Madre declara con su pañuelo blanco

En Bahía Blanca se está realizando un juicio de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El juicio toca de cerca de La Pampa por varios motivos: uno de los integrantes del tribunal es el juez pampeano José Mario Tripputi, el defensor de los acusados es Hernán Vidal -el mismo que defendió a los represores pampeanos en el juicio por la represión en la Subzona 14- y algunas de las víctimas de la represión en el ámbito bahiense son de origen pampeano.

 
De hecho, la polémica se suscitó cuando fue el turno de declarar de Celia Jinkis de Korsunsky, una pampeana que integra la Línea Fundado de Madres de Plaza de Mayo. La mujer es la madre de Eduardo Sergio Korsunsky, nacido en la localidad de Bernasconi y que al momento de ser secuestrado en San Nicolás el 4 de agosto de 1976, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

 
Cuando fue su turno para declarar, Celia Jinkis pidió hacerlo con su pañuelo blanco, símbolo de su pertenencia a Madres de Plaza de Mayo. Los defensores de los militares -con Vidal a la cabeza- se opusieron al pedido, pero el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca decidió darle la autorización. El tribunal dio su visto bueno por considerar que el pañuelo blanco cubriendo la cabeza "es un símbolo universal" de lucha y búsqueda de justicia.
La autorización ofuscó al defensor Vidal, quien exigió que los militares a los que representa sean autorizados a asistir a las próxima audiencias del juicio vistiendo el uniforme oficial del Ejército Argentino.
La situación originó un fuerte malestar entre el público que presenciaba las audiencias. Incluso se escuchó la voz de un hombre decir "que traigan la picana también". El tribunal no aceptó esa insolencia y ordenó que expulsaran al hombre del recinto del juicio.
Finalmente se repuso la calma y continuaron con las declaraciones de otros padres y madres de jóvenes detenidos y asesinados en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército.

Pampeano.
Eduardo Korsunsky nació en Bernasconi y a los 17 años se trasladó a Bahía Blanca para estudiar en la Universidad Nacional del Sur. Fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se había recluido en San Nicolás perseguido por la represión desatada en Bahía Blanca. En San Nicolás vivió en los años 1975 y 1976, trabajó y militó hasta su secuestro en agosto de 1976.
Desde entonces, Celia recorrió dependencias de las fuerzas de seguridad, además de hacer requerimientos judiciales, ante autoridades eclesiásticas y delegaciones diplomáticas, pidiendo por su hijo desaparecido.
En septiembre de 2008, Celia Jinkis de Korsunsky, se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de su hijo Eduardo Korsunksy en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
La mujer, que reside hoy en Bahía Blanca, contó con el patrocinio letrado de la abogada María Eva Asprella del Equipo Jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos del gremio de Suteba que la acompañó a hacer la presentación judicial en la causa 28.556/06.

 
Celia se presentó en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás con su pañuelo blanco en la cabeza y la foto de su hijo y su nuera, también desaparecida en 1978 en Capital Federal. En el juzgado tuvo una entrevista con el magistrado Carlos Villafuerte Ruzo. Estuvo acompañada por la abogada y sindicalistas de Suteba en ese primer paso judicial ya que el gremio la patrocinó porque junto a la CTA tiene como política tener una intervención activa en el tema de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Ex detenido en la "Escuelita" reclama justicia

Se trata de José Parnoy, quien estuvo en "La Escuelita"
 

   Un hombre que militó en la mesa directiva de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y estuvo detenido junto con su hijo en el centro clandestino de detención "La Escuelita" brindó hoy su testimonio, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante el último gobierno militar.

   Se trata de José Parnoy, quien fue detenido junto con su hijo Gustavo, que tenía 16 años.

   "El 22 de julio de 1976 me acosté a dormir y a las cuatro de la mañana sentimos un vidrio roto y enseguida me invadieron la casa -dijo Parnoy-. Luego tuve referencias por el sereno de una estación de servicio, que afuera había siete camiones con 32 soldados cada uno."

   Padre e hijo fueron trasladados al Batallón de Comunicaciones donde, dijo, tras una simulación para ser liberados fueron nuevamente detenidos y permanecieron en "La Escuelita".

   "Muchos años después me di cuenta de que quien subió al auto y me apuntó con una pistola en la cabeza era Corres", sostuvo, en referencia al principal interrogador del centro clandestino de detención, Julián "Laucha" Corres.

