El silencio de 17 represores

Juicio con crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

 

Los diecisiete acusados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, incluidos seis ex miembros del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército, se negaron a declarar ayer sobre sus crímenes durante la dictadura. Uno a uno, convocados por el camarista Jorge Ferro, militares, policías y penitenciarios subieron al escenario del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, dieron sus datos personales, oyeron que el silencio no sería usado en su contra y respondieron con palabras casi idénticas: “No voy a declarar por el momento, lo voy a hacer cuando lo considere oportuno”. Sólo el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, radicado en la ciudad, arriesgó seis palabras: “Voy a demostrar que soy inocente”.

El silencio de los represores permitió adelantar la inspección ocular al predio donde funcionó La Escuelita. Jueces, fiscales, querellantes y defensores atravesaron la tranquera por la que ingresaban secuestradores y secuestrados, recorrieron el terreno, ya sin rastros del centro clandestino, y desde allí se dirigieron por caminos internos hasta el Batallón 181 y al edificio donde funcionó la caballeriza.

Hoy comenzarán las testimoniales. En primer turno declarará el abogado Víctor Benamo, rector de la UNS entre 1973 y 1974. Benamo fue secuestrado en Banfield en abril de 1976. Trasladado a Bahía Blanca, fue torturado en cautiverio durante 33 días. Cuando el Ejército lo blanqueó, el diario La Nueva Provincia lo acusó de integrar una “célula terrorista” y publicó su foto junto a la de ocho sobrevivientes. Estuvo cuatro años preso en la cárcel de Rawson hasta que logró exiliarse en Bélgica. Benamo es el actual delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca.

Se reanuda el juicio a los represores en bahía Blanca

Dicisiete acusados son juzgados por crímenes de lesa humanidad

 
Más allá de los fallecidos y prófugos, los genocidas procesados del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el Estado Mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los Grupos de Tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal, imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Hay 17 imputados y un prófugo.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, habló sobre el juicio que se está realizando en la localidad de Bahía Blanca: “No prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos. Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.
Para Schulman los juicios responderán a dos preguntas: “La primera, es quiénes eran los 30 mil desaparecidos. Van a dejar de ser una sombra, una huella o un número, y recobrar el rostro, pero también su historia, es decir lo que pensaban, querían y por qué luchaban”.
El jueves 25 se concretó una inspección ocular al lugar donde funcionó el centro de detención clandestina y torturas ´La Escuelita´, en tierras dependientes del ex Comando V Cuerpo de Ejército, sobre el Camino ´La Carrindanga´. Luego de la feria judicial las audiencias se reanudarán hoy martes 2 de agosto.
 
Los culpables
 
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca apartó al imputado Julián Oscar Corrés del juicio oral por la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, que se realiza en Bahía Blanca.
Al retomar el desarrollo de la audiencia y antes de continuar con la lectura de la acusación, desde la Defensa también se exigieron al Tribunal exámenes médicos regulares para  otros tres genocidas. Ellos son los ex integrantes del Estado Mayor del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez por cuestiones cardiológicas y urológicas, y Hugo Delmé por hemorroides; y por una afección oncológica al ex policía federal de Viedma, Héctor Arturo Goncálvez.
La semana pasada quedó pendiente la presentación del perito médico de parte de la querella respecto al estado de salud del torturador Julián Oscar Laucha Corres, quien padece un cáncer que lo tiene internado en el Hospital Militar de la Capital Federal.
El médico forense Alberto Ferrere, había dicho que la quimioterapia lo ha dañado físicamente, con una considerable pérdida de peso pero su salud emocional y mental está en perfectas condiciones para seguir el debate y declarar.
“Alguno de los imputados manifestó que le parecía denigrante que tres coroneles u oficiales del Ejército Argentino se encuentren en una sola celda como la que estaba señalando, lo que está pendiente que es la aceptación personal de imputado en una causa más allá de la jerarquía o grados que hayan logrado en su carrera militar”, comentó el fiscal.
 
