La Cámara Federal de Bahia Blanca suspendió la indagatoria a un ex juez represor.
En línea con el cambio político, en Bahía Blanca se acentúa el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad. Montezanti, ex titular del tribunal bahiense quien renunció para evitar la destitución, consiguió postergar sin fecha su declaración.
El cambio de vientos políticos sigue haciendo estragos en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca. Montado en el fallo de la Cámara Federal local que puso en duda la imparcialidad del juez federal Alejo Ramos Padilla, el ex agente de inteligencia del Ejército y ex juez Néstor Luis Montezanti logró esta semana la suspensión y postergación de su indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad, prevista para el martes próximo. El próximo paso de quien fue presidente de la Cámara bahiense hasta que renunció para evitar su destitución en el Consejo de la Magistratura será pedir la nulidad de toda la causa, amparado en los argumentos que le obsequiaron su ex compañero de tribunal Pablo Candisano Mera y los subrogantes Jorge Ferro y José Triputti.
Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Ramos Padilla, que actuaba como subrogante en Bahía Blanca, ordenó el año pasado su citación a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado (todavía con fueros) faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente. Por esos meses el camarista también prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo de la Magistratura. Su única aparición pública fue un autorreportaje en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, que a su vez obtuvo su falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un original sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi, que se había animado a citar a indagatoria al empresario y se aprestaba a pronunciarse.
En septiembre el Consejo resolvió por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Montezanti por su actuación en el terrorismo de Estado y también por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Sus conductas son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación, sostuvo. En marzo, cuando el Consejo de aprestaba a destituirlo, Montezanti presentó su renuncia, que el presidente Mauricio Macri aceptó en tiempo récord. La huida silenciosa le permitirá cobrar una jubilación de privilegio por el resto de sus días y le evitó a los consejeros tener que pronunciarse sobre el rol durante la dictadura de un encumbrado miembro de la corporación judicial.
Ya sin fueros que impidan su detención, la Cámara Federal tomó una decisión que le permitió recobrar sus esperanzas de prolongar su impunidad. A partir de planteos de defensores de represores, los jueces resolvieron aceptar la recusación de Ramos Padilla (abstracta pues renunció a las causas de Bahía Blanca a fines de 2015) al considerar que era justificado el temor de parcialidad por su antiguo rol como querellante de víctimas de la dictadura. “Estas resoluciones habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, anticipó entonces el fiscal Palazzani a la agencia Paco Urondo. La suspensión de la indagatoria, que dictó el juez Pedro Plou (de Junín, también subrogante en Bahía) era una previsible consecuencia de la resolución de la Cámara.
Mientras el cuarto juicio de lesa humanidad en el sur bonaerense todavía no tiene fecha de inicio, los militantes de la impunidad siguen ganando batallas en Bahía. Primero fue la confirmación de la falta de mérito de Massot, sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. Luego la Cámara Federal, sin darle derecho a descargo, cesanteó por segunda vez a Coleffi (el juez que se animó a avanzar contra Massot) por entender que no podía trabajar en el Ministerio Público Fiscal. El mes pasado se pronunció contra Ramos Padilla. Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos también parecen estar en la mira. Ante una acción de amparo porque el Servicio Penitenciario Bonaerense no les permitía ingresar a la cárcel de Villa Floresta, Ramos Padilla hizo lugar y habilitó la inspección que solicitaban. La Cámara Federal revirtió esa decisión para impedirles que controlen las condiciones inmundas que reinan en las cárceles de la provincia.
