Condenan a prisión perpetua a 18 integrantes de la Armada

Es el tercer proceso por crímenes de lesa que se realiza en esa ciudad

Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido las penas que dispuso el tribunal. Los represores estaban acusados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas. Entre ellos, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia.

Foto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna ChimaFoto: Gentileza Matías Luna Chima

En Bahía Blanca se produjo hoy una sentencia histórica: en la causa "Armada", el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua a 18 represores y a otros cuatro sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de prisión. Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia.

Los condenados a perpetua son: el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos;  ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.

Y fueron condenados, además: 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

“Es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica”, dijo el fiscal José Nebbia antes de conocer el veredicto. En la ciudad hubo una manifestación de organismos de derechos humanos y también de hijos y familiares de represores, pidiendo la libertad de los acusados. “El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, agregó Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Es el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca. Y el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que, además, incluye los delitos sexuales como delitos de lesa. En el marco del extenso juicio, que comenzó el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani  pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Creemos que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada, y marca la interacción de las fuerzas”, había dicho Nebbia. El proceso demostró el funcionamiento del circuito represivo: cómo, por ejemplo, algunas víctimas fueron secuestradas por Prefectura para luego ser trasladadas a centros clandestinos de la Armada. De cómo se cruzaron información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. “Se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas”, explicó el fiscal. 

Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron en los alegatos.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

“Los organismos de derechos humanos, que fuimos los que instalamos los juicios, tenemos que reafirmar el compromiso con convicción y alegría. En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, dijo Hidalgo.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

JMM/PC/RA

Procesan a seis marinos y prefectos en Bahía Blanca

Complicidades que son inalterables

 Por Diego Martínez

El diario La Nueva Provincia no publica una línea sobre el juicio por secuestros, torturas y asesinatos a quienes antes llamaba “soldados”. No le faltan razones. El mes pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de tres marinos retirados y cuatro ex miembros de Prefectura por los asesinatos en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los trabajadores del diario y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas. Tres meses antes de los secuestros la sección informaciones de Prefectura elaboró un informe sobre “guerrilla sindical” en el multimedio con una lista de 17 “activistas”, calificados como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” para la dictadura, que encabezaban Heinrich y Loyola. Los servicios dejaron constancia de que la empresa de Diana Julio de Massot informaba cada paso de los delegados “a los comandos militares y navales de la zona”. En documentos de inteligencia recuperados por el ex fiscal Hugo Cañón consta que la sección informaciones de Prefectura era “la avanzada” de la Armada en la “lucha contra la subversión” y el “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales que encabezaba el vicealmirante Luis María Mendía, el hombre que por las noches se encerraba en la dirección a departir con la viuda de Massot, según escribió el ex capitán Adolfo Scilingo.

El interlocutor del marino que confesó los vuelos era Federico Massot, que igual que su madre y Mendía está muerto. El único sobreviviente de aquellos cónclaves de la muerte es Vicente Massot, el apologista de la tortura que el 24 de marzo de 1976, bandera argentina en mano, se paseó con su mamá por el taller donde militaban Heinrich y Loyola. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, preguntó la señora a un gremialista mientras el hijo le pateaba la bicicleta. Aquel veinteañero que en dictadura visitaba la ESMA es hoy el director de La Nueva Provincia, que en 1976 publicó en veinte líneas la aparición de los cuerpos acribillados y nunca más informó sobre los asesinatos de los delegados, que sólo molestaban a su familia.

Bahia Blanca: en abril se inicia el primer juicio por violaciones a derechos humanos

Represores a los que les llega su hora

En el banquillo habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.
     
A 35 años del comienzo de la dictadura, con los iconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Ta-ffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.