Amplían acusación a represores por delitos sexuales

Lo decidió el Tribunal que encabeza el juicio por delitos de lesa humanidad. Habrían sido cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que encabeza actualmente el juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad, amplió la acusación contra 17 de los acusados por delitos sexuales cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano, en el marco de una causa con un total de 25 imputados.

La ampliación de la acusación había sido pedida por el fiscal José Nebbia el 5 de marzo pasado durante la audiencia que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Durante el debate que se llevó a cabo este martes el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, aceptó la acusación contra 17 de los 25 represores.

"Sí, leyeron la resolución en la audiencia de hoy" y los acusados "podrían comenzar a ser indagados mañana", confirmó Miguel Palazzani, quien integra como Nebbia la unidad fiscal de derechos humanos de Bahía Blanca.

Al solicitar que se ampliara la acusación contra 17 de los 25 represores procesados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de a libertad y torturas, entre otros, Nebbia había sostenido que "la violencia sexual tiene una entidad propia, distinta al delito de tormento".

El fiscal los consideró "autores mediatos" que, desde el lugar jerárquico-funcional que ocupaban, "crearon las condiciones de sometimiento, mediante la clandestinidad, el aislamiento y la garantía de impunidad, que posibilitó que el personal bajo su dependencia agrediera sexualmente a las secuestradas".

Por su parte el abogado patrocinante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Walter Larrea, expresó a la agencia Telam que "la ampliación de la imputación penal para estos imputados incorpora al delito sexual, al delito contra la integridad física de las detenidas mujeres como un delito autónomo y no sumido dentro de lo que es genéricamente torturas, tormentos, cautiverio y demás".

"Si bien en el requerimiento de elevación a juicio ya estaba incluido todo tipo de vejámenes la importancia de este procesamiento radica en que le otorga característica de delito autónomo a las violaciones y a todos aquellos que sean delitos contra la integridad sexual de las detenidas mujeres", agregó Larrea.

En ese contexto el letrado comentó que "no solamente para este juicio sino que establece una pauta jurisprudencial que abre un camino muy importante para todo el tratamiento de los que las mujeres detenidas han sido víctimas, más allá de su condición de militantes políticas o de perseguidas políticas, de su rol de mujer, de su condición de género".

"Si bien el pronunciamiento es parcial porque una de las víctimas no estaba como víctima y declaró como testigo tiene una importancia muy destacada, abre puertas y establece una etapa jurisprudencial determinante", afirmó.

Por último Larrea calificó de importante la decisión del Tribunal porque "radica en la categoría de víctima de abuso contra la integridad sexual que se las ha dado a éstas mujeres que han estado en el centro clandestino".

Los delitos sexuales investigados fueron cometidos por represores contra nueve mujeres en los centros clandestinos de detención "Buque ARA 9 de Julio" y "Baterías", en jurisdicción de Puerto Begrano, la mayor guarnición de la Armada Argentina, próxima a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

En la elevación a juicio, los delitos sexuales no habían sido considerados como delitos autónomos sino como parte de los tormentos.

El fiscal sostuvo que "la violencia sexual que se ejerció tuvo diferentes formas o formatos, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones no sólo por sus captores sino que también con objetos, lo cual tiene claramente un mensaje devastador".

Los delitos sexuales imputados a los represores abarcaron también "tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación; muchas víctimas señalan la vergüenza que sentían al estar desnudas antes sus captores; muchas de ellas relatan que esa fue la primera vez que estuvieron desnudas frente a un hombre", añadió.