Recusaron al prófugo Miguel Ángel García Moreno
 
Luego de completarse la lectura de las acusaciones, en la primera parte del juicio hecha por la Fiscalía que conduce el Doctor Abel Córdoba, El Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio que duró hasta el pasado martes 5 de Julio.
El fiscal solicitó “Sin perjuicio de que se continúe con la búsqueda ordenada, con la concreción de la captura internacional que se dispuso”, se revoque la excarcelación de la que aun goza el prófugo Miguel Ángel García Moreno. Este represor se encuentra libre por resolución de la composición anterior del Tribunal Oral (que tenía a Leopoldo Velázquez a la cabeza, recusado por su amistad con el imputado Hugo Mario Sierra) y “En función de haber incumplido las reglas que se le habían fijado para acceder a ese beneficio”; Córdoba solicitó se “Revoque esa resolución y además se ejecute la fianza que se había dado para asegurar la libertad a la que accedió en marzo del año 2010. Como una medida para la captura que es la prioridad de esta fiscalía”. Luego Jorge Ferro cerró la actividad de la primera semana de juicio oral.
“Creemos que los juicios comienzan la reparación, porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino, que no es otra que la del cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y la sangre del pueblo”, finalizó José Schulman, expresando la verdadera necesidad de la palabra justicia.
 
Las víctimas del genocidio
 
En la lista de las víctimas de estos acusados figuran: Abel, Jorge Antonio, Acevedo Patricia Elizabeth, Fornasari Pablo Francisco, Castillo Juan Carlos, Matzkin Zulma Raquel, Tarchitzky Manuel Mario, Cereijo Nancy Griselda, Lofvall Andrés Oscar, Ilacqua Carlos Mario, Iannarelli Estela Maris, Chironi Eduardo Mario, Coussement Cristina, Lorenzo Roberto, Sotuyo Luis Alberto, Mercero de Sotuyo Dora Rita, Del río Ricardo Gabriel, Rivera Carlos Roberto, Frers Elizabeth, Ferrari María Angélica, Garralda Alberto Ricardo, Peralta José Luís, Gentile Carlos Alberto, Izurieta Zulma Araceli, Giordano César Antonio, Romero María Elena, González María Eugenia, Junquera Néstor Oscar, Hidalgo Daniel, Souto castillo Olga Silvia, Izurieta María Graciela, Jara Fernando, Morán Mónica, Rossi Darío, Sampini Rubén Héctor, Bossi Néstor Alejandro, Traverso de Bossi Susana Elba, Bombara Daniel José.
La causa además incluye 46 víctimas más, cuyas identidades son preservadas para un mejor desarrollo del juicio.
 
Quiénes son los imputados
Los acusados son:
 
1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.
2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.
3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.
4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.
5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.
6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.
7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.
8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.
9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.
10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.
11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.
12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.
13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.
14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.
15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.
16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.
17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

¡Finalmente hay juicio!

Un día que parecía que no iba a llegar

El primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, comenzó ayer en Bahía Blanca. Organizaciones de derechos humanos consideraron “histórico” el inicio del proceso que analizará la conducta de 19 represores, ex integrantes del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, en perjuicio de 90 personas. Preside el tribunal Jorge Ferro secundado por los jueces José Mario Triputti y Martín Bava.

Se trata de la causa 982 caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área operacional Cuerpo Ejército V”.

Daniel José Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y del gremio de no docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) fue secuestrado el 29 de diciembre de 1975. El 2 de enero de 1976 Bombara falleció en la Unidad Penitenciaria de Villa Floresta, su cuerpo fue trasladado en una ambulancia y continúa desaparecido.

De los 19 imputados sólo estuvieron presentes 17 ya que Miguel Angel García Moreno está prófugo y Julián Oscar “Laucha” Corrés no viajó a Bahía Blanca por cuestiones de salud. Fuentes judiciales indicaron que “Corrés podrá prestar declaración por el sistema de videoconferencia”.

Están acusados los militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Miguel Angel García Moreno, Julián Oscar Corrés, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel. Además de los policías Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Alberto Contreras y Héctor Jorge Abelleira, y los ex agentes del Servicio Penitenciario Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Se inicia el juicio por los crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

Llega la hora de la justicia

Los acusados son 19 y serán juzgados a partir del próximo 28 de junio. Deberán rendir cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, dependiente del Cuerpo V de Ejército.

La Universidad Nacional del Sur, que aún cobija en su staff de profesores a civiles imputados por su actuación durante la dictadura, será sede a partir del 28 de junio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Federal en su nueva conformación, luego de la postergación derivada de la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, producto de un cónclave en público con imputados y abogados de represores que informó Página/12. El proceso oral tendrá 19 acusados, que rendirán cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, en la periferia del Cuerpo V de Ejército.

