Inauguran señalización de 'La Escuelita' de Bahía

"En este predio del Ejército Argentino funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Bahía Blanca. Ésta es parte de la leyenda de un enorme cartel que mira la ruta conocida como "La Carrindanga" en el predio del Quinto Cuerpo de Ejército, en las afueras de Bahía Blanca.

Allí fue inaugurada el viernes la señalización de ese predio, en el marco del programa Investigación y Memoria de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participaron la Red Federal Sitio de la Memoria, el Archivo Nacional de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, hijos, APDH, querellantes Quinto cuerpo de Ejército y de víctimas del terrorismo de Estado en la década del 70, entre otras organizaciones.

El centro clandestino de detención y exterminio conocido como "La Escuelita" de Bahía Blanca operó en ese lugar desde 1976 hasta comienzos de 1979, cuando fue demolida con el objetivo de ocultar los crímenes que allí se cometieron, según se destacó en la inauguración de la demarcación.

Actualmente el juicio que investiga los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado reiterado contra 92 personas se encuentra en su etapa final.

Tanto el fiscal federal Abel Córdoba como los abogados querellantes han coincidido en el pedido de prisión perpetua para 14 de los 17 imputados, altos funcionarios del Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario bonaerense.

En "La Escuelita" permanecieron detenidas-desaparecidas la mayor parte de las víctimas de este juicio. Si bien el predio fue inspeccionado por la comisión nacional sobre la desaparición de personas en 1984, recién en 2011 se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos de este centro de tortura producto del relevamiento dispuesto por la Justicia y realizado por peritos de Memoria Abierta y la Universidad Nacional del Sur. Con esta nueva señalización ya son 37 las instaladas en todo el país. Funcionarios municipales y provinciales se refirieron a la inauguración.

"Vida en centro de muerte"

Por su parte, Eduardo Hidalgo sobreviviente de este centro clandestino de detención y secretario General de la APDH de Bahía Blanca destacó la posibilidad de traer vida a un lugar donde predominó la muerte, así como el trabajo de quienes no cesan para que se haga justicia.

En referencia al último testimonio de los militares imputados sostuvo que "hemos tenido que soportar que nos consideren testigos armados y revanchistas cuando ellos tienen la garantía de la justicia pero lo que todavía no sabemos es cuándo se harán cargo de cada muerte, secuestro y chico que se llevaron de este lugar y pretenden la impunidad".

Procesan a seis marinos y prefectos en Bahía Blanca

Complicidades que son inalterables

 Por Diego Martínez

El diario La Nueva Provincia no publica una línea sobre el juicio por secuestros, torturas y asesinatos a quienes antes llamaba “soldados”. No le faltan razones. El mes pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de tres marinos retirados y cuatro ex miembros de Prefectura por los asesinatos en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los trabajadores del diario y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas. Tres meses antes de los secuestros la sección informaciones de Prefectura elaboró un informe sobre “guerrilla sindical” en el multimedio con una lista de 17 “activistas”, calificados como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” para la dictadura, que encabezaban Heinrich y Loyola. Los servicios dejaron constancia de que la empresa de Diana Julio de Massot informaba cada paso de los delegados “a los comandos militares y navales de la zona”. En documentos de inteligencia recuperados por el ex fiscal Hugo Cañón consta que la sección informaciones de Prefectura era “la avanzada” de la Armada en la “lucha contra la subversión” y el “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales que encabezaba el vicealmirante Luis María Mendía, el hombre que por las noches se encerraba en la dirección a departir con la viuda de Massot, según escribió el ex capitán Adolfo Scilingo.

El interlocutor del marino que confesó los vuelos era Federico Massot, que igual que su madre y Mendía está muerto. El único sobreviviente de aquellos cónclaves de la muerte es Vicente Massot, el apologista de la tortura que el 24 de marzo de 1976, bandera argentina en mano, se paseó con su mamá por el taller donde militaban Heinrich y Loyola. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, preguntó la señora a un gremialista mientras el hijo le pateaba la bicicleta. Aquel veinteañero que en dictadura visitaba la ESMA es hoy el director de La Nueva Provincia, que en 1976 publicó en veinte líneas la aparición de los cuerpos acribillados y nunca más informó sobre los asesinatos de los delegados, que sólo molestaban a su familia.

Señalizada "La Escuelita", el CCD del V Cuerpo de Ejército

Una marca en la historia de Bahía

La Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante, al pie del camino La Carrindanga, en Bahía Blanca, para recordar que allí funcionó el centro de exterminio “durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”.

