viernes, 22 de mayo de 2015

Las inspecciones en Puerto Belgrano permitieron que ex detenidos se vieran la cara por primera vez

Pudieron reconocer perfectamente las instalaciones que se utilizaron como centro clandestino de detención, porque las instalaciones no fueron alteradas ni modificadas.

Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval de Puerto Belgrano y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se reencontraron y se vieron las caras por primera vez durante la inspección que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal. Así lo informó  el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Los pasados martes y miércoles, los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, a cargo del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, participaron de la inspección del predio de la base de Infantería Baterías y de otros puntos de la Base Naval de Puerto Belgrano.

"Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos", explicó Nebbia al hacer un balance de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que las víctimas "pudieron explayarse libremente y el Tribunal tuvo en cuenta eso para protegerlas y que puedan contar lo que identificaron", y comentó que "en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar".

"También hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses, encontró el calabozo y que había vuelto por primera vez a ese lugar", afirmó.

Además de identificar los sitios, el fiscal comentó que muchas de las víctimas que estuvieron detenidas en el buque "9 de Julio" en Puerto Belgrano y luego en el Comando del Ejército de Bahía Blanca se reencontraron por primera vez, después de 39 años.

"Inclusive hubo víctimas que estuvieron detenidas en Baterías, en el buque y trasladadas al Batallón 181 de Ejército que se encontraron por primera vez después de haber pasado esa situación", en referencia a las detenciones y secuestros.

Nebbia dijo que las víctimas "sólo se conocían por la voz cuando estuvieron detenidas y se vieron por primera vez la cara ahora".

"Además y en el marco de los testimonios en el juicio los testigos nunca se habían cruzado", puntualizó Nebbia en referencia a la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos en la zona de Puerto Belgrano, principal guarnición de la Armada, y en jurisdición del V Cuerpo del Ejército.

Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a esta ciudad del sur bonaerense, considerada todavía como una ciudad muy conservadora, debido a la presencia de dichas fuerzas de seguridad.

Detuvieron al represor Héctor Oscar Chisu, La Triple A Bahiense

La Triple A bahiense

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. 

El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa

sábado, 9 de mayo de 2015

Amplían acusación a represores por delitos sexuales

Lo decidió el Tribunal que encabeza el juicio por delitos de lesa humanidad. Habrían sido cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que encabeza actualmente el juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad, amplió la acusación contra 17 de los acusados por delitos sexuales cometidos contra nueve mujeres en centros clandestinos de detención de Puerto Belgrano, en el marco de una causa con un total de 25 imputados.

La ampliación de la acusación había sido pedida por el fiscal José Nebbia el 5 de marzo pasado durante la audiencia que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Durante el debate que se llevó a cabo este martes el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, aceptó la acusación contra 17 de los 25 represores.

"Sí, leyeron la resolución en la audiencia de hoy" y los acusados "podrían comenzar a ser indagados mañana", confirmó Miguel Palazzani, quien integra como Nebbia la unidad fiscal de derechos humanos de Bahía Blanca.

Al solicitar que se ampliara la acusación contra 17 de los 25 represores procesados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de a libertad y torturas, entre otros, Nebbia había sostenido que "la violencia sexual tiene una entidad propia, distinta al delito de tormento".

El fiscal los consideró "autores mediatos" que, desde el lugar jerárquico-funcional que ocupaban, "crearon las condiciones de sometimiento, mediante la clandestinidad, el aislamiento y la garantía de impunidad, que posibilitó que el personal bajo su dependencia agrediera sexualmente a las secuestradas".

Por su parte el abogado patrocinante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Walter Larrea, expresó a la agencia Telam que "la ampliación de la imputación penal para estos imputados incorpora al delito sexual, al delito contra la integridad física de las detenidas mujeres como un delito autónomo y no sumido dentro de lo que es genéricamente torturas, tormentos, cautiverio y demás".

"Si bien en el requerimiento de elevación a juicio ya estaba incluido todo tipo de vejámenes la importancia de este procesamiento radica en que le otorga característica de delito autónomo a las violaciones y a todos aquellos que sean delitos contra la integridad sexual de las detenidas mujeres", agregó Larrea.

En ese contexto el letrado comentó que "no solamente para este juicio sino que establece una pauta jurisprudencial que abre un camino muy importante para todo el tratamiento de los que las mujeres detenidas han sido víctimas, más allá de su condición de militantes políticas o de perseguidas políticas, de su rol de mujer, de su condición de género".

"Si bien el pronunciamiento es parcial porque una de las víctimas no estaba como víctima y declaró como testigo tiene una importancia muy destacada, abre puertas y establece una etapa jurisprudencial determinante", afirmó.

Por último Larrea calificó de importante la decisión del Tribunal porque "radica en la categoría de víctima de abuso contra la integridad sexual que se las ha dado a éstas mujeres que han estado en el centro clandestino".

Los delitos sexuales investigados fueron cometidos por represores contra nueve mujeres en los centros clandestinos de detención "Buque ARA 9 de Julio" y "Baterías", en jurisdicción de Puerto Begrano, la mayor guarnición de la Armada Argentina, próxima a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

En la elevación a juicio, los delitos sexuales no habían sido considerados como delitos autónomos sino como parte de los tormentos.

El fiscal sostuvo que "la violencia sexual que se ejerció tuvo diferentes formas o formatos, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones no sólo por sus captores sino que también con objetos, lo cual tiene claramente un mensaje devastador".

