogios por su supuesto perfil renovador, no ha dicho todavía nada sobre el sacerdote ahora buscado por Interpol.
                          
           
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

martes, 23 de julio de 2013

Recuerdos de la muerte, por Diego Martinez

En 1977, a metros del centro clandestino La Escuelita en pleno funcionamiento, autoridades militares, civiles y eclesiásticas de Bahía Blanca condecoraron a cinco oficiales por sus servicios al terrorismo de Estado. 36 años después, Bahía Gris comparte imágenes del día que las “fuerzas vivas” celebraron la muerte y repasa el presente de aquellos cruzados: uno fue condenado, otro afronta su primer juicio, dos están prófugos y el torturador Julián Corres murió procesado.
Por Diego Martínez *
El domingo 29 de mayo de 1977, en el marco del 167° aniversario del Ejército, altos mandos de las tres fuerzas armadas condecoraron a cinco oficiales que se destacaron en la lucha contra la subversión”, según afirmó al bendecir las medallas el sacerdote Jorge Mayer, arzobispo de Bahía Blanca. Secundado por uniformados de todas las fuerzas, civiles de traje y señoras con tapado de piel, el general Osvaldo Azpitarte se comprometió a luchar “hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo”, frase que eligió para titular el diario La Nueva Provincia. De la ceremonia participaron el intendente de la dictadura Víctor Puente, “representantes del Poder Judicial” e “invitados especiales”, apuntó el cronista de los Massot.
Foto de tapa de La Nueva Provincia.
“La ceremonia, en la plaza de armas del comando en Villa Floresta, tuvo por marco natural una mañana de cielo límpido y sol, el rigor del frío que marcaba una brisa fuerte, pero el calor humano de todos los que allí se congregaron, especialmente civiles, familiares de los soldados e invitados especiales”, contó LNP. Nada decía el artículo sobre el centro de tortura y exterminio que funcionaba a 300 metros, donde los secuestrados sobrevivían hasta que esos mismos militares decidían matarlos y desaparecer sus cuerpos o bien acribillarlos en enfrentamientos fraguados.
Mayer, militares e invitados especiales.
El primer discurso estuvo a cargo del representante de la iglesia católica. Mayer agradeció a los militares “su valiente entrega y desinterés al servicio de la Patria” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana, iniciando, sembrando y continuando a sembrar (sic) la subversión con violencia y odio”. Pidió ayuda “al Señor” para los “defensores de la paz, la concordia y la fraternidad, humana y cristiana” y aseguró que actuaban “bajo el imperio de la ley de la justicia”.

El arzobispo Jorge Mayer bendice las medallas de los represores.
“El instante más emotivo, al borde de las lágrimas para muchos, estuvo dado cuando cinco jóvenes oficiales –desde un capitán a un subteniente- recibieron sendas medallas por su heroicidad demostrada en combate, por haber sido heridos y por haber salvado a un camarada en tan difícil trance”, apuntó el diario de los Massot, consustanciado con las operaciones de acción psicológica desplegadas para encubrir secuestros, torturas y asesinatos. 36 años después, el proceso de Justicia comienza a reubicar algunas piezas en su lugar y permite conocer los verdaderos méritos de los condecorados.

Foto Marcelo Núñez.
Mario Carlos Antonio Méndez, a quien sus camaradas llamaban “El Loco de la Guerra” (ver perfil en La virgen lo perdonará) fue condenado el año pasado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Quien le entregó la medalla en 1977 fue el contraalmirante Rafael Serra, comandante de la aviación naval, la fuerza que protagonizó los vuelos de la muerte.

Subteniente Méndez y contraalmirante Rafael Serra.

Foto Diario del Juicio.
Carlos Enrique Villanueva afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba (ver El diario del juicio). Ante secuestrados del centro clandestino La Perla, “el Gato” contó que los desaparecidos de La Escuelita bahiense eran arrojados al mar. En 1977 volvió fugazmente a Bahía para recibir la condecoración que le entregó el comandante de operaciones navales, vicealmirante Antonio Vañek, quien ahora cumple una condena de 40 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y es juzgado por su rol en la ESMA.

