Mostrando entradas con la etiqueta robo bebés. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta robo bebés. Mostrar todas las entradas

martes, 7 de agosto de 2018

Bahia Blanca : DOMICILIARIA PARA EL GENOCIDA LAWLESS

LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, OTORGA IMPUNEMENTE LA PRISIÓN
DOMICILIARIA AL GENOCIDA LAWLESS

    Los organismos de DDHH de Bahía Blanca, repudiamos la decisión del Poder Judicial que  sigue otorgándoles domiciliarias a los peores criminales genocidas de nuestro país:
El 25 de julio último, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio a un genocida conocido por los bahienses que cuenta con dos condenas en los juicios por delitos de Lesa Humanidad transitados en nuestra ciudad: Alejandro LAWLESS.

A LAWLESS el Tribunal que lo condenó, le había negado el pedido de prisión domiciliaria por encontrarse en perfecto estado de salud, corroborado por peritos médicos, por estar en una cárcel de privilegio como lo es Campo de Mayo (cárcel vip) con todas las atenciones que pudiera necesitar, y principalmente por sus serios y peligrosos antecedentes:
En el 2009 cuando fue ordenada su detención, LAWLESS estuvo prófugo de la justicia durante un año y medio. A pesar de semejante antecedente, el entonces Juez subrogante ULPIANO MARTINEZ (conocido por sus constantes beneficios a genocidas) le dio prisión preventiva en su domicilio. En el 2013, al lograr que el Poder Judicial revocara la domiciliaria y enfrentara uno de sus juicios con detención efectiva, al momento de ser detenido por la Policía Aeroportuaria para ser llevado a Tribunales, el genocida “se les escapó corriendo” por calle Lavalle, pleno centro porteño. Así volvió a fugarse durante 8 meses más, con la ayuda de su familia y allegados, hasta que por medio de Interpol fue encontrado nuevamente.

LAWLESS con pedido de captura cuando se hallaba prófugo.

LAWLESS fue condenado en el año 2015 a 8 años de prisión en la causa Armada I y su segunda condena fue en el año 2017, causa Gonzalez Chipont, esta vez a PRISION PERPETUA  por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, todos delitos de Lesa Humanidad y en el marco de un GENOCIDIO.

 Los jueces Carlos Alberto MAHIQUES, Eduardo RIGGI y Guillermo  YACOBUCCI de la sala de feria de la CÁMARA FEDERAL de CASACIÓN PENAL, entendieron que “correcaminos” LAWLESS no representa ningún peligro para la sociedad y que no hay riesgo que se fugue, aun siendo la guardadora su esposa, quien lo ayudo a escapar y esconderse en las dos veces que se burló del Estado y la Justicia, y encontrándose también en excelente estado de salud. Es por eso que autorizaron al Genocida a permanecer en su domicilio de RUIZ DE HUIDOBRO 3737  6° PISO G. DE CABA.

Repudiamos este delivery de impunidad y retrocesos al que nos somete el Poder Judicial de la mano del gobierno nacional, dándole beneficios absolutamente arbitrarios, descarados  y sin fundamento a los genocidas, sin siquiera tener, como en este caso, problemas de salud que así lo ameriten y con graves antecedentes de peligrosidad y de fuga.

No queremos en los barrios torturadores, asesinos, violadores, desaparecedores y ladrones de bebes.
Seguimos exigiendo que el único Lugar para los GENOCIDAS, sea la CARCELCOMUN!!

30.000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES!

-ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS BAHÍA BLANCA
-H.I.J.O.S. REGIONAL BAHÍA BLANCA
-RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. BBCA.

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!

H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

martes, 8 de octubre de 2013

BAHÍA BLANCA Piden la captura internacional de sacerdote acusado por delitos de lesa humanidad

Hijos Bahiablanca
 
La Justicia Federal bahiense pidió la captura internacional del sacerdote y ex capellán del Ejército Aldo Vara. Las similitudes con el caso del empresario Vicente Massot, cuya situación la Justicia bahiense debe aún resolver.
 
Por Diego Kenis I El sacerdote de la Iglesia católica y ex capellán del Ejército Argentino Aldo Omar Vara es buscado en todo el mundo por Interpol para ser puesto a disposición de la Justicia argentina, luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca diera lugar a una apelación presentada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que investigan la participación del cura en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército.

Resguardado en destinos no precisados por la propia Iglesia católica luego de que su actuación durante el terrorismo de Estado tomó estado público en el Juicio por la Verdad de 1999, Vara se desempeñó hasta 1979 como capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181, y fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012. El fallo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava incluyó el señalamiento de las responsabilidades del sacerdote en el plan criminal y la remisión de copias de los testimonios al Juzgado Federal que el año pasado quedó a cargo del subrogante Santiago Martínez.