   Agregó que "el lugar de detención era malo. Comíamos con una mano atada y cuando entré quien me conducía me indicaba que esquivara cuerpos que no sé si estaban vivos o muertos".

   Parnoy pidió a los jueces "no como reivindicación personal ni como revancha, que se haga justicia"

Represor defiende el accionar del terrorismo de Estado

Un discípulo de Lombroso

 Por Diego Martínez

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó.

Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada en la llamada Escuelita”. “Estaban bastante bien atendidos”, consideró. Dijo ignorar de qué se los acusaba, sólo supo que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Relató que le pidió al general Osvaldo Azpitarte que los retirara y que el traslado se cumplió el 24 de diciembre. También al asumir encontró “tres o cuatro policías” cuyas funciones desconocía. “Los despedí de inmediato. Luego consideré que parecía una falta de amabilidad e invité a un asado a los jefes de policía que había por ahí”, agregó.

Mansueto distinguió la actuación del general Adel Vilas, jefe de subzona en 1976, de la de su sucesor, Abel Catuzzi. El primero “sobrepasó ampliamente la autoridad del comandante”, dijo, sin entrar en detalles. “Catuzzi ordenó que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y reglamentos militares”, aseguró, pese a que bajo su mando hubo secuestros, ejecuciones y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

El militar, de 80 años, contó que tuvo a su cargo “la representatividad del Ejército en Bahía Blanca”. “Hice fiestas, reuniones y agasajos a los que concurrió la mayor parte de la sociedad bahiense, con gastos pagos por el Comando”, contó sin remordimientos. Sobre el secuestro de un grupo de estudiantes en diciembre de 1976, declaró que estuvo a cargo de “efectivos de la agrupación tropas”, que “estaba integrada no sólo por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, sino por civiles y oficiales venidos con Vilas desde Tucumán”. Vilas llevó a “personas que no integraban las Fuerzas Armadas” y que “luego quedaron”. No las identificó, pero aseguró que “buscaban fundamentalmente el botín de guerra”. Entre los “civiles comprometidos interesados por el botín de guerra” incluyó a “la CNU” (Concentración Nacional Universitaria) y al “personal que trajo el señor Remus Tetu cuando fue rector de la Universidad Nacional del Sur”.

“Reconozco que intenté entrar a La Escuelita porque sentía curiosidad por saber qué había adentro”, confesó. “Un guardia me lo prohibió con términos amables, porque no hubiera tolerado otros”, aclaró para resaltar su valentía. “Me dijo: ‘Mi teniente coronel, tiene prohibido el acceso, sólo se puede entrar con autorización del G3’”, en referencia a la jefatura a cargo del general Bayón, que lo escuchaba a sus espaldas.

Mansueto admitió que sus subordinados “salían a recorrer la ciudad armados”, pero que a diferencia de los soldados “que llevaban fotografías”, los suyos “tenían un libro de personas buscadas por si de casualidad encontraban alguna”. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba le preguntó por el asesinato de José Luis Escudero, fusilado en 1977 por no detenerse en un control de rutas, Mansueto dijo no recordar el caso.

Un día recibió a un conscripto que “tenía un familiar montonero”, contó. “Lo llamé, vi su aspecto, gordito, blanquito y muy joven, pensé ‘éste no es terrorista pero puede estar vinculado’ y le dije ‘si una piedra golpea el batallón en la calle puedo llegar a vincularlo con eso’. Luego no pasó nada y el soldado pasó un año feliz.”

–Usted dice que por el aspecto distinguía si eran o no terroristas. ¿Cómo eran los terroristas? –le preguntó el fiscal.

–Pienso que normalmente feos.

Disponen el procesamiento contra integrantes de la Prefectura Naval y de la Armada

Un juez federal de Bahía Blanca dispuso el procesamiento contra integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Armada en el marco de delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos en Puerto Belgrano y en la Prefectura Naval.

Fuentes judiciales informaron que "el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni dispuso el procesamiento de Luis Angel Bustos, Pedro Alberto Pila y Néstor Alberto Nougués, agentes retirados de la Prefectura Naval Argentina, y de Luis Alberto Pons, oficial retirado de la Armada Argentina".

"En la misma resolución el juez dispuso ampliar los procesamientos de Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Manuel Jacinto García, Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydy", agregaron.