 Por Diego Martínez

En 1979, abocados a borrar hasta el último rastro de sus crímenes, los militares del V Cuerpo de Ejército demolieron la casona donde torturaron y mataron durante los años previos. Las corporaciones de poder locales, con el diario La Nueva Provincia a la cabeza, se encargaron antes y después de silenciar la historia y negar el genocidio. Pero la lucha por la memoria sigue ganando batallas, incluso en la hostil Bahía Blanca. Ayer, bajo un sol primaveral y un viento suave que hacía flamear las banderas de H.I.J.O.S., la Red Federal de Sitios de Memoria inauguró un cartel gigante, al pie del camino La Carrindanga, para recordar que “en este predio del Ejército Argentino funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983”. El próximo paso del Estado nacional será la instalación de tres columnas de hormigón con las palabras Memoria, Verdad y Justicia.

La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas, fue el principal centro de exterminio del sur bonaerense. Por allí pasaron centenares de militantes, en su mayoría jóvenes, que terminaron desaparecidos o ejecutados en tiroteos fraguados. El primer mojón contra el olvido lo instaló en 1981 la sobreviviente Alicia Partnoy, que desde el exilio difundió un relato detallado de espacios, víctimas y victimarios. En 1984, ya en democracia, la Conadep recorrió el terreno y fotografió escombros. Durante años, cada 24 de marzo, los actos para recordar la fecha que simboliza el terrorismo de Estado se realizaron junto a la tranquera por la que ingresaban los autos con los secuestrados. Recién en los últimos años, ya con Néstor Kirchner como presidente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca consiguió la autorización para ingresar y hacer los actos adentro del predio, propiedad del Ejército.

El año pasado, mientras comenzaba el primer juicio a represores en Bahía Blanca, arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur convocados por la Justicia por una iniciativa de Memoria Abierta sacaron a la luz los cimientos del centro clandestino. La investigación permitió dar con un plano de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y materiales médicos que los militares habrían usado con los secuestrados.

Ayer, por primera vez, los Estados nacional, provincial y municipal coincidieron en un acto por la memoria en Bahía Blanca. La señalización fue coorganizada por la Red de Sitios de Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Dirección homónima de la Municipalidad local. Como presentadora ofició la periodista Natalia Carabajal Figueroa, del semanario Ecodías, que junto con FM de la Calle y el programa K688 se esmeran en cubrir el juicio, ignorado sistemáticamente por La Nueva Provincia (ver aparte).

“Esta señalización hace fácticamente imposible el olvido”, dijo en primer turno Pablo Reynafé, director de Derechos Humanos de la municipalidad bahiense. “Es política de Estado dejar atrás la perversa teoría de los dos demonios. Es nuestra obligación que se termine con esa confusión”, agregó. Susana Matzkin, hermana de Zulma, asesinada tras su cautiverio en La Escuelita, destacó en representación de familiares de las víctimas el rol del “monopolio comunicacional” de la familia Massot, “vocero enfervorizado de la represión, óptimo para la siembra de la negación de la memoria, que es una construcción colectiva y que permite desnudar las máscaras que ocultan complicidades, connivencias y culpas en la sociedad”. Sobre el alambrado, debajo del cartel, podían verse banderas de la agrupación Kolina, del Movimiento Evita y del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (Movejupa).

Eduardo Hidalgo, sobreviviente, secretario de la APDH y luchador incansable, explicó que el cartel se vincula “con una historia donde la muerte tuvo que ver”, pero que “cada año, cuando venimos a este lugar, somos nosotros los que traemos la vida”. “Nos sentimos profundamente convencidos de que nada podrá volver atrás”, afirmó. “Hoy es una marca en la historia de la Bahía del Silencio, hasta que Bahía vuelva a ser lo que una vez soñamos.” El ex fiscal Hugo Cañón recordó que, más allá de las víctimas directas, “a toda la sociedad se le instaló el terror”. “De ese lastre de terror es del que nos estamos deshaciendo y hoy volvemos a hacer de la participación política una herramienta de transformación social”, rescató el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense.

Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense, aseguró que “es decisión de la provincia poner como política de Estado la Memoria, la Verdad y la Justicia”. “No habrá nada que nos pare hasta que encontremos al último compañero, al último nieto, y señalicemos el último centro clandestino”, advirtió. Por último habló Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria. “Desde el Estado tenemos la función de recordar lo que pasó, ya que cuando hablamos del pasado es para construir el futuro”, explicó. “Sabiendo la verdadera historia es como vamos a construir la felicidad del pueblo argentino, la verdadera igualdad y la justicia”, agregó. Luego de los discursos, el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta, guió a los presentes en un recorrido alrededor de los cimientos de La Escuelita, sintetizó los hallazgos y destacó la necesidad de retomar las excavaciones, de techar y cercar el terreno para su preservación 

Murió el torturador Félix Alejandro Alais, sin condena

Por Diego Martínez
El comisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A y torturador de profesores de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, falleció ayer a los 70 años en el penal de Marcos Paz.
Ya en 1974 el escritor Rodolfo Walsh dejó constancia de la participación de Alais en la Triple A, dato que ratificó en 1983 el ex inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Albano Harguindeguy, quien lo ubicó como miembro del estado mayor del “grupo Villar” de esa banda criminal y lo señaló entre los asesinos del abogado Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio de 1974.