Martínez delegó la investigación en la Unidad Fiscal que dirigen Nebbia y Palazzani, quienes luego de investigar el caso solicitaron la detención e indagatoria del cura. El juez denegó el pedido mediante una resolución de sólo dos carillas, cuyo texto argumentativo se resumía en realidad en dos párrafos, obstruyendo de ese modo la función investigativa que él mismo delegó en los fiscales el 28 de diciembre del año pasado. La resolución colocó a Martínez en un rol que la Cámara Nacional de Casación Penal sólo reserva a los abogados defensores de las partes, únicos autorizados “a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública”, pero nunca a un juez que debe ser imparcial.

La apelación de la fiscalía ante la Cámara Federal fue respondida afirmativamente por el tribunal, que revocó la decisión de primera instancia y canalizó a través del Juzgado la determinación de solicitar la captura internacional del cura, que lleva la firma del subrogante Álvaro Coleffi.

La determinación judicial oficia como positivo precedente ante la espera de una resolución de la misma Cámara por el pedido de detención e indagatoria contra el empresario Vicente Massot,también acusado de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol directivo en el diarioLa Nueva Provincia. Massot fue beneficiado por el juez Martínez en primera instancia, pese a que el magistrado también había delegado la investigación en la fiscalía. Al igual que en el caso de Vara, los fiscales se abocaron a la tarea y, una vez concluida la etapa de estudio de pruebas, solicitaron la indagatoria del empresario. Con su negativa, Martínez obstruyó la continuidad de la investigación. Los fiscales elevaron su apelación ante la Cámara, de la que se aguarda una resolución.

Cigarrillos y galletitas
El pedido de la fiscalía para detener e indagar a Aldo Vara se basó en la abundante cantidad de testimonios que refieren el contacto que tenía con personas secuestradas en dependencias del V Cuerpo. Las más concluyentes son las referencias del caso de los entonces estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca, que permanecieron primero en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y luego de un simulacro de liberación fueron reconducidos a instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercaba para tomar contacto con ellos el cura Vara, vestido “con sotana, o con pantalón y el cuello blanco de los sacerdotes”.

Los testimonios indican, además, que durante las visitas Vara interrogó a los estudiantes clandestinamente detenidos, les dio “algunos consejos” y llegó a llevarles cigarrillos o galletitas, configurándose de este modo en “el bueno” del juego de roles del interrogador malo y el interrogador bueno que señaló el fallo por el cual se condenó al también capellán Christian Von Wernich, de similar desempeño. Sin embargo, su grado de bondad real era bien relativo: Gustavo López, secuestrado en el predio del V Cuerpo, pidió al sacerdote que avisara a sus padres dónde se encontraba, pero tal como indicó ante el TOF bahiense su madre, María Gallardo Lozano, “ese ruego nunca llegó”. Durante su declaración testimonial de 1999 en el Juicio por la Verdad abierto en Bahía Blanca ante la obstrucción que las leyes de impunidad producían en las investigaciones penales, el cura admitió haber tenido contacto con los estudiantes secuestrados, que le mostraron las secuelas de las torturas padecidas, aunque dijo no recordar el pedido de comunicación con sus padres. Tampoco consideró objetable su comportamiento ante personas torturadas, pese a que el entonces fiscal Hugo Cañón le recordó que el cristianismo considera a los cuerpos de las personas “templos vivientes”. “Si en la Argentina hemos tenido excomuniones por violaciones a templos materiales, yo pregunto qué se debe hacer cuando hay violaciones a templos vivos como son un hombre o una mujer”, dijo Cañón. El cura no respondió.

Otro ejemplo del comportamiento de Vara se desprende a partir del caso de Patricia Chabat, secuestrada y detenida clandestinamente en “La Escuelita” y posteriormente trasladada a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Chabat conocía a Vara desde su paso por el colegio secundario, por lo que no dudó en identificarlo como el sacerdote que la entrevistó apenas llegó a la UP4 y le aconsejó “olvidarse de todo lo que había ocurrido en ‘La Escuelita’, pues era responsabilidad de sus padres”, lo que prueba que el capellán estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía en el CCD.