Arrestan al represor Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del VCuerpo del Ejército

El prófugo que se quedó sin refugio

Fue buscado durante siete años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 Por Diego Martínez

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

Massot culpabiliza a los familiares de las víctimas

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, imputado por la muerte de dos obreros gráficos, volvió a descargar responsabilidad. En diez días se resuelve su situación.
Vicente Massot se retira después de declarar, en medio de un fuerte operativo policial

Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

Vicente Massot llegó a las 6.50 a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos de Bahía Blanca. lo hizo caminando solo, por una zona que ya estaba vallada, pero no tan blindada con la vez anterior. Madrugó a las organizaciones de derechos humanos que llegaron a las 7 para repudiarlo y reclamar memoria, verdad y justicia. Más tarde, frente al juez que debe decidir su situación procesal por las muertes de dos obreros gráficos en épocas de la dictadura, repitió la fórmula ya transitada: responsabilizó a su madre y su hermano, ambos fallecidos. Agregó una acusación a los familiares de las víctimas, a quienes desacreditó por su testimonio dado en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.

Adentro, el director de La Nueva Provincia se encontró con su abogado defensor, Rubén Ditskin; el juez federal subrogante, Alvaro Coleffi; y los fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Miguel Angel Pallazani y José Nebbia, quienes una vez más se resignaron a que no podrían a ser preguntas.

"Mantuvo la versión que había dado en las dos declaraciones anteriores ante el juez de los meses de marzo y de abril del corriente año y además no aceptó preguntas de los fiscales", dijeron fuentes judiciales que presenciaron la escena.
El caso por el cual está imputado es el de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes fueron asesinados en tiempos en que trabajaban para el tradicional matutino bahiense. “En lo que corresponde a las actas notariales y se exculpó de la situación afirmando que su madre Diana Julio de Massot era la que manejaba y dirigía el diario", explicaron las fuentes.     

 Los manifestantes contra Massot, esperan afuera de la sala donde declaró

A partir de ahora el juez tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario. Podría procesarlo en incluso ordenar su detención, o decidir no procesarlo.

Massot, quien al final de su declaración se retiró en patrullero y fuertemente custodiado, está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas

Massot : imputado coautor desaparición dos obreros y ocultamiento verdad en 35 casos

Vicente Massot, el director de La Nueva Provincia volverá a Tribunales

El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, se presentará este martes ante la Justicia Federal de Bahía Blanca para ampliar su declaración indagatoria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar.

El empresario periodístico fue citado para las 7.30 ante el juez federal subrogante Alvaro Coleffi en el Juzgado Federal ubicado en Alsina 317.

Fuentes judiciales señalaron que Coleffi podrá formular preguntas a partir de las posibles contradicciones y dudas en relación al testimonio de Massot del 24 de abril, y luego de ese acto resolvería su situación procesal.

En la audiencia de abril de este año los fiscales Miguel Angel Pallazani y José Nebbia no pudieron hacerle preguntas al empresario, por lo que no se descarta que pueda ocurrir lo mismo.

Las fuentes consultadas expresaron que "hay diversa documentación y varios elementos que son fundamentales como prueba en el marco de la causa".

Massot está acusado por la Unidad Fiscal de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

A raíz de la presentación de Massot, agrupaciones y organismos vinculados a los derechos humanos realizarán una concentración en inmediaciones al Juzgado Federal de Bahía Blanca con el fin de exigir Justicia.

En el caso de HIJOS, APDH, Red por el Derecho a la Identidad y Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados junto al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta, estarán ubicados en Alsina y Dorrego, frente al Palacio Municipal, bajo la consigna "Juicio y Castigo a los Partícipes Civiles!, ¡Juicio y Castigo a Massot".

Por su parte, la Comisión de Apoyo a los Juicios estará presente en Alsina y Lamadrid, donde habrá diversas actividades.

Nueva indagatoria al empresario Massot, acusado de coautoria de obreros gráficos

El Martes 11 de Noviembres será nuevamente Indagado Vicente Massot ante un Juez de la Nación Argentina.

Deberá ampliar su testimonio y responder a las preguntas del Juez Coleffi. 

Luego de la Indagatoria se resolvería la situación procesal del dueño de la nueva provincia, Acusado de Delitos de Lesa Humanidad.