El juicio debió comenzar en abril pero se suspendió por la escasa imparcialidad que garantizaba Velázquez. El presidente del TOF, que había generado suspicacias al ordenar prórrogas motu proprio y facilitar excarcelaciones, coronó su actuación con una reunión nocturna en el aristocrático Club Argentino con abogados que defendieron en los ’80 al fallecido general Adel Vilas, con el imputado Hugo Sierra (secretario del Juzgado Federal durante la dictadura) y con el juez Gustavo Duprat, de fugaz intervención en la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares. Los ex abogados de Vilas son Luis De Mira, que ahora defiende a varios marinos imputados por crímenes en Puerto Belgrano, y Rubén Diskin, defensor del prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, el heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los mayores interesados en el proceso, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los obreros gráficos que habían osado enfrentar a su madre y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

Ante la recusación presentada por los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, el juez Velázquez admitió su “amistad íntima” con Sierra y se apartó. Siguió sus pasos Beatriz Torterola, que adujo problemas de salud. La Cámara de Casación designó para ocupar sus puestos a José Triputti, presidente del Tribunal Oral que en noviembre condenó a un grupo de policías y militares en La Pampa, y al camarista marplatense Jorge Ferro. El tercer miembro del tribunal será el juez Martín Bava, de Azul.

El tercio de siglo transcurrido desde los crímenes dejó fuera de juego a los máximos jefes militares: el ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos, Vilas y Abel Catuzzi. Del Estado mayor llegan a juicio el general Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Tres acusados actuaban en el Destacamento de Inteligencia 181: Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Granada, el mismo que ayudó a esconderse a su amigo Luis Patti cuando la Justicia ordenó su captura. Otros cuatro pertenecían a grupos operativos. El más conocido es el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, quien se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal y fue recapturado en la casa de su madre. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno hizo carrera en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. Los otros son Jorge Masson y Mario Carlos Méndez. Compartirán el banquillo con los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde se blanqueaba a los secuestrados, y policías que participaron en secuestros en Viedma y Carmen de Patagones: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Goncálvez.

El Consejo Superior de la universidad que será sede del juicio revalidó esta semana la continuidad de la profesora Gloria Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y por todo el claustro de alumnos. Girotti y Sierra, profesores de la carrera de Derecho, fueron secretarios de Guillermo Madueño, el juez que de noche se reunía con los militares y de día archivaba sin investigar los expedientes por sus fusilamientos. Madueño murió impune en agosto luego de diez meses en los que el juez Alcindo Alvarez Canale se negó a viajar a Buenos Aires para indagarlo. El juez se resiste ahora a detener e indagar a los ex secretarios, acusados por el fiscal Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a un grupo de dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y no docentes de la propia UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un militante que permanece desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar. También integra el claustro el camarista Néstor Montezanti, ex asesor del general Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército.

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  Jorge Horacio Granada, ex miembro del Ejército Argentino, es uno de los diecinueve imputados por delitos de lesa humanidad que serán juzgados desde el 26 de abril en Bahía Blanca. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 y en los últimos años, como Solo Local publicó en esta nota, alternó meses en los que estuvo prófugo, con otros en los que se lo encarceló y luego se lo volvió a liberar pese a sus antecedentes de elusión a la justicia. Su último intento de lograr la excarcelación fue rechazado en primera instancia por el juez Alcindo Alvarez Canale y confirmado esta semana por la Cámara Federal bahiense.

Por ello, llegará encarcelado a juicio. Las audiencias en las que se juzgará a Granada y otros dieciocho procesados, entre ex militares, policías federales y agentes penitenciarios retirados, se realizarán en la sede de la Universidad Nacional del Sur.

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca

cena "camaradería" represores en libertad

Denuncian a un juez bahiense por "intromisión" en casusas de derechos humanosUna ayudita durante la feria judicial

El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

Informe: Gabriel Morini.

Bahia Blanca: en abril se inicia el primer juicio por violaciones a derechos humanos

Represores a los que les llega su hora

En el banquillo habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.
     
A 35 años del comienzo de la dictadura, con los iconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Ta-ffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.