Los hechos están referidos a la actividad represiva desarrollada con víctimas que fueron alojadas en centros clandestinos de la Prefectura Naval Argentina, Base Naval Puerto Belgrano y Base de Infantería de Marina Baterías.

Desde la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos se indicó que en la misma resolución se incluyeron los que tuvieron como víctimas a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia.

Los dos trabajadores fueron secuestrados al atardecer del 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.

Los crímenes de los dos trabajadores gráficos forman parte de la causa 04/07 que investiga los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina durante la dictadura militar.

Según se indicó "en dichos casos han sido procesados en la resolución cinco imputados de la Armada Argentina y Prefectura Naval".

"Las calificaciones aplicadas fueron las de privación ilegal de la libertad agravada, tormento agravado y homicidio agravado, en función a las imputaciones formuladas desde la Unidad Fiscal interviniente a cargo de Abel Darío Córdoba", agregaron las fuentes.

Se reanuda el juicio a los represores en Bahía Blanca

17 acusados acusados son juzgados por crimenes de lesa humanidad

Más allá de los fallecidos y prófugos, los genocidas procesados del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el Estado Mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los Grupos de Tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal, imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Hay 17 imputados y un prófugo.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, habló sobre el juicio que se está realizando en la localidad de Bahía Blanca: “No prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos. Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.
Para Schulman los juicios responderán a dos preguntas: “La primera, es quiénes eran los 30 mil desaparecidos. Van a dejar de ser una sombra, una huella o un número, y recobrar el rostro, pero también su historia, es decir lo que pensaban, querían y por qué luchaban”.
El jueves 25 se concretó una inspección ocular al lugar donde funcionó el centro de detención clandestina y torturas ´La Escuelita´, en tierras dependientes del ex Comando V Cuerpo de Ejército, sobre el Camino ´La Carrindanga´. Luego de la feria judicial las audiencias se reanudarán hoy martes 2 de agosto.
 
Los culpables
 
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca apartó al imputado Julián Oscar Corrés del juicio oral por la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, que se realiza en Bahía Blanca.
Al retomar el desarrollo de la audiencia y antes de continuar con la lectura de la acusación, desde la Defensa también se exigieron al Tribunal exámenes médicos regulares para  otros tres genocidas. Ellos son los ex integrantes del Estado Mayor del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez por cuestiones cardiológicas y urológicas, y Hugo Delmé por hemorroides; y por una afección oncológica al ex policía federal de Viedma, Héctor Arturo Goncálvez.
La semana pasada quedó pendiente la presentación del perito médico de parte de la querella respecto al estado de salud del torturador Julián Oscar Laucha Corres, quien padece un cáncer que lo tiene internado en el Hospital Militar de la Capital Federal.
El médico forense Alberto Ferrere, había dicho que la quimioterapia lo ha dañado físicamente, con una considerable pérdida de peso pero su salud emocional y mental está en perfectas condiciones para seguir el debate y declarar.
“Alguno de los imputados manifestó que le parecía denigrante que tres coroneles u oficiales del Ejército Argentino se encuentren en una sola celda como la que estaba señalando, lo que está pendiente que es la aceptación personal de imputado en una causa más allá de la jerarquía o grados que hayan logrado en su carrera militar”, comentó el fiscal.
 
Recusaron al prófugo Miguel Ángel García Moreno
 
Luego de completarse la lectura de las acusaciones, en la primera parte del juicio hecha por la Fiscalía que conduce el Doctor Abel Córdoba, El Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio que duró hasta el pasado martes 5 de Julio.
El fiscal solicitó “Sin perjuicio de que se continúe con la búsqueda ordenada, con la concreción de la captura internacional que se dispuso”, se revoque la excarcelación de la que aun goza el prófugo Miguel Ángel García Moreno. Este represor se encuentra libre por resolución de la composición anterior del Tribunal Oral (que tenía a Leopoldo Velázquez a la cabeza, recusado por su amistad con el imputado Hugo Mario Sierra) y “En función de haber incumplido las reglas que se le habían fijado para acceder a ese beneficio”; Córdoba solicitó se “Revoque esa resolución y además se ejecute la fianza que se había dado para asegurar la libertad a la que accedió en marzo del año 2010. Como una medida para la captura que es la prioridad de esta fiscalía”. Luego Jorge Ferro cerró la actividad de la primera semana de juicio oral.
“Creemos que los juicios comienzan la reparación, porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino, que no es otra que la del cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y la sangre del pueblo”, finalizó José Schulman, expresando la verdadera necesidad de la palabra justicia.
 