Los delitos sexuales imputados a los represores abarcaron también "tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación; muchas víctimas señalan la vergüenza que sentían al estar desnudas antes sus captores; muchas de ellas relatan que esa fue la primera vez que estuvieron desnudas frente a un hombre", añadió.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Arrestan al represor Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del VCuerpo del Ejército

El prófugo que se quedó sin refugio

Fue buscado durante siete años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 Por Diego Martínez

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Massot culpabiliza a los familiares de las víctimas

El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, imputado por la muerte de dos obreros gráficos, volvió a descargar responsabilidad. En diez días se resuelve su situación.
Vicente Massot se retira después de declarar, en medio de un fuerte operativo policial

Por Pablo Spinelli  -  spinellipa@gmail.com

Vicente Massot llegó a las 6.50 a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos de Bahía Blanca. lo hizo caminando solo, por una zona que ya estaba vallada, pero no tan blindada con la vez anterior. Madrugó a las organizaciones de derechos humanos que llegaron a las 7 para repudiarlo y reclamar memoria, verdad y justicia. Más tarde, frente al juez que debe decidir su situación procesal por las muertes de dos obreros gráficos en épocas de la dictadura, repitió la fórmula ya transitada: responsabilizó a su madre y su hermano, ambos fallecidos. Agregó una acusación a los familiares de las víctimas, a quienes desacreditó por su testimonio dado en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.

Adentro, el director de La Nueva Provincia se encontró con su abogado defensor, Rubén Ditskin; el juez federal subrogante, Alvaro Coleffi; y los fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Miguel Angel Pallazani y José Nebbia, quienes una vez más se resignaron a que no podrían a ser preguntas.

"Mantuvo la versión que había dado en las dos declaraciones anteriores ante el juez de los meses de marzo y de abril del corriente año y además no aceptó preguntas de los fiscales", dijeron fuentes judiciales que presenciaron la escena.
El caso por el cual está imputado es el de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes fueron asesinados en tiempos en que trabajaban para el tradicional matutino bahiense. “En lo que corresponde a las actas notariales y se exculpó de la situación afirmando que su madre Diana Julio de Massot era la que manejaba y dirigía el diario", explicaron las fuentes.     
 Los manifestantes contra Massot, esperan afuera de la sala donde declaró

A partir de ahora el juez tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario. Podría procesarlo en incluso ordenar su detención, o decidir no procesarlo.

Massot, quien al final de su declaración se retiró en patrullero y fuertemente custodiado, está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas

lunes, 10 de noviembre de 2014

Massot : imputado coautor desaparición dos obreros y ocultamiento verdad en 35 casos

Vicente Massot, el director de La Nueva Provincia volverá a Tribunales

El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, se presentará este martes ante la Justicia Federal de Bahía Blanca para ampliar su declaración indagatoria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar.

El empresario periodístico fue citado para las 7.30 ante el juez federal subrogante Alvaro Coleffi en el Juzgado Federal ubicado en Alsina 317.

Fuentes judiciales señalaron que Coleffi podrá formular preguntas a partir de las posibles contradicciones y dudas en relación al testimonio de Massot del 24 de abril, y luego de ese acto resolvería su situación procesal.

En la audiencia de abril de este año los fiscales Miguel Angel Pallazani y José Nebbia no pudieron hacerle preguntas al empresario, por lo que no se descarta que pueda ocurrir lo mismo.

Las fuentes consultadas expresaron que "hay diversa documentación y varios elementos que son fundamentales como prueba en el marco de la causa".

Massot está acusado por la Unidad Fiscal de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes.

El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

A raíz de la presentación de Massot, agrupaciones y organismos vinculados a los derechos humanos realizarán una concentración en inmediaciones al Juzgado Federal de Bahía Blanca con el fin de exigir Justicia.

En el caso de HIJOS, APDH, Red por el Derecho a la Identidad y Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados junto al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta, estarán ubicados en Alsina y Dorrego, frente al Palacio Municipal, bajo la consigna "Juicio y Castigo a los Partícipes Civiles!, ¡Juicio y Castigo a Massot".

Por su parte, la Comisión de Apoyo a los Juicios estará presente en Alsina y Lamadrid, donde habrá diversas actividades.

domingo, 5 de octubre de 2014

Nueva indagatoria al empresario Massot, acusado de coautoria de obreros gráficos

El Martes 11 de Noviembres será nuevamente Indagado Vicente Massot ante un Juez de la Nación Argentina.

Deberá ampliar su testimonio y responder a las preguntas del Juez Coleffi. 

Luego de la Indagatoria se resolvería la situación procesal del dueño de la nueva provincia, Acusado de Delitos de Lesa Humanidad.

La Fiscalía acusa a Massot de ser coautor del homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para
su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". y de haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en elocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica publicadas en el periódico al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, enmarcados en un Plan de acción Psicológica para implementar el terror en la ciudadanía.

Por tercera vez, Massot debe responderle a la Justicia, luego de que se analizaran las pruebas que surgirían del allanamiento a su diario.

Nuevamente Veremos concurrir al Juzgado al Colaborador y Reivindicador mas importante del Terrorismo de Estado.
La Dictadura Fue CÍVICO-MILITAR y debemos avanzar sobre éstos civiles quienes fueron fundamentalmente hacedores.

Porque LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS,
              JUICIO Y CASTIGO A MASSOT!
              JUICIO Y CASTIGO A LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA GENOCIDA!

30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)