Capitán Vara
Los fiscales Palazzani y Nebbia consideran a Vara como “un engranaje importante en el andamiaje de la tecnología del terror en la Subzona 51, por la propia condición de religioso y lo que ello implicaba en el imaginario de los represores y víctimas”, a lo que se añade “la utilización de su investidura religiosa a favor de los designios del plan y de los suyos propios” a partir de su “presencia permanente” en los CCD. La misma oficina del entonces capellán estaba ubicada en la planta baja del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varias de las víctimas del accionar represivo del Ejército. Es por ello que los fiscales decidieron imputar al sacerdote responsabilidad en la totalidad de los hechos ocurridos en el ámbito del V Cuerpo entre 1976 y 1979, cuando dimitió a su función. La nómina incluye privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y la apropiación de dos criaturas.

Las normativas castrenses vigentes por entonces, inscriptas en el marco de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tipificaban perfectamente el rol de cada engranaje de la represión clandestina. La presencia y actuación de los capellanes en el marco de un “combate” como el que se utilizaba para enmascarar el terrorismo de Estado estaban reguladas desde 1968, cuando el dictador Alejandro Lanusse dictó el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, cuyo artículo 3013 enumera entre las “responsabilidades del capellán” la de evaluar qué impacto o motivaciones tiene la religión dentro de “la zona de interés”. Es decir, de qué modo puede usarse la sotana para arrancar información a los detenidos en un CCD como aquellos que Vara visitaba.
El compromiso del cura con su función puede leerse incluso en uno de los párrafos de su nota de dimisión de 1979, dirigida al Jefe del Batallón en que revistaba. Allí, le agradece por permitirle el “honor (de) haber podido comprometer mi vida y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”.
Violador serial de mandamientos
Luego de su paso por el Ejército y tras la vuelta de la democracia, Vara se recicló como párroco del barrio de Villa Rosas pero concentró la atención de la prensa nacional en 1998, cuando durante un acto conmemorativo de la guerra de Malvinas propuso colgar en la Plaza de Mayo al ex canciller Dante Caputo. La conmemoración había sido organizada por la Comisión de Reafirmación Histórica, que supo contar en sus filas con el carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro. Allí, Vara trazó una comparación entre la guerra de 1982, sanguinaria aventura de la última dictadura, y el plebiscitado acuerdo con Chile por la disputa por el canal del Beagle, concluyendo que “habría que haber colgado de la Pirámide de Mayo al canciller de entonces” por su “desidia e incapacidad”.

Un año más tarde se produjo su declaración testimonial en el Juicio por la Verdad que se abrió en Bahía Blanca ante la imposibilidad de avanzar en juicios penales contra los responsables del terrorismo de Estado. En esa oportunidad, Vara elogió al represor Jorge Mansueto Swendsen, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y mintió al negar el rango de capitán que le confirió el Ejército durante su paso por el Batallón en que ofició como capellán. Como las leyes de impunidad bloqueaban en 1999 el camino de justicia por los crímenes perpetrados durante la dictadura, Vara se fue del recinto con la misma libertad con que había llegado, en compañía de libros del dogma católico que tiene entre sus principales mandamientos los de no mentir y no matar.

La sumatoria de hechos determinó que el cura fuera trasladado por la jerarquía eclesiástica a destinos no precisados. La última noticia que sobre su paradero se tiene refiere que salió del país en 2011. Ese año comenzó en Bahía Blanca el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo. En el banquillo se encontraba, entre otros dieciséis genocidas, Mansueto Swendsen, a quien Vara había definido como “un gran hombre, gran jefe, un hombre muy equilibrado y gran persona”. En la sentencia que el Tribunal que llevó a cabo el juicio dictó un año más tarde, los jueces escribieron que el accionar de Vara durante la dictadura resultaba “comprometedor para la Iglesia Católica”. El papa argentino Francisco, que asumió cuarenta y ocho horas antes del primer pedido de detención del sacerdote por parte de los fiscales Palazzani y Nebbia y a quien la prensa nacional destina diariamente múltiples elogios por su supuesto perfil renovador, no ha dicho todavía nada sobre el sacerdote ahora buscado por Interpol.
                          
           
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

jueves, 11 de abril de 2013

Bahía Blanca: todavía se buscan dos bebés nacidos en el CCDyE La Escuelita

 "En el horizonte, dos juicios más y la necesidad de poner la lupa sobre partícipes civiles. Y una tarea: la búsqueda de dos muchachos de 36 años nacidos en 1977".

