La Justicia bahiense
Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.
“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra, que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.
Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.
“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra, que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.
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