Las víctimas del genocidio
 
En la lista de las víctimas de estos acusados figuran: Abel, Jorge Antonio, Acevedo Patricia Elizabeth, Fornasari Pablo Francisco, Castillo Juan Carlos, Matzkin Zulma Raquel, Tarchitzky Manuel Mario, Cereijo Nancy Griselda, Lofvall Andrés Oscar, Ilacqua Carlos Mario, Iannarelli Estela Maris, Chironi Eduardo Mario, Coussement Cristina, Lorenzo Roberto, Sotuyo Luis Alberto, Mercero de Sotuyo Dora Rita, Del río Ricardo Gabriel, Rivera Carlos Roberto, Frers Elizabeth, Ferrari María Angélica, Garralda Alberto Ricardo, Peralta José Luís, Gentile Carlos Alberto, Izurieta Zulma Araceli, Giordano César Antonio, Romero María Elena, González María Eugenia, Junquera Néstor Oscar, Hidalgo Daniel, Souto castillo Olga Silvia, Izurieta María Graciela, Jara Fernando, Morán Mónica, Rossi Darío, Sampini Rubén Héctor, Bossi Néstor Alejandro, Traverso de Bossi Susana Elba, Bombara Daniel José.
La causa además incluye 46 víctimas más, cuyas identidades son preservadas para un mejor desarrollo del juicio.
 
Quiénes son los imputados
 
Los acusados son:
 
1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.
 
2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.
 
3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.
 
4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.
 
5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.
 
6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.
 
7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.
 
8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.
 
9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.
 
10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.
 
11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.
 
12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.
 
13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.
 
14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.
 
15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.
 
16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.
 
17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

El silencio de 17 represores

Juicio con crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

 

Los diecisiete acusados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, incluidos seis ex miembros del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército, se negaron a declarar ayer sobre sus crímenes durante la dictadura. Uno a uno, convocados por el camarista Jorge Ferro, militares, policías y penitenciarios subieron al escenario del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, dieron sus datos personales, oyeron que el silencio no sería usado en su contra y respondieron con palabras casi idénticas: “No voy a declarar por el momento, lo voy a hacer cuando lo considere oportuno”. Sólo el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, radicado en la ciudad, arriesgó seis palabras: “Voy a demostrar que soy inocente”.

El silencio de los represores permitió adelantar la inspección ocular al predio donde funcionó La Escuelita. Jueces, fiscales, querellantes y defensores atravesaron la tranquera por la que ingresaban secuestradores y secuestrados, recorrieron el terreno, ya sin rastros del centro clandestino, y desde allí se dirigieron por caminos internos hasta el Batallón 181 y al edificio donde funcionó la caballeriza.

Hoy comenzarán las testimoniales. En primer turno declarará el abogado Víctor Benamo, rector de la UNS entre 1973 y 1974. Benamo fue secuestrado en Banfield en abril de 1976. Trasladado a Bahía Blanca, fue torturado en cautiverio durante 33 días. Cuando el Ejército lo blanqueó, el diario La Nueva Provincia lo acusó de integrar una “célula terrorista” y publicó su foto junto a la de ocho sobrevivientes. Estuvo cuatro años preso en la cárcel de Rawson hasta que logró exiliarse en Bélgica. Benamo es el actual delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca.

Se reanuda el juicio a los represores en bahía Blanca

Dicisiete acusados son juzgados por crímenes de lesa humanidad

 
Más allá de los fallecidos y prófugos, los genocidas procesados del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el Estado Mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los Grupos de Tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal, imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Hay 17 imputados y un prófugo.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, habló sobre el juicio que se está realizando en la localidad de Bahía Blanca: “No prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos. Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.
Para Schulman los juicios responderán a dos preguntas: “La primera, es quiénes eran los 30 mil desaparecidos. Van a dejar de ser una sombra, una huella o un número, y recobrar el rostro, pero también su historia, es decir lo que pensaban, querían y por qué luchaban”.
El jueves 25 se concretó una inspección ocular al lugar donde funcionó el centro de detención clandestina y torturas ´La Escuelita´, en tierras dependientes del ex Comando V Cuerpo de Ejército, sobre el Camino ´La Carrindanga´. Luego de la feria judicial las audiencias se reanudarán hoy martes 2 de agosto.
 