 
Alais, alias “El Oso”, era cuñado del general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Ejército durante 1975 y del Primer Cuerpo en 1976, y hermano de Ernesto Alais, el general al que Alfonsín le ordenó sin suerte reprimir el levantamiento carapintada en 1987.
Después del golpe de Estado, como segundo jefe de la delegación bahiense de la Policía Federal, Alais tuvo un rol protagónico en la parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” a los profesores de la UNS, que en su mayoría habían tenido que abandonar la ciudad el año anterior. El 4 de agosto de 1976, en una célebre conferencia de prensa junto al general Adel Vilas, al interventor de la UNS capitán Raúl González y al juez federal Guillermo Madueño, Alais se explayó sobre el proceso que había convertido a la UNS en una “usina subversiva”. Su firma consta en las órdenes de detención de los académicos, que se concretarían en distintos puntos del país, y él mismo se encargaría de torturarlos a medida que llegaban a la delegación de calle Rondeau. En las actas escribía que todos realizaban “manifestaciones espontáneas” y declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas”.
El 4 de septiembre de 1976, tras el fusilamiento de Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Manuel Tarchitzky y Zulma Matzkin, antes secuestrados y torturados en el centro clandestino La Escuelita, Alais también hizo constar en el acta del tiroteo fraguado que “fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos” (sic).
En el invierno de 1976 un grupo de suboficiales bajo su mando fueron detenidos por la policía de La Pampa por robar a campesinos, a quienes además ataban y castigaban. En sus declaraciones dijeron que se dedicaban a hacer “operativos antisubversivos” por orden de Alais. Informes de inteligencia de la época lo ubican en reuniones nocturnas con el juez Madueño y a las trompadas, borracho, en distintos cabarets de la ciudad.

 
Ya en democracia formó con otros ex comisarios de la Triple A la empresa de seguridad Escorpio SA y más tarde Fast, que en 2004 ganó una licitación para brindar seguridad en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca otra empresa suya prestó servicios hasta 2007 en el departamento de agronomía de la UNS.
El 31 de agosto de 2011, tras reiterados pedidos del fiscal federal Abel Córdoba, el entonces juez Alcindo Alvarez Canale libró su orden de detención, que se concretó el 12 de septiembre, cuando intentaba escaparse al Paraguay.
El juez lo procesó paradójicamente junto a Hugo Mario Sierra, el ex secretario de Madueño que entre 1976 y 1977 tomó cientos de testimonios a estudiantes de la UNS para justificar los procesamientos de los profesores, que años después terminarían sobreseídos.
Alais murió procesado con prisión preventiva pero sin condena.

Revocan prisión domiciliaria a represor visto circular por la calle

Se trata del capitán de navío retirado Arturo María Quintana, imputado en crímenes de lesa humanidad, por su participación en el Batallón de Comunicaciones 1 durante la última dictadura. Fue trasladado a la Unidad Carcelaria 19 de la localidad de Saavedra.

La Justicia Federal de Bahía Blanca revocó la detención domiciliaria del capitán de navío retirado Arturo María Quintana.

El beneficio le había sido otorgado en febrero pasado a pesar de estar imputado por crímenes de lesa humanidad y luego de que fuera visto en la calle por una trabajadora del Patronato de Liberados de esa ciudad bonaerense.

Tras la decisión judicial, Quintana fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina y trasladado a la Unidad Carcelaria 19 de la localidad de Saavedra, según consignaron fuentes judiciales.

Arturo María Quintana está imputado por crímenes de lesa humanidad, por su participación en el Batallón de Comunicaciones número 1 durante la última dictadura militar.

La resolución por la que se le había otorgado en febrero pasado el beneficio de la detención domiciliaria había sido objetada el miércoles último por la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, razón por la cual se encontraba convocada una audiencia para el próximo 6 de agosto en la Cámara Federal de Apelaciones.

En ese marco, el represor fue visto por una trabajadora del Patronato de Liberados de la ciudad de Bahía Blanca cuando ingresaba a su casa.

Fuentes judiciales señalaron que “Quintana está imputado en el marco del expediente por investigación de crímenes de Lesa Humanidad por haber formado parte del plan criminal clandestino e ilegal, implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de la Armada Argentina”.