Por Diego Kenis, desde Bahía Blanca I -  Foto: Sofía Pascualetti

Un Día de la Memoria especial se vivió en Bahía Blanca el 24 de marzo pasado: fue el primero con la impunidad en retroceso, luego de la sentencia de septiembre en el juicio contra represores del V Cuerpo. En el horizonte, dos juicios más y la necesidad de poner la lupa sobre partícipes civiles. Y una tarea: la búsqueda de dos muchachos de 36 años nacidos en 1977, durante el cautiverio de sus madres. Desde el 24 de marzo, una silueta emplazada en el sitio donde funcionó el CCD "La Escuelita" señaliza esa misión de todos. Mientras ellos no recuperen sus identidades, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán.

El jueves 28 de marzo pasado, el diario La Nueva Provincia saludó el despertar de quienes todavía se animan a leerlo con un editorial en que se sumó a la tergiversación de los dichos de Estela de Carlotto sobre una supuesta reivindicación de la lucha armada para luego catalogar de “terroristas” a las víctimas de la represión clandestina de la última dictadura cívico militar. De ese modo, el diario retomó la pluma imperativa de antaño, aquella que llevó a que se pose sobre su actuación la mirada judicial. En este caso, festejó en retrospectiva: “hace 36 años las Fuerzas Armadas de la Nación pusieron punto final a ese sueño terrorista”, dice el editorial sin firma.

No resulta extraña la reacción porque cuatro días antes, el domingo 24, decenas de personas participaron del primer acto conmemorativo por el Día de la Memoria que se realizó en Bahía Blanca con la impunidad en retirada. El 12 de septiembre pasado, el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava condenó a diecisiete represores que durante la dictadura actuaron bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército, en la subzona 51 de la represión clandestina. La mayoría de las penas dictadas fue a prisión perpetua. Además, el TOF ordenó a la Justicia Federal bahiense de primera instancia abocarse a las investigaciones por las complicidades civiles, lo que incluye al ex capellán del Ejército Aldo Vara y a los directivos del matutino.

El acto principal en la mañana bahiense del 24 de marzo tuvo como escenario al predio del V Cuerpo donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, y contó con la organización de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la filial local de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Ofició además como preparatorio para el comienzo de otros dos juicios orales. Uno comenzará en mayo y llevará al banquillo a una decena de represores del Ejército. El otro involucrará a aquellos que actuaron bajo la órbita de la Armada. La Nueva Provincia tiene motivos para estar nervioso: ese juicio incluirá los casos de los asesinatos de los delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secuestrados y asesinados luego de encabezar una huelga contra la patronal.

Nacer por siempre


Dos de los delitos de lesa humanidad que fueron considerados durante el debate judicial que concluyó en septiembre fueron los vinculados a las apropiaciones de los hijos nacidos en cautiverio de Graciela Romero de Metz y María Graciela Izurieta, quienes permanecieron secuestradas en “La Escuelita” durante sus embarazos. Sus hijos, dos varones que a la fecha cuentan con aproximadamente 36 años, aún viven sus vidas, sus felicidades y tristezas, bajo una identidad falsa, producto de la perversidad de la maquinaria del Terrorismo de Estado.

Por ello, el primer 24 de marzo con la impunidad en retirada no podía ser uno más, sino que debía marcar el camino a seguir. “Mientras al menos un hombre o mujer viva con una identidad que no es la suya a causa del plan sistemático de apropiación de menores implementado durante la dictadura, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán”, fue la conclusión que a través de la psicóloga Rocío Galindo la Red llevó al acto. 

Como símbolo del camino a seguir, en el cierre del encuentro y cuando ya el reloj se aproximaba al mediodía dominical, representantes de los tres organismos de derechos humanos responsables del acto se acercaron al cartel de señalización de “La Escuelita”, sobre el alambrado del predio que da al camino de cintura bahiense. Componían el grupo Eduardo Hidalgo, sobreviviente del CCD y titular de la APDH; Anahí Junquera, integrante de H.Í.J.O.S. e hija de Néstor Junquera y María Eugenia González, desaparecidos que también pasaron por dicho CCD en 1976; y Ayelén Durán, por la Red por la Identidad.

Entre  todos descubrieron allí una silueta que representa a una mujer embarazada. La venda que cubre sus ojos dice el resto. Quienes transiten el Camino La Carrindanga, una de las salidas de la ciudad, tendrán presente lo ocurrido allí. También los pasajeros del tren que corre a apenas veinte metros del lugar. El mismo que oían pasar los secuestrados. Será un modo de apostar a la búsqueda colectiva.