Los culpables
 
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca apartó al imputado Julián Oscar Corrés del juicio oral por la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, que se realiza en Bahía Blanca.
Al retomar el desarrollo de la audiencia y antes de continuar con la lectura de la acusación, desde la Defensa también se exigieron al Tribunal exámenes médicos regulares para  otros tres genocidas. Ellos son los ex integrantes del Estado Mayor del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez por cuestiones cardiológicas y urológicas, y Hugo Delmé por hemorroides; y por una afección oncológica al ex policía federal de Viedma, Héctor Arturo Goncálvez.
La semana pasada quedó pendiente la presentación del perito médico de parte de la querella respecto al estado de salud del torturador Julián Oscar Laucha Corres, quien padece un cáncer que lo tiene internado en el Hospital Militar de la Capital Federal.
El médico forense Alberto Ferrere, había dicho que la quimioterapia lo ha dañado físicamente, con una considerable pérdida de peso pero su salud emocional y mental está en perfectas condiciones para seguir el debate y declarar.
“Alguno de los imputados manifestó que le parecía denigrante que tres coroneles u oficiales del Ejército Argentino se encuentren en una sola celda como la que estaba señalando, lo que está pendiente que es la aceptación personal de imputado en una causa más allá de la jerarquía o grados que hayan logrado en su carrera militar”, comentó el fiscal.
 
Recusaron al prófugo Miguel Ángel García Moreno
 
Luego de completarse la lectura de las acusaciones, en la primera parte del juicio hecha por la Fiscalía que conduce el Doctor Abel Córdoba, El Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio que duró hasta el pasado martes 5 de Julio.
El fiscal solicitó “Sin perjuicio de que se continúe con la búsqueda ordenada, con la concreción de la captura internacional que se dispuso”, se revoque la excarcelación de la que aun goza el prófugo Miguel Ángel García Moreno. Este represor se encuentra libre por resolución de la composición anterior del Tribunal Oral (que tenía a Leopoldo Velázquez a la cabeza, recusado por su amistad con el imputado Hugo Mario Sierra) y “En función de haber incumplido las reglas que se le habían fijado para acceder a ese beneficio”; Córdoba solicitó se “Revoque esa resolución y además se ejecute la fianza que se había dado para asegurar la libertad a la que accedió en marzo del año 2010. Como una medida para la captura que es la prioridad de esta fiscalía”. Luego Jorge Ferro cerró la actividad de la primera semana de juicio oral.
“Creemos que los juicios comienzan la reparación, porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino, que no es otra que la del cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y la sangre del pueblo”, finalizó José Schulman, expresando la verdadera necesidad de la palabra justicia.
 
Las víctimas del genocidio
 
En la lista de las víctimas de estos acusados figuran: Abel, Jorge Antonio, Acevedo Patricia Elizabeth, Fornasari Pablo Francisco, Castillo Juan Carlos, Matzkin Zulma Raquel, Tarchitzky Manuel Mario, Cereijo Nancy Griselda, Lofvall Andrés Oscar, Ilacqua Carlos Mario, Iannarelli Estela Maris, Chironi Eduardo Mario, Coussement Cristina, Lorenzo Roberto, Sotuyo Luis Alberto, Mercero de Sotuyo Dora Rita, Del río Ricardo Gabriel, Rivera Carlos Roberto, Frers Elizabeth, Ferrari María Angélica, Garralda Alberto Ricardo, Peralta José Luís, Gentile Carlos Alberto, Izurieta Zulma Araceli, Giordano César Antonio, Romero María Elena, González María Eugenia, Junquera Néstor Oscar, Hidalgo Daniel, Souto castillo Olga Silvia, Izurieta María Graciela, Jara Fernando, Morán Mónica, Rossi Darío, Sampini Rubén Héctor, Bossi Néstor Alejandro, Traverso de Bossi Susana Elba, Bombara Daniel José.
La causa además incluye 46 víctimas más, cuyas identidades son preservadas para un mejor desarrollo del juicio.
 
Quiénes son los imputados
Los acusados son:
 
1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.
2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.
3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”– como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.
4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.
5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.
6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.
7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.
8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.
9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.
10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.
11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.
12. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.
13. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.
14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.
15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.
16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.
17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.