Según trascendió, el pasado 5 de julio el patronato de liberados de Bahía Blanca, a cargo de la supervisión de la detención domiciliaria de Quintana, informó a la Justicia que el imputado había sido encontrado en la calle por una trabajadora social.

En este sentido, las fuentes consignaron que al ver al detenido represor "circular libremente por la calle", la trabajadora social del Patronato de Liberados "lo llamó y el militar intentó evadirla".

Tras la denuncia realizada por el Patronato de Liberados, la Justicia resolvió revocar la detención domiciliaria de Quintana, en tanto la Fiscalía reafirmó su pedido de revocación de la detención domiciliaria.

Alegato del fiscal: "Mataron para aterrorizar"

A un año del comienzo del juicio contra 17 militares y federales retirados, el fiscal Fernando Córdoba dijo que "sus conductas están entre las más graves que se pueden concebir", pero otra vez los desaparecidos se quedan sin la protección de la condena a los represores por el delito de genocidio

VIEDMA (AV).- "El instrumento de terror de estos acusados fue la muerte, la eliminación. Para aterrorizar mataron, desaparecieron y fusilaron", dijo el fiscal Abel Córdoba al iniciar su alegato en el juicio contra 17 militares y policías federales que actuaron durante la dictadura militar bajo las órdenes del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

Agregó que "se apropiaron de los hijos de los enemigos. Llegaron a eso. Las conductas que tuvieron en ese rol clandestino y criminal están entre las más graves que se puedan concebir. Arrancaron identidades, referencias, vínculos. Dejaron a padres sin los hijos y a hijos sin padres".

El fiscal fue muy crítico con la posición del diario bahiense "La Nueva Provincia". Entre otras cosas recordó que el 6 de julio del 76 "el país era ya un gran campo de concentración y -mientras los comunicados del V Cuerpo se difundían en el medio mencionando con las versiones de falsos enfrentamientos con cautivos en el centro clandestino- les pedía a las fuerzas armadas "abandonar la absurda y forzada mentalidad legalista, realicen juicios sumarios y apliquen la pena de muerte dictada por autoridades militares".

Córdoba habló del infierno dantesco que "estas personas crearon, planificaron y ejecutaron. Es así como tenemos todavía miles de ciudadanos argentinos que siguen viviendo con las secuelas de esos hechos". También consideró probados los 94 hechos en juicio -entre ellos resultaron víctimas varios viedmenses- y la responsabilidad criminal de cada uno de los imputados.

En el comienzo de su alegato, el fiscal no se olvidó de los imputados que no estuvieron presentes como el prófugo Miguel Ángel García Moreno o "aquellas permitidas por la impunidad biológica, desde los torturadores como Corres – ese miserable al que la maquinaria del terror le permitió hacer tanto daño- o Cruciani; pasando por el jefe del grupo de tareas Emilio Ibarra; el juez genocida Guillermo Madueño; los diabólicos obispos Emilio Ogneñovich y Jorge Mayer; el enlace entre el campo de concentración y la cárcel Leonardo Nuñez o el médico Jorge Streich; hasta los máximos jerarcas del Comando V Cuerpo de Ejército como Argentino Tauber, Abel Catuzzi, Osvaldo Azpitarte o el sangriento Adel Vilas que pedía a gritos cadáveres y quería "limpiar la universidad de la infiltración marxista".

Comparó "el silencio de los criminales con el esfuerzo de los familiares y sobrevivientes que exigieron sus memorias para colaborar con la justicia con la ilusión de conocer un dato más. Hay padres que llegaron acá como pudieron. Aceptaron sentarse cerca de ellos. Todo un gesto de pacifismo, civilización y educación".

Piden perpetua para 14 de los 17 imputados

Otra oportunidad perdida de pedir por GENOCIDIO

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó al Tribunal Oral Federal 1 de Bahía Blanca, penas de prisión perpetua contra 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Se trata del primer juicio de la ciudad por violaciones a los derechos humanos.

La encargada de formalizar la presentación fue la abogada Mónica Avello, quien pidió prisión perpetua para integrantes del Ejército Argentino y de la Policía Federal, como así también 20 años de cárcel para otro de la misma fuerza y tres del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La letrada solicitó la prisión perpetua para los ex militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón y Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.

En ese contexto la representante de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la misma pena para los ex policías Federales Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira.

En tanto que Fernández Avello solicitó la pena de 20 años de prisión para el ex policía Federal Carlos Alberto Contreras y los ex integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense Héctor Luis Selaya y Reynaldo Milagra.

El juicio comenzó el 28 de junio del 2011 y se analizó la causa 982 caratulada "Bayón, Juan Manuel y otros por Privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área controlada operacional Cuerpo Ejército V"