Natividad

Cuando la escritora Alicia Partnoy declaró en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, solicitó autorización para leer dos capítulos del libro testimonial que tituló con el mismo nombre que los represores daban al CCD donde estuvo detenida: “La Escuelita”.
Corría por entonces el último mes del último año del milenio, diciembre de 1999. Los caminos de la búsqueda de Justicia estaban cerrados y quedaba buscar una Verdad que sirviera para reparar lo que pudiese ser reparado. Alicia eligió leer “Graciela: alrededor de la mesa” y “Natividad”, dos capítulos donde narra el desarrollo del embarazo de Graciela Romero y el parto de su bebé. La escritora compartió cautiverio con Graciela y si bien no asistió al nacimiento de la criatura sí fue testigo de los preparativos. Poco después del alumbramiento, pudo hablar con Romero y saber que su hijo había nacido sano, a pesar de las salvajes torturas que su madre debió soportar, y que se encontraba en buen estado. Cuando en el CCD dejó de verse a Graciela Romero de Metz, Partnoy logró saber que la criatura había sido entregada, al menos en primera instancia, a uno de los interrogadores del lugar.

El testimonio de la escritora, que desde mediados de la década del ‘80 recorre el mundo en forma de libro, resulta de este modo determinante para saber que el hijo varón de Graciela Romero y Raúl Metz, secuestrados en Neuquén en 1976, nació en la noche que fue del 16 al 17 de abril de 1977. Se encuentra próximo a cumplir los 36 años.

Hasta que recupere su identidad, seguirá naciendo en tiempo presente en las palabras que Alicia Partnoy imprimió en “La Escuelita”: “Graciela acaba de parir. Un niño ha nacido prisionero. Mientras las manos de los verdugos lo reciben en el mundo, la sombra de la vida se retira, triunfadora a medias, derrotada a medias. Sobre los hombros lleva un poncho de injusticia”.

“Por el bebé estoy viva”


El fiscal Abel Córdoba marcó, nuevamente, un camino. El mensaje que envió para acompañar el acto del 24 de marzo llamó a continuar la búsqueda de Justicia para las víctimas y el fin de la impunidad de “represores y represoras”.

La carta que Graciela Izurieta pudo escribir en cautiverio. "Por el bebé estoy viva", dice.
Desde diciembre de 2010, cuando el propio Córdoba la imputó, la abogada Gloria Girotti inauguró el femenino del término en territorio bahiense. Como secretaria del ex juez federal Guillermo Madueño, Girotti llegó a presenciar interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas. Además, omitía dar curso a denuncias y rechazaba pedidos de hábeas corpus.

Una de las resoluciones de rechazo en que aparece su firma es la referido a María Graciela Izurieta, secuestrada durante la última semana de julio de 1976 en Bahía Blanca y trasladada a “La Escuelita”, donde paso siete meses de embarazo.

En el acto del último 24 de marzo, la lectura que Anabel Bustos Arnst, miembro de la Red,  hizo de una carta escrita por María Graciela conmovió a todos. Pudo enviarla a sus padres desde el mismo CCD, el primer día de diciembre de ese año. La puntuación irregular en la escritura de una universitaria del tercer año de Filosofía y la caligrafía prueban que fue escrita “de contrabando”, como ella misma indica en el texto.
Allí les contaba de sus deseos de abrazarlos, y que “todavía estoy viva y con ganas de ser feliz, de reírme y tengo una razón para sentirme bien a pesar de todo, y es que estoy embarazada”.

En la línea siguiente les informa que el nene es hijo de “Marcelo”, sobrenombre de Alberto Garralda. “Pobrecito Marcelo, que yo no va a poder conocerlo nunca y es por el bebé que estoy viva y es gracias a él que voy a ir a la cárcel”, escribió luego. Estos renglones dejan ver una de las más terribles torturas imaginables: una mujer secuestrada, sometida a vejámenes, embarazada, era consciente de que habían asesinado a su pareja y, aunque mantenía una esperanza de supervivencia, comenzaba a percibir que ella sólo permanecía con vida por ser el mero instrumento para la gestación de su hijo. Es difícil concebir una crueldad mayor que la exhibida por los genocidas en casos como éste.

María Graciela permaneció en “La Escuelita” hasta aproximadamente su octavo mes de embarazo. Su superviviencia hasta entonces prueba que sólo tenía por objeto permitirle alumbrar a la criatura que llevaba en su vientre. Hoy, es un muchacho de 36 años que aún no se ha encontrado consigo mismo. Buscarlo es la tarea.

Si tenés dudas sobre tu identidad, o creés que podés ser hijo de desaparecidos, en Bahía Blanca o la región podés comunicarte con la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, llamando al teléfono (0291) 15467128 o escribiendo al correo electrónico a redxlaidentidadbblanca@gmail.com.