Un juez admitió haber sido “asesor” de Inteligencia durante la dictadura

Sobre el camarista, profesor de la Universidad del Sur, pesa un pedido de juicio académico. Utilizó insólitos argumentos en su descargo. Su caso se suma al de otros funcionarios judiciales bahieneses acusados de complicidad con represores.
 
Por Gabriel A. Morini

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por el V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca sigue arrojando posibles complicidades civiles dentro de la propia justicia bahiense. El camarista federal Néstor Luis Montezanti, afronta desde octubre de 2011, un pedido de juicio académico, acusado de haberse desempeñado como “personal civil de inteligencia” durante la última dictadura militar, algo que admitió a medias en su descargo. Este profesor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) se suma a otros dos titulares de cátedra de esa casa de estudios e integrantes de la propia justicia cuyo rol durante la dictadura es cuestionado. El fiscal federal Abel Córdoba fue el primero en sacar a la luz que Montezanti revistó en el Destacamento de Inteligencia 181, en el año 1981, cuyo jefe era el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, uno de los coordinadores del Plan Cóndor. Su nombre aparece en los listados de personal de inteligencia pertenecientes al Batallón 601.

Montezanti es actualmente titular de tres cátedras en la UNS: Introducción al Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I. Su nombre aparece en el renglón 3036 de la nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el período 1976-1983 confeccionado por la Secretaría de Derechos Humanos, en base a expedientes desclasificados. También acumula denuncias en el Consejo de la Magistratura por parte del sindicato de judiciales conducido por Julio Piumato, a raíz de supuesta violencia laboral contra sus empleados.

El consejero universitario Dante Patrignani pidió el juicio académico, pero el camarista presentó además un recurso insólitamente fundado para suspenderlo hasta tanto la justicia no resuelva su propia impugnación contra la resolución de la asamblea de la UNS que lo excluía éticamente como profesor. “Los hechos a que alude el denunciante ocurrieron entre el 1º enero 1981 y el mismo día de junio de 1982, es decir grosso modo treinta años atrás, durante los cuales corrió mucha agua bajo los puentes, incluso los de los obturados y malolientes canales de nuestro país”, comienza Montezanti su desopilante defensa presentada el 26 de octubre de 2011, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. “Durante ese lapso no ocurrió ninguna desaparición forzada ni una detención sin orden judicial ni un exilio forzado”, prosigue evitando mencionar la palabra “dictadura” en todo el texto. “Cualquiera sabe que las operaciones de contrainsurgencia se detuvieron en nuestro país en 1979”, aludió en referencia a los operativos de desaparición forzada perpetrados por los militares.
El juez de Bahía fue más allá en su intento de descargo y apuntó al denunciante y a su acusación como partícipe civil de la represión a la que calificó como “una cháchara efectista, muy mal redactada, de un inepto resentido, que lo único que hace es mamar insaciablemente de la ubre ubérrima de nuestro pobre Estado”. Denominó como “cositas” algunas de las acciones bélicas emprendidas por la dictadura como el conflicto con el Canal de Beagle y la Guerra de Malvinas. “En el famoso Proceso de los Comandantes, la justicia absolvió a Galtieri, Anaya y Lami Dozo de crímenes contra la humanidad”, deslindó además el vínculo cronológico con los hechos. Para describir la situación histórica del país citó  escritos del periodista y ex titular de la SIDE menemista Bautista “Tata” Yofre y del escritor y fugaz ministro de Educación porteño Abel Posse.

Pero en el descargo, Montezanti reconoció que su rol fue de “simple Asesor Universitario” y “no como personal de calle o agente de reunión o cualquier otra denominación pintoresca que pudiera sugerir espionaje”. De esta forma aclaró que la “inteligencia no debe confundirse con la información que es la recolección de datos”. Montezanti concluyó que se pretende iniciar un “juicio académico a un profesor cuyo desempeño fue de apenas un año y medio” en los servicios de inteligencia, sin mencionar que durante el período señalado era un abogado y que fue designado directamente como camarista durante el interinato de Eduardo Duhalde, en 2003.