La Fiscalía acusa a Massot de ser coautor del homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para
su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". y de haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en elocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica publicadas en el periódico al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, enmarcados en un Plan de acción Psicológica para implementar el terror en la ciudadanía.

Por tercera vez, Massot debe responderle a la Justicia, luego de que se analizaran las pruebas que surgirían del allanamiento a su diario.

Nuevamente Veremos concurrir al Juzgado al Colaborador y Reivindicador mas importante del Terrorismo de Estado.
La Dictadura Fue CÍVICO-MILITAR y debemos avanzar sobre éstos civiles quienes fueron fundamentalmente hacedores.

Porque LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS,
              JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!
              JUICIO Y CASTIGO A LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA GENOCIDA!

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

Dos militatres detenidos y trasladados

Están acusados por delitos de lesa humanidad.

Dos militares retirados imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca fueron detenidos y trasladados a esa ciudad, donde deberán prestar declaración indagatoria. Se trata de Luis María Delaico y Raúl Esteban Andrés, acusados en la causa que investiga la represión ilegal en el Cuerpo V del Ejército. En paralelo con ese expediente, que ya derivó en dos juicios y 24 condenas, continúa el proceso por los crímenes de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, que comenzó con 25 imputados.

Si el Tribunal Oral Federal accede al pedido de unificación de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, en los próximos días podrían sumarse otros 14 acusados que están procesados por los mismos hechos y con pruebas documentales comunes, que integraron las mismas estructuras represivas y hasta comparten abogados. La impunidad biológica en la causa Armada ya benefició a una veintena de represores. La decisión que podría evitar nuevas bajas está en manos de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava. La Cámara de Casación Penal, en tanto, debe pronunciarse sobre un pedido para que se revoquen los arrestos domiciliarios de 14 de los 25 acusados.

Andrés, de 64 años, integró la Compañía de combate Mayor Keler, del Batallón de Comunicaciones 181. Igual que el ex teniente Ricardo Gandolfo, condenado el año pasado, su caso tiene una particularidad que lo diferencia del resto de los oficiales: el Ejército ordenó su alejamiento de Bahía Blanca “por razones de seguridad”. Los fiscales Nebbia y Palazzani lo imputaron por 49 casos de tortura, 25 secuestros y dos lesiones gravísimas. El teniente coronel Delaico, de 82 años, fue jefe del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé hasta el 10 de noviembre de 1977. Está imputado por haber formado parte de una asociación ilícita, por un secuestro y un homicidio. Ambos fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Buenos Aires.

En el juicio de la Armada, la semana pasada concluyó la lectura de la elevación y las indagatorias a los acusados (sólo cinco hablaron para defenderse) y el martes comenzarán las declaraciones testimoniales. La novedad de la última audiencia fue la revocatoria del arresto domiciliario del prefecto Néstor Alberto Nogués, luego de que se constatara que había abandonado su casa de Ingeniero White para asistir al cumpleaños de 15 de una nieta. Fiscales, organismos y sobrevivientes aguardan con expectativa la resolución del tribunal oral sobre el pedido para que se sumen al juicio otros 14 acusados, que el juez subrogante Santiago Martínez elevó al TOF el 24 de junio. La unificación evitaría además que varios de los imputados del proceso en curso vuelvan a ser sometidos a juicio en el futuro por los casos de apenas tres víctimas.

Piden imputar a 70 represores por delitos sexuales durante la dictadura

“Es hora de saldar esa deuda”

Lo requirieron los fiscales José Nebbia y Miguel Pallazzani a la Cámara Federal de Bahía Blanca. “Hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado”, enfatizaron. Los acusados actuaron en centros clandestinos del V Cuerpo de Ejército.

 Por Ailín Bullentini

Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Pallazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.

El requerimiento elaborado por él y su colega Pallazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.

Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.

“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Pallazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.

Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.

En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.

Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.

A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”