Teniente primero Villanueva y vicealmirante Antonio Vañek.
Miguel Angel García Moreno está prófugo gracias a la excarcelación que le obsequió el juez bahiense Gustavo Andrés Duprat. Cuando el Tribunal Oral Federal ordenó su detención para iniciar el juicio ya había abandonado su piso del barrio de Belgrano. García Moreno fue legislador porteño y funcionario de la presidencia interina de Eduardo Duhalde. La condecoración se la otorgó el general Osvaldo René Azpitarte, máximo responsable del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que fue procesado en 1987 y murió en 1989 mientras Menem firmaba su indulto.

Capitán García Moreno y general Osvaldo René Azpitarte.
Carlos Alberto Arroyo también está prófugo. A pesar del antecedente de García Moreno y los reclamos de los fiscales, el TOF permitió que siguiera libre hasta fijar fecha de inicio del juicio en curso. Cuando ordenó la detención, ya no estaba. Arroyo integró en los ’90 la custodia del presidente Menem y pasó a retiro en 2003. La condecoración por los homicidios agravados de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo se la entregó el contralmirante Roberto Wulff de la Fuente, comandante de la infantería de marina, que tenía su propio centro clandestino en la base Baterías.
Teniente Arroyo y contralmirante Wulff de la Fuente.

Corres y Catuzzi.
Julián Oscar Corres, que aplicaba la picana durante los interrogatorios, murió antes de ser juzgado. “El Laucha” admitió durante el Juicio por la Verdad que ese era su apodo en La Escuelita y que oficiaba de “jefe de guardias”. Fue detenido en abril de 2008 y tres meses después se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal. Estuvo prófugo 23 días, hasta que lo encontraron en la casa de su madre en Villa Constitución. Pasó sus últimos años en la cárcel de Marcos Paz y murió internado en el Hospital Militar. La condecoración se la entregó el general Abel Catuzzi, segundo comandante del Cuerpo V, quien fue procesado en 1987, de inmediato recuperó la libertad gracias a la ley de obediencia debida y murió impune diez años después.


Corres detenido tras su fuga de 23 días.
Después de “una ejecución de diana en honor de los distinguidos” tomó la palabra el general Azpitarte. El comandante del Cuerpo V repasó la historia del ejército, destacó el coraje ante “el invasor inglés”, durante la Revolución de Mayo y en la lucha por la independencia. Como introducción al genocidio indígena mencionó los “alaridos del salvaje que ponían un escudo de atraso a la civilización”. Al mando del teniente general Roca y “sin más uniformidad que la del filo de sus sables, el Ejército se convirtió en vanguardia de progreso, marcando el rumbo a animosos estancieros que fueron asentando la prosperidad en el desierto”. Reivindicó al general Richieri como símbolo de la modernización de la fuerza y por último se refirió a la “historia reciente”, al “imperialismo ideológico que ahoga la libertad y adormece el espíritu creador”. Como respuesta, “otra vez el Ejército unido a la Armada y a la Fuerza Aérea entró en una nueva etapa de su gloriosa trayectoria, haciendo frente a ese terrorismo marxista que impunemente avanzaba en su desesperada empresa destructora”.
General Osvaldo Azpitarte.
Azpitarte se comprometió a “continuar la lucha, no sólo hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo, sino hasta que los venenosos ideólogos, los delincuentes económicos y todos aquellos que de una u otra forma, atacan la esencia de nuestra nacionalidad, una vez descubiertos reciban el condigno castigo que la ley señala”. Advirtió que “el éxito final no será posible sin la presencia activa de la población, que en este grave trance ha demostrado entereza y gran sentido de responsabilidad, participando en la medida de sus posibilidades”. El acto terminó con un desfile de militares, marinos y reservistas frente al palco oficial.

* Imágenes extraídas del documental La Escuelita, gentileza de Rodrigo Caprotti. Imágenes LNP: hemeroteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. Bahía Gris agradece toda colaboración para identificar al resto de las autoridades e “invitados especiales” presentes en el Cuerpo V aquel domingo de mayo de 1977.


Militares e invitados/as especiales.


General Azpitarte y arzobispo Jorge Mayer.

Invitados especiales, en el interior del comando.